Aunque se esperaba que la elección del reemplazo del renunciado magistrado César Lorduy en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se convirtiera en fuerte pulso entre el Gobierno y la oposición; tal parece que el Congreso dejó el camino libre para que el nuevo magistrado sea un abierto integrante de la coalición petrista.Y es que esta elección es clave, ya que ese es el voto decisivo frente al proceso administrativo que cursa contra el presidente Petro y su campaña por irregularidades en la financiación de la misma y que hasta la salida de Lorduy contaba con los seis votos necesarios para emitir una eventual sanción; pero también porque ayudaba a mantener cierto nivel de independencia en la autoridad electoral de cara a la elección del 2026.A la Secretaría del Senado llegaron solamente dos nombres para la elección que se dará el próximo 8 de abril: Álvaro Echeverry, actual director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa postulado por Col. Justa y Libres y Plinio Alarcón Buitrago, jefe de la oficina jurídica del CNE postulado por el MIRA.Lo que llama la atención es que ningún otro partido postuló candidatos, salvo estos dos partidos cristianos; lo que deja con una amplia ventaja a Echeverry quien es un abierto militante y activista del Pacto Histórico a pesar de haber sido postulado por otra colectividad.Incluso las críticas están sobre Cambio Radical, que pudo haber peleado esa candidatura, ya que pertenecía a ese partido; pero decidió finalmente no postular buscando respetar los acuerdos del año 2022 en la plancha presentada para el CNE que incluye una cláusula que señala que si se presenta una renuncia muerte de alguno de los magistrados, el candidato elegido sería el siguiente en la lista consecutiva.“El partido, en mi criterio, es una víctima más de las acciones de César Lorduy. Al presentar su renuncia al Consejo Nacional Electoral, que fue inconsulta, no se logró articular previamente para poder organizar y planear el eventual reemplazo en esa entidad. (...) Cambio Radical no pretende romper los acuerdos, entre otras cosas, porque tenemos también en pocos días la elección de mesas directivas, en la Cámara de Representantes nos corresponde la presidencia de la corporación, aunque hay un ambiente hostil particularmente del Partido de la U y algunos integrantes del Partido Liberal para romper los acuerdos”, señaló el senador Carlos Motoa.Entre los partidos independientes y de oposición se lanzan entre ellos la responsabilidad de este “regalo” para el presidente Petro. BLU Radio consultó con Alex Vega, codirector del Partido de la U, quien señaló que el responsable de esta polémica es el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras que decidió no postular y que con eso también se puede romper el acuerdo para la Presidencia de la Cámara en el que La U podría buscar meter un candidato para el último año de la legislatura.Por su parte, el partido Centro Democrático señaló a través de un comunicado que “esta elección no solo representa una flagrante violación de los acuerdos políticos previamente establecidos, sino que también se constituye en una preocupante maniobra de toma hostil y subrepticia por parte del Gobierno Nacional de un organismo fundamental en las garantías democráticas que requiere el país”.Es por eso que algunos congresistas están pidiendo que se suspenda el proceso hasta que haya garantías para que todos los partidos puedan postular a sus aspirantes y lograr un acuerdo. Mientras tanto, el MIRA espera poder comenzar a promover al candidato Alarcón como una opción viable a Echeverry.
El proceso administrativo que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente corre contra el tiempo; sin embargo, hay muchos retrasos en las diferentes etapas del proceso.Durante la Sala Plena del pasado miércoles, los integrantes del Consejo Nacional Electoral buscaban resolver las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa del presidente Gustavo Petro en contra de la investigación formal en su contra, su exgerente de campana Ricardo Roa, la tesorera, los auditores y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por la presunta violación de topes y financiación prohibida de la campaña presidencial de 2022.Sin embargo, a último minuto las magistradas del Pacto Histórico (Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez) solicitaron la rotación del expediente y la sala plena decidió hacer rotación simultánea por lo que la resolución de las nulidades se dará hasta dentro de dos semanas.Una de las cosas que más llama la atención es la presencia del magistrado y expresidente de la corporación, Cesar Lorduy, quien a pesar de haber presentado su renuncia desde el pasado 3 de diciembre sigue ejerciendo en su cargo. El motivo es que hasta el momento las Plenarias del Congreso han tramitado dicha renuncia que solo podrá hacerse desde el próximo 16 de febrero cuando se retomen las sesiones ordinarias.La imposibilidad de votar las nulidades en el caso acentúa la carrera contrarreloj que tiene el tribunal para investigar y pronunciarse de fondo el caso. Luego de la apertura formal se debía surtir la etapa de descargos de los investigados y una vez resueltas las nulidades se tendrán tres meses para la práctica de pruebas, tiempo que podrá ser prorrogada por dos meses más; posteriormente, se deben dar 15 días para los alegatos finales y de ahí la sala plena tendrá dos meses para recibir una ponencia de resolución y tomar una decisión.El riesgo es que según la norma, tres años después de la elección termina la competencia del CNE para fiscalizar las cuentas, adelantar la investigación y emitir sanciones administrativas; fecha que se cumple en junio de este año.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió a Álvaro Hernán Prada como su nuevo presidente. Esta decisión se dio en medio de en un contexto político polémico, pues llega tras la renuncia de César Lorduy al cargo.Cabe recordar que Prada, junto con Benjamín Ortiz son los dos magistrados que adelantan la investigación formal en contra del presidente Gustavo Petro, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y varios dirigentes de la campaña Petro Presidente 2022 por presuntas irregularidades.Justamente, la nueva cabeza del CNE aseguró, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, que se brindarán las garantías a todos los sujetos procesales con investigaciones abiertas. Ante los cuestionamientos, respondió que las decisiones se toman por mayoría calificada, reflejando “un voto de confianza y compromiso entre los magistrados”.Las críticas de Petro y la controversia de la imparcialidadEn varias ocasiones, el jefe de Estado se ha pronunciado sobre la capacidad del CNE para investigar. Al ser Prada miembro del Centro Democrático, el presidente ha insinuado que esto podría afectar la imparcialidad del organismo. Ante esto, Prada afirmó que “nunca ha reconocido enemigos” y que su labor es netamente judicial, más no política.“Yo nunca he dicho que el presidente Petro es mi enemigo, nunca. No reconozco enemigos a nadie. Entre otras cosas, no creo en la enemistad, creo siempre que uno debe tener posiciones ideológicamente distintas (…) Yo tenía la camiseta puesta en ese momento cuando estaba en el Congreso de la República, la camiseta de congresista, donde se hacen evidente las diferencias ideológicas. Acá tengo la camiseta puesta de juez, de imparcial, y eso no solamente se dice, se prueba”, subrayó.Asimismo, mencionó que el CNE ha demostrado a lo largo de su trayectoria la capacidad de sancionar a partidos políticos de todas las tendencias, dejando claro que sus decisiones no están ligadas a la política partidista.“(…) Se prueban las decisiones que hemos tomado en el Consejo Nacional Electoral, donde a cualquiera de nosotros nos ha tocado sancionar a los partidos que nos postularon y, por el contrario, nos ha tocado terminar, absolver a candidatos que pertenecen a partidos contrarios; eso muestra que nosotros la ruta que tenemos es la Constitución y la ley, no otra distinta”, aseveró.También habló sobre la posibilidad de que el Pacto Histórico se decante por Álvaro Echeverri para ocupar dicho puesto, lo que podría generar aún más tensión dentro del actual escenario político. Prada destacó que el Congreso es el órgano que debe elegir a los nuevos magistrados y que son las negociaciones internas las que decidirán cómo se manejará este proceso.Sobre un “golpe blanco”, enfatizó que eso significa una “desobediencia civil, una presión internacional y una manipulación mediática”, lo cual no está ocurriendo, según recalcó.“Por el contrario, nosotros caminamos de acuerdo a la Constitución, la ley y la jurisprudencia y, además, de la jurisprudencia de las cortes del Consejo de Estado, que ha ratificado, al igual que la Corte Constitucional, la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las candidaturas presidenciales”, añadió.
César Lorduy presentó su renuncia como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). La renuncia se conoció luego de que el propio Lorduy entregara su carta de renuncia al presidente del Senado, Efraín Cepeda, recién el pasado 2 de diciembre.La carta, que ha sido de acceso público, expresa la gratitud de César Lorduy hacia los 254 congresistas que lo eligieron para su cargo el 30 de agosto de 2022: "Agradezco el inmenso honor que me otorgaron", se menciona en el texto.Este hecho es significativo, ya que Lorduy ha sido un personaje clave en las investigaciones relacionadas con el presidente Gustavo Petro y su campaña electoral en 2022. Además, cabe recordar, se le ha acusado de irregularidades en la financiación de la campaña, específicamente por la supuesta violación de los límites establecidos.Controversias en torno a César LorduyA lo largo de su tiempo en el CNE, César Lorduy no ha estado exento de controversias. Su vínculo con el partido Cambio Radical y su participación en decisiones críticas han sido objeto de debate en varias ocasiones. Su renuncia podría abrir la puerta a una reconfiguración dentro del CNE, lugar que se ha visto sumido en tensiones política. La batalla política que se avecinaLa aceptación de la renuncia de Lorduy por parte del Congreso marcará el inicio de una nueva batalla política en Colombia. Se espera que el presidente del Senado convoque a sesiones para estudiar el caso y decidir sobre la posible elección de un nuevo magistrado.Los partidos están considerando sus opciones estratégicas. El Partido Cambio Radical podría intentar afianzar su posición con la selección de un reemplazo, mientras que otros partidos como El Pacto Histórico y el movimiento de Gustavo Petro podrían buscar influir en la elección para obtener una mayor representatividad en el CNE. Implicaciones de la renuncia para Gustavo Petro La renuncia de César Lorduy es, además, de particular importancia dada su implicación en las investigaciones que actualmente enfrenta el presidente Gustavo Petro. Con la vacante que crea la salida de Lord, el futuro de estas indagaciones podría verse afectado, dependiendo de quién ocupe el cargo y qué decisiones tome el nuevo magistrado respecto a las acusaciones anteriores. La política colombiana se encuentra en un punto crítico, y este desarrollo podría cambiar el rumbo de la investigación y, potencialmente, de la administración de Petro.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras confirmó las acciones que están haciendo desde el partido Cambio Radical frente a su militante, César Lorduy, quien ahora es el presidente del Consejo Nacional Electoral y que fue denunciado por una congresista por acoso sexual.Durante su visita a Antioquia este jueves, el líder de este movimiento político manifestó que “el partido no comparte lo del señor César Lorduy."Ya se ha abierto un proceso disciplinario”, dijo.Esto, también, en respuesta a las explicaciones que le pidió recientemente el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de X manifestó: “Cambio Radical y Germán Vargas Lleras deben decirnos si se va a permitir que se acose sexualmente a una congresista por parte de uno de sus militantes hoy, presidente del Consejo Nacional Electoral”.Ingrid Aguirre, representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, denunció a Lorduy por acoso sexual, tras revelar que al parecer la chantajeó y mencionó que podía “pagarle con su cuerpo”.Las menciones de Petro a Lorduy han sido tomadas como una respuesta con trinos, discursos y viejos casos, a la investigación del Consejo Nacional Electoral en su contra, pues el pasado 10 de octubre también pidió que lo investigaran por el caso de homicidio de una mujer, en 1979, quiera su compañera de trabajo y se llamaba Alicia Rivaldo.
En entrevista con Mañanas Blu, César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se refirió a la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro, su campaña presidencial y varios miembros clave del equipo de campaña, entre ellos su gerente, Ricardo Roa. Los cargos, que giran en torno a la presunta violación de los topes de financiación permitidos por la ley en la campaña presidencial de 2022, han generado un fuerte debate en la esfera pública y jurídica.¿Se vulnera el fuero presidencial?Uno de los puntos clave de la entrevista fue la preocupación sobre si la apertura de esta investigación por parte del CNE vulnera el fuero del jefe de Estado.Al respecto, Lorduy fue enfático al explicar que su actuar está dentro de los límites que establece la ley y la Constitución y dijo, además, que la decisión tiene el respaldo de diversas jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional."Nosotros ejercemos competencia y en ejercicio de esa competencia hemos actuado", aseguró el presidente del CNE. Lorduy aclaró que la investigación no compromete la función del presidente como jefe de Estado, sino que se limita a la campaña electoral.“No se confunda que al incluir al presidente de la República nuestras competencias pueden ir más allá de las que nos corresponden”, afirmó tras dejar claro que cualquier posible implicación penal o disciplinaria sería remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano encargado de investigar al mandatario en ejercicio.La competencia del CNE para investigarUn tema recurrente en la entrevista fue la interpretación jurídica sobre la competencia del CNE para investigar a un presidente en ejercicio.Algunos juristas han señalado la existencia de un "fuero de atracción" que obligaría a que cualquier investigación sobre el mandatario se trasladara de inmediato a la Comisión de Acusaciones.No obstante, Lorduy defendió la posición del CNE argumentando que "el Consejo de Estado determinó que el Consejo Nacional Electoral es el organismo competente para investigar las campañas y para establecer las sanciones a que hubiera lugar". Según sus palabras, la investigación se centra exclusivamente en las finanzas de la campaña de Gustavo Petro como candidato, sin interferir en su actual rol como presidente. Al citar una decisión clave del Consejo de Estado, Lorduy reafirmó que el CNE está autorizado para llevar adelante la investigación sobre las irregularidades en la financiación de la campaña de 2022."Declarar competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación e imponer las sanciones administrativas correspondientes si a ello hay lugar", leyó el presidente del CNE durante la entrevista. Posibles sanciones y consecuenciasRespecto a las posibles sanciones, César Lorduy señaló que, en caso de encontrarse responsables a los involucrados, las multas serían proporcionales a los gastos que excedieron los topes de financiación y a los recursos públicos que fueron utilizados en la reposición de votos. Además, el CNE tiene la facultad de imponer sanciones administrativas, pero en ningún caso puede intervenir en procesos de carácter penal o disciplinario.“La multa podrá ser en función de los gastos que se hayan incurrido y que estén con posterioridad a los topes establecidos por la ley”, explicó. A la pregunta sobre la posibilidad de compulsar copias a la Comisión de Acusaciones, Lorduy afirmó que, si se demostraran las violaciones, esa sería la ruta por seguir."Es nuestra obligación, si hubiere lugar a ello, compulsarle copias a la Comisión de Acusaciones", dijo.La investigación debe concluir antes de junio de 2025, fecha en la cual caducan las presuntas irregularidades administrativas, lo que significa que aún queda un largo camino antes de conocer una decisión definitiva.La respuesta de Petro y las implicaciones políticasTras la decisión del CNE, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente, calificando la decisión como una burla al voto popular y señalando a los magistrados como "politiqueros pagos". Frente a estas declaraciones, Lorduy defendió la integridad del proceso y la honorabilidad de los magistrados del CNE y dijo que las decisiones se toman con base en pruebas y no en consideraciones políticas."Bastante lejos está de que haya un comportamiento o un argumento de carácter político", subrayó. Finalmente, aunque Lorduy evitó entrar en especulaciones sobre las posibles implicaciones políticas de esta decisión, reconoció que el escenario político puede verse afectado."Las consecuencias políticas serán o deberán ser evaluadas por otro actor", afirmó.
La Corte Constitucional, con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, tumbó este jueves la reforma al Código Electoral por vicios de trámite en el Congreso de la República. Dicha reforma fue una propuesta del registrador Alexander Vega, la cual generó toda una polémica en varios sectores del país.Justamente, los cuestionamientos se derivaron luego de que el proyecto fuera discutido sin mayores tiempos y aprobado al final de un periodo de sesiones extraordinarias. En este sentido, uno de los ponentes de la ley, el representante César Lorduy, se mostró en acuerdo con lo que establece la Constitución para la aprobación de normativas.“En eso estoy de acuerdo. La Constitución es muy clara, las leyes estatutarias se aprueban en una sola legislatura y esta no incluye las sesiones extra”, comentó en Mañanas BLU. Sin embargo, lamentó que la corte tumbara la reforma, pues considera que era “necesaria para el país”.“No fue todo el código, fueron unos punticos (…) Pero es más lo positivo, alrededor de 275 artículos aprobados; tiene puntos que pueden ser objeto de críticas. Haber hecho una modificación de una normatividad que tenía más de 100 años de existencia, definitivamente, era una modificación necesaria para el país”, dijo.Según detalló el representante Lorduy, dentro de los artículos que contemplaba la reforma al Código Electoral estaban los de paridad de género, mecanismos para votar, que tenía la opción de remoto, revocatoria de mandatarios, registro civil, “pero otros puntos de herramientas electrónicas quedaron ahí y son muy útiles”.El Gobierno había convocado sesiones extras, entre el 17 y el 19 de diciembre de 2021, para que en el Senado de la República pudiera terminar la discusión del proyecto y su posterior conciliación y votación en las plenarias.Entre las normas que se destacaban, se establecía la obligatoriedad de la paridad de género a la hora de conformar listas de candidatos para cuerpos colegiados. Para aspirar a cinco o más cargos las listas deberían estar integradas en un 50 % por mujeres.
El representante a la Cámara de Cambio Radical César Lorduy detalló en Mañanas BLU los cambios al artículo del proyecto de ley anticorrupción, que es considerado como un riesgo para la libertad de prensa. "El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses", dice el artículo de la futura ley anticorrupción, que sigue su trámite legislativo.El Código Penal colombiano actualmente estipula la calumnia y la injuria de forma general y no solo para servidores públicos con penas de prisión de 16 a 72 meses, después de otra enmienda de 2004.El congresista Lorduy aseguró que no son ciertas las versiones que señalan que la aprobación del artículo busca proteger a Karen Abudinen, exministra de las TIC, que salió del Gobierno en medio de un grave escándalo de corrupción en un billonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados. "Yo no actúo de esa manera. Eso es un artículo que estaba en la ponencia, como ponente lo defendí, al igual que los 67 artículos adicionales. Este artículo contribuye de alguna manera a luchar contra la corrupción, porque so pretexto de presentar denuncia o informaciones falsas, las personas terminan siendo extorsionadas", añadió Lorduy. Según explicó, el artículo “que tanto preocupa, no existe”, pues este lunes en la noche después de la iniciativa de algunos congresistas, la plenaria de la Cámara de Representantes, por mayoría, “decidió no eliminar el artículo. Finalmente, se presentó una proposición sustitutiva que fue aprobada”.Según explicó el representante Lorduy, aquel que cometa calumnia o injuria a funcionarios, podría pagar una pena en cárcel.“El artículo 68 no se aprobó, se aprobó el 221 A, que no contiene todo lo que tenía el inicial, es una proposición sustitutiva. La diferencia está en la pena, la que se proponía hacía el delito de injuria no excarcelable. Ahora, por menos de cinco años, es decir, totalmente excarcelable”, sostuvo.“La pérdida de la personería jurídica es para organizaciones comunitarias y no para medios de comunicación (…) Es un derivado de que una organización cómete, a través de sus representables legales, un hecho punible, en este caso, injuria y calumnia. El que le asigne hechos falsos a una persona”, añadió.El representante del Cambio Radical dijo que sobre esos funcionarios, hay “una cantidad de información falsa”, pero no es denunciada.“No estamos hablando de un grupo diminuto, son 1.353.000 funcionarios (…) Según estadísticas el Dane, Fiscalía y observatorios, sobre esos funcionarios se reproduce una cantidad de información falsa que no terminan en denuncia”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
Desde la Alianza Verde le pidieron al Gobierno que convoque a sesiones extraordinarias al Congreso para que empiece a legislar antes del 15 de marzo.La solicitud fue hecha por el representante a la Cámara Mauricio Toro, mediante una carta que radicó en la presidencia de la República.“De forma respetuosa me permito solicitarle que ejerza las facultades que le confiere la Constitución Política en su artículo 200, numeral 2, para que se convoque a sesiones extraordinarias al Congreso de la República, no solo para debatir unos pocos proyectos, sino que se incluya la totalidad de la agenda legislativa que está en trámite en el Congreso”, dice la carta.El representante indica en el escrito que es importante el Congreso legisle durante este tiempo ya que se pueden debatir proyectos de ley que beneficien a los colombianos durante esta época en la que se está buscando reactivar y proteger a los colombianos afectados por cuenta de la pandemia del COVID-19.Así mismo, hacer control político a temas como la vacunación en el país.Otros sectores también han manifestado la necesidad de que se suspendan las vacaciones y se retomen las sesiones para abordar el impacto de la pandemia en este segundo pico, mientras que otros sectores han insistido en la necesidad de declarar una emergencia económica.“La pandemia no ha terminado, los confinamientos tampoco. Incluso creo que se va a agudizar incluyendo los toques de queda, por lo que planteó que se debe decretar otra emergencia económica”, manifestó el representante César Lorduy.
El representante Cesar Lorduy denunció un millonario contrato para el alumbrado navideño en la isla de San Andrés, la cual resultó gravemente afectada por el paso del huracán Iota.En uno de los documentos adjuntados por el representante, la secretaria general (e) le pide al gobernador el visto bueno para “contratar la prestación de servicios de arrendamiento, transporte, instalación, operación, montaje y desmonte del alumbrado navideño en la isla de San Andrés para el año 2020”.Se establece que serán 1.550 millones de pesos y está firmado por el gobernador y la secretaria.Por otro lado, Lorduy afirmó que muchas personas no tienen aún ni cómo resguardarse de la lluvia o están durmiendo en la calle .
Momentos de pánico se vivieron en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en la comuna 6 de Barrancabermeja, tras la explosión de una granada de fragmentación que dejó personas heridas y obligó a las autoridades a acordonar el sector y militarizar la zona.El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó que la detonación fue causada por una granada de fragmentación de baja intensidad. A través de sus redes sociales, rechazó lo ocurrido y anunció medidas para reforzar la seguridad en el Distrito.De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde Jonathan Vásquez a través de sus redes sociales, el hecho dejó dos adultos lesionados y una adolescente de 17 años afectada por la onda explosiva. Los dos adultos fueron trasladados a la Clínica Magdalena. Gloria Santamaría Vargas presentaba lesiones en las piernas y la espalda, mientras que Grey Guillermo Moreno Manrique tenía heridas en las piernas. La menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento.Tras la explosión, el mandatario rechazó el ataque y anunció medidas para reforzar la seguridad en el distrito. "No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja”, expresó Vásquez, quien confirmó la activación inmediata de un Plan Candado.Según el alcalde, se desplegaron unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad. Entretanto, el área donde ocurrió la detonación permanece acordonada y se adelantan protocolos antiexplosivos en el sector.La Administración distrital también anunció, en articulación con la Gobernación de Santander, una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. Las autoridades revisan además las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias del ataque.Una de las hipótesis que manejan las autoridades señala que hombres que se movilizaban en motocicleta estarían manipulando la granada, cuando esta cayó y se desprendió la espoleta, lo que habría provocado la detonación. Esta versión es preliminar y deberá ser establecida dentro de la investigación.La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la detonación, quiénes portaban el artefacto y si las personas que se movilizaban en motocicleta están relacionadas con lo ocurrido.
Estos fueron los temas tratados este 13 de octubre, en Recap Blu:Gustavo Bolívar, exsenador e integrante del Pacto Histórico, respondió a las denuncias de Eva Ferrer y Angie sobre presunto transporte de dinero y drogas por parte de Verónica Alcocer.Marta Alfonso, vocera de Fecode y defensora de derechos humanos, expuso las preocupaciones del sector sindical frente al decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella para regular la protesta social.El Gobierno ya tiene listo el nuevo decreto con el que pone el reglamento para actuar en las protestas y su accionar cuando se presenten hechos de violencia.El papa León XIV fue operado de un tumor cancerígeno en el pulmón. La cirugía fue exitosa.Balacera en el centro de Medellín dejó tres personas heridas. La Policía abatió al presunto señalado de iniciar los disparos.El partido entre Millonarios y Once Caldas fue cancelado en El Campín por el "lamentable estado" de la cancha luego del fallido intento de instalación de un nuevo campo de juego.
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) lidera una nueva jornada de movilizaciones en el territorio nacional para manifestar su rechazo a las recientes decisiones de política educativa y al nuevo marco regulatorio sobre la protesta social. En Recap Blu Martha Alfonso, vocera del Comité Ejecutivo de Fecode y defensora de derechos humanos, detalló las motivaciones del magisterio para salir a las calles y expuso los reparos del gremio ante el decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella.Privatización de la educación y parálisis en la FiduprevisoraSegún explicó la dirigente sindical, el motivo central que unifica las demandas de los docentes es el freno al modelo de educación pública y el avance hacia esquemas de concesión privada. Alfonso denunció que, desde el Ministerio de Educación, se han publicado borradores de decretos que amenazan la naturaleza pública de las instituciones:"El Ministerio de Educación había publicado el borrador de decreto para entregar los colegios públicos en concesión, pero el problema más grave para nosotros es la privatización de la educación, que ya están todas las normas en proceso andando".Asimismo, la vocera señaló que, con la llegada del nuevo Gobierno, se presentaron cambios en la estructura de gobernanza que provocaron la cancelación de contratos clave e interrupciones en los servicios de salud y prestaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC):"Cambiaron absolutamente toda la estructura de gobernanza, pararon la contratación y lo que se había avanzado en los últimos seis meses se detuvo. Sacaron a más de 200 empleados de la Fiduprevisora y nos generó una situación bien compleja frente a la continuidad del servicio".Cuestionamientos al nuevo decreto de protesta socialEn relación con el decreto gubernamental destinado a regular las manifestaciones públicas, Alfonso criticó que la norma se expidiera pocas horas antes de su entrada en vigor, imposibilitando su socialización y la concertación de protocolos. De igual forma, cuestionó la falta de claridad en el funcionamiento de los Puestos de Mando Unificado (PMU) y la tipificación de los bloqueos viales:"Es un decreto que sale hoy para aplicar mañana sin previo conocimiento y difusión. Incluye el debate de cortes de carreteras o vías como si fueran acciones terroristas, los cuales no son eso; ya está definido por fallos constitucionales, nacionales e internacionales".La vocera argumentó además que la locución televisiva del jefe de Estado elevó la tensión de cara a las jornadas de marcha:"La forma como lo presentó en la locución presidencial el presidente de la República ya de hecho es una provocación, porque él entra amenazando y diciendo una serie de cosas de una manera que pone en cuestión cualquier forma de movilización".Gestores de diálogo y la independencia sindical frente a gobiernos anterioresAl evaluar el papel de los gestores de convivencia en las ciudades capitales, Alfonso expresó la desconfianza del movimiento social hacia el desempeño de esta figura en algunas regiones del país:"Lamentablemente los gestores de diálogo en varias partes, pero particularmente en Medellín, ha sido el peor ejemplo de garantías y de protección a los derechos humanos. Asumen tareas que son de la fuerza pública".Finalmente, ante los señalamientos de sectores de la oposición sobre la postura de Fecode durante el gobierno anterior de Gustavo Petro, la vocera desmintió que el gremio se hubiera abstenido de salir a las calles:"No es cierto [que no marcháramos]; sí se hicieron movilizaciones, paros regionales y nacionales exigiendo que se cumpliera la aplicación del acuerdo 03. Independiente de que hubiera afinidad en lo programático, también hubo exigencia de cumplimiento de varios de esos acuerdos", finalizó.Escuche la entrevista:
Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, aseguró que la exprimera dama usó naves oficiales del Goierno para transportar drogas, dinero y armas durante el periodo presidencial de Petro, hecho por el cual la Procuraduría y la Fiscalía abrieron una investigación formal para esclarecer los hechos.Ante esta situación, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, salió en defensa tanto del expresidente como todo su entorno frente a las denuncias de Ferrer y las plasmadas antes por Angie Rodríguez, además que cuestionó la falta de pruebas y pide que todo sea entregado a las autoridades pertinentes.“Porque si no tienen las pruebas, pues sencillamente están cayendo en un delito más grave, que es el de la calumnia y el de servirle a un gobierno para poner cortinas de humo en momentos en que el país está en crisis, en diferentes crisis: crisis económica, en crisis por el terremoto, la crisis por el presupuesto que acaba de presentar”, indicó.“Que muestren las pruebas”Bolívar cuestionó la decisión de hacer públicas las denuncias a través de medios de comunicación, en lugar de acudir, según dijo, a la Fiscalía General de la Nación con las pruebas correspondientes. Mencionó la existencia de procedimientos de control y registro relacionados con los vuelos de aeronaves oficiales. En su opinión, esos procedimientos hacen necesario contrastar las acusaciones con los registros correspondientes.“Entonces, y además con la gravedad que tienen esas afirmaciones, ella dice que hay unas fotos, muéstrenlas. Dice hay una foto, hay que, tienen que mostrarla. Ahora, así aparezca la foto, ¿quién le dice a usted que, porque una señora viene bajando con una bolsa, en esa bolsa qué hay dentro?”, puntualizó.Si se comprueba todo, él abandonaría el Pacto HistóricoPese a la postura de defensa del senador ante estas graves acusaciones, sí fue enfático que, en caso de que las autoridades demuestren que son ciertas, él daría un paso el costado del partido ya que esto no representa lo que tanto ha defendido a lo largo de su vida.Bolívar explicó que lleva más de una década compartiendo espacios políticos con integrantes del movimiento y que, según su experiencia, nunca tuvo indicios que le hicieran sospechar de la participación de miembros de la colectividad en ese tipo de actividades criminales.“Yo no vine a un partido donde ni siquiera en pensamientos pudiera pensarse en que aquí hay traficantes de armas y de drogas”, agregó.
Desde las 6:00 de la mañana de este miércoles, Bucaramanga tendrá un dispositivo de seguridad con 300 uniformados para acompañar la jornada de protestas convocada por docentes, sindicatos y organizaciones sociales.El anuncio lo hizo el alcalde Cristian Portilla al finalizar un consejo de seguridad en el que participaron la Policía Metropolitana, el Ejército y Migración Colombia. Según el mandatario, las capacidades de las autoridades estarán distribuidas en diferentes puntos de la ciudad para prevenir alteraciones del orden público y facilitar la movilidad.“Protestar es un derecho legítimo y constitucional”, afirmó Portilla, quien aseguró que le impartió instrucciones al general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, para garantizar el ejercicio de la manifestación dentro del marco legal y proteger la circulación de los ciudadanos.El alcalde también envió un mensaje a quienes participarán en las movilizaciones: "Bienvenida la protesta, pero no el vandalismo”, dijo el mandatario.Con esta declaración, el mandatario insistió en que se debe respetar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad, los bienes públicos y privados ni la movilidad de los demás ciudadanos.El dispositivo de seguridad contará con capacidades de la Policía, el Ejército y Migración Colombia.Los 300 uniformados estarán distribuidos en la ciudad desde las 6:00 de la mañana, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde, para acompañar las manifestaciones y atender posibles situaciones que puedan alterar el orden público.La jornada está prevista desde las 9:00 de la mañana. Entre los recorridos anunciados se encuentra el trayecto desde la carrera 27 con calle 56 y la entrada principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con avance por la carrera 27 y la calle 36 hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.Se recomienda a los conductores prever posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en los corredores por donde avanzarán los manifestantes, y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito.Las autoridades reiteraron que el objetivo es permitir el desarrollo de las movilizaciones y, al mismo tiempo, proteger a quienes transitan por la capital santandereana.
