El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Daniel Wills, habló en Mañanas Blu acerca de la propuesta del presidente Petro respecto a las pensiones, con el propósito de entregar un bono de 500.00 pesos a adultos mayores que no contaron con los requisitos para jubilarse."La impresión inicial es que estamos hablando a mano alzada y faltan detalles sobre la mesa. No hay nada nuevo con respecto a lo que se dijo en la campaña", declaró Wills.Según el vicepresidente de Asofondos, se le ha pedido al Gobierno mirar los números con cuidado, teniendo en cuenta las implicaciones a cinco o diez años adelante, evaluando el impacto en la sostenibilidad del sistema."Una parte de los recursos entraría de cogerlos todos, de trasladarlos de manera forzosa, obligatoria, a Colpensiones. Hay que decir que no a todo el mundo le conviene más el sistema de Colpensiones. De hecho, al 95 % de las personas, especialmente a las de ingresos más bajos, como están las reglas hoy, les conviene más quedarse en su fondo privado”, declaró el funcionario.La reacción de Asofondos se da tras el anuncio del presidente Petro durante la posesión de la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.“La cuantía de esos recursos son tres millones por $500.000 pesos mensuales, implica una reforma pensional, es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones, originando un sistema de pilares”, declaró el mandatraio de los colombianos.Le puede interesar:
Un doble homicidio seguido del suicidio del presunto agresor conmocionó al municipio de Ponce, en Puerto Rico. Los hechos ocurrieron durante la noche del 8 de noviembre en una residencia donde Rey Torres Roche, de 39 años, habría disparado contra su expareja, Yasmín Rivera Roca, de 47 años, y su amigo Gerardo Santiago Santiago, de 49. Después de los asesinatos, el hombre se atrincheró en la vivienda y posteriormente se quitó la vida.De acuerdo con Noticentro, de Wapa Puerto Rico, las dos víctimas se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron atacadas. La secuencia habría comenzado luego de que los tres compartieran durante la tarde en un negocio cercano, como acostumbraban hacerlo. Sin embargo, al llegar a la residencia se habría producido una discusión que terminó en el ataque armado, según explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.La situación también derivó en un intercambio de disparos que puso en riesgo a otros familiares presentes en el lugar. Bryan Santiago, sobrino de una de las víctimas, contó que tuvo que lanzarse al suelo junto con sus allegados cuando el agresor comenzó a disparar.“Me comenzó a disparar a mí también y a ciertos familiares que también estaban”, relató. El testimonio de los allegados también describió la relación que existía entre las víctimas y el presunto agresor. Según contaron a Noticentro, los involucrados se conocían desde hacía años y solían compartir en un ambiente de amistad y familiaridad. En cuanto a sus antecedentes, el reporte señaló que Torres Roche tenía expediente criminal, incluyendo una caso por agresión sexual, mientras que Santiago Santiago registraba antecedentes relacionados con sustancias controladas.Tras el episodio, las autoridades encontraron cerca de doce casquillos de bala. Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del doble asesinato y el posterior suicidio.
El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio la razón a Barranquilla en una demanda contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en la que alegaba que la entidad seguía mostrando, en sus mapas oficiales, un límite entre Barranquilla y Puerto Colombia basado en una norma que ya había sido declarada nula por la justicia.Es decir que dentro de la plataforma llamada “Colombia en Mapas” se apreciaban los límites expedidos en la ordenanza 075 de la Asamblea del Atlántico, cuando, según los argumentos del Distrito, esa norma fue dejada sin efectos legales por el mismo Tribunal y el Consejo de Estado.Así las cosas, el Tribunal ordenó corregirla en un plazo de 30 días. A partir de ahora, el mapa deberá mostrar, con el mismo peso, tanto la línea que reclama Barranquilla como la que reclama Puerto Colombia, y deberá quedar claro que ese límite todavía no está definido legalmente.Además, en el fallo también se ordena al Área Metropolitana de Barranquilla la entrega provisional al Distrito de una copia completa y organizada de la base catastral de los predios que están en la zona en disputa. Lo que significa que la Alcaldía de Barranquilla tendrá acceso, por primera vez de manera estructurada, a toda la información física, jurídica, económica y de avalúos de esos predios, así como al historial de trámites que se han hecho sobre ellos.Una de las condiciones para esa decisión es que tanto el Distrito como Puerto Colombia deberán si hay terrenos a los que les están cobrando impuestos dos veces por esta confusión de límites.Para el cumplimiento y vigilancia de estas disposiciones, fue creado un comité de seguimiento por parte de la autoridad conformado por el IGAC, Barranquilla, Puerto Colombia, el Área Metropolitana, la Procuraduría, la Contraloría y una organización no gubernamental con actividades relacionadas con la defensa del patrimonio público.Finalmente, el Tribunal aclaró que en ningún momento pidió devolver a Barranquilla los predios ni los impuestos que hoy recibe Puerto Colombia, pues el límite definitivo entre los dos municipios solo lo puede fijar el Congreso de la República, donde ya cursa ese trámite.
Ha pasado más de un año de la trágica muerte de Valeria Márquez, reconocida influencer, durante una transmisión en vivo cuando se encontraba en una peluquería haciéndose un tratamiento en las uñas y fue atacada a tiras por dos personas que llegaron a una moto.En agosto capturaron a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias 'El R1', quien estuvo detrás de su muerte por petición de su hijo, identificado como Francisco Ricardo Ruiz Velasco, conocido dentro de la organización criminal como 'El Doble R'. Sin embargo, capturaron al que habría sido el autor intelectual de toda la operación: Rafael Álvarez Ayala, conocido en la organización como ‘R2’, otro peligroso cabecilla.“La importancia de las detenciones de 'R1' y ahora de 'R2' radica en que se está avanzando contra los principales mandos de una organización criminal sumamente violenta que afectaba a la población con extorsiones y generando violencia, resaltó el secretario”, indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.La captura se logró tras un intercambio de disparos en Zapopá, zona metropolitana de Guadalajara, en donde se pudo dar todo el operativo en contra de este criminal que, inicialmente, estaba herido y fue atendido por médicos y luego llevado con custodia a un centro hospitalario para iniciar el proceso por los delitos de delincuencia organizada y homicidio.“Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de continuar con las acciones de inteligencia, investigación y despliegue territorial para consolidar la reducción de la violencia, fortalecer la seguridad y avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad en Michoacán”, expresaron desde la SSPC sobre este operativo.La muerte de Valeria Márquez se dio el 13 de mayo de 2025 y todo por haber terminado una relación sentimental con el hijo de ‘R1’, que buscando venganza ordenó quitarle la vida y abrió todo un operativo contra esta banda delincuenial.
Los operativos en contra de las bandas criminales de la región Caribe no se detienen. Recientemente, fue capturado en Barranquilla alias ‘Danielito’, un presunto integrante de los grupos armados ‘Los JJ’, de La Guajira, y ‘La Nueva Generación del Freseo’, cuya injerencia delincuencial está en el Atlántico.La noticia fue entregada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien destacó por sus redes sociales que esta persona es señalada de “sembrar miedo en Riohacha con disparos contra viviendas y establecimientos comerciales para intimidar a sus víctimas”.De acuerdo con el reporte de las autoridades, alias ‘Danielito’ intentaba evadir la justicia desde Barranquilla mientras, presuntamente, ejercía el control de las redes de microtráfico y extorsión en Riohacha, La Guajira. Al parecer, su expansión criminal la logró desde la muerte de alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, abatido por las Fuerzas Militares. De hecho, también es investigado por su presunta participación en el asesinato de un tendero el pasado 16 de junio en esa jurisdicción.Para el profesor Alejandro Blanco, miembro del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, estas alianzas criminales deben alertar a la Policía y al Gobierno Nacional de un aumento en las confrontaciones territoriales de estos grupos.“Las organizaciones criminales buscan mecanismos para sobrevivir, mucho más en tiempos de represión dura por parte del Estado. Las alianzas no son nuevas, es una manera de establecer jerarquías y órdenes criminales. El reto del Estado frente a estas alianzas básicamente está en salvaguardar la vida de los civiles porque tienden a incrementar la competencia criminal por el control territorial”, declaró a Blu Radio.En Barranquilla, particularmente, hay una ofensiva contra los integrantes de la estructura ‘Nueva Generación del Freseo’. Por ejemplo, en las últimas horas se dio la captura de otros dos de sus presuntos miembros.El primer operativo fue en Soledad, donde se allanaron varios inmuebles presuntamente utilizados como punto de venta y acopio de estupefacientes y armas de fuego. Allí fue detenido alias 'El Chino', con dos anotaciones judiciales, sería uno de los encargados de los homicidios y la venta de drogas en los barrios Villa Rosa y Antonio Nariño.Allí se incautaron también una pistola marca Glock calibre 9 mm, un proveedor, siete cartuchos calibre 9 mm, cuatro mil gramos de marihuana y 136 gramos de cocaína. En otro caso, fue interceptado un joven de 18 años con vínculos a esta banda. Él tenía en su poder un revólver marca Llama Martial, calibre 38, con tres cartuchos sin percutir, así como un chaleco balístico.
La Superintendencia de Notariado y Registro revocó seis procesos contractuales que sumaban cerca de $110.000 millones, luego de identificar posibles deficiencias en su estructuración y planeación. La revisión también permitió detectar 72 contratos con baja ejecución y siete que no registraban ningún avance, pese a que sus honorarios superaban los $12 millones mensuales.La nueva administración de la entidad, encabezada por Joaquín José Méndez Llach, adelantó una revisión de los procesos de contratación con el propósito de identificar irregularidades, corregir fallas y optimizar el uso de los recursos públicos.De acuerdo con el balance presentado por la Superintendencia, entre el 22 de junio y el 18 de agosto de 2026 se suscribieron 351 contratos por un valor aproximado de $8.000 millones. De ese total, 91 fueron firmados el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella.Durante la revisión, la entidad encontró 72 contratos con baja ejecución, en los que los soportes disponibles no permitían demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Ante estos hallazgos, se adelantaron las actuaciones correspondientes y se tomó la decisión de terminar anticipadamente esos contratos.Además, fueron identificados siete contratos de prestación de servicios que no registraban ejecución alguna y cuyos honorarios superaban los $12 millones mensuales. Entre los casos detectados, la entidad señaló el de una persona que no reside en Colombia.Otro de los principales resultados de la revisión fue la revocatoria de seis procesos de contratación relacionados con servicios de vigilancia, gestión documental y de archivo, licencias y seguros. En conjunto, estas contrataciones representaban compromisos estimados en cerca de $110.000 millones.Según explicó la Superintendencia, la decisión se tomó para revisar las condiciones de los procesos y corregir problemas en su planeación antes de iniciar nuevamente las convocatorias.La entidad además aseguró que en el caso del soporte de licencias, el presupuesto pasó de $8.300 millones a $6.900 millones, mientras se adelanta una nueva convocatoria con condiciones ajustadas.En cuanto a la contratación además reporta que, con corte al 30 de octubre, logró reducir en 620 el número de contratos de prestación de servicios, lo que representa una disminución cercana a los $23.000 millones.
