El sector automotriz en Colombia recibió un gran golpe con la noticia del cierre de Colmotores, una de las empresas ensambladoras de automóviles más importantes del país. Sin embargo, pasó de agache que junto a Colmotores otro gran aliado de General Motors también se "hundió" en medio de la crisis por la que pasa la multinacional estadounidense en Latinoamérica. Se trata del concesionario Automotores San Jorge, una empresa que llevaba más de 45 años vendiendo carros en Bogotá y que era muy reconocida por ser los vendedores de los Chevrolet en la capital.A través de un comunicado, la empresa anunció que cerraba sus puertas: "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por confiar en nosotros y ser parte de nuestra familia San Jorge durante 45 años".Agregan en el comunicado que decidieron cerrar con "recuerdos compartidos y las conexiones que hemos construido perdurarán en nuestros corazones para siempre". Eso sí, aclaran que la marca Chevrolet seguirá atendiendo a clientes en su red de concesionarios.El concesionario San Jorge fue una empresa familiar que logró hasta un tercer cambio generacional. Formaron parte de la Red de Concesionarios Chevrolet más importante del país dedicados a la comercialización de vehículos 0km, planes de ahorro, accesorios, repuestos, y servicios de postventa en más de 5 talleres. En 2013 invirtieron cerca de 650 millones de pesos en la construcción del concesionario ubicado en la carrera 30 con calle 8ª Sur.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, entregó detalles de las dos medidas cautelares determinadas tras el cierre de la planta de General Motors y que deben acatar la sociedad General Motors (Colmotores S.A.) y Zona Franca Industrial Colmotores s.a.s. Zoficol S.A.S.Una de ellas es que las dos firmas no pueden iniciar y/o adelantar trámites ante la Cámara de Comercio y sus filiales, la superintendencias de Sociedades y Transporte y Dian, que estén relacionadas con su objeto social y las actividades económicas que desarrollan, ya sea para reorganizarse, rediseñarse, disolverse, insolventarse y/o liquidarse.Freno a los despidosLa otra orden indica que no se puede suspender o terminar vínculo laboral de la totalidad de los trabajadores implicados en la solicitud de autorización para la clausura de labores total y de forma definitiva pedida por las firmas. Es decir, suspende el despido colectivo de más de 600 trabajadores de la planta ubicada en Bogotá, incluso, así hayan firmado planes de retiro voluntario.Las verdaderas razones por las que General Motors cierra Colmotores: habla su presidenteEstas medidas estarán vigentes hasta que no se tome una decisión de fondo dentro del expediente administrativo de la autorización para la clausura de labores pedido por la compañía.“La decisión obedece a la falta de garantía y certeza frente a la condición de los y las trabajadoras involucradas en el trámite de autorización para la clausura de labores total y de forma definitiva y en consecuencia el despido colectivo de los trabajadores”, dijo la ministra.Cabe recordar que el pasado 26 de abril, ambas firmas, General Motors- Colmotores S.A., y Zona Franca Industrial Colmotores, S.A.S., Zoficol, SAS, pidieron ante el ministerio el cierre de labores de forma definitiva y así mismo, el aval para el despido masivo.Sin embargo, el ministerio de Trabajo en medio de las inspecciones, determinó que las empresas habían terminado actividades el 25 de abril, es decir, antes de haber hecho la solicitud formal.Y según el documento del acta conocido por Blu Radio, se evidencia que la empresa se demoró en comunicarle una decisión que ya estaba tomada a sus empleados de que la planta cerraría por distintos factores, entre ellos el técnico y el económico. Es por eso que se recurrió a ofrecer un plan de retiro voluntario con una serie de beneficios.
El 29 de abril el Ministerio del Trabajo realizó la inspección a las instalaciones de General Motors Colmotores luego del cierre de la planta de ensamble que estuvo en funcionamiento por más de 60 años en el sur de la capital.Blu Radio conoció en exclusiva el documento que da cuenta de los hallazgos por parte de la cartera en la diligencia que duró más de 14 horas y que sembró mayor incertidumbre al futuro de los trabajadores, algunos a punto de pensionarse y otros con quebrantos de salud producto de sus tareas con los vehículos.En el documento queda en evidencia que la empresa se demoró en comunicarle una decisión que ya estaba tomada a sus empleados de que la planta cerraría por distintos factores, entre ellos el técnico y el económico. Es por eso que se recurrió a ofrecer un plan de retiro voluntario con una serie de beneficios.MinTrabajo habría encontrado irregularidades en planta de Colmotores, denuncia sindicato“Realizar de manera previa el cálculo correspondiente a cada una de las liquidaciones, bonificaciones, e indemnizaciones de los trabajadores; es decir, con anterioridad la compañía sí tenía previsto y programado que al cierre de la jornada laboral del veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024) se llevaría a cabo el cese de la operación”, dice el acta entre otras cosas que cerca de 400 empleados ya firmaron ese plan de retiro voluntario.Asimismo, se evidencia que el ingreso de los funcionarios públicos tardó más de una hora y no se le permitió el ingreso al sindicato en primera medida. Durante la visita se encontraron diferentes elementos y prendas de vestir (sacos, guantes y zapatos) de los trabajadores que recibieron de manera sorpresiva la noticia y que no alcanzaron a retirar sus pertenencias.Según el acta, hubo varios contratiempos por parte de algunos representantes de Colmotores, incluso se menciona que intentaron hacer pasar a una persona como empleado de Colmotores cuando resultó ser un abogado.“Los servidores públicos del Ministerio del Trabajo detienen el recorrido al evidenciar que intenta unirse a la misma el señor Virgilio Guerrero Morales, ante esta situación, se le solicitó que se identificará e indicará el tipo de vinculación con la compañía objeto de la visita, tanto el Sr. Guerrero Morales como la Dra. Jiménez Morales, manifestaron a viva voz que este era trabajador de la sociedad GENERAL MOTORS - COLMOTORES S.A., acto seguido se indaga sobre el tipo de vinculación y en esta oportunidad señalan que el mencionado señor es asesor legal de la empresa”, añade el acta.Cabe mencionar que los representantes de Colmotores dejaron constancia en el acta que los seis funcionarios de Mintrabajo que estuvieron en la diligencia fueron “hostiles” y que no le permitieron dar mayores explicaciones.Otro de los hallazgos de los delegados de MinTrabajo fue que no existe un desmonte de la planta de producción en ninguna de sus áreas. Por último, la cartera se llevó la documentación que entregó GM Colmotores para evaluar su solicitud de despido colectivo, el próximo martes se realizará esa reunión extraordinaria con todas las partes.
El cierre y desmonte de la planta de Colmotores dejó preocupados a muchos propietarios de carros Chevrolet en el país sobre el futuro de la marca, así como los servicios postventa, garantías y concesionarios.Y es que, precisamente, el anuncio por parte de General Motors (dueña de Chevrolet) tomó por sorpresa a muchos dueños, a pesar de que no fue una idea nueva y que el volumen de producción de la planta no era el que solía ser hace un tiempo.General Motors le explicó a Blu Radio que la producción de vehículos en Colombia es significativamente menor frente a otros competidores, lo que coloca a la industria local en una posición de desventaja.Tanto así, que, en los últimos meses, la producción en Colmotores se redujo de 100.000 a 11.000 unidades, haciendo insostenible mantener la operación.Trabajadores de General Motors denuncian expulsión masiva: MinTrabajo investigaA pesar de cierre, hay parte de tranquilidadBlu Radio habló con General Motors, que aclaró que los clientes no se verán afectados por la decisión de finalizar el ensamble de vehículos en el país.Además, la red de concesionarios seguirá operando normalmente, incluyendo los puntos de venta de nuevos vehículos, talleres y servicios de postventa, “garantizando un servicio con calidad y rapidez”.Sumado a esto, a los dueños de carros Chevrolet en el país les seguirán asegurando un servicio de postventa “de alta calidad y el suministro permanente de repuestos”.En otras palabras, el cierre de Colmotores lo único que cambiaría en el país con su marca Chevrolet es el cese de ensamblaje del Joy, carro que se estaba fabricando desde marzo del 2023. De resto, todo sigue igual.La historia de General Motors en Colombia¿Subirá el precio del Joy?Otra pregunta que se cruza por los potenciales clientes de la marca es si el Joy, que fue el tercer carro más vendido en abril de 2024, verá afectado su precio por cuenta de que se deberá importar de ahora en adelante.En cuanto a la fuente de los vehículos, General Motors “aprovechará su fabricación global y tomará decisiones sobre el portafolio en función de la demanda de los clientes y el caso de negocio financiero de cada producto, por ahora mantendrá las fuentes de Brasil, Argentina México, EEUU y China”.Puntualmente sobre el tema de precios, la compañía creó una “estrategia para que la dinámica de precios se mantenga, considerando la volatilidad del dólar y consideraciones usuales del mercado”, respondieron a Blu Radio.Le puede interesar:
El sindicato de Colmotores, filial en Colombia de General Motors, se unió a las manifestaciones del Día del Trabajo en Bogotá, este miércoles. Uno de sus miembros, John Arias, reveló en Blu Radio que el Ministerio de Trabajo encontró una serie de presuntas irregularidades durante una inspección a la planta, la cual duró más de 14 horas.Según dijo, los trabajadores afectados por el cierre de la planta, luego de más de 60 años funcionando, están enfrentando un “panorama bastante oscuro”. Esto, sumado a la “violación de derechos fundamentales” que se denunciaron cuando se anunció el cese de operaciones.“Se realizó una reunión con el viceministro de Trabajo y las organizaciones sindicales, donde le expresamos la presunta violación de unos derechos fundamentales, como normativos, contemplados en la Constitución por parte de esta empresa”, subrayó.Arias detalló que dicha visita a la planta de Colmotores se llevó a cabo este lunes, desde las 11:00 de la mañana hasta el martes a las 10:00 de la mañana. Contó que, supuestamente, los inspectores “evidenciaron las denuncias” que los empleados ya habían dado a conocer y, específicamente, se trata de “que la empresa sacó abruptamente a sus trabajadores”.“Hay irregularidades, lo denunciamos y se va a demostrar, ya hay un acta donde se evidencian esas acciones por parte de la empresa”, puntualizó en Blu Radio.Sobre el futuro de los empleados de la planta, Arias reiteró que se les debe seguir pagando los salarios hasta que la cartera encuentre una solución de fondo. Al respecto, dijo que hay una orden general de que nadie firme “ningún papel” hasta que haya una solución o acuerdo.“La orden fue no firmar porque es una coacción, una presión, es el poder que tiene la empresa hacia sus trabajadores. Algunos trabajadores por temor lo hicieron, pero hay una coacción y eso tendrá una acción jurídica que vamos a entablar como trabajadores sindicales”, precisó.
El pasado viernes, General Motors anunció el cierre de Colmotores, una de las plantas de ensamblaje de carros más emblemáticas del país, que funcionaba desde hace más de 60 años en Colombia.Para referirse a las razones detrás de la decisión de cerrar la fábrica, explicar cuál será el futuro de la marca Chevrolet en el país, y qué pasará con los propietarios de estos carros, se conectó a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de General Motors en Sudamérica, Santiago Chamorro.Chamorro explicó que la decisión de cerrar la planta se debe a una historia que se viene desarrollando desde hace años. La industria automotriz colombiana se enfrenta a grandes competidores internacionales debido a los tratados de libre comercio que han reducido los aranceles a 0 %. Según el presidente, esto ha permitido la entrada de vehículos de grandes potencias productoras como EE.UU., Europa, México y Corea, donde se producen millones de unidades al año.En comparación, la producción de vehículos en Colombia es significativamente menor, lo que coloca a la industria local en una posición de desventaja. Chamorro mencionó que en los últimos meses, la producción en Colmotores se redujo de 100.000 a 11.000 unidades, haciendo insostenible mantener la operación.Cambios en la producción y futuro de Chevrolet en ColombiaColmotores se centraba durante el último año en la producción del Chevrolet Joy, pero con volúmenes de producción tan bajos, la empresa decidió cerrar la planta. A partir de ahora, todos los vehículos Chevrolet que se vendan en Colombia serán importados, incluyendo camiones y autobuses, que provendrán de Japón."Ya veníamos importando de todas esas fuentes y a partir de ahora serán 100 % importados. Incluso tenemos una presencia muy fuerte en el mercado de camiones y buses y me gustaría dar ese parte de tranquilidad", detalló Chamorro.El directivo aseguró que la marca Chevrolet continuará teniendo presencia en Colombia a través de concesionarios, servicios y repuestos. Los dueños de vehículos pueden estar tranquilos, ya que la garantía y el suministro de piezas de repuesto están asegurados.Impacto en los empleados y programas de transiciónEl cierre de Colmotores afecta a 550 empleados, según calculó Chamorro, quienes recibirán compensaciones por encima de las legales. Además, se les ofrecerá un programa de transición laboral que incluye apoyo para mejorar su perfil de empleabilidad, reubicación en otras empresas y capacitación para quienes deseen emprender.Qué hay detrás de la decisiónChamorro indicó que la decisión de cerrar la planta se debió a factores estructurales y a un cambio en el mercado automotriz a nivel mundial. La pandemia generó cambios en el comportamiento de los consumidores, y la economía global experimentó un proceso inflacionario, lo que llevó a un aumento de las tasas de interés y a la depresión de la industria automotriz en varios países.El presidente de General Motors descartó que el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro tuviese algo que ver con la decisión y destacó que el cierre de Colmotores también se dio en paralelo con el cierre de operaciones industriales en Ecuador, reflejando una situación similar en la región."La verdad que hemos trabajado con el presente gobierno, estuvieron allí presentes el ministro y el equipo de Gobierno en la inauguración de la fábrica con la producción de los de los primeros vehículos Chevrolet Joy que salieron de allí", sentenció.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Los concesionarios colombianos de automotores, representados por la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), expresaron su profunda preocupación ante el reciente anuncio del cierre de Colmotores, una de las industrias más emblemáticas del país. La decisión, que afecta a alrededor de 850 empleados directos, conlleva el desmantelamiento de una cadena de valor que se ha venido construyendo desde 1957, alcanzando una producción del 35 % de las piezas que componen un carro.El cierre de Colmotores implica, además del cese de ensamblaje del Chevrolet Joy, la desaparición de la producción local de una gama de autopartes, como llantas, baterías, tapizados, vidrios, rines, componentes eléctricos, plásticos, bujías y amortiguadores, entre otros. Llamado al GobiernoPedro Nel Quijano, presidente de Aconauto, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para definir una política de reactivación económica que fomente la industria y la inversión, y que encamine a Colombia hacia el crecimiento, el empleo y el bienestar de miles de familias. "El estado actual de las cosas no puede continuar en discusiones retóricas y sin ejecución presupuestal en los programas del mismo Gobierno, que ponen el país a la deriva, espantan a los inversionistas y erosionan el empleo", expresa Aconauto.Aporte del sector automotorEl sector automotor colombiano es un pilar importante de la economía del país, con el trabajo de ensambladoras, fabricantes de autopartes, importadoras de vehículos y repuestos, así como canales comerciales de 54 marcas que compiten en el mercado. Un estudio reciente de Fedesarrollo estima que el valor agregado de esta cadena industrial y comercial representa el 7 % del producto interno bruto nacional, un índice para nada menor.En cuanto al brazo comercial de las marcas de vehículos, existen 433 concesionarios propiedad de 152 grupos empresariales, que operan entre 1 y 10 concesionarios de diferentes marcas. Estos concesionarios emplean directamente a alrededor de 190.000 personas y, de forma indirecta, a unas 60.000.En ese sentido, Aconauto ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades para conformar una mesa de trabajo que defina objetivos y acciones concretas encaminadas a la reactivación económica del país. Le puede interesar:
General Motors anunció este viernes su retirada de la fabricación de vehículos en Colombia, lo que implicará el cierre de su planta Colmotores y el despido de por lo menos 800 trabajadores. Una decisión que representa un duro golpe para la industria automotriz colombiana y deja un futuro incierto para los trabajadores afectados. El cierre de Colmotores no es por políticas de PetroGM aseguró que su determinación no tiene nada que ver con el entorno político de Colombia ni con el gobierno del presidente Gustavo Petro, según publicó Noticias Caracol. Según la compañía, el cierre se debe a la baja utilización de las instalaciones de Colmotores (9 % de su capacidad) y GM OBB (13 %), lo que ha hecho insostenible su operación. En su lugar, General Motors se concentrará en la comercialización, venta y postventa de vehículos en Colombia y Ecuador. Lea también: La historia de General Motors en Colombia"Las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzados, e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones", dijo Shilpan Amin, presidente de GM Internacional.Despidos y negociaciones en ColmotoresLa decisión de General Motors de despedir a al menos 800 trabajadores requiere de la autorización del Ministerio del Trabajo, ya que se trata de un despido colectivo. El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, dijo que el Gobierno "no permitirá abusos" por parte de la empresa y que se revisarán "eventuales salidas distintas al resultado del proceso administrativo".“Hemos sido informado por los medios de comunicación que la empresa ha solicitado al ministerio una autorización de despido colectivo para prescindir de 600 trabajadores. Ese proceso surtirá su trámite conforme a la ley, pero sin perjuicio de él, citaremos a las partes para revisar la situación y eventuales salidas distintas al resultado del proceso administrativo. Pedimos a la empresa no abusar de su posición para forzar a retiros “voluntarios” y a los trabajadores, sindicalizados o no, a que denuncien si son objetos de presiones y a no caer en ellas. Sin alarmas, esto es algo que apenas inicia”, dijo el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma.General Motors seguirá en ColombiaEs importante destacar que General Motors mantendrá la venta de su marca Chevrolet en Colombia y continuará operando su programa de ahorro Chevyplan. Sin embargo, la decisión de abandonar la fabricación de vehículos marca un cambio significativo para la empresa en la región.
A partir de noviembre, los usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira pagarán 63 pesos más por cada kilovatio hora consumido, pues este pasó de 873 a 936 pesos; lo que se traduce en un incremento del 7% en el valor de la tarifa y un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos que ya están viéndose, además, afectados por las sanciones por un mayor consumo.Al respecto, la intervenida empresa asegura que el aumento se deriva de la reducción en los niveles de los embalses que abastecen el sistema energético del país en medio del Fenómeno de El Niño. Air-e afirma que esto hace parte de un plan de la Creg, con el cual se incrementó el nivel de generación térmica, aun siendo esta más costosa, para atender la demanda y al mismo tiempo preservar el agua almacenada en los embalses.Así, Air-e afirma que el ajuste responde a las necesidades de operación frente al fenómeno climático y que, al ser una medida transitoria a nivel nacional, esta se verá reflejada en el componente de restricciones de las comercializadoras de todo el país, pero de manera temporal, pues acabará cuando el nivel de los embalses se encuentre en condiciones que aseguren la confiabilidad del sistema.Por tanto, asegura Air-e que trabaja fuertemente para ampliar las compras de energía mediante contratos bilaterales con los generadores, para reducir la exposición a las variaciones del mercado de bolsa.La compañía también invitó a los usuarios residenciales, comerciales e industriales a adoptar hábitos responsables de consumo, que moderen la demanda y contribuyan al uso eficiente de los recursos disponibles durante esta temporada de El Niño.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que las mujeres que denuncian una presunta red de contratos estatales a cambio de servicios sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro deben recibir credibilidad y respaldo institucional, mientras las autoridades competentes verifican los hechos. En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria calificó el caso como “una denuncia muy delicada” y señaló que, si se confirma, sería “extremadamente grave”.Marín evitó adelantar conclusiones sobre la veracidad de los señalamientos, pero insistió en que el país tiene derecho a conocer lo ocurrido. Su pronunciamiento se produce en medio de las investigaciones abiertas por distintas instancias judiciales tras la difusión pública de testimonios y documentos relacionados con contratos en entidades del Estado.Defensoría del Pueblo pide credibilidad para las mujeres denunciantesLa defensora recordó la postura que ha mantenido la entidad frente a este tipo de casos: “Siempre la Defensoría del Pueblo ha sido de la posición de creerles, especialmente a las mujeres, en estas situaciones”.En ese sentido, pidió acompañar a las denunciantes durante el proceso: “Hay que darle toda la credibilidad y respaldo para que se verifique si efectivamente hubo esta correlación”.Marín se refirió así a la relación entre los contratos y los presuntos encuentros, un punto que considera central en la investigación. Según explicó, aunque la información pública indica que los contratos existieron, eso por sí solo no demuestra que hubieran sido entregados como contraprestación: “La existencia de los contratos, que parece ser por la información pública que es real, no comprueba que el contrato hubiera sido la contraprestación”.Las preguntas clave de la investigaciónLa funcionaria planteó dos aspectos que, a su juicio, deben esclarecer las autoridades. El primero es si existió un vínculo entre la contratación y los servicios sexuales denunciados. El segundo, en caso de confirmarse lo anterior, es determinar si hubo alguna forma de explotación sexual o si las mujeres conservaron en todo momento su libertad frente a esos encuentros.“Estos dos elementos son fundamentales, porque si se llega a comprobar, podríamos estar hablando de situaciones de violencia de género, alimentados por recursos públicos al más alto nivel del Estado, y sería extremadamente grave”, sostuvo.Pese a la gravedad de los señalamientos, la defensora fue enfática en la necesidad de esperar los resultados de las investigaciones: “No quiero anticiparme. Justamente son las instituciones competentes quienes tienen que actuar con toda la celeridad para no anticiparnos a los resultados. Pero sí tenemos derecho a saber qué fue lo que ocurrió”.También advirtió que resulta difícil pronunciarse de fondo “sin que las autoridades hayan revisado todos estos documentos de testimonio” que se hicieron públicos en medios de comunicación.La denuncia de Deicy Jiménez y las 48 mujeres en el DapreEl caso tomó fuerza el domingo 25 de octubre, con el testimonio de Deicy Jiménez, una joven de 26 años que denunció que el exmandatario habría utilizado contratos estatales para retribuir encuentros íntimos con mujeres y aseguró que ella misma formó parte de esa dinámica. La entrevista fue publicada por la revista Semana. La denunciante afirmó que tuvo contratos durante cinco años en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.Días antes, el miércoles 21 de octubre, en la Comisión Segunda del Senado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, anunció que el Gobierno De la Espriella denunciaría ante la justicia que Petro habría instrumentalizado a 48 mujeres vinculadas al Dapre. Tras estas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar las denuncias y, dentro de las primeras actuaciones previstas, citará a declarar a Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes estuvieron al frente del Dapre. Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra la excongresista María José Pizarro y el expresidente Gustavo Petro, cuyos hechos se remontan al periodo en el que Petro ejercía como congresista. Además, la Comisión de Acusación recibió denuncias del Instituto Anticorrupción y de la Red de Veedurías Ciudadanas, aunque aún no hay investigación formal contra el expresidente.La respuesta del expresidente PetroEl exmandatario ha negado los señalamientos. Petro respondió en una carta extensa en la que niega haber pagado alguna vez por un favor sexual y, en un comunicado, aseguró que hay una operación en su contra por parte del actual gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre tanto, el presidente De la Espriella ordenó al ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, activar una ruta de protección para la joven que presentó la denuncia.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo inminente que están corriendo las comunidades de la zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, por las confrontaciones que se registran en 17 corregimientos entre el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y el ELN. Estas constantes disputas están poniendo en riesgo a más de 60.000 habitantes, pertenecientes a diferentes comunidades, entre ellas indígenas y afrodescendientes, vulnerando sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, al exponerlos a diferentes escenarios de violencia.Según la Defensoría, el frente Luis Carlos Cárdenas del ELN ha fortalecido su presencia en el municipio desde el mes de junio de este año, instalándose principalmente en la zona aledaña a la carretera Simón Bolívar, conocida como la antigua vía al mar. Este grupo armado afecta a los habitantes de El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada.Por su parte, el grupo más extendido en el territorio es el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de 'Iván Mordisco', pues se ha evidenciado su accionar en 13 corregimientos de Dagua: Juntas, Cisneros, Loboguerrero, Zabaletas, El Naranjo, Zelandia, Los Cristales, Providencia, El Palmar, Los Alpes, Santa María, El Limonar y Jiguales.El evidente riesgo que corren estas comunidades se evidencia en el incremento de hechos violentos en la zona rural de Dagua, por ejemplo, entre los meses de junio y julio, al menos cinco personas fueron asesinadas por señalamientos de presuntas colaboraciones con estos grupos armados. También los constantes retenes ilegales hacen que por varios días la comunidad se confine o incluso se desplace, buscando mayor seguridad.La recopilación de estos datos por parte de la Defensoría, impulsa a realizar un llamado para tomar acciones de seguridad inmediata en este territorio tanto por parte de las autoridades como de la Fuerza Pública, para restablecer el orden público garantizando los derechos de las comunidades de estos 17 corregimientos.
Al menos 30 personas fallecieron este miércoles 28 de octubre tras un choque entre dos trenes de alta velocidad en Urda, provincia de Toledo, España. Las primeras hipótesis sobre las causas apuntan a un posible error humano en el centro de control ferroviario, tras una falla en el sistema de señalización.El accidente involucró a la compañía privada Iryo y a un tren de Renfe, la empresa ferroviaria estatal. El choque se produjo a las 8:54 de la mañana, hora de España, en un tramo de la línea que conecta Madrid con Andalucía. Tras el siniestro, la circulación fue suspendida mientras los equipos de emergencia atienden a los pasajeros y adelantan las labores de rescate.¿Por qué habría ocurrido el choque de trenes?De acuerdo con las primeras hipótesis divulgadas por el Gobierno español, el accidente estaría relacionado con una falla en el sistema automatizado de seguridad ferroviaria y una posible equivocación durante el cambio a un procedimiento manual.El sistema LZB, encargado de controlar la circulación de trenes de alta velocidad, habría presentado fallas durante la mañana. Ante esta situación, el problema habría obligado a detener varios convoyes y llevado al centro de control a operar de manera manual.Según información de medios españoles, el tren de Iryo no habría conseguido reanudar la marcha y quedó detenido en la vía. Pese a ello, el controlador del centro de Atocha habría dado la orden al tren de Renfe de continuar su recorrido con normalidad.Poco después, el convoy de Renfe chocó por detrás contra el tren de Iryo. Sin embargo, las circunstancias de la falla siguen bajo investigación para esclarecer lo ocurrido este miércoles.¿Qué se sabe de las víctimas del accidente de trenes?El balance inicial reporta al menos 30 personas fallecidas, aunque las autoridades temen que la cifra aumente. Los trenes sufrieron daños y varios vagones terminaron en un terraplén.Los servicios de emergencia de Castilla-La Mancha desplegaron bomberos, tres helicópteros y dos unidades móviles de cuidados intensivos para atender a los afectados y apoyar las labores de rescate.Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informó de la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La circulación permanecerá suspendida mientras se atiende la emergencia y se evalúan las condiciones para restablecer el tránsito ferroviario.Aunque las primeras versiones señalan un posible error humano, las causas del choque continúan bajo investigación. Se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre el siniestro.
Las labores de búsqueda de Jeider Johan Hernández, de 23 años, continúan en Santander, luego de que el joven fuera arrastrado por la corriente del río Suárez cuando caminaba por un sector inundado en el municipio de Barbosa.Los organismos de socorro mantienen activo el operativo de rastreo en este afluente, mientras avanzan las labores para establecer su paradero. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa retomó las tareas de búsqueda en una nueva jornada, sin que hasta el momento se haya logrado localizar al joven.Ante la dificultad de las operaciones, el alcalde de Socorro, José Domingo Cortés, hizo un llamado a las comunidades que viven cerca de los ríos Suárez, Chicamocha y Sogamoso para que estén atentas y reporten cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo.Según explicó el mandatario, “se han realizado recorridos a pie y sobrevuelos con drones, con apoyo técnico, para ampliar el área de rastreo. Sin embargo, los esfuerzos no han permitido dar con el paradero de Hernández”, dijo el mandatario.“Queremos decirle a todos los ribereños del río Suárez, del río Chicamocha y del río Sogamoso que nos ayuden a buscarlo”, manifestó Cortés, al recordar que el río Suárez desemboca en el Chicamocha y que las aguas de este último llegan al río Sogamoso, por lo que la búsqueda requiere atención en distintos puntos del recorrido fluvial.Las labores se desarrollan en medio de las dificultades que representan las condiciones del río y la fuerza de la corriente, factores que complican el rastreo.
