La madre buscadora mexicana Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, resultó herida este sábado en un ataque armado en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, mientras la Fiscalía estatal investiga si la agresión estuvo relacionada con su labor en la búsqueda de personas desaparecidas.La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informó en un comunicado que abrió una indagatoria por feminicidio en grado de tentativa y señaló que una de las líneas de investigación busca determinar si el ataque está relacionado con las actividades de Rojo Medina como “integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”.La agresión, según la Fiscalía, ocurrió en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba la activista.En el ataque también resultó herida otra mujer, que según medios locales, sería su hija.La Fiscalía informó que turnó la investigación al área especializada en delitos contra las mujeres por razones de género, con apoyo de policías de investigación y personal pericial.La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó que ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital y se encuentran estables, pero permanecen bajo resguardo en el lugar donde fueron atendidas.Rojo Medina es fundadora de Voces Unidas por la Vida y comenzó su activismo tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel en 2009, desde cuando ha participado en búsquedas de personas y restos humanos en distintos puntos de Sinaloa.Colectivos exigen protecciónTras el ataque, el colectivo Sabuesas Guerreras condenó la agresión y exigió a las autoridades estatales una investigación “exhaustiva, pronta y transparente” para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales.“Quienes buscamos a nuestros seres queridos no deberíamos enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado”, denunció la organización.También reclamó medidas inmediatas de protección para Rojo Medina, su familia y los integrantes de los colectivos de búsqueda de la región.El ataque revive los riesgos que enfrentan las buscadoras en Sinaloa. En 2014, Sandra Luz Hernández, integrante de Voces Unidas por la Vida que buscaba a su hijo desaparecido, fue asesinada a tiros en Culiacán.La agresión ocurre además en medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024 por la pugna entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos del histórico narcotraficante Ismael ‘el Mayo’ Zambada.El conflicto ha provocado miles de homicidios y desapariciones en el estado, mientras colectivos de familiares mantienen búsquedas en campo ante una crisis nacional que supera las 130.000 personas desaparecidas y no localizadas.Sabuesas Guerreras advirtió que el ataque contra Rojo Medina representa también una agresión contra quienes buscan desaparecidos y reclamó al Gobierno estatal que garantice condiciones de seguridad para desarrollar esa labor.“Que las autoridades estatales dejen de ser espectadoras y asuman su responsabilidad de garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos”, enfatizaron.
El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado este lunes por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York, en el que solicita no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.Los abogados de Zambada entregaron una carta al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en la que afirman que el acusado se declaró culpable de los cargos en su contra plenamente consciente de que la consecuencia legal sería una sentencia de cadena perpetua y que no está solicitando una pena inferior a la prevista por la ley.La defensa argumentó que, desde su llegada a Estados Unidos hace casi dos años, Zambada manifestó su intención de declararse culpable, evitó litigar el caso y no presentó mociones previas al juicio, lo que, según el documento, permitió ahorrar recursos y tiempo al sistema judicial.El escrito también subraya que el narcotraficante no prestó "asistencia sustancial" a las autoridades estadounidenses ni busca hacerlo en el futuro para obtener una reducción de la condena.En cambio, solicita al juez que tenga en cuenta su conducta durante el proceso al emitir una recomendación sobre el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde cumplirá la sentencia.Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.La audiencia de sentencia de Zambada está prevista para el próximo 20 de julio ante el juez Brian M. Cogan, quien deberá determinar la condena definitiva y emitir recomendaciones sobre el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde cumplirá la pena.Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien lo condujo en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso (Texas), en la frontera con Nuevo México.Según el propio relato de la defensa de Zambada y lo admitido por Guzmán López ante la justicia estadounidense, este último lo engañó y lo trasladó por la fuerza para entregarlo a las autoridades, que asumieron su custodia al llegar.Las autoridades estadounidenses asumieron la custodia del entonces líder del Cartel de Sinaloa, cuya captura puso fin a décadas de actividad clandestina al frente de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo.
En una operación conjunta entre autoridades colombianas y estadounidenses, la Policía Nacional capturó en Medellín a dos ciudadanos extranjeros señalados de integrar una red de narcotráfico transnacional y requeridos por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición.De acuerdo con las investigaciones, los capturados, identificados como los hermanos Pacheco, eran solicitados por la Corte del Distrito Sur de Ohio por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.Las autoridades indicaron que ambos habrían desempeñado un papel clave como enlace entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Colombia y estructuras que operan en otros países del continente.Según el proceso investigativo, los extranjeros presuntamente coordinaban contactos y actividades con grupos delincuenciales asentados en Antioquia para facilitar el envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.El general William Castaño, director de Antinarcóticos, se refirió a la captura de los dos hombres que estaban en el departamento de Antioquia intentando establecer contactos criminales."Para la coordinación de actividades relacionadas con la compra, transporte y envíos de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, exactamente utilizando México hacia los Estados Unidos", explicó el uniformado.Con este operativo, la Policía Nacional aseguró que continúa fortaleciendo las acciones orientadas a debilitar las capacidades logísticas, financieras y operativas de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
En un operativo conjunto entre la Dijin, la Fiscalía y el FBI, fue capturado en Bogotá el ciudadano mexicano Jorge Espinoza Peña, conocido en el mundo criminal como alias ‘Alex’, señalado como pieza clave del Cártel de Sinaloa.La detención se realizó con fines de extradición, en cumplimiento de una orden judicial emitida en septiembre de 2025 por una corte del Distrito Este de Nueva York, donde es requerido por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas, especialmente fentanilo.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Alex’ era un eslabón fundamental en la estructura transnacional del cartel, encargado de coordinar movimientos financieros y logísticos para la distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.Las investigaciones indican que el capturado habría llegado a Colombia con dos objetivos, evadir la presión de las autoridades en su lugar de origen, en Sinaloa, México, y fortalecer alianzas con estructuras criminales locales para ampliar las rutas del narcotráfico, particularmente de fentanilo.Además, se estableció que los recursos provenientes de esta actividad ilícita eran reinvertidos en el fortalecimiento operativo del cartel, facilitando su expansión a nivel global.
Un sismo político de enorme magnitud ha provocado este miércoles en México la acusación de EE.UU. contra el gobernador del estado de Sinaloa (noreste), el oficialista Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.En medio de una polémica debido a la presunta presencia, y posterior muerte hace unos días, de dos supuestos agentes de EE.UU. en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, para una operación contra el narcotráfico, el Departamento de Justicia de EE.UU. agitó aún más las relaciones bilaterales.La decisión del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de abrir una investigación por conspirar estos funcionarios con líderes del Cartel de Sinaloa para importar presuntamente ingentes cantidades de heroína, cocaína o fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político, supone el mayor golpe reciente de Washington contra políticos de México.La acusación vincula formalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los enlaza directamente con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.Tras dar a conocer la información, la embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación presentada en Nueva York contra de Rocha Moya y otros nueve funcionarios implicados en una "presunta conspiración" con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.Por su parte, Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" las imputaciones, al señalar que carecen "de veracidad y fundamento", y acusó de que se trata de un "ataque" a su persona y al movimiento político que encabeza la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien por el momento ha guardado silencio."No pasará nada", dice gobernadorEn su primera declaración pública desde que estallaron las acusaciones, Rocha Moya se declaró "tranquilo" y dijo estar "trabajando" por Sinaloa, a la vez que añadió que "no pasará nada" con la acusación.En tanto, la Cancillería mexicana afirmó que no se presentaron "pruebas" en las solicitudes de extradición enviadas el martes por el Gobierno estadounidense, al tiempo que afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. en el país por la forma en que se hizo pública la acusación, al argumentar que contraviene tratados.La representación diplomática informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con "carácter confidencial", por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.El oficialismo mexicano ha respaldado al gobierno estatal, y la oposición sostiene que el caso confirma sus advertencias sobre vínculos con el crimen organizado, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que iniciará una investigación para determinar si se sostiene la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU.“La FGR iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de pruebas de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, aseguró Ulises Lara, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR.Destacó que, como la ley mexicana lo indica, la orden de aprehensión requiere de “presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”, por lo que, según el Tratado Bilateral, “solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes”.
Polémica en México tras conocerse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una investigación en contra de al menos 63 'influencers', en especial contra Markitos Toys, por presuntamente lavar dinero para miembros del Cartel de Sinaloa, esto debido a un rápido ascenso financiero que han mostrado en redes sociales en muy poco tiempo.Lo que comenzó a elevar las sospechas de las autoridades fueron algunas dinámicas que estos 'influencers' comenzaron a hacer en sus redes sociales, desde dar alguno detalles hasta regalando autos de lujo, dinero en efectivo y otros bienes. Incluso, uno mostró la compra de un avión privado, algo que poco se ve en un creador de contenido en el mundo.¿Quiénes son los 'influencers' salpicados en este caso?Los integrantes de 'Team Toys' son los principales investigados en este caso, de hecho, hace poco uno de ellos fue asesinado por miembros del Cartel de Sinaloa. Markitos Toys, cuyo nombre real es Marcos Eduardo Castro Cárdenas, es el creador y líder del grupo conocido como 'Los Toys', quienes comenzaron de manera informal y de un día a otro se volvieron millonarios.Un día en Culiacán varios de sus rostros aparecieron en folletos en donde se denunciaba que eran parte del Cartel de Sinaloa, parte de sus finanzas llegaban a sus bolsillo. De hecho, van tres asesinados de este 'team' de influencers desde finales de 2024.Por ahora, avanza la investigación y este team no sería el único implicado en el caso, sino que otros creador de contenido estarían relacionados con este caso y pronto esperan dar con resultados clave en este tema desde la UIF."Uno de los hechos más polémicos se registró tras la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', identificado por autoridades como jefe de seguridad de Los Chapitos hasta finales de 2023, a quien Markitos Toys identificó como un gran amigo", contaron en el medio local Milenio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su Gobierno no tiene pruebas de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cártel de Sinaloa, como afirmó Estados Unidos.El Gobierno de Donald Trump aumentó el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Maduro, al que acusa de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa "para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos."Si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa."Es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso", añadió.La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que Maduro "es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo" y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.La funcionaria agregó que el Gobierno estadounidense ha incautado hasta la fecha 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro "y sus cómplices".En respuesta, el Gobierno venezolano calificó de "patética" la declaración de Bondi."Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", dijo el canciller venezolano Yván Gil, en un mensaje de Telegram.Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).En 2020, Washington acusó formalmente a Maduro de "narcoterrorismo" y conspiración para traficar drogas y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.La administración del expresidente demócrata Joe Biden subió la recompensa a 25 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes en un tribunal de San Diego (California) cargos por narcoterrorismo dirigidos contra dos líderes del Cartel de Sinaloa, lo que supone la primera vez que se presentan acusaciones de terrorismo ligadas con el narcotráfico en el país.Los acusados son Pedro Inzunza Noriega, de 62 años, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, de 33 años, señalados de haber traficado toneladas de droga a Estados Unidos para el cartel mexicano.La fiscal de EE.UU., Pam Bondi, dijo en un comunicado que desmantelar el Cartel de Sinaloa exige una respuesta legal innovadora y contundente. “Se acabaron sus días de brutalizar al pueblo estadounidense sin consecuencias; buscaremos cadena perpetua para estos terroristas”.Por su parte, el fiscal federal Adam Gordon destacó en una conferencia de prensa la histórica acusación. “La de hoy es la primera vez que se presentan cargos contra líderes del Cartel de Sinaloa por narcoterrorismo y materiales para narcoterrorismo, en conexión con tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína”.La acusación considera "materiales para cometer narcoterrorismo" los estupefacientes que el cartel de Sinaloa trafica hacia Estados Unidos.Los cargos se basan en la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que en febrero pasado designó a varios carteles de las drogas de México, entre ellos el de Sinaloa, como Organizaciones Terroristas Extranjeras.Gordon dijo que para combatir a los carteles como organizaciones terroristas, desde el día que fue designado fiscal para el distrito del Sur de California, el pasado 11 de abril, formó una Unidad de Narcoterrorismo que colaboró para la investigación y formulación de los cargos presentados hoy.El funcionario aseguró que a partir de ahora los líderes del narcotráfico enfrentarán “una cacería” tanto de sus amigos como de sus enemigos.“Los vamos a perseguir hasta que al final enfrenten su destino en una corte federal del Sur de California”, sentenció el funcionario.Los dos acusados, Pedro Inzunza Noriega, conocido como Sagitario, y Pedro Inzunza Coronel, apodado El Pichón, comenzaron a traficar desde hace décadas cocaína que traían desde Colombia a Estados Unidos, según documentos judiciales.La acusación dice que más recientemente ambos se involucraron en el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas. El 3 de diciembre de 2024, la policía mexicana allanó múltiples ubicaciones en Sinaloa que son controlados y administrados por el padre y el hijo, donde se incautaron 1.500 kilogramos (más de 1.65 toneladas) de fentanilo, la mayor convulsión de la droga sintética en el mundo.Además de los Inzunza, fueron acusados en el caso los mexicanos David Alejandro Heredia Velázquez, de 50 años; Daniel Eduardo Bojorquez, de 47; Javier Alonso Vázquez Sánchez, de 31 años; el guatemalteco Oscar René González Menéndez, de 45 años, y el costarricense Elías Alberto Quirós Benavides, de 53 años.Si son declarados culpables podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua, más multas económicas.
En las últimas horas, fue capturado un peligroso capo mexicano del Cártel de Sinaloa en Colombia, se trata de Ángel Josué Velázquez Bravo, requerido en extradición por la Corte del Distrito este de Wisconsin, Estados Unidos, por el delito de concierto para lavar instrumentos monetarios.El delincuente, encargado de pagar los cargamentos de droga a narcotraficantes colombianos, cayó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia. Esos instrumentos monetarios son más de 11 millones de dólares enviados, de 2021 a la fecha, desde Estados Unidos, vía México, hacia las ciudades de Cali, Medellín y Cúcuta.“Esta exitosa operación, que hace parte de la ofensiva frontal contra el narcotráfico, es el resultado de la fluida cooperación con las agencias federales de Estados Unidos”, señaló el director general de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez.El extraditable es el esposo de una sobrina del capo mexicano Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara y uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA en los años 80, recapturado en 2022 con fines de extradición.Caro Quintero fue señalado de ser el responsable del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985. El capo mexicano fue sentenciado, en 1989, a 40 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa.
Fue detenido por agentes de la DEA en El Paso, Texas, en Estados Unidos, uno de los más fuertes capos del narcotráfico en México. Se trata de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, jefe del Cartel de Sinaloa y sucesor de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.A diferencia de otros capos del narcotráfico, ‘El Mayo’ ha mantenido un perfil relativamente bajo, evitando la ostentación y los reflectores mediáticos. Sin embargo, es conocido por su habilidad para formar alianzas y manejar la organización con un estilo más empresarial, lo que ha contribuido a la estabilidad y expansión del cártel.Su hijo, Vicente Zambada Niebla, conocido como ‘El Vicentillo’, también fue arrestado en 2009 y extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, a la fecha está libre, pero bajo supervisión de las autoridades norteamericanas.>>> Lea también: Murió la madre del 'Chapo' Guzmán, María Consuelo Loera, a los 95 añosDe acuerdo a los primeros reportes, su detención se dio en el aeropuerto internacional de Santa Teresa, de El Paso, Texas, donde habría acordado su detención con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la DEA; sin embargo, aún no es información oficial.Otro hijo del 'Chapo' Guzmán también fue detenidoEn este mismo hecho fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo del 'Chapo' Guzmán, quien, junto con Ovidio Guzmán López, ya capturado, es acusado en Estados Unidos por cargos de asociación delictiva relacionados con drogas ilícitas.De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los hermanos se asociaron para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos entre 2008 y 2018."El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o 'El Mayo', cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas", destacó el Departamento de Justicia en un comunicado.El departamento destaca que ambos hombres "enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo".
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
La Procuraduría lideró una mesa de trabajo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en la que se analizaron las principales dificultades que enfrentan las comunidades y las empresas en estos territorios. Con el fin de fortalecer los espacios de diálogo con el sector de hidrocarburos para prevenir y atender los conflictos que se presentan en las regiones donde operan estas empresas.El encuentro contó con la participación de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y de los procuradores regionales y provinciales de Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo y Santander.Uno de los puntos centrales fue la conflictividad relacionada con las demandas laborales, la contratación de bienes y servicios y el uso del territorio. A lo largo de los años, en distintas zonas con presencia de actividad petrolera se han registrado manifestaciones y reclamos de comunidades que buscan mayores oportunidades de empleo, participación en la contratación y beneficios asociados al desarrollo de estas actividades.Precisamente, estos reclamos están relacionados con una expectativa frecuente en los territorios: que la presencia de la industria de hidrocarburos se traduzca en desarrollo y oportunidades para las comunidades cercanas. Por esta razón, la Procuraduría busca que estas diferencias puedan ser atendidas mediante el diálogo y antes de que escalen a situaciones que afecten la convivencia o las actividades económicas.En la mesa también se abordaron las dificultades para manejar este tipo de situaciones y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones. Por lo que, se acordó fortalecer el intercambio de información y gestionar de manera oportuna los asuntos que puedan generar conflictividad en las regiones.Con esta estrategia, la Procuraduría busca anticiparse a los conflictos, fortalecer el diálogo con las comunidades y mejorar la articulación institucional en los territorios donde está presente el sector de hidrocarburos.
Colombia continúa en riesgo de racionamiento eléctrico por cuenta del fenómeno de El Niño y del atraso en la construcción de proyectos de generación y transmisión eléctrica en el país, advirtió este jueves la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, en un discurso ante las compañías de servicios públicos.Oficialmente el sistema eléctrico del país está operando bajo un estatuto especial para evitar el racionamiento de electricidad y para cuidar el nivel de los embalses de las hidroeléctricas en medio de la escasez de lluvias."Estamos como en la cuerda floja, yo tengo que decírselos. Este Gobierno y con todos ustedes vamos a hacer hasta lo imposible por pasar esto sin ningún racionamiento, pero también quiero decirles que estamos muy vulnerables", aseguró la funcionaria.El Niño en curso, apodado SuperNiño por algunos expertos, podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas y ya está llevando a temperaturas récord en varias regiones del país. Por ejemplo, los niveles de los ríos en la región de Antioquia ya están alcanzando bajos niveles que preocupan a las autoridades, y hay 558 municipios con riesgos para el suministro de agua.Aunque la idea del Gobierno es aumentar la generación de energía en plantas térmicas, el sistema todavía no alcanza las metas propuestas.Los riesgos para el sector se acentúan con el hecho de que la energía en firme (es decir, energía que debe ser garantizada por las empresas) está ya un 8,6% por debajo de la demanda en el país, y esa demanda está creciendo con fuerza en lugar de moderarse."La demanda es lo único que nos queda", explicó la ministra.Además, hay poco margen de maniobra ante imprevistos. La importación de gas, que ya es el 30% del consumo nacional, está operando al límite, al igual que la infraestructura de varias compañías. La situación es tan compleja que, según la ministra, un 'tubo' que se dañe podría poner a todo el país en serios aprietos.
Alerta ambiental en Santa Fe de Antioquia por la muerte de decenas de peces en el río Tonusco. Autoridades en el Occidente antioqueño investigan las causas de la mortandad que ha generado preocupación entre la comunidad.Las autoridades en el municipio de Santa Fe de Antioquia se encuentran en máxima alerta debido a la masiva mortandad de peces que se reportó en los últimos días en el río Tonusco en donde misteriosamente comenzaron a aparecer muertas algunas especies.Aunque aún no se conoce con exactitud qué ocurrió en el afluente y si la lamentable situación se reportó por los bajos niveles de agua o por la presencia de algunos elementos tóxicos en el río, avanza la investigación de los expertos para determinar qué pasó con exactitud.A la espera de los resultados exactos que arrojen las autoridades ambientales que están al frente del caso, los comerciantes y personas del común en Santa Fe de Antioquia han mostrado su preocupación por la muerte de los peces que en muchas ocasiones suelen ser el sustento de decenas de familias en esta zona del Occidente antioqueño.Sin embargo, no es la única situación que ocurre en el municipio con la fauna, ya que en articulación con la Inspección de Policía, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno y el Cuerpo de Bomberos, se realizó la aprehensión preventiva de 18 semovientes en el sector Los Tendidos.Según se ha conocido, los animales quedaron bajo disposición y custodia de la Administración Municipal, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para determinar si se configura una conducta constitutiva de maltrato animal.
Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.¿Qué se necesita para participar?El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.Habrá nuevas jornadas de empleo en octubreLa actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.Datos de la feria de empleo en BelloFecha: jueves 24 de septiembre de 2026.Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.Lugar: Parque Fabricato, Bello.Vacantes: más de 2.000.Empresas: 20.Requisito: hoja de vida actualizada.Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.
