La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aseguró en Mañanas Blu 10:30 que la investigación contra varias empresas generadoras de energía no responde a hechos recientes, sino a un proceso iniciado hace más de tres años tras una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía.La funcionaria explicó que la actuación administrativa busca establecer si algunos agentes del mercado habrían mantenido artificialmente altos los precios de la energía en bolsa, pese a existir condiciones favorables de disponibilidad hídrica que, en teoría, debían reducir los costos para los usuarios.Investigación comenzó con una denuncia presentada en 2022Rusinque precisó que el expediente se originó por una denuncia radicada en enero de 2022 y que durante estos años la Superintendencia recopiló información mediante visitas administrativas e inspecciones tanto a empresas generadoras como a XM, operador de la bolsa de energía.“Esta no es una investigación que responda a nada ligado a la coyuntura. Esta investigación inicia con una denuncia que interpone el Ministerio de Minas en enero del 2022. Después de una investigación rigurosa se pudo determinar que había unas conductas que eventualmente estarían en un marco de violación del régimen legal en Colombia”, explicó Rusinque.La superintendente señaló que cerca del 76 % de la energía del país proviene de fuentes hídricas, por lo que el precio ofertado en el mercado debería reflejar la disponibilidad del recurso.“En un momento que hay abundancia del recurso hídrico, se supone que el precio de la energía debería bajar. Lo que observó la Delegatura fue que los generadores mantenían de una manera artificial el precio que presentaban en bolsa como si estuviéramos en un marco de escasez”, afirmó ta también ministra de Justicia encargada. Según indicó, esa conducta habría provocado un encarecimiento del servicio para los consumidores.¿Qué pruebas tiene la SIC y cuáles podrían ser las sanciones?Sobre el material probatorio, Rusinque indicó que la investigación se fundamenta en la información suministrada por los propios generadores de energía y por XM.“Estas conclusiones las sacamos de las mismas pruebas y de la misma información generada por los generadores”, precisó. Respecto a las eventuales consecuencias, explicó que la legislación contempla sanciones económicas y medidas administrativas encaminadas a corregir comportamientos que afecten la libre competencia.“Se pueden tomar una serie de medidas administrativas tendientes a corregir esos comportamientos que falsean el sistema y que van en detrimento de las condiciones de los consumidores", agregó. Cielo Rusinque confirmó que dejará la Superintendencia el 7 de agostoDurante la entrevista, la superintendente confirmó que presentará su renuncia a partir del 7 de agosto, coincidiendo con el cambio de gobierno.No obstante, aseguró que la investigación seguirá su curso porque la entidad dejará un funcionario encargado mientras el nuevo Ejecutivo designa al reemplazo.“Siempre hay un principio de continuidad en el servicio y siempre se dejan unos encargos. Al momento que se acepte mi renuncia se dejará una persona encargada a la espera de la provisión que haga el gobierno electo”, detalló la superintendente. Escuche la entrevista completa aquí:
Celsia distribuirá más de 364 mil millones de pesos a sus accionistas mediante dividendos y recompra de acciones que se extendió por un año más. Cuatro nuevos integrantes conformarán la Junta Directiva de la compañía de energía que no descarta una posible llegada a Venezuela en medio de la reactivación del país tras la llegada de Estados Unidos.Celsia aprobó una distribución de utilidades por más de $364.500 millones durante su Asamblea General de Accionistas, realizada en Plaza Mayor Medellín, con una participación superior al 86%.El monto, equivalente al IPC más 2%, será entregado mediante dos mecanismos: el pago de dividendos en efectivo por $214.500 millones —$208 por acción— en tres cuotas entre julio de 2026 y enero de 2027, y una recompra extraordinaria de acciones de hasta $150.000 millones, a un precio de $9.002 por título.La recompra, que se ejecutará a través de la Bolsa de Valores, se desarrollará en dos fases que buscan garantizar condiciones equitativas entre los accionistas. El valor fijado para la operación se sustentó en análisis independientes realizados por firmas de banca de inversión y fue avalado por la asamblea.La acción de esta compañía del Grupo Argos registró en 2025 una valorización del 33,2 % que, sumada a los dividendos, llevó el retorno total para los accionistas al 40,2%.En medio de un balance en términos generales positivo pero retador, Ricardo Sierra, líder de la compañía, no descartó la posibilidad de crecer en el terreno extranjero ante un terreno adverso para la inversión en el país. El directivo advirtió que Venezuela podría tener un futuro promisorio.“La oportunidad de recuperar a Venezuela de este tamaño y entendemos que viene una unas inversiones muy interesantes atadas al sector petrolero que necesita sí o sí energía eléctrica para poder operar. Entonces, la estamos monitoreando”, afirmó.De cara al futuro, la Asamblea de Accionistas de Celsia aprobó extender el programa por un año adicional, con un saldo pendiente de ejecución cercano a los $131.500 millones.De igual manera, para el periodo abril 2026 y marzo 2028, la Asamblea eligió una Junta Directiva con cuatro nuevos integrantes. Entre los miembros patrimoniales están: Juan Esteban Calle, Felipe Aristizábal, Rafael Olivella y Juan Esteban Mejía. Por su parte, los independientes son Eduardo Pizano, Juanita Mesa, Tomás González.
A través de un comunicado, la empresa Celsia, que presta el servicio de energía a 39 municipios del Valle del Cauca, anunció que 3.700 usuarios en el municipio de Jamundí, se encuentran sin electricidad, completamente a oscuras, debido a un acto vandálico registrado este lunes, en la subestación de energía ubicada en el corregimiento de Robles. El daño fue provocado cuando sujetos armados sin identificar, irrumpieron en dos ocasiones en las instalaciones de la empresa de energía y atentaron contra diferentes equipos, provocando el apagón que actualmente afecta a la población jamundeña."Ocasionando daños en equipos eléctricos y cámaras de seguridad. En horas de la tarde hubo una nueva intrusión de personas no autorizadas a la subestación, quienes manipularon agresivamente los equipos eléctricos. Esta vandalización afectó el suministro de energía", indicó la compañía a través de un comunicado.La empresa se encuentra realizando en balance de daños provocados por estos sujetos, y buscando alternativas para restablecer prontamente el servicio de energía en Jamundí.
Medellín se convirtió en el epicentro de la Asamblea General de Accionistas de Celsia, lugar en donde se habló de los resultados de la vigencia del 2024. Entre algunos de los datos destacados es que hubo 81.655 millones de pesos en inversión ambiental en todos los territorios donde la compañía hace presencia. Además, se indicó que se registró una inversión social de 51.337 millones de pesos, beneficiando a 439.274 personas.Sin embargo, lo que llamó la atención es que en medio de la reunión se habló del proyecto eólico Carreto, mismo que entregará 9,6 megavatios de energía limpia y renovable al Sistema Interconectado Nacional. Sobre este proyecto desde Celsia aseguraron que aunque hay retrasos con la puesta en funcionamiento, esperan que el proyecto empiece a generar energía en los próximos meses.Ricardo Sierra, presidente de Celsia, expresó que lo que están buscando es que las pruebas comerciales se hagan en un par de semanas para así poder comprobar la efectividad de Carreto."Ya se ven desde la carretera, son torres de 120 metros hechas en concreto y yo creo que hay que empezar a explorar otras zonas. Esta es la primera planta, es una cosa espectacular, pero yo creo que no pasa de 45 o 60 días para que ya tengamos en pruebas comerciales", expresó Sierra.Por ahora se espera que, a pesar de los retrasos, se sigan haciendo las gestiones pertinentes para que el proyecto eólico entre en funcionamiento en el Atlántico y esto le sirva al país para que los dos aerogeneradores aporten a la generación de energía.Finalmente, hay que mencionar que Celsia reportó ingresos por 6,8 billones de pesos, es decir, un incremento cercano al 10% en comparación con 2023. Mientras que hubo una disminución del 3,3% en las ganancias netas respecto a 2023.
Celsia, filial de Argos, se suma a lista de empresas que reducirían los precios del servicio de energía en la región Caribe, en medio de las peticiones de los usuarios, los anuncios del Gobierno nacional y la propuesta del gremio Acolgen.La propuesta de Celsia es que la disminución sea 10 % en el precio de los contratos específicos con Air-e y Afinia, y la cobertura alcanzaría el 30 % de la energía que despacha la compañía.“A pesar de que sus contratos ya tienen un precio inferior al promedio del mercado, esta reducción adicional es un esfuerzo solidario para aliviar la carga económica de las familias en la región”, precisó la empresa.A la par de este anuncio, Celsia pidió un acompañamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que se cumplan las medidas de libre competencia y que el descuento sí llegue de manera real a cada hogar.“Es importante la corresponsabilidad de todos los actores del sector, incluyendo los comercializadores de energía, para lograr una reducción efectiva en las tarifas, ya que la generación en sí misma no es el factor que más incide en el precio final que pagan los habitantes del Caribe”, planteó la compañía a través de un comunicado.La propuesta de Celsia llega luego de que el ministerio de Minas señalara a las generadoras de poco avance en reducción de tarifas en la costa Caribe, pues solo 5 de las 23 empresas de ese sector habían respondido a la solicitud de bajar tarifas.En ese momento, EPM e Isagen, informaron que se sumaban al plan, pero estaban evaluando el porcentaje de descuento, al igual que Gecelga, mientras que Enel aseguró, a través de una carta, que no podía “aplicar descuentos para la renegociación".
Uno de los tantos tropiezos que encuentran las personas a la hora de comprar vehículos eléctricos es el tema de la carga.Dónde encontrar un sitio para cargarlo y para que el carro no se quede por ahí en una vía de la ciudad o carretera por falta de energía. Para resolver este tipo de casos, Celsia, una compañía listada en Bolsa de Valores está lanzando un nuevo cargador eléctrico para uso público en zonas comunes. Además este cargador es fabricado aquí en Colombia y se trata de un equipo para uso público ideal, por ejemplo, para zonas comunes como unidades residenciales, centros comerciales o universidades. ¿Cómo funcionará el nuevo cargador de Celsia?Se puede instalar en el conjunto donde usted vive para el uso común de quienes tengan allí carros eléctricos y para Celsia lo más interesante es que permite que el cliente final pague por la carga realizada a través de una aplicación desde su celular. Desde el móvil el dueño del carro controla todo y paga la energía consumida y además viene con el pedestal incluido y no necesita un techo cubierta porque es resistente a la intemperie.Será muy fácil ubicarlo dentro del conjunto de apartamentos, la universidad o el centro comercial cuando uno lo ve se parece mucho al dispensador de gasolina de la estación de servicio donde usted tanquea el carro o la moto con su respectiva manguera que realmente en este caso es un cable.
Luego de meses de espera, Apple sacó a la venta el tan esperado iPhone 18. Pero, como es habitual, el nuevo modelo generó dudas en cuanto a qué novedades trae el dispositivo en comparación con el modelo 17 y por eso destacaron que la cámara será lo más importante que tendrá toda la línea de estos dispositivos hasta la fecha.¿Por qué lo más importante del nuevo iPhone es la cámara?De acuerdo con Apple, lo más innovador de este dispositivo es la nueva apertura variable que busca similar los lentes de las cámaras profesionales con el ángulo que percibe la luz el lente, al igual que la velocidad para tener imágenes con una mayor calidad.“Cuanto más pequeño es ese número, más abierto está el diafragma y más luz entra. Cuanto más grande, más cerrado está y menos luz pasa. Mi cámara profesional puede cerrarse hasta f/22”, explicaron.Tres hacks para sacarle provecho a la cámara del iPhone 18, según expertoLa llegada de una nueva generación de iPhone trae consigo nuevas herramientas y posibilidades para los usuarios. Entre las novedades se encuentra el iPhone Duo, el primer iPhone plegable, junto con los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que incorporan nuevas capacidades para llevar más lejos la experiencia con los dispositivos.De acuerdo con experto de iShop, aliada de Apple en Colombia, estas son los tres hacks para sacarle provecho:Buen uso de apertura variable: aprender a usar el zoom óptico de hasta 8x permite tener momentos de una manera diferente. Esto le permitirá sacar fotografía al nivel de una cámara si se una de manera correcta, una apertura más amplia puede ser una alternativa para destacar al sujeto en un retrato, mientras que una más cerrada puede ayudar a conservar mayor detalle del entorno.El uso de visual intelligence: la llegada de la inteligencia artificial (IA) al dispositivo se suma para agregar a una fotografía mayor paisaje, borrar cosas que no se quiere e, incluso, cambiar la posición en la que se ve el sujeto.Atajos aliados a la cámara: pensar primero en el resultado que se quiere obtener y describirlo con palabras sencillas, en lugar de configurar cada paso de una rutina manualmente. De esta manera, una tarea que normalmente requiere varios pasos puede convertirse en una acción más simple y personalizada, ajustada a los hábitos de cada usuario.
La ejecución de un proyecto destinado a mejorar el acceso al agua en cuatro veredas de Anorí terminó bajo investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que formuló pliego de cargos contra el actual alcalde del municipio, Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez, y otros tres tres exfuncionarios de la administración municipal.La actuación calificada provisionalmente como una falta gravísima a título de culpa gravísima, está relacionada con un contrato por más de 63 millones de pesos que contemplaba la construcción de sistemas de abastecimiento para las comunidades de La Soledad, Villa Fátima, Las Nieves y La Meseta.De acuerdo con los hechos investigados, durante el desarrollo del proyecto se habrían presentado demoras y la ejecución de trabajos que no estaban contemplados inicialmente, circunstancias que llevaron a modificar el cronograma mediante una prórroga y posteriormente a suspender las obras.La Procuraduría también cuestiona que los sistemas no hubieran quedado terminados ni habilitados para prestar el servicio para el que fueron contratados. Entre las situaciones señaladas está la ausencia de las redes indispensables para ponerlos en funcionamiento, lo que habría impedido que la inversión alcanzara el propósito previsto para las comunidades rurales beneficiarias.Además de Silva Gutiérrez, el proceso involucra al exalcalde Juan Camilo Piedrahita Ceballos, quien estuvo al frente de la administración entre 2020 y 2023, y a los exsecretarios de Planeación León Ángel Granda Cortés y Jobanny José Copete Álvarez, estos últimos señalados dentro de la actuación por sus funciones de supervisión contractual.
A siete días del cierre de la ZUT, los 62 excombatientes de Comandos de Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal, en el Bajo Putumayo, enviaron una propuesta de asilo político a los países garantes ante la incertidumbre jurídica. Aseguran que ninguno de los que se mantienen firmes en el proceso ha contemplado la posibilidad planteada por el presidente Abelardo de la Espriella de someterse a la justicia, porque dicen que no son traidores ni mucho menos delatores.La afirmación fue hecha por Rigoberto, conocido como el 'Paisa', vocero de la Zona de Ubicación Temporal, luego de que el jefe de Estado ordenara el cierre de la ZUT para este 30 de septiembre.“No estamos desafiando a nadie ni mucho menos queremos entrar en discusiones políticas. Solo queremos que el Gobierno nacional respete los acuerdos ya pactados y nos dé la oportunidad de seguir en este proceso, porque ninguno de los 62 que aún estamos comprometidos con la paz vamos a volver a las armas”, dijo el vocero de la ZUT.Según el 'Paisa', los 62 excombatientes están con sus familias y, a pesar de la orden de desmontar el proceso de negociación colectiva, nadie aceptará que los obliguen a un sometimiento, tal y como lo quiere el presidente de la República.Con voz firme, el vocero de la ZUT dijo que nadie los obligó y que, hasta cuando llegaron a la zona, siempre confiaron en que era el mejor aporte de ellos para la pacificación del Putumayo. Sin embargo, afirmó que, al llegar el nuevo Gobierno, es el Estado colombiano el que está incumpliendo y será muy difícil volver a recuperar el principio de confianza y buena fe de los excombatientes que dejaron los fusiles.Aseguró que la inminente extradición de Andrés Rojas, comandante de Comandos de Frontera, en nada afectará la decisión de ellos de permanecer en la ZUT, porque dijo que, desde la cárcel La Picota, envió un mensaje contundente de que ese proceso de negociación colectiva debe seguir.El ambiente en el Valle del Guamuez no es solo de incertidumbre, sino de desesperanza, porque los que aún permanecemos cumpliendo el acuerdo hoy estamos estigmatizados, señalados y casi que amenazados con que, si no nos acogemos a la ley de sometimiento, entonces habrá otras acciones judiciales. Eso no puede ser posible con un acuerdo que se pactó con el Estado colombiano, dijo Rigoberto, conocido con el nombre de “Paisa” y vocero de la ZUT.Dijo que los 33 excombatientes que no están en la ZUT se fueron por los anuncios del actual Gobierno y aseguró que la falta de claridad los obligó a abandonar las instalaciones de concentración en Putumayo, pero que nunca han regresado al grupo ilegal Comandos de Frontera.“Desde que subimos al helicóptero, los mismos comandantes de ese grupo que estaba en diálogos de paz con el Gobierno anterior nos dijeron que ya no hacíamos parte de ellos y que, de ahora en adelante, no habría ninguna dependencia militar ni política, porque ya éramos civiles y nuestro trabajo era ya con la sociedad”, agregó el 'Paisa'.“Nos queda casi una semana y aquí estamos esperando que la Registraduría y la Fiscalía lleguen, pero no lo han hecho y no vamos a volver a las armas. Nuestra lucha será de ahora en adelante por la vía jurídica para que se respete el proceso, porque así está pactado”, aclaró Rigoberto.Manifestó que desde el Gobierno se insiste en que los grupos ilegales que quieran dejar la violencia y acogerse a la legalidad deberán hacerlo ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), bajo el sometimiento a la justicia, y eso es lo que no vamos a aceptar, porque nos están eliminando definitivamente cualquier tipo de reconocimiento político para la organización a la que habíamos pertenecido, como se había contemplado en las negociaciones de paz territorial en Nariño y Putumayo, insistió Rigoberto.Finalmente, expresó su confianza en el Estado colombiano y envió un claro mensaje al Gobierno nacional para que, en esta semana que falta para el cierre de la ZUT, la Fiscalía llegue a la zona y analice caso por caso de los 62 excombatientes, de quienes dijo que ninguno ha cometido delitos de lesa humanidad.
Un juez le ordenó a Germán Gómez desalojar su bodega para entregársela a DMG. La defensa del empresario bogotano denunció irregularidades judiciales dentro del proceso por la propiedad de una bodega ubicada en Bogotá, bien que se solicitó para entregársela a la liquidación de DMG Grupo Holding S.A. en Liquidación Judicial.De esta forma exigiendo que se le reconozcan sus derechos sobre el inmueble tras haberlo ocupado, trabajado y administrado como propio durante casi tres décadas de manera continua.El caso inició en 1997, según lo relatado por la defensa, cuando Germán Gómez ingresó a la bodega con un permiso temporal del Banco Ganadero para hacer arreglos mientras se tramitaba la compra. Ese negocio fracasó, y el 22 de septiembre de 1998 Gómez inició la intervención del título: dejó de actuar como ocupante autorizado, desconoció al banco como dueño y se declaró poseedor, arrendándole la bodega a su imprenta Diseñarte Impresores Ltda., ejercitando actos de señor y dueño de la misma.Para 2005, el banco sabía que Gómez era el poseedor y lo citó con su cédula a una conciliación en notaría. Pero al demandar en 2005 para recuperar el bien, el banco cometió un error procesal: demandó solo a la empresa inquilina (Diseñarte Impresores) y excluyó a Germán Gómez como persona natural. Ese juicio terminó en 2017 sin que Gómez hubiese actuado, o hubiese sido notificado o citado a tal proceso.El banco le vendió la bodega a Inversiones Guival, una empresa ligada a David Murcia Guzmán. Tras las intervenciones estatales por la captación ilegal de dinero, la Fiscalía le impuso medidas cautelares al bien y, en 2016, la propiedad fue traspasada formalmente a la masa de bienes de DMG Grupo Holding S.A. en Liquidación Judicial.Al completar más de 24 años de posesión, Germán Gómez interpuso en 2022 una demanda de pertenencia para que se le declarara judicialmente dueño del predio. El abogado señala que la ley exige demandar a quien aparezca como propietario inscrito en la Oficina de Registro, el pleito se dirigió contra la Liquidadora de DMG. No obstante, el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, y el Tribunal Superior de Bogotá negaron sus pretensiones, y ordenaron entregarle la bodega a la liquidación de DMG., pese a que la posesión de Germán Gómez era irrefutablemente anterior al título por el cual DMG adquirió tal dominio.Según lo que menciona la defensa de Gómez, los jueces crearon una maniobra jurídica, tomaron la sentencia de 2017, dictada en el pleito del banco contra la empresa inquilina, y aseguraron que ese fallo le "interrumpió" o "borró" toda su posesión previa. Con ese cálculo, dictaminaron que la posesión de Gómez no arrancó en 1998 sino en 2017, por lo que a 2022 solo sumaba 5 años de posesión, y no los 10 que exige la ley para quedarse con la propiedad.Por lo que denuncian, que, por una parte, la ley establece que las decisiones de un juicio entre dos partes no pueden perjudicar a un tercero que nunca fue parte, ni siquiera citado a tal proceso. Aunque jueces admitieron expresamente que Gómez jamás fue parte del proceso anterior, y por tanto, no se le podía aplicar los efectos de la Cosa Juzgada, en la práctica le desconocieron 19 años de trabajo y posesión material pública, pacífica e ininterrumpida de esa bodega.A parte, señaló que esta decisión tomada por la Corte afecta directamente una empresa industrial con maquinaria pesada que opera a diario en la bodega, lo que significaría la destrucción de una empresa familiar activa y la pérdida de los puestos de trabajo de varias familias.Ante este panorama acudieron a una acción de tutela como último recurso para frenar la orden de desalojo. Con este reclamo, la defensa pide que la justicia no le aplique un fallo viejo en el que él jamás participó, y que se respete su tiempo real en el predio desde 1998 y finalmente se le reconozca como el único y verdadero dueño de la bodega.Por todo esto, la defensa le exige a la segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia una actuación de fondo que estudie efectivamente los cargos y “no los evada”, mientras que se decide de fondo la tutela.
El reporte fue realizado por pescadores artesanales de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander, Fedepesan, quienes además denunciaron una fuerte mortandad de peces registrada en el mismo complejo hídrico.Según información entregada por Yuli Velásquez, presidenta de Fedepesan, los cuatro manatíes corresponden a dos machos y dos hembras. Los cuerpos fueron encontrados en sectores asociados a infraestructura para el transporte de hidrocarburos, situación que generó preocupación entre las comunidades.La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, adelanta las necropsias para establecer científicamente las causas de la muerte. En la zona también hacen presencia funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y Ecopetrol, quienes participan en las primeras inspecciones.De manera preliminar, la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja y las comunidades han señalado una posible relación con contaminación del agua por hidrocarburos y lodos sedimentados. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada por las autoridades ambientales a partir de los análisis correspondientes.La preocupación aumenta debido a que, además de los manatíes, habitantes de la zona han reportado la muerte de peces, garzas, babillas y patos en diferentes sectores del complejo de ciénagas.El hallazgo de cuatro ejemplares en un solo día también genera preocupación por el estado de conservación del manatí antillano, una especie amenazada. De acuerdo con las autoridades locales, durante los últimos siete años se han registrado al menos 16 muertes de manatíes en el complejo de ciénagas de Barrancabermeja, especialmente en San Silvestre y El Llanito.Las autoridades ambientales deberán determinar si existe una causa común detrás de la mortandad de fauna y establecer las medidas necesarias para proteger este ecosistema estratégico del Magdalena Medio.
