“Con el nuevo modelo que implantó el alcalde Peñalosa para Salud Bogotá dejó a los hospitales sin suministros, no hay suministros para cirugías ni alimentación de los pacientes. Nosotros tenemos fotografías de la alimentación que se le está dando a los pacientes y es ridícula”, dijo. Así mismo afirmó que no les han pagado a los trabajadores el salario del mes de marzo. “Los trabajadores necesitan transporte, comida para poder subsistir y aún no se sabe cuándo les van a pagar”. Zapata aseguró que, en medio de la crisis por falta de pago, el hospital de Kennedy cerró el servicio de oftalmología, oncología, cardiología, entre otros.
El programa del sábado, 5 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, un recorrido por el 9/11 Memorial Museum, y contó con las siguientes secciones:En Reconstruyendo País, se presentaron dos emprendimientos afectados por el terremoto: D'ABEJAZ, una empresa familiar de Pereira dedicada a productos derivados de la colmena y educación ambiental, y el negocio de salsas artesanales de Adriana Muñoz, en Cali, quien busca volver a empezar tras perder su vivienda.En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la importancia de que los padres mantengan la autoridad frente a sus hijos, a partir del caso de un niño que se negó a ponerse el cinturón de seguridad en un avión y provocó la cancelación del vuelo.En el Tema Central, Marieth Lozano, subdirectora del Campo de Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos, explicó cómo identificar una posible adicción al celular y a las redes sociales.En Les Tengo una Historia, se recordó el día en que The New Yorker rechazó publicar el cuento El Rastro de tu Sangre en la Nieve, de Gabriel García Márquez, apenas un año antes de que recibiera el Nobel de Literatura.Escuche el programa completo aquí:
El ahorro voluntario de agua aumentó en Medellín durante el tercer día de la campaña para reducir el consumo ante las condiciones del fenómeno de El Niño. Sin embargo, Empresas Públicas de Medellín advirtió que los resultados todavía están por debajo de las metas necesarias para disminuir el riesgo de un posible racionamiento.En el sistema abastecido por el embalse Piedras Blancas, que atiende las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, se ahorraron 27 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 92 litros. Esto significa que se alcanzó cerca del 29 % de la meta establecida por EPM, es decir que todavía falta un 71 % del ahorro requerido.En La Fe, que suministra agua a las zonas centro y sur de Medellín y a los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado, el ahorro fue de 15 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 70 litros. En este sistema se cumplió aproximadamente el 21 % de la meta y falta cerca del 79 %.Por su parte, en el sistema abastecido por el embalse Riogrande, que atiende las zonas occidental y noroccidental de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, se ahorraron 6 litros diarios por vivienda o local, frente a los 70 litros requeridos. Allí apenas se alcanzó el 9 % de la meta, lo que quiere decir que todavía falta el 91 % del ahorro esperado.Aunque el comportamiento representa una mejora frente a los días anteriores, EPM insiste en que todavía falta aumentar significativamente el ahorro. La empresa hizo un llamado especial a la comunidad para mantener y reforzar estas medidas durante este fin de semana, cuando tradicionalmente se registra un mayor consumo de agua.La recomendación es reducir el tiempo de las duchas, cerrar las llaves mientras no se estén utilizando, reutilizar el agua cuando sea posible y evitar el lavado de vehículos con manguera.
Un operativo de la Policía Nacional en el barrio La Magdalena, en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, dejó al descubierto una preocupante situación en la cual 47 menores de edad, entre los 9 y 17 años, fueron encontrados presuntamente consumiendo bebidas embriagantes al interior de un establecimiento que funcionaba bajo la fachada de sindicato.La intervención fue realizada por la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en el marco de las acciones de prevención y control para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes. Según las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo tras un seguimiento a convocatorias difundidas a través de redes sociales, lo que permitió ubicar el establecimiento.Al ingresar al lugar, los uniformados evidenciaron que los menores estaban consumiendo licor, entre ellos cerveza, aguardiente, ron y whisky. Además, uno de los adolescentes fue hallado en aparente alto estado de embriaguez, lo que encendió las alertas sobre las condiciones en las que se encontraban.Incautan armasDurante el operativo también fueron incautadas sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y productos derivados del tabaco, lo que agrava aún más la situación detectada en este sitio.De acuerdo con las labores de verificación, las autoridades establecieron que los administradores del establecimiento habrían cambiado en repetidas ocasiones la razón social con el objetivo de evadir los controles. Asimismo, se confirmó que el lugar es reincidente en comportamientos contrarios a la convivencia, ya que registra cuatro cierres previos en aplicación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.El operativo se desarrolló de manera articulada con la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió la atención de los menores para el restablecimiento de sus derechos.Como resultado, al establecimiento se le impuso una medida correctiva de suspensión temporal de la actividad por un término de diez días.
Seis ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Santander luego de ser ubicados durante operativos de control migratorio realizados en Bucaramanga y San Gil. Migración Colombia aseguró que los extranjeros registraban reiteradas actuaciones contrarias a la convivencia y, en algunos casos, incumplían medidas administrativas previamente impuestas.Los procedimientos hacen parte de los controles que adelantan las autoridades para verificar la situación de ciudadanos extranjeros en el departamento y establecer si cumplen con las normas migratorias y de convivencia.En el centro de Bucaramanga, los funcionarios identificaron a tres ciudadanos extranjeros que aparecían registrados por comportamientos contrarios a la convivencia y que, además, tenían medidas de expulsión vigentes.Luego de verificar la información y la situación migratoria de cada uno, Migración Colombia hizo efectiva su salida del territorio nacional.Entre los comportamientos que aparecen en los registros están alterar la tranquilidad y la convivencia, consumir o portar determinadas sustancias en lugares donde está prohibido, generar ruidos que afectan a otras personas y adoptar conductas que pueden poner en riesgo la seguridad de terceros.Estas actuaciones están contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016.La misma situación se presentó en San Gil, donde durante operativos de inspección, control y vigilancia fueron identificados otros tres ciudadanos extranjeros.Según Migración Colombia, estas personas también tenían registros relacionados con afectaciones reiteradas a la convivencia y el incumplimiento de medidas administrativas, por lo que se aplicaron las medidas migratorias correspondientes.De esta manera, en los procedimientos realizados en ambos municipios fueron seis los extranjeros que terminaron expulsados del país.El director general de Migración Colombia, CR (r) José Luis Castañeda Tiria, aseguró que la entidad mantiene la identificación y verificación de ciudadanos extranjeros que registren delitos, antecedentes o actuaciones que afecten la seguridad y la convivencia.“Desde Migración Colombia hacemos primero el trabajo de identificación y verificación de aquellos ciudadanos extranjeros que registran delitos, antecedentes o actuaciones que afectan la seguridad y la convivencia”, señaló el funcionario.Castañeda Tiria explicó que, cuando las condiciones lo permiten y de acuerdo con las competencias de la entidad, se aplican las medidas migratorias correspondientes para que estas personas salgan del territorio nacional.Los operativos continuarán en Santander, en coordinación con la Policía y las autoridades territoriales, como parte de las acciones de control migratorio y seguridad que se adelantan en el departamento.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.Dentro del trámite, el juez ordenó como medida provisional la suspensión temporal de bombardeos contra objetivos militares en el Guaviare cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de niños o adolescentes que puedan resultar afectados en su vida o integridad física. La medida estará vigente mientras el juzgado toma una decisión de fondo sobre la tutela.El despacho explicó que tomó esta decisión de manera preventiva porque considera que el riesgo de que un menor reclutado por un grupo armado pueda morir o resultar herido durante una operación militar no puede descartarse. Para el juez, una eventual afectación de la vida o integridad de un niño sería un daño irreversible, que no podría repararse con una decisión judicial posterior.El juzgado también tuvo en cuenta antecedentes de menores de edad que han muerto durante operaciones militares. En el auto cita información de Medicina Legal según la cual, entre diferentes operaciones realizadas desde agosto de 2025, fueron recuperados cuerpos de menores de edad y, tras los análisis forenses, se determinó que 15 de los cuerpos correspondían a niños o adolescentes.Sin embargo, el despacho hizo varias precisiones. La decisión no significa que todos los bombardeos estén suspendidos, ni que toda operación militar en la que pueda haber menores sea automáticamente ilegal. La suspensión está limitada a las circunstancias concretas señaladas en la orden y fue considerada por el juez como una medida excepcional, temporal y preventiva.El juzgado también señaló que en esta etapa no está afirmando que las autoridades hayan vulnerado los derechos de los menores ni está estableciendo su responsabilidad. Lo que reconoce es que existen elementos objetivos que hacen posible el riesgo denunciado y que, por tratarse de derechos fundamentales de niños y adolescentes, es necesario adoptar una protección mientras se estudia el caso.Los vinculados a la tutela tendrán 48 horas para responderComo parte de la tutela, el juez ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al ICBF que, en un plazo de 48 horas, informen cuáles son las medidas y protocolos que tienen implementados o que deben reforzar, para identificar la posible presencia de menores en las zonas donde se desarrollan operaciones militares.También deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia relacionada con posibles menores reclutados o utilizados por grupos armados, cómo evalúan los riesgos para la población civil antes de las operaciones aéreas y qué medidas aplican para garantizar una protección especial a los niños y adolescentes.Las demás entidades vinculadas al proceso también tendrán un plazo máximo de 48 horas para responder los hechos planteados en la tutela y aportar las pruebas que consideren necesarias.La tutela continuará su trámite con la participación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, autoridades indígenas y organizaciones campesinas del Guaviare.También fueron invitados organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF, además de facultades de Derecho de varias universidades, para que puedan aportar sus opiniones sobre el problema jurídico.El juez deberá analizar toda esta información antes de emitir una decisión definitiva sobre la tutela. Por ahora, la orden de suspender determinados bombardeos es una medida provisional destinada a prevenir posibles afectaciones a menores mientras se estudia de fondo el caso.
