Caso Colombia - Nicaragua

El excanciller Julio Londoño Paredes descartó que el decreto sobre las líneas de base del archipiélago de San Andrés, anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella, abra un nuevo conflicto con Nicaragua. En entrevista con Mañanas Blu, el exjefe de la diplomacia colombiana sostuvo que el Gobierno actuará conforme al derecho internacional y que las pretensiones nicaragüenses sobre el Caribe occidental quedaron cerradas con los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).De La Espriella anunció que el 30 de noviembre expedirá un decreto para establecer las líneas base del archipiélago y publicar sus coordenadas en las cartas náuticas oficiales. También dijo que buscará un diálogo de buena fe con Nicaragua sobre el fallo de la CIJ de 2012, que reconoció la soberanía colombiana sobre siete formaciones insulares, pero otorgó a Nicaragua derechos sobre espacios marítimos que Colombia consideraba propios.“No creo de ninguna manera”: la respuesta sobre un posible conflictoLondoño, una de las personas que más conoce el diferendo, respondió con claridad a si la medida podría reactivar la conflictividad con Managua: “No creo de ninguna manera”. Explicó que, a su juicio, Colombia está en una posición sólida. Sobre el alcance de los fallos, afirmó: “A Nicaragua se le acabaron ya sus pretensiones sobre el Caribe occidental, totalmente se le acabaron”.Según el excanciller, la sentencia de 2022 cerró definitivamente las aspiraciones nicaragüenses. Agregó que Nicaragua tampoco puede volver a llevar a Colombia ante la CIJ, porque el país retiró su aceptación de la jurisdicción de la Corte.Un decreto que, según Londoño, se ceñirá al derecho internacionalEl excanciller indicó que aún hay que esperar el texto del decreto, pero destacó dos puntos del anuncio presidencial. El primero es que la disposición estaría ceñida estrictamente al derecho internacional. En sus palabras: “no se trata de una improvisación de ninguna manera”. Atribuyó el trabajo técnico a la Armada Nacional.Londoño explicó que la Convención sobre el Derecho del Mar y los principios generales del derecho internacional permiten medir el mar territorial, la zona contigua y la zona económica desde los arrecifes exteriores de las islas. Por eso, una decisión en ese sentido puede ampliar esos espacios marítimos. En su opinión, los fallos de 2012 y 2022 abrieron la puerta a esa posibilidad.Recordó además el caso de Quitasueño, un conjunto de 32 puntos arrecifales a lo largo de unos 100 kilómetros. Ante la Corte, dijo, uno de ellos debió ser aceptado como isla conforme al derecho internacional, lo que generó conmoción en los medios jurídicos internacionales. Sobre el contenido del decreto, anticipó: “se ceñirán muy adecuadamente a lo que ya está establecido por la jurisprudencia”.La Ley 10 de 1978, base legal del decretoEl presidente De la Espriella dijo que el decreto busca cumplir la Ley 10 de 1978. Londoño aportó antecedentes de primera mano. Contó que el proyecto fue presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el ministro Indalecio Liévano Aguirre, y que él lo defendió ante el Congreso como director de Soberanía de la Cancillería.Explicó que la norma estableció el trazado de las líneas de base según la Convención, es decir, la línea de la baja marea, pero dejó abierta al Gobierno la potestad de fijarlas de otro modo en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Su lectura es que el Ejecutivo se acogerá a esas disposiciones, aunque falta conocer la modalidad y las líneas concretas.¿Estrategia para exacerbar el nacionalismo?Londoño rechazó que el anuncio busque exacerbar el nacionalismo frente a una Nicaragua gobernada por una dictadura de izquierda, como le planteó uno de los periodistas. Señaló que el trabajo viene de tiempo atrás: la Armada realizaba estudios cuidadosos desde los fallos de la Corte.Narcotráfico y seguridad en el CaribeEl excanciller advirtió sobre la situación de seguridad en la región. Afirmó que “el archipiélago de San Andrés se ha constituido en una escala desafortunada para el tráfico de drogas”, y que el Caribe enfrenta además piratería y otras formas de delincuencia. Consideró que esa zona debe transformarse en un espacio de paz y tranquilidad.Soberanía en el mar y presencia de la ArmadaFrente a la idea de enviar buques y aeronaves a ejercer soberanía, Londoño explicó que los buques de guerra y guardacostas pueden navegar incluso en zonas económicas de otros Estados. Lo resumió así: “Eso no está prohibido, está establecido y permitido en el derecho internacional”.Sostuvo, no obstante, que esas acciones deben complementarse con otras medidas. Recordó una iniciativa de México, hace muchos años, para convertir el Caribe en zona de paz y convivencia. Subrayó que Colombia es a la vez Estado insular y continental en el Caribe, lo que implica una responsabilidad importante.Una jurisdicción que va más allá de NicaraguaEl excanciller recordó que Colombia tiene jurisdicción en el Caribe oriental, ratificada por Jamaica, República Dominicana y Haití. “Nosotros somos los dueños del 60% del Caribe”. Expresó su deseo de que esa posición no se limite a mapas y decretos, sino que se traduzca en acción política con los Estados de la región.Mientras se espera el decreto del 30 de noviembre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló en redes sociales que el diálogo de buena fe anunciado por el presidente será con Nicaragua sobre el fallo de la Corte.

Caso Colombia - Nicaragua

Síguenos en: