La nueva reforma laboral, sancionada por el presidente y recogida en la Ley 2466 del 25 de junio de 2025, transformará por completo las reglas del juego para los contratos a término fijo en Colombia. A partir de ahora, estos contratos no podrán extenderse por más de cuatro años. Si lo hacen, se convertirán automáticamente en contratos a término indefinido. Sin embargo, esta transición no será retroactiva.Así lo explicó Angélica Carrión, socia de la firma López & Asociados y expresidenta del Colegio de Abogados del Trabajo, al detallar que “Los contratos a término fijo que pasen de cuatro años, firmados a partir del 25 de junio de 2025, van a convertirse en indefinidos”. Es decir, el conteo de los cuatro años comienza a partir de esa fecha. Contratos que ya llevaban tiempo acumulado no se verán afectados hasta cumplir ese nuevo periodo posterior a la entrada en vigencia.“La redacción de la norma nos dejó claro que si traemos unos contratos que traen unos años acumulados hacia atrás, esos no van a contar dentro del límite de los cuatro años”, aclaró Carrión en Mañanas Blu 10:30. En consecuencia, un contrato firmado, por ejemplo, en 2022 y que ya lleve tres años, no se convertirá automáticamente en indefinido al cumplir el cuarto año en 2026. Solo a partir del 25 de junio de 2029, si sigue vigente, podría cambiar de modalidad.La conversión, según la experta, será automática desde el punto de vista legal, aunque podría requerir intervención judicial en caso de disputas: “Lo que el juez va a hacer es decir: este contrato se convirtió por disposición legal en contrato indefinido”.La medida busca evitar que empresas mantengan indefinidamente a sus empleados bajo figuras temporales. “Nadie va a mantener más de cuatro años, después del 25 de junio hacia adelante, un contrato fijo porque se va a convertir en indefinido”, dijo Carrión, señalando que esto obligará a las compañías a revisar y reorganizar sus políticas de contratación y provisiones contables.No obstante, esta regla no aplica a todos los casos. Por ejemplo, los profesores contratados bajo la modalidad de “año calendario”, según el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, no están cobijados por esta disposición: “Esos contratos no se tocan por la reforma laboral, siguen iguales”, precisó la experta.La reforma, que incluye además cambios en los contratos de aprendizaje, condiciones para trabajadores domésticos y regulación para plataformas digitales, aún tiene varios aspectos por reglamentar en los próximos 12 meses. Mientras tanto, empresas y trabajadores deben prepararse para un reordenamiento profundo en sus relaciones laborales.Escuche la entrevista completa aquí:
Después de varias semanas se negociación hay humo blanco para la reforma laboral del sector público: la promesa del Gobierno de acabar los contratos de prestación de servicios.El acuerdo final dice que las entidades públicas tendrán 60 para hacer los estudios de carga laboral y determinar cuántas gente debe ser contratada por el Estado. Los estudios serán financiados directamente por el gobierno para evitar que el acuerdo 'se embolate' por falta de plata.Con esos datos en mano, el Gobierno definirá cuáles vacantes se abren en cada entidad. La pelea será si esas serán plantas temporales como proponen algunas voces dentro del Gobierno o plantas permanentes como quieren las centrales obreras."Se va a iniciar este año de manera acelerada con los estudios de planta de personal y con la posibilidad de que este mismo año de hagan los concursos de tal manera que al final del cuatrienio esté resuelto este fenómeno tan discriminatorio con los empleados del sector público como es tenerlos en ese sistema de órdenes de prestación de servicios", dijo a Blu Radio el negociador de la CUT, Fabio Arias.El Sena es una de las primeras entidades que pasará a la fila de los concursos ya que es una de las principales usuarias de los contratos por prestación de servicios. El Ministerio del Trabajo está proponiendo la creación de 10.000 vacantes para instructores y unas 2.400 más para empleados administrativos. La decisión final depende de una reunión del Consejo Directivo en julio próximo.Quienes hoy trabajan como contratistas no tienen garantizado un cupo en las nuevas plantas y deberán competir por su lugar en un concurso junto a cualquier interesado.Todos los concursos pasan por el filtro de la Comisión Nacional del Servicio Civil así que si está interesado en trabajar con el Estado es buena idea que inscriba su hoja de vida y esté atento a las convocatorias.El cronograma de trabajo implica que en 2023 será muy poco posible comenzar en enganche de trabajadores a las nuevas plantas. Este año la contratación está limitada además por el arranque de la Ley de Garantías Electorales.Le puede interesar
Los sindicatos están admitiendo que la promesa del Gobierno de acabar con los contratos de prestación de servicios solo podrá empezar a cumplirse en 2024 por temas técnicos relacionados con el presupuesto.Aunque el Gobierno y sus sindicatos ya lograron un acuerdo en cuanto al aumento salarial para los servidores públicos (que será del 14.62 % este año), las negociaciones de la Mesa Estatal continúan porque el tema clave en discusión es justamente este: la ampliación de plantas de personal de varias entidades del estado para dejar atrás los contratos de prestación de servicio, las famosas OPS.El presidente de la CUT, Francisco Maltés, espera un acuerdo definitivo entre las partes antes del 15 de junio."Eso nos da los tiempos para que lo que aquí acordemos sea incorporado en el ante proyecto de presupuesto que elabora Planeación y pueda ser incorporada una partida adicional para la formalización en el presupuesto general de la nación del año entrante", dijo a Blu Radio el presidente de la CUT, Francisco Maltés.Los sindicatos calculan que 1,200,000 personas trabajan con el Estado a través de órdenes de prestación de servicios lo que implica que no acceden a prestaciones como primas, cesantías, vacaciones o el pago de seguridad social. Sin embargo, el objetivo no será contratar a todas esas personas, sino solamente a quienes cumplen funciones permanentes.A finales del año pasado el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió una circular para limitar a cuatro meses la contratación a través de órdenes de prestación de servicios con la idea de comenzar la formalización de una vez en 2023. Muchos de esos contratos terminaron en abril o ya están por acabarse.El plan de formalización de función pública implica crear unos 700.000 empleos temporales.Siga la discusión de la reforma laboral en vivo:
Este jueves, 16 de marzo, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó ante el Congreso su propuesta de reforma laboral. Estos los puntos más importantes de la reforma laboral:Vuelven los recargos nocturnos después de las 6:00 de la tarde: según el Gobierno esta medida implicará un aumento del 13.3 % en el costo de contratación de un trabajador de salario mínimo.Aumento salarial automático: todos los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos ($2.320.000) tienen derecho a que les suban el sueldo cada año de acuerdo a la inflación.Apps de domicilios tendrán que pagar primas, vacaciones y seguridad social: en esta reforma, se considera que los trabajadores de plataformas de entrega sean empleados con todos sus derechos. El pago de sus prestaciones y seguridad social se va a hacer de forma proporcional así que las empresas tendrán que hacer la conversión de horas de trabajo o conexión por día en semanas por mes.Agricultores podrán contratar por días: se crea la modalidad de jornal agropecuario para los trabajadores del campo. En esta modalidad se hace un solo pago de todas las prestaciones y la seguridad social se hace proporcional al tiempo trabajado. Sin embargo, la unidad mínima para cotizar a salud y pensiones es una semana.Menos contratos temporales y más indemnización por despido: hoy una persona podría estar contratada indefinidamente bajo contratos a término fijo que se renuevan año a año, según esta reforma, eso se acabaría porque máximo una persona podrá estar a término fijo durante dos años. Seguirán existiendo los contratos por obra o labor y los de prestación de servicio, pero no se pueden usar para tareas permanentes de una empresa. Además, se aumenta a un mínimo de 45 días la indemnización por despido sin justa causa.Más licencia de paternidad: la licencia de paternidad sería de 5 semanas desde 2023; 8 semanas en 2024 y 12 semanas en 2025. Actualmente, la licencia de paternidad es de dos semanas, pero la madre puede ceder al padre parte de su licencia para regresar al trabajo antes.Jornada flexible para quien tiene hijos: un trabajador con responsabilidades familiares, como menores de edad o adultos mayores a su cargo, podrá proponer a su empresa la implementación de jornadas de trabajo flexibles apoyadas por la tecnología. Una vez recibe la solicitud la empresa tiene cinco días hábiles para decir si acepta, si modifica la propuesta o si niega la petición.Protección para los desplazados por la tecnología o la descarbonización: dos de los artículos de la iniciativa buscan que las empresas tomen acciones para darles nuevas oportunidades laborales a quienes perderán sus trabajos por cuenta de la tecnología o el cierre de minas y operaciones petroleras. Las empresas de minas y energía deberán crear un fondo para pagar la seguridad social de sus extrabajadores de forma temporalFutbolistas serán empleados: tanto los futbolistas como otros deportistas profesionales tendrán que ser contratados a través de un contrato laboral y no a través de un contrato civil que es la figura más usada en la actualidad.Se fortalecen los sindicatos: la reforma incluye varias medidas para quitarle obstáculos a la sindicalización de los trabajadores. Por ejemplo, se prohibirá a las compañías dar incentivos a los trabajadores por no afiliarse a un sindicato. También se amplía el derecho a la huelga (incluso a servicios esenciales) y se establece la posibilidad de tener negociaciones por sectores económicos o ramas de actividad.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Este lunes, 27 de febrero, se conoció el borrador del proyecto de ley de la reforma laboral por parte del Ministerio de Trabajo en el que varios puntos siguen estando en mesa de debate entre gremios de trabajadores. Entre los puntos de discusión están las horas extra y el recargo nocturno, temas que levantan ampolla entre los empresarios y los trabajadores.Desde el sector de las medianas y pequeñas empresas, que agrupa el 80 % de la fuerza laboral del país y de representantes de los trabajadores se debatió en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la iniciativa que será discutida ampliamente.Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Micro, medianas y Pequeñas Empresas, Acopi, mostró su preocupación por el articulado e indicó que estas reformas se han manejado siempre de forma aislada.“Es sumamente preocupante. Nosotros desde el sector empresarial hacemos un gran esfuerzo, no solamente por generar empleo, sino por mantenerlo que es de bastante importancia. Algo que le sucede al país, tanto al Congreso como al Ejecutivo, es que miramos las reformas de manera aislada y es que se están planteando una serie de transformaciones en el aparato productivo. Tenemos un país que está sufriendo las consecuencias mundiales pandemia y de guerra”, señaló.La directiva indicó que, a su modo de ver, con esta reforma no se podrá generar empleo y pone en duda que se mantengan los que se han creado.Por su parte, Percy Oyola, presidente del CGT (Confederación General del Trabajo), se refirió a si esta reforma aumentaría la informalidad y el desempleo en el país.“No es obviamente el efecto que se quiere, pretendemos que la reforma laboral no solamente mejore las condiciones de trabajo, sino que avancemos hacia la integralidad del concepto de trabajo decente”, señaló el representante sindical.Además, indicó que lo que debe buscar la reforma es nivelar por lo alto a los trabajadores y que se cierren las brechas de precarización laboral que, según él, existen en el país.La directora de Acopi, resaltó la importancia de los cambios que vendrán con las reformas, pero enfatizó en la importancia de discutirlas bien y que se hagan consensos entre las partes.“Estamos con un Gobierno que quiere un cambio total y está haciendo una cantidad de reformas, y todas sin exclusión van a tener un impacto sobre el tejido empresarial y sobre los ciudadanos”, señaló.Finalmente, Quintero mencionó que es vital pensar en los jóvenes que empiezan su vida laboral y que no han tenido la oportunidad de acceder a un empleo; esto traído a colación por el tema de los cambios en los contratos de aprendizaje que se mencionan en el borrador de la actual reforma.
Cuatro meses, como planteó el Departamento de Función Pública para la transición de contratos de prestación de servicios a nómina, es un plazo y una “carga” imposible de ejecutar, según indicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a través de una carta dirigida al secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández Andrade.En la misiva, conocida por Blu Radio, la ministra Ramírez envió una serie de observaciones sobre el lineamiento del plan de formalización del empleo público en el país. Según recalcó, la expedición de la circular No. 100-005-2022 no tuvo una previa articulación de las normas, lo que “dificulta” la gestión para realizar el proceso de nóminas."(…) Se observa que al expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponen y, por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades publicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa (…) Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, se lee en el documento.La carta fue radicada el pasado 30 de diciembre de 2022 y en esta enfatiza que, según la ministra, no se atendieron las recomendaciones del Ministerio de Trabajo ni los principios legales para emitir la circular, por lo que ahora se propone una serie de “recomendaciones”.Entre estas, está que durante el 2023 las entidades públicas realicen, en una primera fase, un proceso de formalización laboral de “implementación progresiva que de prevalencia a los auxiliares técnicos y personal asistencial” del sector público.Añade que los estudios técnicos de cargas laborales deben responder a criterios de “razonabilidad y proporcionalidad en consideración de las necesidades de cada entidad”. Esto, contando con la respectiva viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda.Esta es la carta completa:
Blu Radio revela dos borradores de reforma laboral presentados por los sindicatos al Gobierno, en medio de las sesiones de negociación de la iniciativa. Los puntos gruesos de la propuesta tienen que ver con fuertes límites a los contratos a término fijo, pasar de dos a tres dotaciones al año y mayores garantías para los trabajadores que decidan realizar huelgas. El primer documento aborda el derecho colectivo del trabajo y busca ampliar el derecho de huelga. Por ejemplo, permitiría la huelga para los trabajadores de servicios públicos esenciales siempre que garanticen los “servicios mínimos”, cosa que hoy está prohibida.Según la propuesta los servicios mínimos son las operaciones “estrictamente necesarias para no comprometer los derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad o el acceso a la acción de tutela, de toda o parte de la población”. El tipo de operaciones incluidas deben ser definidas antes de la hora cero de la huelga.La huelga ya no tendría un tiempo máximo de 60 días como ocurre hoy, cuando el caso pasa directamente a un tribunal de arbitramento, y además se limitan las posibilidades de que un juez pueda declarar que una huelga es ilegal.“Mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persista en la huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio de este derecho y no autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de grupos de trabajadores, aunque éstos manifiesten su deseo de hacerlo”, indica el proyecto.Los sindicatos piden también multas e incluso cárcel para quienes se opongan a una huelga legítima o les ofrezcan beneficios a sus empleados por no afiliarse a los sindicatos.El segundo documento aborda los derechos individuales y el objetivo es acabar por completo con los contratos sindicales además de ponerles límites a los contratos a término fijo. Los contratos a término fijo ahora solo podrán ser por un año y a la tercera vez que se renueven se convertirán en indefinidos. También tendrán que ser específicos en cuál es la obra o labor que se va a hacer, o a quién se está reemplazando en caso de incapacidades o licencias de maternidad.Los sindicatos también piden que se aumente de dos a tres, la entrega de dotaciones cada año por parte de las empresas.Conozca los documentos:
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.