El expresidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, luego de la divulgación en redes sociales de un video grabado por parte de Deicy Jiménez, quien asegura haber recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales con el entonces presidente. Ante la polémica desatada, Petro rechazó las acusaciones de corrupción en el manejo de la contratación del Estado y aseguró que defenderá su posición ante los tribunales con la verdad.Las denuncias de Deicy Jiménez y en videoDeicy Jiménez, de 26 años de edad, publicó una grabación de 54 segundos que muestra una conversación íntima con el exmandatario como prueba para sustentar sus afirmaciones. De acuerdo con su testimonio, Jiménez sostiene haber recibido vinculaciones contractuales en el sector público durante un periodo de cinco años, iniciando desde cuando Petro era senador, a cambio de servicios sexuales y personales.Entre los contratos señalados por la denunciante se incluyen apoyos en el Senado de la República en 2023 durante la vicepresidencia de María José Pizarro, vinculaciones en la Superintendencia de Vigilancia en 2025 y en el Ministerio del Interior entre 2025 y 2026 bajo la dirección de Armando Benedetti. Además, la denunciante afirmó que habrían más mujeres involucradas en situaciones similares.La respuesta oficial de Gustavo PetroFrente a la difusión del video, Gustavo Petro se manifestó públicamente a través de la red social X sosteniendo: "Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie". El exmandatario remarcó que las mujeres que laboraron en su gobierno lo hicieron por su capacidad y esfuerzo profesional, solicitando que no se afecte su buen nombre dentro del debate político.En su mensaje, Petro argumentó que el video no ha sido examinado por ningún perito ni valorada por un juez, enfatizando que en dicho material "no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno". Asimismo, el dirigente señaló que acatará la reserva dispuesta por el magistrado a cargo y cuestionó que el material íntimo sea reproducido mediáticamente como una cortina de humo frente a la discusión de otros temas de interés nacional.Investigaciones en cursoLas denuncias han abierto diversos frentes en los organismos de investigación del Estado. La denunciante ya presentó su declaración previa ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que la Procuraduría General de la Nación adelanta una indagación previa. De igual forma, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal en la que citará a declarar a exfuncionarias como Laura Sarabia y Angie Rodríguez.En el marco legal, los señalamientos podrían derivar en el análisis de posibles conductas punibles relacionadas con peculado por apropiación, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos o firma de contratos sin requisitos legales. Por otro lado, la defensa jurídica de Jiménez, liderada por la abogada Diana Luz Malo Andrade, confirmó que el video será entregado formalmente a las autoridades competentes, luego de que su anterior abogado, Felipe Caballero, renunciara por motivos de seguridad. Tanto la denunciante como Petro han instado a las autoridades a garantizar la protección y seguridad de las partes y testigos que participan en el proceso.
Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de Colombia, denunció penalmente al expresidente Gustavo Petro ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La acción busca que se investiguen los señalamientos sobre la presunta entrega de contratos estatales a mujeres a cambio de favores sexuales, revelados en una entrevista publicada por la revista Semana.Enciso tomó la decisión tras conocerse la publicación del semanario, señalando que la información evidencia cómo el exmandatario habría usado su posición de poder e influencia para beneficiar a varias mujeres con vinculaciones estatales.El exsecretario de Transparencia enfatizó que "esa conducta es evidentemente una conducta delictiva que amerita una respuesta urgente" por parte de la justicia y del Congreso. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las indagaciones correspondientes, pidiendo que "recaude y proteja las pruebas, pero sobre todo proteja a las víctimas" que decidan declarar.La denuncia se fundamenta en las declaraciones entregadas a la revista por una mujer identificada como Deicy Jiménez, quien afirmó haber conocido al entonces senador Gustavo Petro en 2019 a través de un sitio web para adultos.Según su relato, tras un primer encuentro íntimo en Cali, mantuvo una relación con él durante cinco años, periodo en el que habría accedido a múltiples contrataciones en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior como contraprestación por favores sexuales.La denunciante sostuvo además que existirían entre 30 y 40 mujeres en circunstancias similares. Dentro de sus revelaciones, detalló episodios vinculados al consumo de cocaína, asegurando que en una ocasión el exmandatario le entregó tres millones de pesos en efectivo para adquirir la sustancia y transportarla en avión hasta su apartamento en Bogotá, aportando fotografías de dinero y papeletas como supuestas pruebas.A este escenario se suman los señalamientos del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, quien anunció durante un debate en la Comisión Segunda del Senado que denunciará formalmente al expresidente por la supuesta "instrumentalización" de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) en la Casa de Nariño.
En una nueva circular, el Gobierno nacional planteó los lineamientos para la austeridad, la racionalización de la vinculación de personal de libre nombramiento y remoción y la contratación de servicios profesionales.El documento que será enviado a ministros y directores de entidades señala que todo nombramiento debe responder a una necesidad cierta, verificable y compatible con las disponibilidades presupuestales.“Como criterio general de programación y austeridad las entidades destinatarias orientarán la previsión de los empleos de libre nombramiento y remoción de su planta global hasta un máximo equivalente al 60 % de los cargos de esa naturaleza legalmente previstos y susceptibles se provisión”, señala el documento.Sin embargo, para este cálculo se van a excluir algunos cargos como los del ministro, viceministros y director de departamento administrativo. También hay una instrucción que señala que debe garantizarse la inexistencia de la duplicidad.Sobre los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión cada entidad va a consolidar como línea base el universo y valor de los contratos celebrados durante las vigencias 2025 y 2026 para atender labores de la entidad.“Sobre dicha línea base, la programación de nuevas contrataciones se orientará a un máximo del veinticinco por ciento (25 %), aplicando el criterio de manera que no genere una base artificialmente superior ni permita duplicidades entre vigencias. La metodología de cálculo deberá quedar documentada y ser verificable”, se lee en la circular.Las excepcionesSin embargo también hay excepciones justificadas, por ejemplo, cuando se trate de servicios esenciales, seguridad y protección, atención de emergencias, proyectos con financiación o destinación específica o compromisos internacionales.“Antes de solicitar nuevas vinculaciones o contratos, las entidades deberán evaluar redistribución de cargas, movilidad interna, uso de capacidades existentes, simplificación de procesos, interoperabilidad, automatización y demás mecanismos que permitan cumplir las funciones con menor gasto recurrente”, dice la circular.Los ministerios y departamentos deberán consolidar trimestralmente la información de su sector relacionada con temas como la planta autorizada, número y valor de contratos de prestación de servicios con personas naturales ahorro estimado y medidas correctivas.“El Dapre efectuará seguimiento en el marco de sus competencias de coordinación de prioridades gubernamentales. Este reporte trimestral sectorial se presenta para efectos del seguimiento de la presente circular, sin perjuicio del seguimiento y la evaluación semestral de las categorías de gasto incluidas en los planes internos de austeridad y de los reportes previstos en el Decreto 618 de 2026, el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y las demás normas vigentes”, explica el documento.
La Corte Constitucional se pronunció tras estudiar dos tutelas en casos distintos. Uno de los casos analizados fue el de una contratista de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien tenía un contrato de prestación de servicios y fue hospitalizada por trastorno bipolar, discopatía cervical y lumbar y radiculopatía lumbar.Pese a estar incapacitada y haber sido calificada con discapacidad física, el contrato fue terminado sin autorización del inspector del trabajo.En otro caso, una trabajadora vinculada a la Secretaría de Educación fue retirada del cargo pese a haber sido diagnosticada con mastitis granulomatosa crónica y carcinoma papilar de tiroides, luego de que la entidad reintegrara a la titular del puesto.En el caso de la contratista, la Corte Constitucional determinó que se vulneró el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada porque la terminación del contrato se basó en su estado de salud y no contó con autorización del inspector del trabajo. Por ello, ordenó renovar el contrato en iguales o mejores condiciones, pagar los honorarios dejados de percibir e indemnizarla con el equivalente a 180 días.Respecto al caso de la funcionaria provisional, el tribunal señaló que tenía estabilidad relativa y ordenó a la Secretaría de Educación que, si existe vacante, la vincule nuevamente en un cargo de la misma jerarquía y adopte medidas de acción afirmativa para servidores en situación de debilidad manifiesta.El alto tribunal recordó que, según su jurisprudencia, para que opere la estabilidad reforzada deben cumplirse tres condiciones: en primer lugar, que la persona esté en situación de debilidad manifiesta por razones de salud; que el empleador conozca esa condición; y que la terminación del vínculo no tenga una justificación objetiva.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría implementado una “nómina paralela” mediante la firma de más de 101.400 contratos de prestación de servicios durante el mes previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, medida que restringe la contratación estatal en tiempos preelectorales. De acuerdo con Briceño, el monto total de estos contratos asciende a 6 billones de pesos, cifra que considera “la más alta en la historia del Estado colombiano”.En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal señaló que, según sus revisiones en el SECOP y los datos abiertos del Gobierno, la firma masiva de contratos “constituye un aumento del 74% en comparación con el último periodo de ley de garantías durante el gobierno Duque”. Briceño sostuvo que, mientras en ese entonces se firmaron contratos por 32 billones, el actual gobierno ya ha comprometido 61 billones de pesos.“Estamos hablando de una cifra récord. Son 101.400 contratistas nuevos en el Gobierno nacional, lo que confirma la existencia de una nómina paralela en un momento en que supuestamente hay crisis fiscal”, aseguró Briceño.Contratos en el límite de la Ley de GarantíasLas denuncias se conocieron justo cuando comenzó a regir la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, que prohíbe la contratación directa con entidades públicas o la celebración de nuevos contratos en los cuatro meses previos a las elecciones. Según el concejal, la firma masiva de contratos busca asegurar apoyos políticos de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2026.“Es evidente que se está utilizando la figura de la prestación de servicios para ampliar la nómina estatal con fines políticos”, afirmó el cabildante. “Esto ocurre justo antes de la entrada de la Ley de Garantías, lo que enciende todas las alertas sobre un uso electoral de los recursos públicos”.Entre las entidades mencionadas por Briceño están Colpensiones, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de la Igualdad, donde —dijo— se han creado miles de cargos en planta o mediante contratos temporales.Denuncias específicas y posibles beneficiariosEl concejal apuntó directamente a altos funcionarios y estructuras políticas afines al Pacto Histórico, movimiento que encabeza el presidente Petro. Mencionó un crecimiento atípico de contratistas en la Agencia Nacional de Tierras, donde “la cifra pasó de 1.400 a casi 7.000 personas vinculadas”, lo que —según él— reflejaría “una agenda política orientada a favorecer candidaturas en regiones como el Meta”.Briceño también cuestionó la reasignación de cargos diplomáticos, como el nombramiento del exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, en el consulado de Bruselas, Bélgica. “Este tipo de designaciones violan el espíritu de la carrera diplomática y refuerzan la sospecha de un uso discrecional del poder político”, puntualizó.En su intervención, el cabildante denunció además que “hijos de congresistas aliados al Gobierno” han obtenido contratos de prestación de servicios días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Como ejemplo, sostuvo que “el hijo del senador Ahmed Scaf firmó dos contratos con entidades distintas siendo recién graduado, lo que demuestra que estos recursos no son para fortalecer el Estado, sino para beneficiar a los políticamente cercanos”.Incoherencia con la reforma laboral del GobiernoBriceño también calificó como “contradictorio” que el Ejecutivo recurra de forma masiva a las Ordenes de Prestación de Servicios (OPS) mientras impulsa una reforma laboral que busca eliminar dicha figura por considerarla una forma de precarización.“Un gobierno que prometió terminar los contratos de prestación de servicios los está multiplicando. Esto va en contravía de su propio discurso y de la reforma laboral que propone formalización”, dijo el concejal.El cabildante aseguró que algunos cargos contratados “sí son necesarios”, como abogados o técnicos especializados, pero subrayó que otros perfiles, como periodistas digitales contratados por RTVC, “resultan difíciles de justificar en un contexto de crisis fiscal”.Contexto político y reacción pendiente del GobiernoHasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento formal frente a las denuncias. El presidente Petro ha sostenido en ocasiones anteriores que el aumento de contratación en el sector público responde a un proceso de “formalización laboral”, lo cual ha defendido como una medida para regularizar la situación de trabajadores estatales sin vínculo laboral estable.
La reforma laboral vuelve a encender el debate entre empresas y trabajadores colombianos. Con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, muchas prácticas que durante años fueron comunes ya no serían avaladas por el Estado, en especial el uso de los llamados contratos por prestación de servicios para cargos que, en la práctica, funcionan como empleos formales.La nueva normativa no solo modificó recargos, jornadas y pagos adicionales, sino que también dejó un mensaje claro: cuando hay subordinación, horarios y órdenes directas, no se puede hablar de independencia. Este cambio obliga a las empresas a revisar con detenimiento sus esquemas de contratación.Reforma laboral y contratos por prestación de servicios en ColombiaLa ley endureció las reglas y ajustó el marco de contratación en el país. Los contratos a término fijo no podrán extenderse por más de tres años; de hacerlo, se convertirían automáticamente en indefinidos. Además, el Código Sustantivo del Trabajo reafirma que la prestación de servicios no admite subordinación ni cumplimiento de horarios.En ese sentido, Lina Rood, especialista en seguridad social, señaló que existen cargos que, por su naturaleza, no pueden vincularse bajo esta modalidad. Entre ellos se encuentran:ConductoresPersonal de enfermeríaMédicos generalesTrabajadores de servicios generalesEstilistasMasajistasSegún explica la experta, estas labores suelen exigir turnos, continuidad y órdenes directas, lo que configura claramente una relación laboral.Empresas bajo la lupa del Ministerio del TrabajoRood también advirtió que muchos contratos que se presentan como “independientes” no lo son en la práctica, pues existe subordinación, horarios definidos y dependencia económica, aspectos que ahora serán revisados caso por caso.Y no se trata solo de una advertencia. El Ministerio del Trabajo ya ha realizado visitas sorpresa a varias empresas, incluidas grandes cadenas de supermercados, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ley y ajustar aquellas prácticas que no se alinean con la nueva reforma laboral.
La definición del salario mínimo para 2026, que en Colombia quedó fijado en $1.750.905 con un incremento cercano al 23 %, trae efectos directos para distintos sectores laborales, especialmente para los trabajadores independientes y contratistas, quienes deberán asumir un aumento significativo en sus aportes a seguridad social.De acuerdo con la normativa vigente, la base de cotización de los independientes se calcula exclusivamente sobre el salario mínimo legal mensual vigente, sin incluir el auxilio de transporte. Esto significa que, a partir de 2026, ningún trabajador independiente podrá cotizar por debajo de los $1.750.905, valor que se convierte en el nuevo piso obligatorio para liquidar salud y pensión.El ajuste se traduce en un aumento considerable en el pago mensual de la planilla. Mientras que en 2025 el total de aporte a seguridad social era de $413.000, para 2026 el valor asciende a $508.000, lo que representa un incremento de $95.000. Este aumento impacta de forma directa el ingreso disponible de quienes trabajan bajo contratos de prestación de servicios o de manera autónoma.La medida ha generado preocupación entre los independientes. Jerónimo Sánchez, trabajador por prestación de servicios, advirtió que el incremento en los aportes no guarda proporción con los ajustes contractuales. “Va a ser un poco frustrante ver el gran aumento de ese pago de la planilla, comparándolo con el 7%, en mi caso, se aumentó en mi contrato”, señaló.En la misma línea, Rodrigo Suárez aseguró que el alza tendrá un impacto mayor por tratarse del incremento más alto de los últimos años. “Solo en salud se nos va a subir la planilla que tenemos que pagar por obligación, porque nunca se paga por menos del salario mínimo, al contrario, se ajusta con él por más de cien mil pesos”, afirmó.A esta situación se suma la incertidumbre por el aumento del costo de vida. Rubí Páez explicó que el alza del salario mínimo también encarece otros rubros que los independientes deben asumir sin que necesariamente vean un incremento en sus ingresos. “Nos perjudica porque aumentan las prestaciones sociales que pagamos de nuestro propio sueldo y no vemos ningún aumento en lo que ganamos. Además, sube el arriendo, los servicios y otros gastos básicos”, dijo.Ante este panorama, distintos trabajadores independientes coinciden en la necesidad de que el Gobierno impulse proyectos o iniciativas que revisen y redefinan los criterios de cotización a seguridad social para quienes no cuentan con ingresos estables. Mientras tanto, el nuevo salario mínimo ya empieza a reflejarse en mayores obligaciones mensuales para este sector de la población laboral.
En rueda de prensa el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, presentó un balance de los resultados del empalme con el gobierno saliente, en el que anunció 11 alertas que según él, son prioridad dentro de sus primeras acciones como el líder de los bumangueses.El mandatario habló del contrato de puntos críticos de limpieza en la ciudad y afirmó que el convenio interadministrativo entre la Emab , Alcaldía y Gobernanción, carecía de sustento técnico, jurídico y presupuestal al comprometer $16.000 millones del presupuesto 2026, que no están disponibles para esa destinación.Lo que más llamó la atención, fue la denuncia de Cristian Portilla por la contratación de prestación de servicios que se celebraron a lo largo de estos 2 meses, personal adscrito al Despacho del alcalde, OATIC y la Oficina de prensa.“Se han destinado cerca de $366 millones en cerca de 20 contratos. Por ejemplo, un periodista muy reconocido a nivel nacional de nombre Rafael Poveda, donde su objeto contractual es prestar servicios profesionales especializados como comunicador social en el área de comunicaciones y prensa con un plazo de 24 días”, expresó Portilla.El mandatario afirmó que estos contratos son materia de investigación sobre la idoneidad en la que se ejecutaron y confirmó la insubsistencia de 16 directivos de forma irregular, sin provisión oportuna de los cargos correspondientes, como es el caso de la Secretaría de Educación e INVISBU.También hizo una advertencia sobre el convenio de la Planta de Tratamiento de Lixiviados, PTLX, en El Carrasco donde confirmó que esta no inició a funcionar en el momento en que debía, sino hasta el 12 de diciembre. Además de eso, cuestionó el manejo de la Unidad de Bienestar Animal y de la Casa Buhó. Se espera que en los próximos días el alcalde de Bucaramanga de a conocer qué va a suceder con las obras de infraestructura inconclusas en la ciudad.
Si la Corte llega a avalar el nuevo sistema pensional, se va a requerir una enorme cantidad de ajustes operativos y varios agentes le han pedido que no sea de aplicación inmediata.El Banco de la República, por ejemplo, dice que necesita al menos tres meses para poder poner en marcha el fondo de ahorro del nuevo sistema (que podría recoger 10 billones solo en el primer año) y los operadores de la PILA pidieron 6 meses para ajustar todos los sistemas y que las cotizaciones lleguen a donde deberían llegar.¿Qué va a pasar con quienes trabajan por prestación de servicios?Según la reforma, los contratistas dejarían de pagar salud y pensión y su contratante simplemente tendría que descontarles ese valor de los honorarios. Sin embargo, el decreto reglamentario dejó ese camino como una opción y no como una obligación.¿Qué pasará con los que se trasladaron usando la ventana pensional y con sus 25 billones de ahorros?Más de 110.000 personas que están a menos de diez años de pensionarse se han movido de los fondos privados a Colpensiones usando la ventana de traslado.Sin embargo, los 25 billones de pesos que esos afiliados han ahorrado durante su vida están en las AFP hasta el momento en que pidan la pensión, porque así lo determinaba la reforma pensional.¿Qué pasa si se cae la reforma? Según Asofondos, la Corte debería considerar que el espíritu del Congreso era que esos recursos se ahorraran en lugar de convertirse en gasto. También le advirtió a la Corte que obligar a los agentes a ‘liquidar’ activos para hacer los traslados puede impactar el precio de los bonos del gobierno en el mercado.¿Tendrán los indígenas y campesinos su propio sistema pensional?En medio de la falta de mayorías para aprobar la reforma pensional, el Gobierno avaló una proposición del senador Richard Fuelantala con la que no estaba de acuerdo: establecer requisitos diferenciales para que indígenas y campesinos accedan a la pensión. Incluso el Gobierno pidió eliminar este artículo en el debate de la Cámara de Representantes.Según análisis de ANIF, podríamos estar hablando de casi una tercera parte de la población que podría ‘entrar’ bajo esa sombrilla.¿Los pensionados quedarán pagando impuesto a la renta?Uno de los artículos demandados por la senadora Paloma Valencia es el que establece que las pensiones estarán gravadas por encima de las mil UVT. Según la demanda, si el artículo queda vivo, el límite no será anual sino mensual y afectará a quienes tienen mesadas por encima de los 4.1 millones de pesos.
Las cesantías son una prestación social que los empleadores deben pagar a sus empleados en Colombia, pero no todos los trabajadores tienen derecho a recibirla. Ya sea por el tipo de contrato o por la formalidad laboral, existen excepciones en el pago de las cesantías.Trabajadores excluidos de las cesantíasTrabajadores que reciben salario integral: estos trabajadores no reciben cesantías adicionales, ya que estas se encuentran incluidas en el porcentaje que se les otorga como factor prestacional.Trabajadores independientes: los trabajadores independientes no tienen derecho a cesantías, pero se les recomienda ahorrar voluntariamente en un Fondo de Cesantías para tener una previsión en caso de quedar cesantes.Trabajadores con contrato por prestación de servicios: estos trabajadores no tienen derecho a cesantías, pero se les recomienda ahorrar voluntariamente en un Fondo de Cesantías.Fecha límite para consignar las cesantíasLos empleadores tienen como fecha límite el 14 de febrero de cada año para consignar las cesantías de sus empleados en un fondo público o privado.>> Lea también: Lo que debe saber un trabajador sobre el pago de cesantías; ¿cuánto es y dónde las consignan? Para qué se pueden retirar las cesantíasLas cesantías se pueden retirar para diferentes fines, como:Compra o remodelación de vivienda: los trabajadores pueden utilizar sus cesantías para comprar o remodelar una vivienda.Estudios de educación superior: las cesantías también se pueden utilizar para pagar estudios de educación superior.Desempleo: los trabajadores pueden retirar sus cesantías cuando se encuentren cesantes o sin empleo.Cómo calcular de las cesantíasEl valor a liquidar como cesantías corresponde a un salario mensual por cada año trabajado o proporcional al período de tiempo laborado durante el año. La fórmula para hacer el cálculo es:Salario mensual x días trabajados / 360Sanciones por no consignar las cesantíasLos empleadores que no consignen las cesantías de sus empleados a tiempo pueden enfrentar sanciones, como:Una sanción moratoria de un día de salario por cada día de mora en la consignación.Multas que van entre $1.000.000 y $5.000.000.000.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".