La Juez Tercera con Función de Control de Garantías de la ciudad de Santa Marta, accedió a la petición de la Fiscalía y sustituyó el beneficio de detención domiciliaria por una en centro carcelario a Rafael Antonio Deluque Fernández, uno de los abogados implicados en un caso de defraudación a Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). La Fiscalía sustentó ante el juzgado de control de garantías que Deluque Fernández nunca había ostentado la calidad de padre cabeza de familia como lo argumentó en la audiencia de medida de aseguramiento, porque al entrevistar a la progenitora del menor indicó que ella tenía la custodia y siempre había velado por su cuidado. Por esta razón el Juzgado al resolver a favor de la fiscalía, ordenó recluir a Deluque Fernández en un centro carcelario. De acuerdo con la investigación de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, el abogado junto con otras cinco personas se habrían apropiado de cerca de $5000 millones a través de la liquidación fraudulenta de pensiones de cerca de 60 docentes, quienes se habían beneficiado del reconocimiento económico por su buen desempeño durante el tiempo de labores en el departamento de Magdalena, entre 2008 y 2009. Por estos hechos, en octubre del año pasado impuso medida de aseguramiento en contra de los implicados por cargos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
“Los hechos por los cuales es investigado el abogado ocurrieron en febrero de 2006 cuando luego de presentar una tutela ante el Juzgado 7° Laboral del Circuito de la ciudad, fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba, con una pensión de gracia otorgada por la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal- a la que por Ley sólo tienen acceso profesores que salarialmente dependen de las gobernaciones y alcaldías”, dice la Ficalía
El Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) declaradas en 19 municipios del Suroeste antioqueño. La decisión fue firmada por el ministro Indalecio Dangond desde Fredonia y revierte nueve resoluciones expedidas entre 2025 y 2026 bajo la orden del expresidente Gustavo Petro.La medida cobija a Andes, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Tarso, Támesis, Valparaíso y Venecia en donde más de 100.000 hectáreas habían quedado demarcadas por ciertas delimitaciones.Según el Ministerio de Agricultura, la derogatoria se fundamentó en una revisión técnica realizada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, misma que incluyó 484 documentos, equivalentes a 10.450 páginas, y cruces cartográficos que identificaron presuntas deficiencias técnicas.Entre los hallazgos, la entidad señaló inconsistencias en la información cartográfica utilizada, falta de validaciones de campo y dificultades para identificar terrenos con restricciones ambientales o de riesgo. También se cuestionó la inclusión de suelos con limitaciones para la actividad agropecuaria y la falta de análisis suficientes sobre disponibilidad de agua.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que las APPA eran una imposición que les quitaba la autonomía a los municipios para decidir sobre el uso del suelo y decidir qué cultivar y cómo impulsar el turismo y los emprendimientos productivos."Quitarnos de encima esa pesadilla de planificación socialista que querían imponernos en el gobierno de Petro, para usurparle no solo competencias a los consoles municipales sobre el uso del suelo, sino para restringir el derecho de propiedad, la libertad de lo que podían hacer nuestros paisanos del Suroeste", indicó el mandatario.Sin embargo, la derogatoria no elimina otras obligaciones, puesto que seguirán vigentes figuras como los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, las áreas protegidas, las normas de conservación del patrimonio arqueológico o la suspensión de los programas de desarrollo rural.
Los colegios electorales de Brasil abrieron este domingo puntualmente a las 08.00 hora local (11.00 GMT) para la segunda vuelta de las presidenciales, en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro se disputan el principal cargo del país.Unos 158,7 millones de votantes fueron convocados para salir a las urnas en esta jornada, en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.Los puestos de votación atenderán a los electores hasta las 17.00 (20.00 GMT) de este domingo, en el que se espera que disminuya la abstención del 21,08 % registrada en la primera vuelta, la más alta desde 1998.Los mismos horarios se seguirán en el exterior, donde unas 919.000 personas se inscribieron para participar de los comicios, un 32 % en relación con las elecciones de 2022.De la misma forma que el pasado 4 de octubre, las mesas de votación atenderán a quienes estén en la fila a la hora del cierre.En la primera vuelta de las presidenciales, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, con 56,1 millones de sufragios, frente al 45,16 % alcanzado por Lula, equivalente a 53,8 millones de votos.São Paulo, el estado más poblado del país, se mantiene como el mayor colegio electoral de Brasil, con el 21,5 % de los votantes, seguido por Minas Gerais (10,3 %), Río de Janeiro (8 %), Bahía (7 %) y Paraná (5,4 %), según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).Según las últimas encuestas electorales divulgadas la víspera por las firmas Datafolha y Quaest, Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Lula.No obstante, ambos aspirantes están empate técnico por el margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, los cuales se profundizaron en la segunda vuelta y fueron los protagonistas de los únicos dos debates entre los candidatos.
El ciudadano peruano-estadounidense Heinz Pool Rigoberto Buleje fue condenado a 23 años de prisión en Estados Unidos por explotación sexual comercial de una menor de edad, en un caso relacionado con hechos ocurridos en 2017 en el municipio de Copacabana.La condena se conoce después de que, en 2023, la Corte Suprema de Justicia de Colombia negara su extradición a territorio estadounidense al considerar que los delitos por los que era requerido ocurrieron en territorio colombiano y que las víctimas eran niñas y adolescentes colombianas.Los hechos que dieron origen al caso se remontan a diciembre de 2017, cuando las autoridades realizaron un operativo en la finca La Victoria en donde fueron encontradas 15 menores de edad que, según las investigaciones, habrían sido llevadas allí para sostener encuentros sexuales con el extranjero a cambio de dinero y regalos.De acuerdo con los antecedentes judiciales, durante las reuniones también habría existido consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Además, la investigación señaló que Buleje habría viajado en varias ocasiones a Colombia entre 2010 y 2017 para sostener encuentros sexuales con menores de edad.La condena de 23 años en Estados Unidos generó la reacción inmediata del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X aseguró que, “este descarado les ofrecía fiesta, dinero, drogas y alcohol a cambio de sexo. Que los extranjeros sepan que si vienen a Medellín a delinquir, van a terminar pagando y bastante caro”.Hay que recordar que este caso se convierte en la decimocuarta condena contra ciudadanos extranjeros por explotación sexual de menores de edad en Medellín en los últimos dos años, siendo el caso más significativo el de Stefan Correa que fue condenado a cadena perpetua.
Beatriz Elena Patiño Hernández, una profesora de la institución educativa Santa Juana de Lestonnac, en el barrio Doce de Octubre de Medellín, lleva más de un año enfrentando un linfoma T periférico y las dificultades para acceder al tratamiento que necesita.Es una de las cientos de maestras que padecen cáncer y que, según han denunciado los sindicatos del magisterio, sufren por la falta o interrupción de contratos para recibir atención médica a través del Fomag.En una cronología que hoy en día la desgasta, contó a BLU Radio que su diagnóstico llegó el 25 de agosto de 2025, después de que inicialmente sus síntomas fueran asociados con una posible alergia, la menopausia o una enfermedad reumatológica. Desde entonces ha recibido quimioterapia, pero la enfermedad entró nuevamente en recaída.En enero de 2026 comenzó a sentir fatiga crónica y fuertes dolores, especialmente en la pierna izquierda. Una consulta en el Hospital Alma Máter terminó en hospitalización, luego de que los médicos identificaran inflamación y otros síntomas. Allí confirmaron el avance del linfoma e iniciaron un nuevo ciclo de quimioterapia.El 14 de mayo terminó ese ciclo, pero continuaron los dolores de cabeza por las dificultades para recibir atención. El 21 de julio volvió a ser hospitalizada en Alma Máter, donde los especialistas confirmaron una recaída y le practicaron un vaciamiento ganglionar. En agosto, el proceso para estudiar un trasplante de médula ósea quedó detenido.El 14 de septiembre fue hospitalizada nuevamente, pero, debido a la terminación del contrato entre el Fomag y el Hospital Alma Máter, ordenaron remitirla a la Clínica Las Américas, pero el 18 de septiembre llegó en ambulancia a urgencias y decidió regresar a casa ese mismo día, después de varias horas de espera."Ya no tengo el tiempo de vida para seguir esperando. En la última conversación con el hematólogo, me dice, de tres personas que tienen tu linfoma, dos fallecen. Eso hizo que, pues, obviamente, mi nivel de estrés aumentara, y a mayor nivel de estrés, mayor intensidad del dolor", aseguró Patiño.Desde el 22 de septiembre, Beatriz interpuso una tutela que salió a su favor y posteriormente promovió un incidente de desacato. Sin embargo, el 21 de octubre le cancelaron la cita de hematología por nuevos problemas contractuales, lo que se sumó a que pese a pasar cinco horas en la sede del Fomag de la 33 no obtuvo respuesta sobre su caso."Es muy grave, es una crisis del sistema de salud que está siendo aplaudida por los grandes capitales de este país, el capitalismo en torno a la atención médica, es la que está primando, y no la vida de los pacientes", manifestó la mujer.Ahora espera que la Clínica Victoriana la contacte para retomar el tratamiento, luego de que fuera contactada por el Ministerio de Salud en las últimas horas. Necesita quimioterapia de rescate y avanzar hacia un trasplante alogénico de médula ósea, mientras continúa incapacitada luchando por recibir una atención oportuna.
Un total de 128 jóvenes fueron detenidos, 73 de ellos menores de edad, y 15 agentes de policía resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, durante los disturbios registrados la tarde del sábado en Barcelona. Así lo indicó este domingo el último balance de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña.Balance de los disturbios en BarcelonaSegún el recuento más reciente de los Mossos d’Esquadra, los incidentes dejaron un saldo de 128 detenidos. De ese total, 73 son menores de edad. En cuanto a los agentes, quince policías resultaron heridos y cuatro de ellos presentan lesiones graves.Los daños materiales también fueron considerables. Los jóvenes vandalizaron 23 comercios y provocaron 33 incendios, en los que debieron intervenir los bomberos.Material decomisado por los MossosDurante el operativo, la policía catalana decomisó armas blancas, espráis, pasamontañas, pirotecnia y piedras, entre otros elementos.Una protesta no comunicada convocada en redes socialesLa concentración no había sido comunicada a las autoridades y reunió en la céntrica plaza de Cataluña de Barcelona a centenares de jóvenes, cerca de 600 según se informó. La mayoría de los asistentes vestía de color negro.La convocatoria circuló especialmente por la red social TikTok y fue similar a las de otras protestas registradas en ciudades europeas, sobre todo en Francia, algunas de las cuales han derivado en incidentes violentos.Saqueos, barricadas y quema de mobiliario urbanoLa concentración derivó en saqueos, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. Los incidentes se fueron intensificando a medida que avanzaba la tarde.Ataques a locales comercialesGrupos aislados de manifestantes, con el rostro cubierto, destrozaron los escaparates de varios locales comerciales, entre ellos establecimientos de electrónica, ropa y calzado y ópticas. Posteriormente saquearon la mercancía que había en su interior.Incendios y barricadas en las callesDe forma paralela, los manifestantes prendieron fuego a mobiliario urbano y a toldos de terrazas. También montaron barricadas con contenedores de basura, así como con motos y bicicletas que ardían.Despliegue policial y de bomberosAdemás de los efectivos antidisturbios, la policía catalana debió activar varios equipos de extinción de incendios de los bomberos. Asimismo, desplegó un dispositivo de protección policial para garantizar una intervención segura en cada uno de los puntos afectados.Las acciones violentas se prolongaron hasta las 22:00, hora local, momento en que se dieron por extinguidos los incendios que seguían ardiendo en las calles de la ciudad.Qué se sabe de los detenidos y de las protestas similares en EuropaDe los 128 detenidos, 73 son menores de edad, una cifra que supera la mitad del total. La convocatoria a través de TikTok guarda similitud con las que han dado origen a protestas en otras ciudades europeas, especialmente en Francia, donde algunas concentraciones convocadas por redes sociales han terminado en hechos violentos.Los Mossos d’Esquadra facilitaron este domingo el último balance de los hechos, que incluye el número de detenidos, los agentes heridos, los comercios afectados y los incendios atendidos por los bomberos.
