En este mes varios de los implicados en el caso de Odebrecht tendrán que enfrentar a la Justicia por recibir sobornos para ayudar en la adjudicación de contratos en Colombia. Uno de ellos será Andrés Cardona, quien fue llamado a juicio por ser el enlace entre Odebrecht y el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, para que la multinacional brasileña obtuviera el contrato de Tunjuelo-Canoas. Tendrá que responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación indica que Cardona Laverde en el año 2009, en compañía del contratista Emilio Tapia y otros funcionarios públicos, entre ellos el gerente de la época de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB); supuestamente mostró un interés particular a favor del Consorcio Canoas, integrado por la firma Odebrecht y la firma Cass Constructores de la organización Solarte. Estas dos firmas salieron favorecidas con el contrato y luego de adjudicado, se presume que el señor Cardona puso a su empresa ACC Ingeniería a subcontratar con el Consorcio Canoas por un valor de 2 mil millones de pesos, en el cual se derivaron sobrecostos por más de 600 millones de pesos. Le podría interesar: Samuel Moreno a nueva imputación, esta vez, por caso Odebrecht Se pudo determinar, además, que firmas relacionadas con él también salieron favorecidas en un contrato de interventoría a nombre de una firma mexicana; consorcio denominado Interventor Canoas, por un valor de 9 mil millones de pesos, contrato que no cumplió su objetivo final. Por último, respecto al delito de cohecho por dar u ofrecer, la Fiscalía lo endilgó tras establecer que el indiciado, al parecer, habría ofrecido el 6 por ciento del valor del contrato y que fue entregado a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, como comisión, por la adjudicación del mismo. Por este mismo caso, el próximo 31 de agosto, la Fiscalía formulará cargos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien ya tiene una condena vigente de 24 años de prisión por su participación en el 'Carrusel de la Contratación'. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La juez 20 Penal envió a prisión al contratista Andrés Cardona Laverde por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso licitatorio del interceptor Tunjuelo-Canoas. Cardona no aceptó cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los hechos se relacionan con la selección irregular de un contratista del túnel del sector Tunjuelo – Canoas en Cundinamarca, obra diseñada para facilitar la descontaminación del Río Bogotá, calculada en 244 mil millones de pesos aproximadamente. La investigación indica que Cardona Laverde en el año 2009, en compañía del contratista Emilio Tapia y otros funcionarios públicos, entre ellos el gerente de la época de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB); supuestamente mostró un interés particular a favor del Consorcio Canoas, integrado por la firma Odebrecht y la firma Cass Constructores de la organización Solarte. Estas dos firmas salieron favorecidas con el contrato y luego de adjudicado, se presume que el señor Cardona puso a su empresa ACC Ingeniería a subcontratar con el Consorcio Canoas por un valor de 2 mil millones de pesos, en el cual se derivaron sobrecostos por más de 600 millones de pesos. Se pudo determinar, además, que firmas relacionadas con él también salieron favorecidas en un contrato de interventoría a nombre de una firma mexicana; consorcio denominado Interventor Canoas, por un valor de 9 mil millones de pesos, contrato que no cumplió su objetivo final. Por último, respecto al delito de cohecho por dar u ofrecer, la Fiscalía lo endilgó tras establecer que el indiciado, al parecer, habría ofrecido el 6 por ciento del valor del contrato y que fue entregado a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, como comisión, por la adjudicación del mismo. Como testigo de estos hechos está el contratista Emilio Tapia Aldana, quien afirmó bajo juramento que, en la repartición de funciones, en la alcaldía de Samuel Moreno, el procesado Andrés Cardona tenía la responsabilidad del manejo de los negocios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB). “Me reiteró en varias ocasiones en el interés por ese contrato y se pactó el 6%, y la comisión de las adiciones que se hicieran, ese dinero era para Cardona y otros funcionarios del distrito”, sostuvo Tapia bajo juramento, al fiscal delegado en el proceso. Sobre el pago de los sobornos dijo que personalmente había recibido mil millones de pesos y que fue personalmente y le llevó su parte a Iván Moreno. “El testimonio de Tapia Aldana es coherente y consecuente con las investigaciones del ente acusador, toda vez que es muy cercana la amistad entre Cardona con el excongresista Iván Moreno con quien sostenía reiteradas reuniones con propósitos contractuales, una de ellas en la casa de Álvaro Dávila también procesado por el carrusel de contratos en Bogotá. “No son simples coincidencias, son verdaderas evidencias, como los viajes hechos a México, reuniones en ese país la entrega de un contrato a una empresa mexicana y que el mismo contratista relacionado con todos estos negocios asegura haber recibido 250 millones de pesos”, agregó el fiscal Juan Vicente Valbuena. En consecuencia, manifestó que “la medida de aseguramiento se hace necesaria porque nos encontramos frente a la necesidad de proteger a la comunidad por ser víctima de la violación a un bien común como es el de la administración pública”. El procesado será trasladado a la cárcel La Modelo, de Bogotá, para cumplir la medida de aseguramiento.
El contratista Andrés Cardona, se declaró inocente por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en celebración de contratos y de cohecho por dar u ofrecer. Y es que según la Fiscalía es el enlace entre los sobornos de Odebrecht y el ‘carrusel’ de contratos en Bogotá, por lo que pidió la medida de aseguramiento en su contra. El abogado Francisco Farfán Molina, quien defiende al contratista pidió que lo dejen en libertad, al rechazar los testigos de la fiscalía y revelar que Cardona denunció a Emilio Tapia por extorsión y este es el principal testigo de la Fiscalía. "El día 21 de abril de 2012 se llevó a acabo un evento social en el condominio Peñalosa de Girardot, dónde el señor Andres Cardona fue invitado, en ese evento según la denuncia que radicamos estaba Jesús David Sierra Aldana, conocido a través de los medios como el testaferro de Emilio Tapia, quien le manifestó a Cardona que para que Emilio Tapia no lo vinculara en el proceso de colaboración con la fiscalía, le solicitaba la suma de dos mil millones de pesos que debían ser entregados en efectivo para comprar su silencio", señaló el abogado En este proceso la Fiscalía reveló que Andrés Cardona, entregó un soborno de mil millones de pesos a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. Además, Fiscalía señala que Cardona tenía interés en este contrato porque luego se encargaría de la realización de vías aledañas al túnel, que también tuvieron sobrecostos por una suma de 664 millones de pesos.
En los juzgados de Paloquemao se reinició la audiencia contra el contratista Andrés Cardona, a quien se le imputaron cargos por los delitos de celebración indebida en contratos y cohecho. Por estos delitos no aceptó su responsabilidad y ahora la Fiscalía solicitará ante el juez que se le aplique la medida de aseguramiento. El pasado lunes Cardona fue capturado, debido a que estaría implicado en el supuesto pago de sobornos de la firma brasilera al Acueducto de Bogotá para obtener el contrato Tunjuelo-Canoas. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: - La Fiscalía iniciará otra etapa en las investigaciones por el crédito que el Banco Agrario otorgó a Navelena. Una persona será vinculada a través de interrogatorio. - A pesar de que el crecimiento económico en el país fue de 2%, el más bajo en 7 años, el presidente Santos dijo que se trata de una cifra positiva si se tiene en cuenta el contexto internacional. - Jorge Enrique Bedoya fue designado nuevo presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia en reemplazo de Rafael Mejía, quien dejó el cargo el año pasado. Bedoya es ex viceministro de Defensa y, hasta ahora, se venía desempeñando como director de la Fundación Bavaria. - El presidente de EE.UU., Donald Trump, habló hoy sobre la relación con México con su secretario de Estado, Rex Tillerson, poco antes de que este partiera en un viaje oficial al país vecino que la Casa Blanca considera "significativo" y "alentador" sobre el futuro de la relación bilateral. - Hoy se definirán dos nuevos equipos que clasificarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Nuevas tensiones han surgido en Cali con relación al futuro del 'Monumento a la Resistencia', tras conocer la solicitud que hizo la Procuraduría al Tribunal Administrativo del Valle, para declarar nula la licencia de construcción póstuma que del departamento de Planeación Distrital le otorgó al monumento.El ente de control indicó que fue una irregularidad haber entregado esa licencia después que esta estructura fuera levantada durante el estallido social del 2021 en Cali, además de las afectaciones que este generó al proyecto de la Troncal Oriental del Mío que tuvo que rediseñar el paso de una de las estaciones."La Procuraduría basó su concepto en tres aspectos, el primero es el hecho de que la licencia fue expedida de manera irregular, instalaron la Mano y después salió la licencia. Lo segundo es que Planeación Distrital desconoció que el espacio donde se instaló hacía parte del trazado diseñado, aprobado y contratado para la estación 19 del Mío. Y el tercero es que Metrocali nunca fue consultada sobre la decisión de Planeación Distrital, lo que generó millonarios sobrecostos para la modificación del trazado del MÍO", dijo el concejal de Cali, Andrés Escobar.La postura de la Procuraduría debe ser analizada por el juez encargado del proceso de demanda que busca declarar ilegal el 'Monumento a la Resistencia', para determinar si debe ser retirado o no de ese sector del oriente de Cali."Seguramente tomará la decisión y ya el tribunal entonces se va a pronunciar sobre la legalidad como tal de la resolución. Es importante aclarar que cuando se pensó en demandar la resolución no era dar a cuestionar en sí mismo el significado o el simbolismo que hay detrás del 'Monumento a la Resistencia'. Lo que se pensó fue precisamente pedirle a la autoridad judicial competente que entrara a revisar la actuación de la administración distrital para efectos de definir si se hizo, o no dentro de lo que la ley le permite", explicó la abogada Yadira, del equipo jurídico del concejal Andrés Escobar, quien interpuso la demanda.Este no es el único factor de tensión, pues en las últimas horas la comunidad del sector de Puerto Rellena denunció que un grupo de funcionarios de la alcaldía, liderada por el subsecretario de seguridad, Jorge Moreno, llegó al sitio y al parecer les anunció que el monumento sería retirado."Creo que esto lo que hace es provocar situaciones que no queremos en la ciudad. Es importante entender que ese monumento representa simbólicamente una historia caleña y esto no puede convertirse en un 'Florero de Llorente' a futuro. La verdad me preocupa muchísimo toda esta discusión que se ha dado alrededor de la Mano de la Resistencia", dijo la representante a la Cámara, Ana Erazo.Según indicó la secretaría de Seguridad de Cali, al ser consultada por detalles de lo ocurrido en la visita de la tarde del martes, se trató de una verificación junto al inspector de Policía de la zona, tras recibir denuncias de la comunidad por el 'muro de contención' que comenzaron a construir alrededor del monumento esta semana. Se señaló, además, que no existe orden para retirar el Monumento, pero sí se debe tener en cuenta que el nuevo muro no está autorizado.
Organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Briceño, un joven de 22 años que había caído a las aguas del río Cauca mientras cumplía con sus labores en una obra de infraestructura en el Occidente de Antioquia.El trágico accidente laboral ocurrió en la construcción del puente La Angelina, un proyecto de conexión vial ubicado entre los municipios de Liborina y Buriticá. De acuerdo con el reporte preliminar, el trabajador cayó desde la estructura directamente al cauce del río por causas que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.Tras la caída, la corriente arrastró al joven de manera inmediata, generando momentos de angustia entre sus compañeros de obra, quienes presenciaron la emergencia y dieron aviso a los equipos de rescate.Las labores de búsqueda desplegadas por el Cuerpo de Bomberos de Liborina, concluyeron con la recuperación del cuerpo, mientras las autoridades y los responsables del proyecto vial adelantan las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este accidente laboral.
Las labores de búsqueda de personas desaparecidas en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, continuarán con una sexta fase de intervención que se concentrará en un área ampliada por la Jurisdicción Especial para la Paz.El anuncio fue realizado por el magistrado Gustavo Salazar durante una nueva audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que protegen este lugar del occidente de Medellín, considerado uno de los principales escenarios de búsqueda humanitaria del país.El magistrado informó que la quinta fase de excavaciones está próxima a concluir a finales de agosto, luego de que desde el inicio de las intervenciones ordenadas por la JEP se hayan removido más de 63.000 metros cúbicos de tierra y escombros.Como resultado de ese trabajo han sido recuperados siete cuerpos, seis de ellos correspondientes a personas que residían en la Comuna 13 y el corregimiento San Cristóbal, mientras que el séptimo pertenece a una víctima del nororiente de la ciudad.La siguiente etapa se desarrollará principalmente en el polígono cuya extensión fue ampliada por la JEP en mayo de 2025 y podría contar, según el magistrado Salazar, con apoyo adicional."Nosotros esperamos que dure entre nueve meses y un año. Nosotros tenemos el personal asignado que son dos equipos forenses plenos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, y hay un equipo forense que ha ofrecido la unidad de búsqueda. Estamos viendo en qué zona o de qué manera se articularía con la con la Jurisdicción", señaló.De acuerdo con versiones entregadas por exintegrantes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la zona priorizada para la sexta fase habrían sido sepultadas hasta 50 personas, dentro de un universo de cerca de 500 desaparecidos que son buscados por sus familias tras operaciones de la fuerza pública entre 2002 y 2004."Lo que señala el bloque Cacique de Nutibara es en primer lugar que podría encontrarse en esa zona específica alrededor de 50 o 60 personas. Sin embargo, el hallazgo de una persona proveniente del sector nororiental de la ciudad de Medellín abre una pregunta enorme y es, ¿cuántas otras personas de la ciudad de Medellín fueron enterradas allí?", advirtió.Según detalló Salazar, los objetivos fundamentales de la reciente diligencia están encaminados en verificar avances para la construcción de la ruta de memorialización ordenada en la zona a cargo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, así como la disponibilidad presupuestal para garantizar la continuidad en las labores de búsqueda en los próximos meses.
Las dificultades financieras no son las únicas situaciones que por estos días generan preocupación en el sector salud en Antioquia. La alta afluencia de pacientes tiene en jaque la prestación de varios servicios, inclusive en instituciones de carácter privado en la ciudad de Medellín.El más reciente centro asistencial en lanzar la alerta fue la Clínica CES quien a través de un comunicado en las últimas horas indicó que su servicio de Urgencias ya alcanza un 176% de ocupación, por lo que invitaron a los usuarios a hacer un uso responsable de estas áreas.“Invitamos a consultar los servicios de atención primaria, consulta prioritaria o medicina general cuando la condición de salud no represente una urgencia vital”, se lee en la comunicación de la institución de salud, al tiempo que indicaron que sus equipos asistenciales están priorizando la atención de los pacientes según la gravedad de su condición clínica y sus necesidades.Esta situación se conoce a menos de cinco días que la Clínica Bolivariana también informara una ocupación de hasta el 200% en su área de Obstetricia, principalmente por la llegada de pacientes que podrían ser valoradas inicialmente en los servicios de atención primaria.Por eso, le solicitaron a las gestantes que en la medida de los posible primero acudan a su IPS básica, donde puedan recibir una valoración oportuna y determinar si realmente requieren ser remitidas a un lugar de mayor complejidad.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, no asistirá a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, que se celebrará este viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali.Tampoco viajarán el presidente Donald Trump ni el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Christopher Landau.A pesar de estas ausencias, la Casa Blanca definió una delegación oficial de alto nivel integrada por funcionarios clave en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad hemisférica, según reveló en Meridiano Blu el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina.Quiénes integran la delegación de EE. UU. para la posesiónLa comitiva estadounidense estará encabezada por el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche, quien viajará acompañado por su esposa Kristine Blanche.Junto al fiscal adjunto acudirá el administrador de la Oficina de Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole.La delegación la completan altos representantes diplomáticos y del Congreso de Estados Unidos:Steve Witkoff: asistente del presidente y enviado especial de la Casa Blanca para misiones de paz.Hugo Guevara: encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Bogotá.Bernie Moreno: senador republicano colomboamericano por el estado de Ohio.Mario Díaz-Balart: representante a la Cámara por la Florida.Sarah Carter Bailey: directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas.Cliff Sims: asesor de seguridad nacional del vicepresidente JD Vance.Viviana Bobo: asesora senior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.Chris Jarvis: jefe de operaciones internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcán y agregado judicial.El perfil de los delegados enviados por Washington traza la hoja de ruta en las relaciones bilaterales entre el gobierno entrante y la administración estadounidense.La presencia conjunta del jefe de la DEA, la directora de política antinarcóticos y el fiscal general adjunto anticipa una agenda prioritaria centrada en el combate al crimen organizado y la persecución del narcotráfico.Ratificación del nuevo embajador en WashingtonDe forma paralela a la conformación de la delegación, el Senado de Estados Unidos adelantó la audiencia de confirmación del designado embajador de ese país en Colombia, Nate Morris.En su intervención ante el Capitolio estadounidense, Morris expuso las prioridades de su gestión diplomática, enfocadas en la influencia de China en la región y el trabajo conjunto con la administración de Abelardo De La Espriella.
