El Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) declaradas en 19 municipios del Suroeste antioqueño. La decisión fue firmada por el ministro Indalecio Dangond desde Fredonia y revierte nueve resoluciones expedidas entre 2025 y 2026 bajo la orden del expresidente Gustavo Petro.
La medida cobija a Andes, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Tarso, Támesis, Valparaíso y Venecia en donde más de 100.000 hectáreas habían quedado demarcadas por ciertas delimitaciones.
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Según el Ministerio de Agricultura, la derogatoria se fundamentó en una revisión técnica realizada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, misma que incluyó 484 documentos, equivalentes a 10.450 páginas, y cruces cartográficos que identificaron presuntas deficiencias técnicas.
Entre los hallazgos, la entidad señaló inconsistencias en la información cartográfica utilizada, falta de validaciones de campo y dificultades para identificar terrenos con restricciones ambientales o de riesgo. También se cuestionó la inclusión de suelos con limitaciones para la actividad agropecuaria y la falta de análisis suficientes sobre disponibilidad de agua.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que las APPA eran una imposición que les quitaba la autonomía a los municipios para decidir sobre el uso del suelo y decidir qué cultivar y cómo impulsar el turismo y los emprendimientos productivos.
"Quitarnos de encima esa pesadilla de planificación socialista que querían imponernos en el gobierno de Petro, para usurparle no solo competencias a los consoles municipales sobre el uso del suelo, sino para restringir el derecho de propiedad, la libertad de lo que podían hacer nuestros paisanos del Suroeste", indicó el mandatario.
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Sin embargo, la derogatoria no elimina otras obligaciones, puesto que seguirán vigentes figuras como los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, las áreas protegidas, las normas de conservación del patrimonio arqueológico o la suspensión de los programas de desarrollo rural.