Contratos de prestación de servicios

La Corte Constitucional se pronunció tras estudiar dos tutelas en casos distintos. Uno de los casos analizados fue el de una contratista de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien tenía un contrato de prestación de servicios y fue hospitalizada por trastorno bipolar, discopatía cervical y lumbar y radiculopatía lumbar.Pese a estar incapacitada y haber sido calificada con discapacidad física, el contrato fue terminado sin autorización del inspector del trabajo.En otro caso, una trabajadora vinculada a la Secretaría de Educación fue retirada del cargo pese a haber sido diagnosticada con mastitis granulomatosa crónica y carcinoma papilar de tiroides, luego de que la entidad reintegrara a la titular del puesto.En el caso de la contratista, la Corte Constitucional determinó que se vulneró el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada porque la terminación del contrato se basó en su estado de salud y no contó con autorización del inspector del trabajo. Por ello, ordenó renovar el contrato en iguales o mejores condiciones, pagar los honorarios dejados de percibir e indemnizarla con el equivalente a 180 días.Respecto al caso de la funcionaria provisional, el tribunal señaló que tenía estabilidad relativa y ordenó a la Secretaría de Educación que, si existe vacante, la vincule nuevamente en un cargo de la misma jerarquía y adopte medidas de acción afirmativa para servidores en situación de debilidad manifiesta.El alto tribunal recordó que, según su jurisprudencia, para que opere la estabilidad reforzada deben cumplirse tres condiciones: en primer lugar, que la persona esté en situación de debilidad manifiesta por razones de salud; que el empleador conozca esa condición; y que la terminación del vínculo no tenga una justificación objetiva.

Contratos de prestación de servicios

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