Gobierno creó nómina paralela para favorecer en elecciones al Pacto Histórico, dice Daniel Briceño

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría implementado una “nómina paralela” mediante la firma de más de 101.400 contratos de prestación de servicios durante el mes previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, medida que restringe la contratación estatal en tiempos preelectorales. De acuerdo con Briceño, el monto total de estos contratos asciende a 6 billones de pesos, cifra que considera “la más alta en la historia del Estado colombiano”.En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal señaló que, según sus revisiones en el SECOP y los datos abiertos del Gobierno, la firma masiva de contratos “constituye un aumento del 74% en comparación con el último periodo de ley de garantías durante el gobierno Duque”. Briceño sostuvo que, mientras en ese entonces se firmaron contratos por 32 billones, el actual gobierno ya ha comprometido 61 billones de pesos.“Estamos hablando de una cifra récord. Son 101.400 contratistas nuevos en el Gobierno nacional, lo que confirma la existencia de una nómina paralela en un momento en que supuestamente hay crisis fiscal”, aseguró Briceño.Contratos en el límite de la Ley de GarantíasLas denuncias se conocieron justo cuando comenzó a regir la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, que prohíbe la contratación directa con entidades públicas o la celebración de nuevos contratos en los cuatro meses previos a las elecciones. Según el concejal, la firma masiva de contratos busca asegurar apoyos políticos de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2026.“Es evidente que se está utilizando la figura de la prestación de servicios para ampliar la nómina estatal con fines políticos”, afirmó el cabildante. “Esto ocurre justo antes de la entrada de la Ley de Garantías, lo que enciende todas las alertas sobre un uso electoral de los recursos públicos”.Entre las entidades mencionadas por Briceño están Colpensiones, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de la Igualdad, donde —dijo— se han creado miles de cargos en planta o mediante contratos temporales.Denuncias específicas y posibles beneficiariosEl concejal apuntó directamente a altos funcionarios y estructuras políticas afines al Pacto Histórico, movimiento que encabeza el presidente Petro. Mencionó un crecimiento atípico de contratistas en la Agencia Nacional de Tierras, donde “la cifra pasó de 1.400 a casi 7.000 personas vinculadas”, lo que —según él— reflejaría “una agenda política orientada a favorecer candidaturas en regiones como el Meta”.Briceño también cuestionó la reasignación de cargos diplomáticos, como el nombramiento del exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, en el consulado de Bruselas, Bélgica. “Este tipo de designaciones violan el espíritu de la carrera diplomática y refuerzan la sospecha de un uso discrecional del poder político”, puntualizó.En su intervención, el cabildante denunció además que “hijos de congresistas aliados al Gobierno” han obtenido contratos de prestación de servicios días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Como ejemplo, sostuvo que “el hijo del senador Ahmed Scaf firmó dos contratos con entidades distintas siendo recién graduado, lo que demuestra que estos recursos no son para fortalecer el Estado, sino para beneficiar a los políticamente cercanos”.Incoherencia con la reforma laboral del GobiernoBriceño también calificó como “contradictorio” que el Ejecutivo recurra de forma masiva a las Ordenes de Prestación de Servicios (OPS) mientras impulsa una reforma laboral que busca eliminar dicha figura por considerarla una forma de precarización.“Un gobierno que prometió terminar los contratos de prestación de servicios los está multiplicando. Esto va en contravía de su propio discurso y de la reforma laboral que propone formalización”, dijo el concejal.El cabildante aseguró que algunos cargos contratados “sí son necesarios”, como abogados o técnicos especializados, pero subrayó que otros perfiles, como periodistas digitales contratados por RTVC, “resultan difíciles de justificar en un contexto de crisis fiscal”.Contexto político y reacción pendiente del GobiernoHasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento formal frente a las denuncias. El presidente Petro ha sostenido en ocasiones anteriores que el aumento de contratación en el sector público responde a un proceso de “formalización laboral”, lo cual ha defendido como una medida para regularizar la situación de trabajadores estatales sin vínculo laboral estable.