Ofrecen un total de $20 millones de recompensa para aclarar cacería de dos jaguares en Ituango. La recompensa fue ofrecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en compañía de la Policía nacional, ya que en el país es ilegal la cacería, sobre todo, de especies protegidas como lo es el jaguar.Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible explicó lo siguiente.“Estamos ofreciendo, en compañía de la Policía nacional y carabineros, hasta 20 millones de pesos de recompensa por información por las dos personas que ejecutaron estos hechos".La decisión fue tomada después de que se conocieran videos y reportes en los que campesinos del municipio de Ituango cazaron y mataron a dos ejemplares de jaguar en zona rural del municipio, acción que, según la misma ministra, puede acarrear prisión y millonarias multas."La cacería en Colombia es un delito ambiental que está sancionado en la ley 2111 del 2021 y puede conllevar prisión entre 16 a 54 meses y multas entre 37 y 937 salarios mínimos", puntualizó la ministra.La ministra de ambiente también recordó a las comunidades que, de ver algún individuo cerca de un jaguar u otra especie silvestre protegida, se comuniquen con las autoridades ambientales o de Policía para buscar la reubicación y protección del animal, pues, en el caso del jaguar, por ejemplo, Colombia es el país responsable del tránsito seguro del jaguar entre Centroamérica y Sudamérica, donde habita desde México hasta Argentina.Finalmente, advirtió que se abrió la noticia criminal en Fiscalía para adelantar las actuaciones de la policía judicial, verificar los hechos y lograr la judicialización y captura de los responsables.Le puede interesar:
El presidente de la Federación Mexicana de Caza, Mario Alberto Canales, falleció en Argentina al ser embestido por un búfalo al que trataba de cazar en la provincia de Entre Ríos, en el noreste del país, informaron este miércoles fuentes policiales."A muy poca distancia, a unos 30 metros aproximadamente, cuando le efectuó el disparo, quedó esperando que el búfalo cayera al piso, pero no fue así. El animal se enfureció, lo alcanzó a embestir y una vez que estuvo en el piso, esta persona fue topada varias veces por el animal, que le causó lesiones de gravedad", explicó Cristian Graciani, jefe de brigada de Prevención de Delitos Rurales de Gualeguaychú, localidad cercana al lugar del suceso.En declaraciones al canal Todo Noticias, el comisario especificó que se conocen los detalles de lo sucedido -que ya está siendo investigado por una Fiscalía local- por el relato que efectuó el guía turístico de la expedición, la única persona que en ese momento se encontraba con la víctima.La Federación Mexicana de Caza emitió un comunicado de condolencias, en el que se destacó que era "un gran hombre y mucho mejor amigo" y un "conservacionista y luchador incansable por los derechos de los cazadores".El comisario señaló que la víctima y otros acompañantes mexicanos con quienes había viajado a Argentina "habían sacado los permisos correspondientes a la actividad de caza y turismo de aventura", y precisó que solo Canales, junto al guía, estaba cazando el búfalo, mientras que los otros estaban en otro campo cazando palomas.Si bien lo sucedido trascendió ahora en la prensa, el hecho acaeció el pasado viernes y fue el domingo cuando familiares del cazador, que tenía 64 años, pudieron velarlo en Gualeguaychú tras viajar a Argentina, según medios locales argentinos.Graciani detalló que el lugar de la cacería -cercano a la frontera con Uruguay- es una "zona inhóspita" de monte bajo que no tiene señal telefónica, por lo que las personas que solicitaron auxilio ante lo ocurrido usaron un teléfono satelital, con el que llamaron primero a un Aeroclub uruguayo, desde donde avisaron a autoridades de Gualeguaychú."Cuando llegamos al lugar, ya se encontraba una ambulancia de una clínica privada, con un médico que había corroborado el deceso de esta persona", afirmó.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a Nueva EPS para que destine de manera prioritaria a la atención de la emergencia los recursos que fueron liberados tras el levantamiento de varias medidas de embargo que afectaban el dinero de la entidad.De acuerdo con el Ministerio Público, las gestiones adelantadas permitieron frenar 40 procesos judiciales y lograr el levantamiento de medidas cautelares que mantenían retenidos más de $203.356 millones. Con esta decisión, estos recursos dejan de estar embargados y vuelven a estar disponibles para Nueva EPS.La Procuraduría pidió que el dinero sea utilizado de manera responsable, no solo para responder a las necesidades derivadas de la emergencia, sino también para garantizar la continuidad y oportunidad de los servicios de salud de los afiliados. Esto incluye la atención de pacientes, tratamientos, procedimientos y entrega de medicamentos.Además, la Procuraduría insistió en que Nueva EPS debe priorizar a los pacientes que requieren atención permanente o tratamientos que no pueden ser suspendidos.El llamado se produce en el contexto de la emergencia generada por el sismo registrado el pasado 10 de agosto, que dejó personas y familias afectadas en diferentes regiones del país. Por eso, el Ministerio Público considera necesario que los recursos liberados permitan responder oportunamente a las necesidades de salud que se presenten.Finalmente, el Ministerio Público continuará haciendo seguimiento a las medidas que adopte Nueva EPS frente a estos recursos. La expectativa es que los más de $203.000 millones que dejaron de estar retenidos sean utilizados de manera efectiva para atender la coyuntura y fortalecer la atención en salud de sus afiliados.
El Colegio Médico Colombiano solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas de protección para los médicos y demás trabajadores de la salud que resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y que estaban vinculados mediante contratos de prestación de servicios o figuras de tercerización. La petición fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo.El gremio plantea que el cierre total o parcial de algunas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, y Empresas Sociales del Estado, ESE, en los departamentos afectados por el sismo, ha dejado a trabajadores de la salud sin la posibilidad de prestar sus servicios y, en consecuencia, sin ingresos.Entre las medidas solicitadas está garantizar la estabilidad en el empleo para quienes tienen este tipo de contratación, además de establecer subsidios o beneficios económicos mensuales mientras permanezca la afectación derivada de la emergencia. También piden alivios en los aportes al sistema de seguridad social integral.La organización señala que esta declaratoria cobijó a departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander. Sin embargo, sostiene que las medidas adoptadas posteriormente no contemplan de manera suficiente a los trabajadores de la salud que no tienen un vínculo laboral directo con las instituciones.El gremio también cita la Circular 096 del 13 de agosto de 2026, expedida por el Ministerio del Trabajo, que contiene orientaciones laborales, de protección social, seguridad y salud en el trabajo y acompañamiento institucional frente a la situación de desastre.De acuerdo con el Colegio Médico Colombiano, una parte importante del personal de salud en las zonas afectadas está vinculada a IPS privadas y ESE mediante contratos de prestación de servicios o mecanismos de tercerización. La suspensión de actividades en algunas instituciones habría interrumpido la prestación de servicios de estos trabajadores y sus ingresos.Por eso, el gremio pide que el Gobierno expida decretos o circulares que permitan establecer mecanismos específicos de protección para este grupo durante la emergencia. La solicitud busca que los trabajadores puedan mantener sus ingresos, conservar su cobertura de seguridad social y contar con garantías mientras las instituciones de salud recuperan su operación.
Este jueves la Fiscalía llamará a juicio a 2 exfuncionarios clave del Gobierno del Presidente Gustavo Petro. Por un lado, la Fiscalía acusará y llamará a juicio a Juliana Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público,según su participaciónLa imputación se relaciona con la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos utilizados en la aspiración de Guerrero para ocupar el viceministerio de Juventudes en el liquidado Ministerio de la Igualdad, un cargo público dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación establece que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.La Fiscalía precisó que el presunto delito de fraude procesal se habría materializado en el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma correspondiente dentro del proceso administrativo. Igualmente, se indicó que estos documentos contaban con características que les otorgaban apariencia de autenticidad, lo que habría facilitado su uso dentro del trámite administrativo.Contra Luis Carlos Gutiérrez, en su momento secretario general de la Fundación Universitaria San José, “consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”.Por otro lado, hoy se llamará a juicio a Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias de servidor público dentro de una investigación que tiene origen en la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.De acuerdo con el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como Presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares. La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido en relación con decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, una filial de la compañía estatal.Según lo expuesto por la Fiscalía, Ricardo Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera.Para el ente investigador, la intervención de Roa en ese asunto habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol, orientada a favorecer los intereses de Mancera. La Fiscalía sostiene que la relación entre ambos no solo era cercana, sino que además existía una negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra del inmueble en la capital del país.De acuerdo con los datos presentados por el ente acusador, el inmueble fue adquirido por Roa por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado era de 2.727.569.550 pesos. Esto significa que el precio pactado en la negociación se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a 927 millones de pesos.
Después de un terremoto pueden presentarse cambios en el estado emocional de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las situaciones de emergencia pueden generar manifestaciones como ansiedad, tristeza, desesperanza, problemas de sueño, cansancio, irritabilidad e ira.Coomeva Medicina Prepagada explicó que, después de un evento de estas características, algunas personas pueden permanecer en estado de alerta, sentir temor de ingresar nuevamente a determinados lugares o experimentar angustia ante movimientos, sonidos o situaciones asociadas con lo ocurrido.La Dra. Jenny Cabrejo, neuropsicóloga de Coomeva Medicina Prepagada, indicó que estas reacciones no necesariamente corresponden a un trastorno mental. Según la especialista, es necesario observar cuánto duran, qué intensidad tienen y si afectan las actividades cotidianas.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que las consecuencias psicológicas y sociales de una emergencia pueden presentarse a corto plazo y permanecer durante más tiempo. Entre los grupos que pueden requerir mayor acompañamiento están los niños, adolescentes, adultos mayores, personas que tuvieron pérdidas y quienes estuvieron directamente expuestos a situaciones de peligro.Ante estas situaciones, Coomeva recomienda recuperar de manera progresiva las rutinas, mantener contacto con familiares y amigos, procurar espacios de descanso, mantener una alimentación regular e hidratación y limitar la exposición constante a imágenes, videos y testimonios relacionados con la emergencia.También recomienda reconocer y expresar las emociones, consultar información de fuentes oficiales y evitar tomar decisiones importantes durante momentos de alta angustia cuando estas puedan aplazarse.Para los niños, la recomendación es explicar lo sucedido de acuerdo con su edad, responder sus preguntas, escuchar sus temores y conservar, en la medida de lo posible, sus horarios y actividades habituales.Coomeva señala que se debe buscar atención profesional cuando el miedo o la angustia persisten, se presentan crisis recurrentes, aislamiento, alteraciones del sueño, dificultades para realizar las actividades cotidianas o una sensación prolongada de desesperanza.
Un caso de tuberculosis en una docente activó las alertas sanitarias en el Colegio Comfamiliar Los Lagos, ubicado en Palermo, Huila. La maestra fue apartada de sus actividades en la institución educativa y permanece bajo atención médica.De acuerdo con el comunicado emitido por Comfamiliar Huila, una vez conocido el caso se activaron las rutas de atención, notificación y vigilancia correspondientes, en articulación con la Secretaría de Salud Departamental del Huila y las secretarías de Salud de Palermo y Neiva.“Desde que la docente fue diagnosticada y se confirmó esta enfermedad, no ha vuelto a las actividades de la institución. Ha sido aislada y se le ha dado el manejo hospitalario y el tratamiento con los medicamentos correspondientes. Actualmente se encuentra en casa”, confirmó Octavio Bermúdez, jefe de la División de Servicios Educativos de Comfamiliar.Hasta el momento, las pruebas realizadas no han detectado más casos de tuberculosis entre los docentes. Sin embargo, cinco estudiantes con síntomas respiratorios están siendo evaluados para descartar posibles contagios.“De esta visita de la Secretaría de Salud se identificaron cinco niños que tenían un episodio de gripa y fueron remitidos a las EPS para una valoración médica. Desde las EPS citaron al grupo familiar cercano a los niños para hacer la prueba diagnóstica de tuberculosis. Actualmente se está a la espera de los resultados de estas valoraciones”, indicó el jefe de Servicios Educativos de Comfamiliar.¿Qué es la tuberculosis?Sobre la enfermedad, el doctor Miguel Camilo Perilla Vergara, auditor médico de la sede Centro de la Clínica Medilaser en Neiva, explicó que “la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede llegar a comprometer otros órganos”.El médico señaló que cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, habla o estornuda, libera al aire pequeñas partículas que pueden contener los microorganismos causantes de la enfermedad.Entre los síntomas más frecuentes están la tos persistente, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso sin una causa aparente y cansancio. Para prevenir el contagio, recomendó mantener los espacios ventilados, utilizar tapabocas y consultar al médico cuando la tos persista por más de dos semanas.
