Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial por el movimiento Fuerza de las Regiones, habló con Néstor Morales en Mañanas Blu sobre el futuro de la coalición que busca consolidar a un candidato único de cara a las elecciones del próximo año.El grupo, que reúne a exmandatarios regionales, ha extendido una invitación a otros precandidatos para unirse a un proyecto político que, según Gaviria, representa una alternativa de centro, alejada de los extremos políticos.Gaviria confirmó que la respuesta a la invitación fue muy positiva. Los precandidatos Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Felipe Córdoba y Daniel Palacios han respondido afirmativamente, y el exgobernador lo ve con optimismo.“Seis destinatarios, uno podría decir que hay cuatro y medio que contestaron en forma positiva”, aseguró, refiriéndose a los precandidatos invitados a la coalición.El objetivo principal es encontrar un candidato que unifique al país y se aleje de la polarización política. Gaviria destacó que la Fuerza de las Regiones ya tiene un camino definido para elegir a su propio candidato. Los cuatro miembros actuales (Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas) se someterán a una encuesta entre el 15 y el 30 de noviembre. El que obtenga el mayor respaldo popular y la mayor intención de voto será el candidato único de la coalición.La propuesta de Fuerza de las Regiones a los otros precandidatos es que realicen un ejercicio similar para seleccionar a un candidato entre ellos. El plan es que, si logran unificarse, ambos grupos se enfrenten en una consulta el 8 de marzo.De esta competencia, "saldrá una candidatura todavía más fortalecida", según Gaviria, quien enfatizó que las puertas están abiertas para sumar más precandidatos.Sobre qué tienen en común los miembros de esta coalición, Gaviria fue enfático en señalar que todos buscan una alternativa a los extremos políticos."Nosotros no estamos en los extremos, en las divisiones de la extrema derecha y de la extrema izquierda", afirmó. También mencionó que tienen el propósito común de "transformar la realidad que hoy Colombia tiene" y que no tienen ninguna similitud con los proyectos políticos que proponen un continuismo del actual Gobierno.Cuando se le preguntó por nombres concretos, el exgobernador fue cauto y explicó que debe tomar las decisiones en grupo. Sin embargo, ofreció su opinión personal al ser cuestionado por un periodista.“Yo considero que extrema derecha es, por ejemplo, Abelardo de la Espriella, y considero que extrema izquierda es, por ejemplo, Daniel Quintero”, sostuvo Gaviria. También respondió que no considera a Vicky Dávila como una candidata de extrema derecha.Gaviria reiteró que el proceso de unidad debe ser gradual. "Esto no se hizo en seco", aseguró, señalando que ya se habían tenido conversaciones con algunos de los precandidatos invitados. "Creo que el proceso de unidad se va haciendo por pasos", dijo.Respecto al precandidato Maurice Armitage, quien no aceptó la invitación de la coalición, Aníbal Gaviria expresó su total respeto por la decisión, aunque lamentó que no se sumara al proyecto. "Me parece que la unidad se construye con la diversidad", concluyó.El exgobernador Aníbal Gaviria finalizó la entrevista con una reflexión sobre el futuro del país. Dijo que la próxima elección será un momento crucial para decidir si Colombia continúa por un camino de división y odios o si, por el contrario, elige un camino de unidad. "Eso es lo que queremos representar nosotros, la Fuerza de las Regiones, más todos los que se sumen a este proceso", dijo.
El pasado fin de semana, el panelista de Mañanas Blu Daniel Mejía criticó duramente la reciente visita de varios funcionarios del Gobierno al corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca. Esta visita se produjo tras la retoma de la zona por parte del Ejército Nacional, que expulsó a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc de la región.En su crítica, Mejía señaló que las imágenes compartidas por los funcionarios reflejaban una falta de respeto hacia la población civil afectada por la violencia de los grupos armados.“¿Estuvo chévere el paseo por El Plateado? La población civil azotada por la violencia de grupos criminales, y este par se fueron de paseo a jugar a ser ‘Comandos Jungla por un día’. ¡Qué falta de respeto y empatía ante el sufrimiento de la población civil!”, escribió Mejía en redes sociales.La publicación estaba acompañada de una foto donde aparecían la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, y la directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.El presidente Gustavo Petro no tardó en responder a las críticas a través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter). Defendió el trabajo de las funcionarias y respondió: “Ese par como usted las llama, son las responsables de la sustitución de cultivos ilícitos en el territorio, saben mucho más que usted, Daniel, de seguridad y transformación del territorio para lograrla. De ellas dependerá un cañón del Micay diferente, lleno de cultura, prosperidad y belleza sin mafias. Veo que usted es de los hombres a los que le asusta la belleza y la inteligencia cuando se juntan en las mujeres”.Este lunes, en su intervención en Mañanas Blu, Mejía respondió a Petro y reafirmó su postura y señalando que la imagen de las funcionarias tomándose selfies en una zona recientemente afectada por la violencia era “una afrenta a la población civil” que ha sufrido los embates de grupos criminales.Además, cuestionó la efectividad de los programas de erradicación de cultivos ilícitos, indicando que la erradicación manual había disminuido un 72 % frente al año anterior y que solo se había ejecutado el 5 % del programa de sustitución de cultivos ilícitos en 2023.“Las imágenes que vimos durante el fin de semana de esa visita al plateado son una afrenta a la población civil que lleva sufriendo los embates de la violencia de grupos criminales. Y ve uno unas selfies como si estuvieran en un paseo, en un paseo de olla o en un paseo de comandos jungla por un día. Si ellos lo que quieren es disfrazarse de comandos junglas, vayan a hablen con el general (Luis Emilio) Cardozo y seguramente lleva todo el cuerpo de ministros y directores de entidades a Tolemaida y allá hacen paseos, se disfrazan de comando jungla, pero no lo hagan frente a una población civil que acaba de ser víctima de unos ataques criminales, un aumento de masacres, aumento de acciones terroristas, a tomarse selfies, porque eso es un insulto a la población civil del plateado que ha sufrido estos embates terroristas”, dijo Mejía.La polémica continúa, con sectores de la opinión pública y medios de comunicación debatiendo sobre la pertinencia de la visita y la imagen que proyectó el Gobierno en una región que ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado.
La inseguridad en Bogotá es un tema que aqueja a gran parte de la ciudadanía ante los diversos casos que se han conocido en estos primeros meses del 2024. Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, también ha sido víctima de esta ola de crímenes y que ahora fue uno de sus hijos el que fue atracado muy cerca de su colegio."Segundo hijo atracado en menos de un mes. A las 7:00 de la noche muy cerca a su colegio. Atracan y no les pasa absolutamente nada. Cuando la Policía logra capturarlos, en pocas horas quedan en libertad. Perdieron el miedo y tienen sitiada a Bogotá", dijo el exsecretario de Bogotá, a través de su cuenta de X.Cabe recordar que el 19 de enero, otro hijo de Daniel Mejía fue víctima de atraco cuando esperaba el bus del colegio frente a un centro comercial y fue amenazado con arma de fuego. En el hecho perdió su teléfono y tablet, por lo que el exsecretario de Seguridad en su cuenta de X hizo un llamado a las autoridades debido a que no puedo acceder a las cámaras de seguridad por la negativa del establecimiento donde ocurrieron los hechos."Hace un mes atracaron a mi hijo menor, el de 15 años. Y anoche a las 7.00 de la noche, iban saliendo del gimnasio e iban a la casa un amigo cerca del colegio y lo atracaron (...) Eran tres tipos que se acercaron que le quitaron todo y los amenazaron que tenían armas. Están bien, reaccionaron bien, pero dos hijos atracados en un mes duele un poquito", dijo Daniel Mejía en Mañanas Blu.Mejía le hizo un llamado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al asegurar que el tema de seguridad es un tema que compete a toda la ciudad y necesario el apoyo de todos los agentes, tanto funcionarios como autoridades para ponerle fin a este tipo de hechos que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
A través de su cuenta de X, el exsecretario de Seguridad de Bogotá y panelista de Blu Radio Daniel Mejía, denunció que el pasado viernes sobre las 6:30 a.m., su hijo de 15 años se encontraba esperando el bus para ir al colegio, al frente del centro comercial Palatino, norte de la ciudad, cuando fue abordado por un hombre armado que le robó sus objetos de valor y luego habría huido en un taxi.Mejía interpuso la denuncia de inmediato, a lo que la Policía inició la investigación correspondiente y por medio de la Policía Judicial (DIJIN) realizó de manera formal la petición de las grabaciones de las cámaras de seguridad, advirtiendo en la denuncia que el centro comercial no colaboró en el caso.“Después de que yo hice el escándalo en redes sociales, la gerente del centro comercial se comunicó y me dijo, ¿por qué no me había buscado? Yo le dije, la busqué todo el día y no pude hablar con usted, me dijeron que estaba muy ocupada y que no podía atender el caso del atraco de un menor de edad con arma de fuego justo enfrente de su centro comercial; ahí empezaron a colaborar, entiendo que anoche le entregaron los videos a la policía judicial” destacó Daniel Mejía, exsecretario de seguridad de Bogotá.Mejía también resaltó su preocupación que casos como este, donde roban a mano armada a menores de edad, sean considerados como delitos menores y que pese a denunciar si el delincuente es capturado, podría salir en libertad en poco tiempo.Bicampeona mundial de patinaje, víctima de la inseguridadLa inseguridad en Bogotá no solo afecta a las personas del común, sino también a aquellas que le han dado gloria al país. Es el caso de la campeona mundial de patinaje Luna Shalom Vargas, que en sus redes sociales denunció que fue atracada en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá.“Gente, me acaban de robar mi bici por los lados de Engativá. Les agradecería un montón si me ayudan a compartir”, publicó la campeona mundial en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de la bicicleta de referencia Look 765, color negro mate.Según le contó la deportista a Blu Radio, dos hombres la engañaron mientras entrenaba en su bicicleta en una calle en Engativá. Los delincuentes se hicieron pasar por médicos deportólogos y le ofrecieron repuestos para su bicicleta.Vargas, además, reveló que la están contactando por sus redes sociales para pedirle dinero y recuperar la bicicleta, pero han sido llamadas y mensajes de personas malintencionadas, solo para sacarle provecho a la situación.La deportista ya radicó la denuncia ante la Policía, que avanza tanto en la ubicación de los hombres como de su bicicleta, pues estos delincuentes ya han realizado en varias ocasiones la misma modalidad de hurto a deportistas de alto rendimiento.Luna Shalom Vargas se convirtió en campeona mundial de patinaje en 2022, cuando participó en los World Skate Games en Argentina. Allí ganó los 15.000 metros.
Luego de que el presidente Gustavo Petro tomara la decisión de darle un revolcón a la cúpula de la Policía Nacional, en Sala de Prensa Blu, un experto en temas de seguridad y panelista de Mañanas Blu, analizó los retos que se vienen para esa institución. Según el experto Daniel Mejía, el delito más común y que causa más quejas por parte de la ciudadanía es el hurto a personas. Dijo que existen varios factores que contribuyen a este problema, entre los cuales destaca la falta de una política clara de seguridad por parte del gobierno actual liderado por Gustavo Petro. "El ministro de Defensa es criticado por estar ausente y desconectado de la línea de mando, lo que genera una sensación de inseguridad entre la población al no haber alguien al mando. La alcaldesa Claudia López también ha tenido problemas en sus relaciones con la Policía, lo que ha generado conflictos y una falta de coordinación en la lucha contra la delincuencia", sostuvo Mejía. Sobre el nombramiento del general retirado William Salamanca, el experto mencionó que si bien tiene toda la experiencia para ocupar el cargo, este podría ser recibido con malestar dentro de la institución. "La reincorporación de un oficial retirado en la línea de mando genera malestar porque hay oficiales, generales, etcétera, que están haciendo cola. Tiene que llegar a cohesionar", sostuvo. Reviva la entrevista completa aquí:
Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, renunció este jueves a la dirección de políticas públicas de la Fiscalía. Mejía, economista de la universidad de Los Andes y con PhD en economía de Brown University, llegó a la Fiscalía hace un año y sacó adelante herramientas tecnológicas que presentó públicamente el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, y que permitían hacer asociaciones sobre patrones de criminalidad para adelantarse al delito. Por ejemplo, en el foro Concordia, dio a conocer 33 gasolineras al servicio, presuntamente, del narcotráfico. En esa investigación, Mejía encontró patrones atípicos de ventas de combustible en 33 estaciones de servicio que estaban lejos de cabeceras municipales, lejos de vías importantes y rodeadas de cultivos de coca. Aún así, tenían altísimas ventas como las que registran las ubicadas en Bogotá. Lea también: Corte Suprema acepta renuncia de Néstor Humberto Martínez como fiscal general Ese hallazgo lo hizo utilizando algoritmos de detección de datos atípicos y grandes volúmenes de información. Lo cual, generó la apertura de unas investigaciones por parte de la dirección nacional contra el narcotráfico. En solo un año, culminó otro proyecto que también lo anunció el exfiscal en Concordia. Se trata de la herramienta Prisma (Perfil Criminal para la Solicitud de Medidas de Aseguramiento) la cual utiliza la información previa de capturas de policía, procesos penales del Spoa e historial carcelario del Inpec de cada individuo que sea capturado y predice, “con herramientas de machine learning”, el riesgo de reincidencia. Es una herramienta que le permite a la Fiscalía adelantársele a la delincuencia. Así, los fiscales la pueden usar en la solicitud de medidas de aseguramiento intramural de individuos que ya han sido imputados y mostrar los patrones que identifica la misma.
Blu Radio pudo establecer que Daniel Mejía, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, renunció a su cargo luego de ser posesionado en esta administración en la que se creó esta cartera, que ha generado, además de polémica, la responsabilidad del trabajo junto a la Policía Nacional para garantizar la seguridad de la capital.Mejía fue director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, destacándose por sus investigaciones en temas relacionados con política de drogas, criminalidad urbana, conflicto y violencia, desigualdad, informalidad, crecimiento económico.Además, se desempeñó como profesor de la facultad de economía de la Universidad de Los Andes, e investigador de diferentes instituciones como el Banco Inter‐Americano de Desarrollo, Fedesarrollo y el Banco de la República.En su reemplazo asumirá el hasta hoy subsecretario de la entidad, Jairo García Guerrero, quien es politólogo, especialista en gobierno y políticas públicas de la Universidad de Los Andes con más de 15 años de experiencia en temas de seguridad y convivencia.Se desempeñó, además, como director de Seguridad en la Secretaría de Gobierno y fue también director de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El secretario de seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, estuvo en Mañanas BLU hablando acerca del robo de bicicletas en la ciudad. Coincide en que el delito ha ido en aumento por la tendencia de los ciudadanos de comprar bicicletas robadas. “Hemos venido dando golpes a bandas dedicadas al hurto de bicicletas, hemos hecho allanamientos y capturamos a 5 personas”, señaló Mejía.Vea aquí: Disparan a ciclista profesional en medio del robo de su bicicleta en BogotáEl funcionario explicó que las bicicletas robadas son llevadas a sitios de receptación y comercializadas de forma ilegal.“Muchas personas que saben que son bicicletas robadas las piden y buscan comprarlas. Por esta razón, muchas bandas se dedican a cometer este delito”, añadió.Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.
Al respecto, el secretario de Seguridad de la ciudad, Daniel Mejía, dijo en Mañanas BLU que la Alcaldía no puede esperar a que haya una tragedia para tomar medidas y que esta intervención no afectará la autonomía universitaria.“Lo que pasó el martes, cuando cinco personas resultaron heridas al manipular explosivos es un tema de preocupación. No fue peor la tragedia porque al parecer una de las paredes donde estaban eran de Drywall y la onda expansiva pudo salir”, dijo.En ese sentido, añadió que las universidades no son sitios para armar explosivos y que una cosa es la protesta legítima, y otra es el vandalismo.Vea aquí: Disturbios a las afueras de Universidad Pedagógica dejaron cuatro heridosMejía, añadió que la intervención de la que habla el alcalde no se refiere a que la Policía entre a hacer requisas, sino a tomar decisiones para proteger la comunidad universitaria.“Si hay unas personas que se toman a la fuerza, manipulando explosivos de manera muy peligrosa, es una intervención en la que tiene que participar la Policía Metropolitana, el CTI para judicializar a estos que están cometiendo delitos”, señaló.Al respecto, el rector de la Universidad Pedagógica, Adolfo León Atehortúa, se mostró en desacuerdo de la pretensión de la Alcaldía porque va en contravía de la autonomía misma.“No estamos de acuerdo, por principio académico, pero también por convicción intelectual de autorizar el ingreso de la fuerza pública al campus universitario. Esta posición es de todos los rectores, no solo de las universidades de Colombia, sino de toda América Latina”, dijo.Añadió que es necesario que el Estado debe invertir en seguridad porque “la universidad hace lo que tiene que hacer” en materia académica.“¿Cómo garantiza el Estado que particulares no tengan acceso a artefactos explosivos?”, añadió, tras afirmar que no se puede “caer en la teoría de Trump de armar a los docentes”.
Tras los desmanes de la pasada semana en los supermercados Merkandrea y Supercundi en la localidad de Usme, sur de Bogotá, el secretario de seguridad de la capital, Daniel Mejía, señaló que con un esquema de seguridad tanto de la Policía como del Ejército estos comercios vuelven a abrir sus puertas y, aunque con otros dueños, recordó que la Sociedad de Activos Especiales está a cargo de ellos.“Estos supermercados ya están en poder de la Sociedad de Activos Especiales, no es que sigan operando bajo los antiguos dueños. Hay que hacer un llamado a la ciudadanía a que tenga en cuenta que estos siguen operando, pero bajo la administración de la SAE”, indicó Mejía.El funcionario recalcó la intención del Distrito de proteger la integridad de las personas, tanto en Usme como en Ciudad Bolívar, por lo que uniformados estarán custodiando de manera preventiva los supermercados para evitar nuevos saqueos y actos de vandalismo.Lea también: Revisoría fiscal a estados financieros de Supercundi no evidencia irregularidades
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
