“Nunca se amedranten ante nada en la vida porque no importa lo que los demás piensen, sino de lo que estás convencido”, así se expresa el golfista colombiano Julio Bell, de 52 años, quien este fin de semana recibió críticas, insultos y burlas tras vivir un día difícil al participar en el torneo Club Colombia Championship en Bogotá.Bell, quien anotó un puntaje total de +56 sobre par, explicó que inició en el mundo del golf a los 48 años. “Le he invertido mucho tiempo. Quiero llegar al Champions Tour por un reto”, dijo el deportista, quien ante su bajo rendimiento recibió insultos y burlas en pleno campo de juego.“Sentí más agresión de los compatriotas que de los americanos. Los jugadores americanos me defendieron varias veces. Pedían silencio, iban por mi bola. Fueron solidarios”, añadió.El golfista estuvo en el centro de la controversia en el mundo del golf, especialmente por críticas de golfistas colombianos que no aceptaron su presencia en el evento del Web.com Tour por encima de otras figuras locales; polémica a la que él mismo se refirió en su cuenta de Instagram. “A veces la lengua es más larga que las ilusiones. A la gente que me critica le digo que deben trabajar (…) Me he codeado con los mejores jugadores del mundo y no se imaginan el respeto. Yo creo que eso es lo que le duele a la gente”, comentó al respecto.Julio añadió que la experiencia la asumió como un reto, por eso, pese al bajo puntaje, no se retiró hasta culminar la ronda. "He aprendido que los grandes retos son interesantes”, finalizó Bell, al comentar que ahora entre sus objetivos está llegar al Champions Tour y jugar el US Open.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, denunció injerencia de Ricardo Roa y Nicolás Alcocer en hidroeléctrica de Urrá. Hay que decir que Ricardo Roa, se ha defendido frente a varias acusaciones realizadas sobre el proceso de contratación, supuesta injerencia de su pareja en toma de decisiones administrativas, también en Ecopetrol, entidad que dirige.En desarrollo....Siga nuestra señal en vivo:
Cuatro delincuentes fueron sorprendidos robando establecimientos ubicados en el sector conocido como los outlets de Las Américas, en la localidad de Puente Aranda. Estos criminales, según la Policía, se metieron a los locales comerciales y bajo la modalidad de mechero le dañaban los pines a la ropa para no alertar ni encender las alarmas de los dispositivos en las entradas, que detecten la salida de estos productos y alertan al personal de seguridad.En uno de los locales, uno de los empleados se dio cuenta de que estos delincuentes estaban robando y alertó de inmediato a la Policía. Los cuatro ladrones con la ropa estaban escapando, ya estaban a punto de coger un bus de TransMilenio cuando fueron abordados por patrulleros de la Policía que los capturaron.“Estos hechos se presentaron en la estación de TransMilenio Pradera, mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje, son alertados a través de la central de radio sobre el hurto a un establecimiento de comercio. De manera inmediata llegan al lugar, observan a cuatro personas saliendo de este lugar y al notar la presencia de las autoridades, intentan evadirlos”, dijo el coronel Pascual Guerrero, de la Policía de BogotáLos capturados, cuatro personas de edades entre los 20 y 26 años de edad, se robaron más de dos millones de pesos en ropa en un abrir y cerrar de ojos. Los delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los hechos que se les atribuyen.
El Consejo de Estado dio un paso decisivo en la adecuación de las normas disciplinarias colombianas al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro, lo que, según el magistrado Milton Chávez, presidente de esta alta corte, representa un cumplimiento integral de las directrices internacionales y de la Constitución Nacional. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el magistrado detalló el impacto del fallo y aclaró cómo se ajustarán los procesos sancionatorios contra funcionarios públicos de elección popular.La Procuraduría seguirá sancionando, pero bajo control judicialEl fallo establece que la Procuraduría General de la Nación conservará sus facultades investigativas y sancionatorias, pero las decisiones que impliquen destituciones o inhabilidades de funcionarios elegidos popularmente deberán ser revisadas y ratificadas por el Consejo de Estado antes de hacerse efectivas.“El examen que hace el Consejo de Estado es integral, abarcando la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad de la actuación de la Procuraduría. Solo una vez concluido este trámite, la sanción podrá ejecutarse”, afirmó el magistrado Chávez, quien dijo en Blu Radio que esta revisión garantizará el respeto al principio de reserva judicial exigido por la Convención Americana de Derechos Humanos.La adecuación legislativa, un reto pendienteEl magistrado Chávez calificó la decisión como una solución transitoria mientras el Congreso de la República desarrolla un marco legislativo definitivo para cumplir plenamente con los estándares internacionales. “El Congreso debe implementar la solución legislativa para que el principio de reserva judicial quede completamente incorporado en nuestro ordenamiento jurídico”, señaló.Aunque esta sentencia da claridad inmediata al rol del Consejo de Estado, también implica que los legisladores deberán trabajar en una ley que fortalezca estas garantías.Impacto en procesos disciplinarios y agilidad en la justiciaEl fallo introduce un modelo que algunos podrían considerar complejo, ya que se suman nuevas etapas al procedimiento disciplinario. Según explicó el magistrado, ahora los procesos pasarán por dos instancias dentro de la Procuraduría y dos más en el Consejo de Estado.Ante la preocupación de que este esquema pueda dilatar los casos, Chávez aseguró que el control judicial será automático y que los términos establecidos por ley, como el plazo de seis meses para la revisión, deberán cumplirse estrictamente. “Esto no es un detrimento para la administración de justicia, sino una mejora que asegura mayor transparencia y respeto por los derechos fundamentales”, indicó.Efectos retroactivos y casos emblemáticosEn cuanto a la posible retroactividad de la decisión, el magistrado fue enfático: “Las decisiones que ya fueron objeto de control judicial no se verán afectadas; esta sentencia aplica únicamente a casos futuros o pendientes de revisión”.Esto deja fuera de su alcance casos recientes como los de Daniel Quintero, suspendido como alcalde de Medellín, y Alex Flores, senador sancionado por la Procuraduría. Sin embargo, las nuevas reglas beneficiarán a otros funcionarios que enfrenten procesos disciplinarios en el futuro.¿Un triunfo para el gobierno Petro?El fallo ha sido percibido como una alineación con las críticas del presidente Gustavo Petro hacia la Procuraduría. Sin embargo, el magistrado Chávez evitó hacer comentarios políticos, insistiendo en que la decisión responde únicamente al cumplimiento de las órdenes de la CIDH y de la Corte Constitucional.“No estamos en rebeldía con la Corte Interamericana, sino integrando sus directrices al bloque de constitucionalidad colombiano”, afirmó Chávez. Aun así, reconoció que tanto el presidente como la Procuraduría podrían sentirse satisfechos con la decisión, al haberse clarificado el camino para que las sanciones respeten plenamente los derechos humanos.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se refirió al reciente proyecto de resolución 044 del Ministerio de Ambiente, que establece la creación de una zona de reserva temporal en el páramo de Santurbán por un período de dos años. En su declaración, Díaz expresó la preocupación de las comunidades locales, particularmente las de los municipios de Vetas, California y Suratá, quienes han manifestado su rechazo a la delimitación propuesta por la resolución.El gobernador destacó la importancia de escuchar a las personas que viven en estas zonas, quienes, según él, se sienten “muy molestos” por la decisión tomada.“No le podemos imponer una delimitación del páramo de esa manera, sin tener en cuenta las voces de los campesinos que han vivido y trabajado en esa región durante años. Ellos están preocupados porque la delimitación les deja únicamente 630 hectáreas donde pueden hacer minería legal, lo que impacta gravemente a las comunidades de California, quienes se ven prácticamente excluidas de la posibilidad de realizar su actividad económica", señaló Díaz.Díaz enfatizó que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha abierto la posibilidad de hacer modificaciones, al conceder un plazo de 20 días para recibir observaciones y aclaraciones sobre la resolución."Dejemos que se cumpla este proceso. La ministra ha sido clara en su disposición de escuchar las inquietudes de los afectados, y es importante que esta instancia se respete”, comentó el gobernador.La resolución 044 del Ministerio de Ambiente establece una zona de reserva temporal en el páramo de Santurbán con el fin de proteger esta importante área ecológica, reconocida por su biodiversidad y sus fuentes de agua.La iniciativa busca proteger cerca de 75 mil hectáreas de páramo, 'fabrica natural de agua' para cerca de 1.3 millones de personas en la región.La medida limita expedir en este tiempo nuevas concesiones y licencias ambientales mineras mientras se avanza en estudios técnicos clave que definirán la compatibilidad de la minería en este territorio estratégico.La ministra de Ambiente explicó que la reserva no afecta los proyectos mineros con títulos y permisos vigentes, ni los procesos de formalización de mineros tradicionales del territorio que hacen una minería de pequeña escala.La medida también excluye 11 polígonos que actualmente están en proceso de formalización de la pequeña minería tradicional, los cuales comprenden un área de 655 hectáreas.
Un aparatoso accidente sufrió el excomandante de la guerrilla Farc, Pastor AlapePastor Alape, en vías del Nordeste de Antioquia, cuando se movilizaba hacia Medellín. Sus dos escoltas sufrieron heridas.El actual político del Partido Comunes y excandidato a la Alcaldía de Puerto Berrio, Pastor Alape, tuvo el accidente de tránsito en la vereda Montañitas de Barbosa, en la vía que del municipio de Puerto Berrío conduce a Medellín, donde el vehículo blindado quedó volteado boca abajo en toda la fachada de una vivienda sobre la vía.La primera información que se conoce es que Pastor Alape salió ileso, pero sus dos escoltas designados por la Unidad Nacional de Protección sufrieron heridas y fueron trasladados a centros asistenciales.Aunque inicialmente los dos heridos tuvieron traumas en la cabeza y laceraciones por las vueltas que dio el vehículo, según la Unidad Nacional de Protección, el conductor escolta, presenta fractura de cráneo y amputación de oreja derecha y la segunda persona de protección es valorada por dolor en el pecho.Además reveló que el primer reporte de la policía señala como posible causa del accidente, exceso de velocidad.Al momento, la Policía de carreteras adelanta con las autoridades de tránsito las investigaciones de lo ocurrido.
