El gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado, Gestarsalud, alertó que el Ministerio de Salud aún no da a conocer el estudio para el cálculo de la UPC, que determina el valor que paga el Estado para la atención de cada uno de los usuarios para 2024.La directora de Gestarsalud, Carmen Eugenia Dávila, recordó que de no publicarse antes del 31 de diciembre la resolución que establece dicho aumento, esté se ajustaría automáticamente de acuerdo a la inflación causada, lo que traería graves consecuencias financieras para el sector, porque no se estarían considerando otros aspectos como el incremento de frecuencias de uso.Cabe recordar que para el cálculo de la UPC se fijó una metodología que se viene implementando desde hace 20 años, en la que se tienen en cuenta, entre otros factores, la base de suficiencia del sector para establecer el presupuesto. De acuerdo con la dirigente gremial, para alcanzar la suficiencia de la UPC en 2024, será necesario un aumento real que no amplíe la desfinanciación y que reconozca el comportamiento real de las principales variables de cálculo.Entre las variables de cálculo que le expresó la asociación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que debería tener en cuenta a escasos 12 días de finalizar el año, están factores como el aumento en las frecuencias de uso, el incremento de la siniestralidad y el incremento del costo en la atención de la población post COVID-19, ya que después de la pandemia la población está consultando con más frecuencia.Finalmente, el gremio de las EPS del régimen subsidiado alertó que la situación en el financiamiento del sector es crítica y la desfinanciación es evidente. Recordó que el ciclo de pagos de presupuestos máximos ha sido demorado, que a la fecha no se ha revisado ni pagado la mayor ejecución del año 2022 y que aún quedan rezagos de años anteriores. En cuanto al 2023 no se han asignado los recursos para noviembre y diciembre, y la mayor ejecución no se ha revisado ni reconocido.Le puede interesar:
Carmen Eugenia Dávila, viceministra de Protección Social, dijo que “esta población va a ser atendida a través de un régimen especial que le va a garantizar la atención con dignidad e integralidad” (Lea también: Marihuana medicinal será reglamentada antes de que se termine 2015: MinSalud). La funcionaria afirmó que con esta medida se busca que se le de atención prioritaria a la población carcelaria. En ese orden de ideas, Dávila señaló que existe la probabilidad de que durante el periodo de transición se hagan algunas contrataciones directamente con las entidades prestadoras de salud que venían ofreciendo este servicio (Lea también: Nueva EPS asegura que garantizará atención a usuarios trasladados de Caprecom). Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El Centro Democrático busca una alianza con una Ong de Estados Unidos para hacer el referendo contra la adopción de hijos por parejas homosexuales. -La calificadora de riesgo Fitch considera que cierre de Hidroeléctrica El Quimbo no impactará calidad crediticia de Emgesa, Iván Aldana. -En Venezuela a esta hora se confirma que el Tribunal Supremo de Justicia admitió un recurso de amparo del Partido de Gobierno para impugnar la elección de 22 diputados recién electos de la oposición y que deberían juramentarse el próximo 5 de enero. -El Distrito anunció que el sendero peatonal de Monserrate seguirá cerrado, como medida preventiva, después del incendio que se presentó en la zona la semana pasada. -El Acueducto de Bogotá entrega recomendaciones a sus usuarios que salen de vacaciones para evitar contratiempos con las redes internas de agua y alcantarillado.
Hoy termina el traslado de los cabecillas que se encontraban recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. En total son 106 los criminales y fueron reubicados en centros penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.Así lo informó la Presidencia de la República, a través de un comunicado: “La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios”.Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el recién posesionado presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales.Esta medida fue respaldada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.“El presidente Abelardo De La Espriella ya se puso del lado de la fuerza pública y de la ciudadanía, y no de los criminales, como hizo el expresidente Petro. Y muchos de ellos tienen que contar qué fue lo que hicieron con ese gobierno durante todos estos años, y más cuáles fueron los beneficios que le dieron”, dijo el alcalde Gutiérrez.Además de los 106 criminales de alta peligrosidad, que hacían parte de estructuras criminales como la “Oficina de Envigado”, “La Terraza” y “El Mesa” y que fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, otros 11 delincuentes que están en otros centros penitenciarios del país serán reubicados.
La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, FENALCO Santander, calificó como una oportunidad el inicio del nuevo Gobierno Nacional y manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con la administración de Abelardo De la Espriella.Para el gremio, uno de los principales retos será recuperar la confianza empresarial y generar condiciones que permitan reactivar la economía, especialmente en momentos en que comerciantes y empresarios enfrentan desafíos relacionados con el crecimiento económico, la seguridad, el empleo y la inversión.Uno de los llamados más concretos está relacionado con Santander. FENALCO advirtió que el departamento ha sido históricamente relegado en materia de infraestructura y sostuvo que se requieren inversiones estratégicas para mejorar la conectividad, fortalecer la competitividad y acelerar el desarrollo regional.El gremio considera que la infraestructura debe convertirse en uno de los asuntos prioritarios de la agenda nacional para Santander, debido al impacto que tiene sobre el comercio, el transporte de mercancías, la generación de empleo y la llegada de nuevas inversiones.A esto se suma la necesidad de crear mejores condiciones para que las empresas puedan crecer. FENALCO pidió al nuevo Gobierno garantizar estabilidad jurídica, reglas claras y reducción de trámites, factores que, según la agremiación, permitirían a comerciantes y empresarios tomar decisiones de inversión, contratación y expansión con mayor confianza.La seguridad también aparece entre las preocupaciones del sector productivo. Para FENALCO Santander, garantizar condiciones de seguridad es indispensable para recuperar la confianza y permitir que las actividades comerciales y empresariales puedan desarrollarse con normalidad.El gremio manifestó que está dispuesto a mantener un diálogo permanente con el Gobierno Nacional y aseguró que pondrá a disposición de la administración su experiencia para aportar en la construcción de políticas públicas dirigidas a empresarios, comerciantes, tenderos y ciudadanos.De esta manera, el sector empresarial santandereano plantea desde el inicio del nuevo Gobierno una agenda en la que infraestructura, seguridad, inversión, empleo y estabilidad jurídica aparecen como sus principales prioridades para impulsar la economía regional.
Este incendio forestal inició alrededor de las 4:30 de la tarde en la vía hacia el cerro de Cristo Rey, cuando todos los ojos del país estaban enfocados en Cali por la posesión presidencial. De inmediato, los organismos de socorro se trasladaron a la zona para atender la emergencia.El fuego se extendió rápidamente debido a las condiciones climáticas, caracterizadas por un intenso calor y fuertes vientos en la zona. La mayor preocupación era la cercanía de las llamas a viviendas y negocios ubicados en el sector. Las labores de los bomberos permitieron controlar la emergencia casi seis horas después."Logramos el control de este incendio, evitando que llegara a la comunidad, a las viviendas y al Monumento de Cristo Rey, y que afectara más vegetación y fauna del sector. Queda totalmente controlado. Hay algunos puntos en los cuales vamos a continuar haciendo vigilancia, porque hay mucho viento, la topografía y el combustible es muy liviano, entonces hay un riesgo de reinición", señaló el cabo Néstor Giraldo, de los Bomberos de Cali.El alcalde Alejandro Eder confirmó que este incendio fue provocado, por lo que ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para identificar y capturar a los responsables de esta emergencia.
Un nuevo atentado terrorista se registró esta madrugada sobre la vía Panamericana, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca. Un artefacto explosivo fue activado contra el peaje de Mandivá, en el sector de Cachimbal, el tramo de la carretera que conecta a a Cali con Popayán.Según el reporte de las autoridades, el ataque fue perpetrado con una camioneta blanca acondicionada con explosivos, la cual fue abandonada por su conductor quien escapó del sitio junto a otro sujeto, que lo esperaba metros adelante en una motocicleta.Dos personas resultaron levemente lesionadas, se trataría de personal de seguridad, encargados de vigilar la obra de ese peaje, pues es una estructura que estaba en construcción y que ahora ha quedado gravemente afectada tras este atentado.Las autoridades se encuentran realizando la verificación de la zona, por lo que el paso de la vía Panamericana está restringido a un solo carril, para descartar alguna otra amenaza.
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo en Cali la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, a 410 kilómetros, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, eran trasladados varios cabecillas que participaron en el “Tarimazo”, evento realizado por el Gobierno del hoy expresidente Gustavo Petro a mediados de 2025 en Medellín.Entre los criminales trasladados están alias 'Douglas', alias 'Carlos Pesebre', alias 'Orejas', alias 'El Indio' y el exparamilitar Hernán Giraldo, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hacia otros centros penitenciarios del país.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el traslado de estos reclusos.“Hoy empezaron a ser trasladados cabecillas de las estructuras criminales que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí. Se les acabó la fiesta a los criminales y yo solo espero que cada vez haya más contundencia contra el crimen y eso es lo que va a pasar”, señaló el alcalde Gutiérrez.Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, señaló, a través de un trino en su cuenta de X, que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.