El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Daniel Wills, habló en Mañanas Blu acerca de la propuesta del presidente Petro respecto a las pensiones, con el propósito de entregar un bono de 500.00 pesos a adultos mayores que no contaron con los requisitos para jubilarse."La impresión inicial es que estamos hablando a mano alzada y faltan detalles sobre la mesa. No hay nada nuevo con respecto a lo que se dijo en la campaña", declaró Wills.Según el vicepresidente de Asofondos, se le ha pedido al Gobierno mirar los números con cuidado, teniendo en cuenta las implicaciones a cinco o diez años adelante, evaluando el impacto en la sostenibilidad del sistema."Una parte de los recursos entraría de cogerlos todos, de trasladarlos de manera forzosa, obligatoria, a Colpensiones. Hay que decir que no a todo el mundo le conviene más el sistema de Colpensiones. De hecho, al 95 % de las personas, especialmente a las de ingresos más bajos, como están las reglas hoy, les conviene más quedarse en su fondo privado”, declaró el funcionario.La reacción de Asofondos se da tras el anuncio del presidente Petro durante la posesión de la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.“La cuantía de esos recursos son tres millones por $500.000 pesos mensuales, implica una reforma pensional, es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones, originando un sistema de pilares”, declaró el mandatraio de los colombianos.Le puede interesar:
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, se refirió en El Radar de Blu Radio al impacto del paro armado atribuido a los Pachenca y a la situación de seguridad en el departamento. Durante la entrevista, señaló que la Troncal del Caribe ha sido durante décadas un escenario de confrontación y aseguró que la presencia de grupos criminales también ha afectado a jóvenes de zonas vulnerables.Aguilar sostuvo que el aumento de los actores violentos representa uno de los principales desafíos para las autoridades y cuestionó decisiones adoptadas durante el gobierno anterior. Según explicó, la llegada de recursos provenientes de actividades ilegales a sectores vulnerables ha facilitado que algunos jóvenes encuentren en las organizaciones criminales una alternativa.“Cuando fui secretario de Gobierno de Riohacha, de mi ciudad, lo logramos. Hicimos un trabajo maravilloso, logramos casi 3 meses sin que se cometiera un homicidio en la ciudad”, dijo Aguilar.El mandatario departamental señaló que las autoridades deben combinar las acciones de seguridad con programas sociales dirigidos a los jóvenes.¿Qué propone para enfrentar a los grupos criminales?Para Aguilar, uno de los retos consiste en que el Estado llegue a los territorios con mayor rapidez que las organizaciones ilegales. En ese sentido, mencionó medidas relacionadas con educación, deporte, emprendimiento y política social.“Además de plantarle cara a los grupos criminales, además de cerrar las fuentes de financiación, llegar también con una política pública, una política social que nos permita avanzar más rápido que cualquier organización criminal”, destacó.El gobernador también mencionó el programa Familias Guajiras 2, mediante el cual, según afirmó, se ha trabajado con núcleos familiares vulnerables. Asimismo, señaló que prepara un proyecto dirigido a más de 600 familias en Riohacha.¿Qué dijo sobre las decisiones del gobierno anterior?Al ser consultado sobre si las decisiones frente a la criminalidad durante el gobierno anterior fueron de buena o mala fe, Aguilar evitó atribuir una intención y planteó que el asunto debe ser investigado.“No quiero hablar de mala fe o de buena fe, pero sí se equivocaron. Yo creo que ahí hubo equivocaciones y esas equivocaciones nos están haciendo mucho daño”, precisó.Aguilar insistió en la necesidad de fortalecer la presencia estatal en La Guajira y destacó la importancia de articular las acciones nacionales con las autoridades regionales para atender las condiciones sociales y de seguridad del departamento.Escuche la entrevista completa aquí:
En El Radar de este sábado, 26 de septiembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la situación de orden público en Magdalena tras el paro de Los Pachenca, sus efectos en la actividad comercial y la muerte de alias Cholo. También se habló sobre las problemáticas de Colombia frente a México y el Foro América Libre.El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, habló sobre las problemáticas que enfrenta el sector tras el paro armado en Magdalena. Señaló que los jóvenes están optando por el dinero fácil, aumentando los actores violentos, y afirmó que en esto influyó el fracaso de la Paz Total.Mariana Gómez del Campo, presidenta de la ODCA, habló sobre las problemáticas que enfrenta actualmente Colombia y las comparó con la situación de México. Además, se refirió al Foro América Libre, que reunirá en Ciudad de México a representantes de más de 25 países, el próximo 30 de septiembre.El senador Carlos Manuel Meisel, se refirió al presupuesto aprobado para el año 2027 y explicó que es necesario recortar gastos de funcionamiento y refinanciar la deuda para liberar recursos hacia la inversión. Destacó: "Este no es el presupuesto soñado para nadie"Escuche el programa completo aquí:
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pidió abrir un debate técnico sobre el fracking en el departamento y advirtió sobre las dificultades que enfrenta Santander para financiar programas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y varios proyectos de inversión que dependen de recursos de regalías.La declaración se produjo al referirse a la posibilidad de recuperar recursos para el departamento a través de una mayor actividad de explotación de hidrocarburos. El mandatario insistió en que la discusión sobre el fracking no debe hacerse desde la política, sino con participación de expertos y análisis técnicos.“Tenemos que hacer el debate del fracking en Santander, no con politiquería, con practicismo, con expertos”, señaló el gobernador en su intervención.Díaz aseguró que Santander necesita encontrar nuevas fuentes de financiación porque los recursos disponibles no serían suficientes para cubrir algunas de las obligaciones del departamento.En ese contexto, mencionó específicamente el PAE y afirmó que el próximo año habrá dificultades para garantizar su financiación si no se encuentran alternativas.“Nos vamos a quedar sin plata, ya no vamos a pagar el PAE el año entrante”, afirmó el mandatario, quien agregó que el departamento tuvo una reducción de alrededor de $100.000 millones en los recursos disponibles.El mandatario planteó que el debate no debe centrarse únicamente en si se permite o no el fracking, sino también en definir de dónde saldrán los recursos que Santander necesita para financiar sus programas y proyectos.“Yo quiero que hagamos el debate y nos digan de dónde vamos a sacar la plata, o vamos a dejar aguantando hambre los niños más vulnerables de Santander”, manifestó.Díaz también explicó que la Gobernación tenía previstos siete proyectos para ejecutar con recursos de regalías, uno por cada provincia, pero que llevan cerca de dos años en proceso de viabilización.Según el gobernador, tras las recientes decisiones sobre los recursos disponibles, la administración departamental está buscando alternativas con el Ministerio de Hacienda para poder sacar adelante esas iniciativas.El gobernador sostuvo que Santander tiene capacidad para generar nuevos recursos a partir de la actividad petrolera en el Magdalena Medio, pero insistió en que cualquier explotación debe hacerse bajo condiciones técnicas.“Tenemos la capacidad allá en Magdalena Medio donde se puede hacer que se haga y que se haga bien”, afirmó.La discusión sobre el fracking volvió a tomar fuerza en Santander luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara la reactivación de la exploración de hidrocarburos, incluido el fracking, bajo criterios de responsabilidad ambiental.En Santander, el gobernador ya había planteado que los yacimientos no convencionales podrían representar mayores ingresos por regalías e inversión para el departamento y había defendido un debate técnico sobre esta posibilidad.Ahora, el mandatario vuelve a poner sobre la mesa la discusión, pero vinculándola directamente con las dificultades de financiación que enfrenta el departamento para sostener programas sociales y ejecutar obras proyectadas con recursos de regalías.
El presidente Abelardo De La Espriella designó a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones, dos días después de que la Presidencia solicitara la renuncia de Carlos René Montoya.Según lo informó el mandatario a través de su cuenta de X, Vélez Vengoechea es abogada, magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Además, cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva.Entre las instrucciones que recibió de parte del presidente está la protección de los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado durante toda su vida.De la Espriella también señaló que le pidió acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior.La designación de Vélez Vengoechea se conoció dos días después de la salida de Carlos René Montoya de la presidencia de Colpensiones. Montoya estuvo dos días en el cargo y dejó la entidad después de su intervención ante la Comisión Séptima del Senado, donde tuvo dificultades para responder todos los requerimientos relacionados con el sistema pensional del país.Durante esa sesión, Montoya reconoció que todavía estaba conociendo el funcionamiento de Colpensiones. Incluso solicitó apoyo de una funcionaria para responder algunas preguntas, pero desde la mesa directiva le recordaron que, al ser el funcionario citado, debía entregar las respuestas.Entre sus declaraciones durante la sesión estuvo: “Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”.La situación generó cuestionamientos en la Comisión Séptima, que decidió aplazar la sesión y planteó la posibilidad de volver a citar al funcionario para responder los interrogantes pendientes.Según la información entregada por la Presidencia, la solicitud de renuncia estuvo relacionada con las dificultades de Montoya para responder con precisión asuntos sobre el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional.
Millones de trabajadores realizan sus respectivos aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Sin embargo, para quienes reciben ingresos por medio de varios contratos de prestación de servicios, una modificación empezará a aplicarse desde el próximo año y podría aumentar el valor destinado a los pagos de este sistema.El cambio está relacionado con la manera de determinar el ingreso base de cotización (IBC) cuando una persona cuenta con varios contratos durante el mismo mes. Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Buenaventura, afirmó que la reforma pensional no creó una nueva manera de cotizar los ingresos, pues la norma ya existe.“Cuando una persona tiene uno o varios contratos de prestación de servicios en un mismo mes y se cumplen las condiciones previstas, debe sumar los honorarios devengados y calcular una base mínima de cotización equivalente al 40 % de ese total, sin incluir IVA”, explicó Tejedor.¿Cómo serán los aportes en 2027?El impacto puede verse en el caso de un consultor que recibe $10 millones por un contrato, $3 millones por otro y $2 millones por un tercero. En ese caso, sus ingresos llegarían a $15 millones.Por lo tanto, si solamente cotiza por el contrato más alto, es decir, el de $10 millones, el IBC sería de $4 millones y los aportes de salud y pensión sumarían alrededor de $1,14 millones al mes, sin contar los riesgos laborales.Ahora bien, si debe considerar los $15 millones, el IBC ascendería a $6 millones y los aportes a salud podrían rondar los $1,71 millones, lo que representaría una diferencia de $570.000 mensuales.¿Quién pagará la seguridad social de los trabajadores independientes?El Decreto 514 de 2025 permite que el contratante y el contratista acuerden que la empresa o entidad realice directamente los aportes. En ese caso, tendrá que descontar de los honorarios los valores correspondientes y realizar el pago.Sin embargo, si no existe ese acuerdo, el contratista continuará encargado de sus aportes. La situación requiere mayor coordinación cuando tiene varios clientes y más de uno decide realizar los descuentos.¿Cuándo cambiará el cálculo de los aportes?El momento señalado en la información es abril de 2027, cuando comenzarán a aplicarse las disposiciones de la reforma pensional que pueden incidir en esta materia.La recomendación de Tejedor es llevar un registro mensual de los honorarios, revisar el IBC reportado en la PILA y verificar los acuerdos de pago con cada contratante para evitar diferencias en los aportes.
