Miles de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos se encuentran en una encrucijada ante la inminente terminación de su estatus de protección temporal (TPS), lo que los obliga a reevaluar su futuro migratorio. Esta situación ha generado gran preocupación y ha puesto en marcha un plazo de 60 días para que busquen alternativas legales o consideren su regreso al país de origen.El abogado de inmigración Jaime Vázquez, explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que "estas personas tienen que empezar a analizar y determinar cuál va a ser ese futuro". "Este plazo de 60 días es para que ellos, o determinen si por medio de una visa de familia, una visa de empleo o algún otro tipo de protección humanitaria podrían estar aquí en Estados Unidos, o tendrían que regresar y, si no lo hicieran, se ponen en riesgo de un proceso de deportación", indicó Vázquez.Sobre la posición de InmigraciónDe acuerdo con el abogado, "la posición de inmigración va a ser de tratar de detener y deportar, además de ser muy investigativos en ek procesamiento de los casos".El abogado Vázquez mencionó posibilidades como un matrimonio "que sea real, que sea de buena fe, o una petición por medio de algún hijo ciudadano, o si tienen algún empleador que los pueda patrocinar".Asimismo, también habló de la posibilidad de un asilo, sin embargo, dijo que no es la única vía ni garantiza una solución para todos. "Muchos de ellos van a tener la posibilidad de asilo, muchos de ellos no. El asilo no debe ser solamente ese camino que ellos piensan que deben tomar". explicó el togado. Paralelamente a la incertidumbre para los beneficiarios, la decisión de terminar el TPS enfrenta desafíos legales. Recientemente, una Corte de Apelaciones determinó que "el presidente posiblemente terminó el TPS del 2025, el de abril, de una forma ilegal, porque ya ese TPS había sido extendido por la administración anterior". Esta decisión ha devuelto el caso a una corte de distrito en San Francisco, donde se espera una determinación para "mantener la terminación del TPS o ya, de por sí, parar esa terminación, según el abogado Vázquez. Sin embargo, advierte que "al final del día sería la Corte Suprema la que fuera a tomar la decisión". La situación es, sin duda, "muy preocupante" para los venezolanos que se encuentran en esta delicada posición migratoria.Escuche la entrevista aquí:
La Asamblea General de la ONU se reúne el martes en una sesión especial de emergencia para tratar el veto presentado por Estados Unidos a la última resolución del Consejo de Seguridad del pasado viernes, que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza.El veto de Estados Unidos, pese a no ser el primero que utiliza -casi siempre para apoyar a Israel- ha suscitado en esta ocasión numerosas críticas procedentes del mundo musulmán, pero también de Rusia, China y países africanos y asiáticos.Tras una reforma en los procedimientos en 2022, el presidente de la Asamblea puede convocar una sesión extraordinaria cada vez que uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido- utiliza su derecho de veto para impedir una resolución que de otro modo habría contado con la mayoría necesaria (9 de los 15 miembros).En este caso, y pese a tratarse de un domingo -cuando los organismos de la ONU suelen estar cerrados-, el presidente de la Asamblea, Dennis Francis, se ha movido con rapidez y acaba de informar a los estados miembros que esa sesión de emergencia tendrá lugar el martes 12 de diciembre a las 15:00 hora local de Nueva York (19:00 GMT), según informó la presidencia.La sesión fue requerida el mismo viernes -es decir, casi inmediatamente después de la votación del Consejo vetada por EE.UU.- por los embajadores de Egipto y Mauritania ante la ONU, como cabezas respectivas del Grupo Árabe y del Grupo de la Organización de la Conferencia Islámica.La carta enviada a Francis y hecha pública por la misión egipcia señala que la sesión es técnicamente una continuación de la anterior sesión de emergencia sobre el mismo tema, pero se convoca "ante el veto de un miembro permanente del Consejo sobre la grave situación de los civiles palestinos en la Franja de Gaza y en demanda de un alto el fuego humanitario inmediato".Las resoluciones de la Asamblea no tienen carácter vinculante ni mecanismos de seguimiento, por lo que son meramente simbólicas y sirven para medir el apoyo de cada país.Ya el 27 de octubre pasado la Asamblea se reunió de forma extraordinaria, también tras otro veto de EE.UU., y acordó pedir "una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que lleve al cese de hostilidades".Aquel texto fue apoyado por 120 países, entre ellos Francia y España, y contó con la negativa de 14 -EE.UU., Israel y otros 12 países aliados suyos-, mientras que 45 se abstuvieron, entre ellos Canadá, Reino Unido, Alemania e Italia.Le puede interesar:
La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este jueves a los programas de discriminación positiva en las universidades, en un histórico fallo un año después del revés al derecho al aborto.Sus seis jueces conservadores dictaminaron, en contra de la opinión de los tres de corte progresista, que los procedimientos para la admisión en los centros universitarios basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales."El alumno debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza", fundamentó el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.Los magistrados conservadores estiman que las universidades son libres de considerar la experiencia personal de un solicitante, por ejemplo si sufrió racismo, a la hora de sopesar su solicitud frente a otros más calificados académicamente.Pero decidir, principalmente en función de si es blanco o negro, no está permitido, es en sí mismo discriminación racial, aseguraron. "Nuestra historia constitucional no tolera esa opción", añadió Roberts.Tras el movimiento por los derechos cívicos de los años sesenta, varias universidades muy selectivas introdujeron criterios raciales y étnicos en sus procedimientos de admisión para corregir las desigualdades derivadas del pasado segregacionista de Estados Unidos.Esta política, conocida como "discriminación positiva", permitió aumentar la proporción de estudiantes negros, de origen hispanohablante o indios estadounidenses en las aulas pero siempre ha sido blanco de críticas en los círculos conservadores, que la consideran opaca y racista.La Corte Suprema se ha pronunciado en contra de las cuotas en varias ocasiones desde 1978, pero siempre ha autorizado que las universidades tengan en cuenta criterios raciales, entre otros.Hasta ahora, había considerado "legítima" la búsqueda de una mayor diversidad en los campus, aunque ello supusiera quebrantar el principio de igualdad entre todos los estadounidenses.El jueves dio un giro de 180 grados, como ya hizo el 24 de junio de 2022, al anular el derecho federal al aborto que garantizaba desde 1973.Carmín en un cerdoEl cambio de este jueves fue aplaudido por la derecha."Este es un gran día para Estados Unidos", "Vamos a volver a todo basado en el mérito ¡y así es como debe ser!", escribió en su red social -Truth Social- el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), que durante su mandato inclinó claramente a la derecha la composición de la corte.A la inversa, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, estimó que la decisión "pone un obstáculo gigantesco en el camino hacia una mayor justicia racial".Más comedido, Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, subrayó que "la discriminación positiva nunca ha sido una respuesta completa a la necesidad de construir una sociedad más justa". Pero "nos dio la oportunidad de demostrar que merecíamos algo más que un asiento en la mesa", añadió en Twitter.Las críticas más duras llegaron del interior del propio tribunal, de boca de los tres jueces progresistas, que discrepan profundamente.El tribunal está "invirtiendo décadas de jurisprudencia y de inmenso progreso", escribió la jueza Sonia Sotomayor en su nombre."Al hacerlo, el tribunal consolida una norma superficial" de indiferencia al color de la piel "como principio constitucional en una sociedad endémicamente segregada", escribió.Aunque se autoriza a las universidades a tener en cuenta las "experiencias personales" de los solicitantes, esto equivale a poner "carmín en un cerdo", afirmó, una frase hecha en inglés que significa que por mucho que se intente disfrazar algo siempre seguirá siendo lo que es. Un equivalente al aunque la mona se vista de seda mona se queda.Apple, Google La sentencia parte de una demanda presentada en 2014 contra los centros universitarios privados y públicos más antiguas de Estados Unidos: Harvard y la Universidad de Carolina del Norte.Un activista neoconservador, Edward Blum, lideró una asociación llamada "Estudiantes por una Admisión Justa" ("Students for fair admission") y los acusó de discriminar a los estudiantes asiáticos.Argumentaba que los estudiantes asiáticos, cuyos resultados académicos están muy por encima de la media, serían más numerosos en los campus si su rendimiento fuera el único criterio de selección.Tras varias derrotas en los tribunales, recurrió al Supremo que, irónicamente, nunca ha sido tan diverso como ahora, con dos jueces afroestadounidenses y uno hispano.Pero cuenta con seis jueces conservadores de un total de nueve, entre ellos el afroestadounidense Clarence Thomas, crítico con los programas de discriminación positiva de los que se benefició para estudiar en la prestigiosa Universidad de Yale.La administración demócrata defendió en vano el statu quo. El presidente Joe Biden tiene previsto pronunciarse sobre el tema esta tarde.En la misma línea, grandes empresas como Apple, General Motors, Accenture y Starbucks subrayaron que "tener una mano de obra diversa mejora el rendimiento" y que "dependen de las escuelas del país para formar a sus futuros empleados".
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes bloquear las restricciones a la píldora abortiva mifepristona que un tribunal de apelaciones había ordenado la semana pasada.La decisión supone mantener sin cambios el status quo sobre el acceso a la medicación, al menos mientras el tribunal de apelaciones decide sobre la legalidad de la aprobación que los reguladores de EE.UU. dieron al medicamento hace más de 20 años.El tribunal de apelaciones en cuestión -el del Quinto Circuito, que incluye los estados de Texas, Luisiana y Misisipi- aprobó restringir el acceso a la mifepristona mientras valora la decisión de un juez de Texas de prohibir por completo el acceso a la píldora, que se usa en más de la mitad de los abortos en el país.El fallo supone la primera vez que el Supremo se pronuncia en un caso relativo al aborto tras su controvertida decisión el verano pasado de eliminar la protección constitucional de la que gozaba desde los años setenta, provocando una avalancha de restricciones en los estados gobernados por conservadores.En un mensaje celebrando la decisión del Supremo, el presidente estadounidense, Joe Biden, destacó que "la mifepristona sigue estando disponible y está aprobada para su uso seguro y efectivo mientras continuamos con la batalla en los tribunales".El mandatario aseguró que su Gobierno continuará defendiendo la aprobación de la mifepristona por los reguladores, y declaró que seguirá "luchando contra los ataques a la salud de las mujeres políticamente motivados".La mayor instancia judicial del país decidió este viernes bloquear de momento una serie de restricciones que el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito había ordenado la semana pasada, como prohibir que la píldora pudiera recetarse a partir de las siete semanas de embarazo o su envío por correo.Dos de los jueces más conservadores de la corte, Clarence Thomas y Samuel Alito, se mostraron en desacuerdo con la decisión.El fallo devuelve el caso al tribunal de apelaciones, que ha fijado la fecha para el comienzo de los argumentos orales para el próximo 17 de mayo.En el centro de la disputa legal está la autorización sanitaria que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) dio hace 23 años a la mifepristona.El juez federal de Texas Matthew Kacsmaryk, postulado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), ordenó el 8 de abril retirar la autorización sanitaria a la píldora abortiva.La orden fue recurrida por el Gobierno de Joe Biden y un tribunal de apelaciones de Luisiana estipuló que el fármaco estuviese disponible solo hasta las primeras siete semanas de embarazo, tres menos que anteriormente, y que debiera ser recogido en persona, entre otras restricciones.Pero el Departamento de Justicia elevó el caso al Supremo alegando que la restricción tendría graves consecuencias para las mujeres y para la industria farmacéutica, por lo que el alto tribunal ha tenido que intervenir.Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este miércoles mantener en efecto una ley de Nueva York que impone restricciones al porte de armas después de que esa misma corte emitiera el año pasado un fallo histórico que permite llevarlas en público en el estado.En junio de 2022, el Supremo emitió un fallo que eliminaba la llamada "excepción neoyorquina" al porte de armas fuera del hogar, legal en la mayoría de EE.UU., tras lo que los legisladores del estado prohibieron su entrada en muchos lugares públicos y endurecieron los requisitos para obtención de licencias.El más alto foro judicial del país decidió este miércoles que la ley de control de armas de Nueva York se mantenga mientras se dirime una apelación, respaldada por un "lobby" proarmas, que argumenta que las restricciones que impone la legislación neoyorquina van en contra del derecho constitucional a llevar armas en público para la autodefensa.En la decisión, los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas indican que la norma neoyorquina "presenta cuestiones nuevas y serias", pero la mantienen aclarando que eso no "expresa ninguna opinión sobre la validez" de la apelación en curso.Los magistrados suspenden así una orden previa de un juez federal que paralizaba la prohibición al porte de armas en lugares sensibles y otras medidas de control mientras se dirimía su legalidad, aunque sugieren a los denunciantes que no se vean "disuadidos por la orden de hoy".La decisión fue aplaudida por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que reivindicó el "derecho a aplicar medidas de sentido común para proteger" a la sociedad, y por el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, que consideró la ley "esencial para contener los ríos que alimentan el mar de la violencia armada".Le puede interesar:
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este martes al Gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor de forma cautelar el Título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera.El Supremo, en una decisión tomada con el voto a favor de cinco jueces frente a cuatro en contra, accedió así a la petición de fiscales de 19 estados de congelar la suspensión del Título 42 mientras se dirime en los tribunales el futuro de esta norma.El alto tribunal escuchará en febrero los argumentos de estos estados y del Gobierno federal.La frontera entre México y Estados Unidos sigue estos días llena de migrantes a la espera de que el Supremo resolviera, después de que este Tribunal ya dictara de forma cautelar la suspensión del levantamiento de esta norma, que estaba previsto para el 21 de diciembre.Ahora, el Supremo mantiene la medida de forma indefinida, al menos hasta después de escuchar los argumentos de las partes.Un grupo de fiscales de 19 estados, incluyendo Texas, fueron los que provocaron que el Supremo tuviera que pronunciarse. Alegaban que la suspensión provocaría "un daño masivo e irreparable" en materia migratoria.Desde que entró en vigencia en 2020, tras la solicitud del gobierno republicano de Donald Trump, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2,7 millones, según datos del International Rescue Comittee.Pude ver: “Parece que la inflación tocó techo, esperamos que en Colombia empiece a bajar”: minhacienda
El Gobierno ha firmado 190 órdenes de extradición en 2022, de las cuales 83 han sido autorizadas por Gustavo Petro desde el 7 de agosto y las 107 restantes por su antecesor, Iván Duque.El 2021, cuando gobernaba Duque (2018-2022), fue el año con más extradiciones efectuadas de los últimos cinco, con 239, de las cuales más del 80 % fueron por delitos relacionados con el narcotráfico y la de este año es la segunda cifra más alta.Petro se ha mostrado a favor de cambiar la política de extradición de nacionales, implantada a mediados de los años 80 y por la que muchos detenidos son entregados a Estados Unidos, y en menor medida a otros países, para que respondan allá por delitos relacionados con narcotráfico principalmente, aunque tengan cargos pendientes en Colombia."Lo que yo he propuesto es que integrante en estas cadenas de narcotráfico que decida acogerse a la Justicia en Colombia y dar garantías de no repetición no sea extraditado", dijo Petro el pasado octubre.Lo hizo durante una visita a Bogotá del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien se mostró reacio a cambiar esa política, pues "la relación de extradiciones ha beneficiado tanto a EE.UU. como a Colombia", tanto a la justicia como a las víctimas del crimen transnacional.Sin embargo, este cambio no significa que se vayan a detener las extradiciones, según explicó Petro, sino que es una forma de dar una segunda oportunidad de reparación, pero "narcotraficante o que esté en la cadena de narcotráfico que no esté en ningún tipo de acogimiento en la Justicia en Colombia, se sigue extraditando", aseguró.EE.UU. y Colombia conformaron un grupo de trabajo para resolver las diferencias que tengan ambos Gobiernos sobre la política de extradiciones y que entre otros asuntos atenderá "casos críticos que podrían llegar a presentarse".EXTRADICIONES NOTORIASAdemás, la Fiscalía aseguró que un total de 25 personas han sido "ubicadas y notificadas" en Colombia para su extradición en 2022 por tener juicios pendientes en cortes de Estados Unidos y Francia, una cifra también inferior a la del año anterior.Entre las extradiciones efectuadas este año más notorias está la de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', quien no figura en esos números pues su detención se efectuó el 23 de octubre de 2021, el jefe del Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia, dedicada, entre otros, al narcotráfico y que ahora responde por diversos cargos ante la Justicia estadounidense.También el presidente Petro aprobó el pasado septiembre la extradición a Estados Unidos de Álvaro Fredy Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien es solicitado por delitos relacionados con narcotráfico. También le puede interesar:
En el curso del proceso, la Supersociedades alegó, entre otros, la falta de jurisdicción, la inmunidad soberana, el impedimento colateral y la ilegalidad del negocio del demandante.La decisión de la Corte reconoce a la Superintendencia de Sociedades como organismo público de una nación soberana, inmune a un juicio internacional por las decisiones jurisdiccionales que profiera.Cabe recordar que cuatro mujeres fueron capturadas en el mes de noviembre por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Según la Fiscalía, son presuntas responsables de dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos por la captadora ilegal Elite International Américas S.A.S.Igualmente, como parte de las acciones judiciales realizadas por la Fiscalía en este caso, se realizaron allanamientos en 10 bienes inmuebles avaluados en 26.000 millones de pesos y 900 hectáreas destinadas al cultivo de palma africana y a la ganadería en Pivijay (Magdalena). Estas propiedades serán destinadas a la reparación de las víctimas de la firma captadora Elite International Américas S.A.S. Le puede interesar
"Es una gran tristeza saber que no podemos pasar", dijo Edward Acevedo, de 41 años, a los pies del muro que separa a la mexicana Ciudad Juárez de la estadounidense El Paso."Hemos pasado por la selva, por hambre y frío. [Son] muchas calamidades", agregó el hombre que duerme junto a decenas de compatriotas en un refugio improvisado en la casa de un pastor en Juárez."¡Somos seres humanos! ¡Somos de carne y hueso! ¿cómo le explicamos eso a los jueces y a los gobernadores?", irrumpió a su lado Juan Delgado, de 38 años, vistiendo apenas un sweater que mal le protege del despiadado frío de casi 0ºC.La crisis de la nación caribeña gobernado por Nicolás Maduro ha llevado a millones de venezolanos a migrar. En los últimos meses, miles enfrentaron la selva del Darién y atravesaron varios países de Centro América en precarias condiciones para tocar a las puertas de Estados Unidos en busca de asilo.Con el flujo en ascenso, Washington lanzó en octubre un programa humanitario con 24.000 cupos ofrecidos a los venezolanos que se postularan desde su país. En paralelo, y en un intento de cortar la cadena migratoria, Estados Unidos les cerró el acceso por su frontera sur bajo el título 42, medida sanitaria vigente desde 2020 en el marco de la pandemia del covid.Miles, a mitad de camino, no desistieron. Volver, muchos repiten, no es una alternativa."El salario en Venezuela son 20 dólares, y con eso compro dos pollos, ¿cómo se puede vivir así? es miseria", explica Acevedo que dejó a su esposa e hija.- "Como delincuentes" - El título 42 que cierra los puertos de entrada a los solicitantes de asilo trastocó la frontera sur de Estados Unidos.Con la pandemia dando tregua, los flujos migratorios se restablecieron, y quienes buscan asilo aprovechan las brechas que consiguen en el muro que se extiende por más de 3.000 km a lo largo de California, Arizona, Nuevo México y Texas.La mayoría se entrega a las autoridades fronterizas. A algunos se les permite quedarse para defender su pedido de asilo, pero otros son enviados a sus países o a México debido a la medida que el gobierno de Joe Biden intenta desactivar.Una decisión judicial había ordenado la expiración del título 42 a partir del 21 de diciembre, pero este lunes la Corte Suprema lo mantuvo en pie temporalmente, acogiendo un pedido de gobernadores republicanos contrarios a la migración.La fecha era aguardada con ansias por miles de venezolanos en México."Era la ilusión de salir adelante de todos los venezolanos que estamos aquí", dijo Ángel Colmenares que rompió en llanto al enterarse del fallo."¿Por qué no nos dan una oportunidad?", insistió Juan Delgado. "Nos tratan como delincuentes y sólo queremos trabajar".- "Somos los olvidados" -Las condiciones en las cuales los venezolanos subsisten en México sirven de referencia del nivel del desespero. Se calientan en hogueras en basureros, se asean donde y cómo pueden, y muchos duermen en las calles.Con filas de migrantes de otras ciudadanías extendiéndose por horas a las puertas de Estados Unidos y al margen de las frías aguas del Río Grande, los venezolanos se rebuscan vendiendo cobijas, guantes y pedazos de pizza.Cruzan el río con niños a los hombros y encienden fogatas a cambio de propinas que por día suman más que un mes de trabajo en su país.Pero después que la noche aprieta, la mayoría se recoge. "La gente de los cárteles nos para", cuenta un venezolano que dice haber perdido así el rastro de compañeros del refugio. "Algunos no vuelven nunca más"."Y cuando no son los cárteles, son los de la migra, esos son peores", dijo el mismo hombre que no da su nombre por miedo a represalias."Uno denuncia y nada, nosotros somos los olvidados, a nosotros nadie nos quiere. Estorbamos a donde vamos".Este desespero, dicen algunos, es lo que los motiva a cruzar de forma ilegal en pequeños huecos a lo largo de la reja de casi diez metros de altura en Estados Unidos."No nos van a dejar entrar y no puedo esperar más", dijo un venezolano que atravesó un pequeño hueco en el que apenas cabía su cuerpo. "A mi esposa la está matando un tumor, necesito dinero para las medicinas", dijo el joven que se persignó apenas pisó suelo estadounidense.Otros cuatro venezolanos entraron por los mismos agujeros en un plazo de diez minutos este lunes. En seguida corrieron El Paso adentro.Pero otros insisten en querer cruzar de forma legal, y por eso cuestionan el revés judicial."Uno anda emigrando con ese sueño, todos tenemos ese sueño de salir adelante", contó en Ciudad Juárez Manuel Bolívar, de 20 años. "Están jugando con las emociones de los migrantes que hemos luchado para llegar hasta aquí".
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este lunes el levantamiento inminente de una norma sanitaria invocada para expulsar a los migrantes en la frontera con México.El presidente de la corte, John Roberts, firmó una orden que suspende el levantamiento, previsto para este miércoles, y por lo tanto mantiene el llamado Título 42, que permitió a las autoridades utilizar los protocolos anticovid-19 para impedir la entrada de millones de migrantes.Roberts bloqueó temporalmente esta medida heredada de la administración del presidente republicano Donald Trump, que ha seguido aplicando el de Biden.Lo hizo en respuesta a una petición de último momento de 20 estados que argumentaban que poner fin al Título 42 provocaría una avalancha de migrantes que desbordaría sus servicios.Citan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que predice que los cruces fronterizos de migrantes, la mayoría de los cuales piden asilo, podrían triplicarse a 18.000 por día.Este incremento "aumentará los costos de aplicación de la ley, educación y atención médica de los estados", argumentaron los querellantes.El DHS reaccionó al fallo judicial afirmando que "el Título 42 permanecerá vigente en este momento y las personas que intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México".El pasado viernes, un tribunal de apelaciones de Washington dictaminó que no se justifica mantener el Título 42, que se aplicó en marzo de 2020 en un intento por frenar la pandemia de coronavirus.En su petición, los estados piden que la Corte Suprema se haga cargo del caso.Roberts dio a las partes 24 horas para responder, de modo que el Gobierno de Biden deberá pronunciarse.Esto todavía deja abierta la posibilidad de que el Título 42 se suspenda esta semana. También es posible que el tribunal decida mantenerlo mientras revisa el caso.El Gobierno de Joe Biden aceptó una sentencia de noviembre de un tribunal inferior que le ordenó suspender el Título 42 y que, a petición suya, le dio de plazo hasta el 21 de diciembre para levantarlo.Según activistas y expertos en derechos humanos, el "Título 42" viola el derecho internacional.Consideran "inhumano" impedir a alguien solicitar asilo y aseguran que alienta a los migrantes a jugarse la vida. Se registraron un total de 557 muertes en la frontera con México en 2021, el año más mortífero desde que comenzaron las estadísticas en 1998.PreparativosLa semana pasada, la Casa Blanca dijo que el Departamento de Seguridad Nacional estaba preparado para afrontar el aumento previsto de migrantes.El DHS, que considera haber "heredado un sistema migratorio roto y desmantelado", ha actualizado una serie de medidas anunciadas en abril.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza solicitó en el presupuesto del año fiscal 2023 la contratación de 300 agentes que se sumarán a los 23.000 desplegados en la frontera con México.El Gobierno de Biden ha contratado además a casi 1.000 coordinadores de procesamiento de la patrulla fronteriza y añadió 2.500 contratistas y personal de otras agencias para ayudar a los agentes sobre el terreno.También afirma haber aumentado las torres de vigilancia, aprobado el cierre de más de 120 "brechas" a lo largo de la frontera y duplicado los medios para transportar a los migrantes, además de crear 10 instalaciones para aumentar la capacidad "de retención"."Esto incluye cientos de vuelos y rutas de autobús por semana para transportar" a los migrantes interceptados "a sectores menos concurridos" para su procesamiento, expulsión o repatriación a su país de origen o a terceros países, señala la actualización.Mientras sigue el litigio "continuaremos con nuestros preparativos para gestionar la frontera de una manera segura, ordenada y humana cuando se levante la orden de salud pública del Título 42", afirma este lunes el DHS en un comunicado.E insta al Congreso a aprovechar "este tiempo para proporcionar los fondos" para la seguridad y gestión fronteriza y para "avanzar en las medidas migratorias" propuestas por el presidente.Y es que Biden propuso, entre otras medidas, una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados en un país que lleva 35 años sin una ley de este tipo, pero nunca se votó.Esta y otras propuestas han tropezado siempre con la oposición del Senado, donde tenía, y tendrá a partir de enero, una mayoría ajustada.Le puede interesar:
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.