Los sindicatos están admitiendo que la promesa del Gobierno de acabar con los contratos de prestación de servicios solo podrá empezar a cumplirse en 2024 por temas técnicos relacionados con el presupuesto.
Aunque el Gobierno y sus sindicatos ya lograron un acuerdo en cuanto al aumento salarial para los servidores públicos (que será del 14.62 % este año), las negociaciones de la Mesa Estatal continúan porque el tema clave en discusión es justamente este: la ampliación de plantas de personal de varias entidades del estado para dejar atrás los contratos de prestación de servicio, las famosas OPS.
El presidente de la CUT, Francisco Maltés, espera un acuerdo definitivo entre las partes antes del 15 de junio.
"Eso nos da los tiempos para que lo que aquí acordemos sea incorporado en el ante proyecto de presupuesto que elabora Planeación y pueda ser incorporada una partida adicional para la formalización en el presupuesto general de la nación del año entrante", dijo a Blu Radio el presidente de la CUT, Francisco Maltés.
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Los sindicatos calculan que 1,200,000 personas trabajan con el Estado a través de órdenes de prestación de servicios lo que implica que no acceden a prestaciones como primas, cesantías, vacaciones o el pago de seguridad social. Sin embargo, el objetivo no será contratar a todas esas personas, sino solamente a quienes cumplen funciones permanentes.
A finales del año pasado el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió una circular para limitar a cuatro meses la contratación a través de órdenes de prestación de servicios con la idea de comenzar la formalización de una vez en 2023. Muchos de esos contratos terminaron en abril o ya están por acabarse.
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El plan de formalización de función pública implica crear unos 700.000 empleos temporales.
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