‘Justicia’ es el nombre de la canción que compuso e interpreta la joven Luz Angélica Madrigal en honor a Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Ibáñez, los tres jóvenes de Chochó (Sucre) asesinados por la Policía que los capturaron y les dispararon a quemarropa, tras señalarlos erróneamente como supuestos miembros del Clan del Golfo.Este jueves se cumplen dos años de aquella matanza y las familias aún siguen clamando justicia por esas tres almas."Qué pasó, se preguntan todos. Por qué nos duele tanto sus ausencias, la última vez que los vimos a los ojos, nunca imaginamos que esto iba a pasar", dice la primera parte de la conmovedora letra con la que este 25 de julio homenajean a las víctimas.Diomedes Díaz, padre de Jesús David, asegura que las familias de estos jóvenes han sido revictimizadas, porque no todos los responsables han pagado por los hechos ni las víctimas han sido reparadas."La plata no nos va a recuperar un familiar, pero tampoco nos han dado un peso todavía y estamos en espera. Ya hoy (jueves) hace dos años que eso pasó y el único que está preso es un coronel, porque a los demás los soltaron, los dejaron libres", expresó acongojado el padre de familia.Y es que a pesar de que varios uniformados se vieron involucrados en el triple asesinato, hasta ahora la justicia solo ha condenado al coronel (r) Benjamín Núñez, entonces comandante operativo de la Policía de Sucre y quien reconoció haber disparado contra los muchachos.
Este lunes, 29 de mayo, un juez dejó firme la condena de 29 años de cárcel contra el coronel (r) Benjamín Darío Núñez por la muerte de tres jóvenes en Chochó, Sucre, el pasado 25 de julio de 2022. El oficial, además, deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.Núñez, según la Fiscalía, aceptó su responsabilidad a través de un preacuerdo y la investigación logró determinar que el oficial le disparó a los jóvenes dentro de un vehículo de la Policía.El coronel (r) Benjamín Núñez , jefe del operativo de la Policía en Chochó, Sucre, reconoció el asesinato de tres jóvenes y aceptó los cargos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas y privación ilegal de la libertad.Sin embargo, antes de eso, las víctimas habían sido detenidas en vía pública, golpeadas y obligadas a subir al vehículo de la policía, bajo órdenes de Núñez Jaramillo, para entonces comandante operativo de la Policía Nacional en Sucre.“El material de prueba evidencia que en el trayecto del lugar de la detención a la estación de Policía en Sincelejo el hoy condenado disparó con su arma de dotación a los tres jóvenes que se encontraban indefensos. Luego, fueron llevados hacia el hospital donde llegaron sin vida”, indicó la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Luisa Obando.Además, la Fiscalía determinó que el oficial incidió para que fueran ocultados los orificios y rastros que dejaron en el vehículo el uso del arma de fuego, para intentar desviar las investigaciones.“El coronel les pidió a los uniformados que presenciaron lo ocurrido que registraran información falsa en los informes respectivos para hacer pasar a los tres jóvenes como integrantes de una estructura delincuencial que recientemente había asesinado a un uniformado en Sampués”, agregó el ente acusador.Cabe recordar que el coronel (r) Núñez presentó estas tres víctimas: Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, como presuntos integrantes del Clan del Golfo; es decir, como falsos positivos.Le puede interesar: Las noticias más relevantes de esta semana en el FPC
Mientras marchaban para rechazar la rebaja del 50% en la condena al coronel (r) Benjamín Núñez por el asesinato de tres jóvenes en el corregimiento Chochó, Sucre, familiares y habitantes de esta población pidieron que no le concedan beneficios en el pago de la pena.Exigen que el exoficial cumpla los 29 años de prisión en una cárcel convencional y no en un cantón militar, como lo están solicitando sus abogados, aduciendo a temas de seguridad.Carlos Arévalo, papá de José Carlos Arévalo, uno de los jóvenes asesinados, afirmó que están dispuestos a seguir protestando para que el juez que lleve el caso los escuche.“Estamos inconformes porque tuvimos noticias que la defensa de Núñez quiere conseguir que lo envíen a una prisión militar ya que aseguran que se encuentra amenazado, pero amenazado estamos los familiares de las víctimas. Nosotros vamos a manifestarnos hasta que la juez que tiene que fallar frente a esta solicitud de un ¡no! como respuesta”, dijo Carlos Arévalo.En la actualidad el coronel retirado Benjamín Núñez se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota. Familiares de las víctimas piden que el trato de su condena sea un ejemplo de justicia nacional.Le puede interesar:
El coronel (r) Benjamín Núñez, jefe del operativo de la Policía en Chochó, Sucre, reconoció el asesinato de tres jóvenes y aceptó los cargos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas y privación ilegal de la libertad.Cabe recordar que el coronel (r) Núñez presentó estas tres víctimas: Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, como presuntos integrantes del Clan del Golfo; es decir, como falsos positivos.Ante estos hechos, este viernes, 31 de marzo, un juez en Sincelejo avaló un preacuerdo que había presentado la defensa del coronel (r) en el cual se compromete a entregar información sobre estos hechos, que, gracias a ello, se ha logrado la captura de once policías.Asimismo, el coronel (r) Núñez deberá seguir contribuyendo con la justicia, siendo testigo de la Fiscalía General de la Nación y, por esta razón, no tendrá una condena de 50 años, sino de 29.¿Por qué el coronel (r) Núñez afronta un proceso en su contra por triple homicidio?El pasado 26 de agosto, de 2022, la Fiscalía General de la Nación informó que los patrulleros Uber Guillermo Mieles Arroyo, Diana Marcela Puerta, Bernardo Pontón Mercado y Leila Carolina Ávila Pestana retuvieron en la carretera Chocó-Sincelejo, en Sucre, a tres jóvenes: José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterrosa y a Carlos Alberto Ibáñez Mercado."Según la investigación, las víctimas fueron obligadas a tenderse en el suelo donde habrían sido golpeadas y heridas con armas contundentes y cortopunzantes por los policiales, quienes presumiblemente y sin fundamentos alguno, los relacionaron como responsables de la muerte del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, ocurrido minutos antes", agregó la información.La Fiscalía detalló que tras ser contactados por radio llegaron al lugar de los hechos, al parecer, el coronel (r) Núñez, así como la subteniente María Camila Buriticá Valencia y los patrulleros Jesús María Bolaño Castro, Rafael Paz Barboza, Santiago Garavito Díaz, Yamit Alfonso Henao Araque y Álvaro Antonio Álvarez Ricardo.Las víctimas, según la Fiscalía: "Fueron obligadas a subir al platón de uno de los vehículos, en el que se subió el teniente coronel (...) quien (supuestamente) accionó en varias ocasiones su arma de dotación", sobre los tres jóvenes, que después fueron presentados como miembros del Clan del Golfo.Inicialmente, el coronel (r) Benjamín Núñez tendría una condena de 50 años de cárcel, pero con la aprobación del juez ahora solo tendrá de 29 gracias a sus aportes de preacuerdo con la justicia.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
En medio de una audiencia virtual, la Fiscalía presentó el preacuerdo que se firmó con el excoronel Benjamín Núñez por su participación en la retención ilegal y asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, Sucre.En la negociación, la Fiscalía estableció una condena de 29 años de cárcel contra quién era el comandante operativo de la Policía de Sucre cuando ocurrieron los hechos, por los delitos de homicidio agravado, manipulación o alteración de material probatorio y privación ilegal de la libertad.En medio de la diligencia, el excomandante rompió en llanto mientras pedía perdón por los actos que reconoció que él cometió.“Por cosas de la vida y situaciones del contexto de orden público que vivíamos tomé una mala decisión. Empieza una tragedia para esta familia, y no solo para ellos, sino para la mía. Yo quiero que la mamá y los papás de estos muchachos sepan que estoy bajo la disciplina y el rigor de Dios, por eso, a la sociedad también quiero extenderle una disculpa a la institución, a mis amigos; a mi conductor, Yamid Enao, un gran ciudadano, un gran policía; a Álvaro Álvares, mi escolta, quienes fueron muy leales en el trabajo; a la patrullera Diana que fue una de las primeras en llegar a atender el caso, que no tienen nada que ver con este triple homicidio que yo cometí; a Guillermo, a Leila, que me disculpen porque ellos están compareciendo a la justicia por unos errores que yo cometí y estoy asumiendo”, dijo Núñez.El preacuerdo fue rechazado por la representante del Ministerio Público y los abogados de las víctimas, quienes lo consideraron como injusto, además, dicen que es necesario que en la colaboración que ofrece el coronel retirado diga quiénes fueron los policías que torturaron a los tres jóvenes causando heridas con armas blancas.Finalmente, la juez decidió aplazar la diligencia para el 31 de marzo a las 9:00 de la mañana, mientras analizan toda la información para tomar una decisión.Le puede interesar: 'Noticias del día'
Este jueves, 2 de febrero, a las 11:00 de la mañana, se cursará una audiencia en la que la Fiscalía presentará un preacuerdo ante la juez segunda municipal de Sincelejo para determinar si aprueba o no el acuerdo en el que el coronel (r) Benjamín Núñez acepta su responsabilidad en el asesinato de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, en una camioneta de la Policía en Sucre.En el preacuerdo está plasmado que el coronel acepta los cargos por homicidio, destrucción y ocultamiento de material probatorio y privación ilegal de la libertad.¿Cómo llegó a este preacuerdo Núñez con la Fiscalía?Lo ha hecho entregando información sobre el crimen, contribuyendo con la justicia, con lo que ya han capturado a varias personas, entre esos hay 11 policías detenidos. Fuentes cercanas a Blu Radio aseguraron que, por dicha contribución, capturarían a cinco personas más involucradas en este crimen.De hecho, el pasado martes, 31 de enero, al mayor de la Policía Nacional Cristian Alberto Betancur, implicado en la muerte de los tres jóvenes en Chochó, Sucre, le imputaron los delitos de privación injusta de la libertad y tortura.Con este preacuerdo, Núñez se debe comprometer a seguir contribuyendo con la justicia, convirtiéndose en testigo de la Fiscalía, y debe pedir perdón a las víctimas. El coronel retirado, quien está recluido en la cárcel Doña Juana de La Dorada, Caldas, podría enfrentar una condena de 29 años de prisión por el asesinato de estos jóvenes.Le puede interesar:
La captura de un nuevo implicado en el triple homicidio que enlutó al corregimiento de Chochó, Sucre, el pasado mes de julio de 2022, mantiene expectantes a las familias de los tres jóvenes asesinados, pues al tiempo que piden celeridad para ver tras las rejas a quienes perpetraron el crimen, ven con positivismo que la mayoría de los autores materiales ya estén capturados.En medio del proceso que se adelanta contra 11 uniformados de la Policía de Sucre, ahora se suma el nombre del mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca, quien fue capturado sobre la tarde de este lunes al ser el responsable de haberle propinado, según las investigaciones, duros golpes en la cabeza a los tres jóvenes con su arma de dotación.Carlos Arévalo, padre de uno de las víctimas, asegura que para ellos representa "una alegría infinita" el hecho de saber que la muerte de los tres jóvenes no quedará impune, pues asegura que a los responsables debe caerles todo el peso de la ley, ya que, para él, cada captura los acerca a la justicia completa que tanto anhelan."Nos da alegría porque estamos viendo como todos van cayendo, poco a poco, luego de lo que le hicieron a esos tres pobres muchachos que nada tenían que ver con el asesinato del patrullero de la Policía. Todos tienen que caer, es ahí donde vamos a ver una justicia completa". expresó Arévalo en diálogo con Blu Radio.La detención del oficial se produjo en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía de Sucre, en Sincelejo, donde se encontraba ultimando detalles para entregar de manera formal la oficina administrativa que tenía a su cargo en la institución, pues desde la semana anterior había sido trasladado al municipio de Tolú para comandar el distrito del Golfo de Morrosquillo.Según fuentes consultadas en el marco de la investigación, el mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca será procesado por los delitos de privación injusta de la libertad y tortura."Es una tranquilidad para mi como madre porque esperamos justicia, reparación y no repetición, eso es lo más importante. La justicia hará lo suyo, pero sabemos que la divina también les llegará pronto", dijo Luz María Mercado, madre de Carlos Ibáñez, otro de los asesinados.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación asumió el poder preferente adelantado contra el teniente coronel (r) Benjamín Darío Núñez Jaramillo, el mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y la subteniente María Camila Buriticá Valencia de la Policía Nacional en Sucre, por las presuntas irregularidades en el operativo que dejó como resultado a tres jóvenes muertos en Chochó, Sucre.Asimismo, el Ministerio Público tomó la investigación en el sector conocido como La Garita, del corregimiento de Chochó, Sucre, de los patrulleros Bernardo Pontón Mercado, Uber Guillermo Mieles Arrollo, Diana Marcela Puerta, Leila Carolina Ávila, Jesús María Bolaño, Álvaro Antonio Álvarez, Eduar de Jesús de la Rosa, Rafael Paz y Yamit Henao.La decisión afirma lo siguiente: “los hechos investigados refieren un operativo policial tendiente a lograr la captura de los responsables del homicidio del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón que conllevó a la captura de tres personas que se movilizaban en dos motocicletas, uno de los cuales se encontraba herido y seguidamente fueron subidos al platón de una camioneta de la Policía Nacional para ser transportados al centro asistencial y ser atendidos por las heridas, presentándose en el recorrido el presunto tiroteo contra los ciudadanos capturados, quienes fallecieron, cuya autoría se imputa al coronel en servicio activo, para el momento de los hechos, Benjamín Darío Núñez Jaramillo, coronel que fue retirado de la Policía y se encuentra privado se la libertad".La investigación se encuentra con pliego de cargos formulado desde el 4 de noviembre de 2022 y la Procuraduría adelantará el respectivo juicio disciplinario.Le puede interesar:
Un pendón con la fotografía de Jesús David Díaz a blanco y negro, y un mensaje al pie de su imagen, fue alzado durante la ceremonia de grado de la promoción 2022 de la Institución Educativa San Isidro de Chochó, Sucre, como un homenaje póstumo al joven de 18 años al que asesinaron en un mortal operativo policial el pasado 25 de julio.Jesús David, amante a la danza y representante de su pueblo en este arte, cursaba undécimo grado, pero no le alcanzó la vida para lanzar su birrete este diciembre y celebrar con sus compañeros el título de bachiller, porque hace casi cinco meses injustamente lo torturaron y lo acribillaron junto a sus paisanos José Carlos Arévalo y Carlos Ibáñez.Con sentidas palabras, la madre, hermana y compañeros de Jesús David le recordaron entre lágrimas durante la ceremonia de grado:"Jesús David nos enseñó a adorar cada segundo que pasaba y que a la vida hay que sonreírle mil veces más que los golpes que esta nos da. Hoy solo quedan recuerdos, que son conservados en lo más profundo de nuestros corazones y que sabemos que nunca olvidaremos, aunque pasen los años", dijeron."Te extrañamos, aún dueles como el primer día, pero siempre te vamos a recordar, como el niño que tenía las ganas de seguir con la mejor actitud ante todo", añadieron.Como se recordará, a Jesús David, José Carlos y Carlos les dispararon a quemarropa tras ser detenidos por la Policía, que los señaló de ser miembros del Clan del Golfo y haber asesinado a un uniformado minutos antes en el municipio de Sampués, Sucre.Al poco tiempo se descubrió que los jóvenes eran inocentes, pues nunca hicieron parte de esa estructura delincuencial ni mucho menos estuvieron involucrados en el homicidio del policía y, aún así, les hicieron pagar con su vida ese crimen.Por este triple asesinato de Chochó, que conmocionó al país, 12 policías están siendo procesados, entre ellos el entonces comandante operativo de Sucre, coronel Benjamín Núñez, a quien la Fiscalía señala de haber disparado contra los tres jóvenes.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Al patrullero Yamit Alfonso Henao Araque, el juez 50 promiscuo de Bogotá, le negó su pretensión de quedar en libertad, en medio de su procesamiento por estar presuntamente vinculado a la muerte de tres jóvenes en Chochó, Sucre, durante un cuestionado operativo realizado el pasado 25 de julio.El uniformado había solicitado que le retiraran la medida de aseguramiento al argumentar que él solo estaba siguiendo la patrulla en la que se movilizaba el coronel Benjamín Núñez, entonces comandante operativo de la Policía en Sucre, donde estaba a bordo los tres jóvenes que supuestamente iban a ser judicializados por ser parte del Clan del Golfo.Entre sus declaraciones indicó que él ni siquiera escuchó los tiros cuando fueron asesinados los tres jóvenes, sin embargo el juez consideró que esto no lo exonera del delito de encubrimiento.Henao Araque previamente había argumentado que su seguridad estaba en peligro y que por eso quería desligarse del caso, estableciéndose que nada tenía que ver con las muertes de Carlos Arévalo, Carlos Ibáñez y Jesús David Díaz.Frente a la decisión del juez, la defensa del patrullero Yamit apeló la decisión para que nuevamente sea revisado su caso.¿Cómo murieron los jóvenes en Chochó, Sucre?En Chochó, Sucre, nadie entiende en qué momento murieron abatidos Carlos, José Carlos y Jesús David, luego de que se activara un plan candado de la Policía que buscaba dar con los miembros del Clan del Golfo que asesinaron al patrullero David Ruiz, mientras estaba en una panadería del municipio de Sampués.Lo que aseguran los familiares de los jóvenes es que al momento del atentado estos se encontraban en la vía realizando piques ilegales. Que por eso cuando vieron la Policía tras ellos, aceleraron, pero que después se detuvieron, cuando uno de los tres resultó herido con una bala en la pierna.Le puede interesar: 'El Camerino'
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.