Una circular de la Secretaría de Educación de Valledupar es motivo de discordia con la Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar), quienes serían obligados a reponer las horas de clase perdidas por el paro cívico del pasado 18 de marzo, convocado por el presidente Gustavo Petro. En conversación con Blu radio, el presidente de Aducesar, Jorge Rivero, manifestó que no entienden esta decisión liderada por el secretario Camilo Pinto, por lo que, desde este jueves, se declararon en “desobediencia civil”. “Siempre somos respetuosos de las actuaciones legales constitucionales y tenemos que decir abiertamente que es desacertado lo que el secretario Camilo Pinto está planteando en la circular. No encontramos razón alguna para recuperar ese día, sí fue avalado por la misma administración municipal”, dijo inicialmente. “Nosotros lo que vemos aquí es una forma de amordazarnos e intimidarnos para desestimular nuestras bases cada vez que se llame a una protesta y por eso estaremos sacando una circular dirigida a todos los docentes, y directivos, para declararnos en desobediencia civil a esa circular”, agregó. Jorge Rivero afirmó que los docentes en el Cesar siempre han estado comprometidos con dar los contenidos que se dejan de ver para no afectar a los niños, por lo que por la decisión más de 2.000 maestros se verán afectados. A su vez, la orden llega en un momento en el que han tenido falencias para realizar su trabajo, sobre todo en zonas rurales donde la infraestructura y movilidad no es la mejor. Para culminar, el presidente de Aducesar reveló que han estado llamado y escribiéndole al secretario Camilo Pinto, sin embargo no han recibido respuesta. Este viernes esperan acercarse a su oficina para verificar si es posible la comunicación.
En Santander también se realizó la marcha en apoyo a las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, quien convocó a un día cívico. La manifestación, desarrollada reunió a adultos mayores, madres cabeza de hogar, jóvenes y hasta niños, comenzó en la Puerta del Sol de Bucaramanga. Con pancartas, tambores y zanqueros, los marchantes recorrieron la carrera 27, expresando su desacuerdo con los congresistas que hundieron la reforma laboral y aseguraron con arengas que no consideran las necesidades del pueblo.Los manifestantes aseguraron que esta marcha representa una oportunidad para que Colombia cambie. “El hecho de que se hundiera la reforma laboral es lo más triste y sucio que ha hecho el Congreso, es un ataque a los jóvenes", dijo Gonzalo Torres, un profesional que participó en la protesta, destacando que se necesitan más oportunidades laborales para la juventud.Otro punto de concentración fue la Universidad Industrial de Santander (UIS), desde donde los manifestantes avanzaron hasta la calle 36. Durante el recorrido, se escucharon dos detonaciones de papas bombas, y algunos de los participantes pintaron grafitis en paredes, como uno que decía “Las Cuchas tienen razón” en un banco, otro en la Universidad Antonio Nariño cerca del Parque de los Niños y otro en un establecimiento comercial.María Alicia, una adulta mayor, expresó lo siguiente:“Tenemos que marchar por nuestros hijos y nietos, ellos merecen un futuro mejor. Como persona de la tercera edad, espero que tengan más oportunidades. Les pido a los colombianos que voten por las nuevas reformas. No es justo que los congresistas, a quienes nosotros elegimos, solo piensen en ellos mismos y no en la gente humilde”.Milena, madre cabeza de familia, también se unió a la protesta, destacando la importancia de las reformas en salud y en la mejora de las condiciones laborales para los jóvenes, especialmente en lo relacionado con salarios dignos.En el departamento también se registraron marchas como la de Barrancabermeja donde, incluso, participaron trabajadores del sindicato de la USO de Ecopetrol, jóvenes y padres de familia participaron de esta marcha.En San Gil, profesores, sindicalistas y campesinos salieron para marchar a favor de las reformas del Gobierno nacional. La movilización terminó en el parque principal del municipio.
El presidente Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para participar en las manifestaciones en apoyo a las reformas sociales.Desde allí, el presidente Gustavo Petro cuestionó a los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral.“Ya ellos, los senadores, no son seres humanos, cuando eso sucede, cuando la tiranía contra el pueblo se impone, el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible”, señaló Petro.Además, también cuestionó a algunos alcaldes que no se acogieron al día cívico decretado para este martes por el Gobierno.“Alcalduchos pisoteando la Constitución, pasándose por la faja y queriendo ensuciar las páginas escritas por la historia de Colombia en la constitución del 91, que dicen que la protesta es un derecho fundamental y que ningún gobernante se puede oponer”, agregó el presidente.Por último, aseguró que ahora se debe lograr que la plenaria del Senado apruebe la consulta popular."En la plenaria del Senado cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo, si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo y le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser”, dijo Petro.
Centrales obreras y sectores afines al Gobierno saldrán a las calles para manifestarse contra el virtual hundimiento de la reforma laboral en el Congreso en una jornada declarada día cívico por el presidente Gustavo Petro, quien encabezará las movilizaciones.Las manifestaciones fueron convocadas por el Comando Nacional Unitario, integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), a las que se sumaron los sindicatos de maestros, el Pacto Histórico, el partido de Gobierno de Colombia y organizaciones indígenas.Como apoyo a este movimiento, Petro decretó que será día cívico para que la gente acuda a las manifestaciones, una medida contestada por la mayoría de alcaldes y gobernadores que no están de acuerdo porque constituye una presión al Poder Legislativo y aseguraron que habrá normalidad en sus municipios y departamentos.Acaldes y gobernadores en contraEn contra del día cívico por las manifestaciones se ha posicionado la mayoría de autoridades regionales, entre ellos los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, al igual que los gobernadores de Antioquia, Valle del Cauca y Santander, entre otros."Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar", dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.Reaccionó a la negativaAnte la negativa de varios algunos alcaldes y gobernadores, el mandatario la emprendió en su contra por medio de su cuenta de X, su red preferida para lanzar mensajes a diario. Los ha llamado “alcaldes de la miseria, el dinero y la muerte”, refiriéndose a la negativa por sumarse a la jornada.Y agregó a través de la misma red social: “Alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo. Ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que se le debe dar a un niño, es la de la dignidad que no tienen los alcaldes, porque sirven al dinero y no a su pueblo”, Los ataques no han sido solo contra los mandatarios, los gremios empresarios también se cargaron varios mensajes: "Les duele a los presidentes de gremios, los poderosos de Colombia, que el obrero y la que madruga desde temprano a servirles los tintos en la mañana, mientras dejan a sus hijos solos, tengan un mejor salario, una media hora más para abrazar y querer a los niños. Les duele que haya más felicidad en el hogar colombiano. Les duele el abrazo de hermanos y la fiesta, de bailar contra todas las presiones y cantar con el alma, compañero. Les duele la felicidad y la alegría del ser humano, porque solo saben contar dinero y ya no tienen corazón", dijo. El presidente afirmó incluso que él encabezará las manifestaciones porque con ellas "comienza la consulta popular en Colombia" sobre sus reformas, laboral y a la salud, que están en discusión en el Congreso.A favor y en contraEntre los apoyos con los que cuenta el presidente para las manifestaciones están seis organizaciones de indígenas cuyos integrantes llegaron en autobuses a Bogotá durante el fin de semana, procedentes en su mayoría del departamento del Cauca."Expresamos nuestro apoyo a la movilización convocada en el país para defender las reformas estructurales que exige la población colombiana. En consecuencia, participaremos activamente en la jornada", dicen las organizaciones agrupadas en el Movimiento Indígena de Colombia.Por otro lado, la jornada ha tenido la oposición de sectores que la leen como una forma del Gobierno de Petro para presionar al Congreso y a otras instituciones que considera que bloquean sus iniciativas.El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, del partido opositor Cambio Radical, criticó al Gobierno por lo que llamó "convocatoria forzada"."El ultimátum siempre termina en la convocatoria al pueblo a salir a las calles. Ya tendría que haberse dado cuenta de que nadie les teme a estos anuncios por siempre fallidos como no sean con la convocatoria forzada a los empleados públicos (...) y hasta menores de edad sacados a la fuerza de los colegios", aseguró.
Este martes, 18 de marzo, el país será testigo de una jornada de movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro, en respaldo a las reformas laboral y de salud. El mandatario ha calificado esta jornada como “las movilizaciones más grandes de la historia”, con el objetivo de demostrar el respaldo ciudadano a estas iniciativas y sentar las bases para un posible proceso de consulta popular que permita su aprobación.Zonas afectadas por manifestacionesLas movilizaciones tendrán lugar en múltiples ciudades del país, con puntos de encuentro estratégicos para facilitar la participación ciudadana. A continuación, se detallan los principales lugares y horarios de concentración:Bogotá: Parque Nacional y Plaza de Bolívar (9:00 a.m.)Medellín: Parque de la Milagrosa y Parque Berrío (8:30 a.m.)Cali: Parque de las Banderas y Glorieta de la Estación (9:00 a.m.)Barranquilla: Sena Calle 30 y Boulevard Simón Bolívar (7:30 a.m.)Villavicencio: C.C. Viva y Parque los Libertadores (9:00 a.m.)San Andrés: Casa del Educador (7:30 a.m.)Cúcuta: Parque Simón Bolívar (8:00 a.m.)Santa Marta: Sena Comercial (8:00 a.m.)Ibagué: La Casa del Maestro y Parque Manuel Murillo Toro (8:00 a.m.)Neiva: Centro de Convenciones José Eustasio Rivera (8:00 a.m.)Cartagena: 4 Vientos (4:00 p.m.)Manizales: Parque Faneón (9:00 a.m.)Yopal: Parque Santander (8:00 a.m.)Sincelejo: Parque Santander (8:00 a.m.)Pasto: Parque Santiago (9:00 a.m.)Montería: Parque de los Canarios (9:00 a.m.)Otras ciudades con puntos de encuentroRiohacha: Parque Simón Bolívar (7:00 a.m.)Valledupar: Sena Sede las Flores y Plaza Alfonso López (8:00 a.m.)La Plata, Huila: Hospital San Antonio de Padua (8:00 a.m.)Garzón, Huila: Parque Nazareth (8:00 a.m.)Pitalito, Huila: Frente al conjunto residencial Los Cedros (8:00 a.m.)Florencia: Parque San Francisco (8:00 a.m.)Risaralda: Plaza de Bolívar (8:00 a.m.)Sogamoso: Plaza de la Villa (9:00 a.m.)Arauca: Colegio Gustavo Villa (9:00 a.m.)Apartadó: C.C. Nuestro Urabá (9:00 a.m.)Armenia: Banco de la República (9:00 a.m.)Mocoa: E.D.S Las Villas (9:00 a.m.)Quibdó: Banco de la República (9:00 a.m.)Puerto Carreño: Parque Gloria Lara (9:00 a.m.)Fusagasugá: Rotonda de los taxis Prado Altagracia (8:30 a.m.)
Con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y en concordancia con las directrices del Gobierno nacional, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja en cabeza de su alcalde Jhonathan Vásquez ha emitido el Decreto 107 de 2025 donde se declara este martes, 18 de marzo de 2025, como "día cívico".Así mismo señala el documento que "este día será de importancia para la ciudadanía y los servidores públicos, ya que se suspenderán las actividades laborales en la Administración Distrital. No habrá atención al público en las dependencias del gobierno distrital, ni clases en las instituciones educativas oficiales del Distrito".De igual manera, servicios y funciones esenciales de vital importancia como atención de emergencia, movilidad, salud y garantía del orden público, continuarán sus labores de manera normal.Los funcionarios de servicios permanentes como las Comisarías de Familia, las Inspecciones Urbanas y Rurales de Policía, entre otros, deberán seguir las directrices de sus jefes inmediatos y cumplir con las tareas asignadas.Además, este día será considerado hábil para los procesos y procedimientos contractuales.La administración de Barrancabermeja señaló que se adhiere a la directriz nacional, promoviendo el respeto por los derechos ciudadanos y asegurando el funcionamiento de los servicios fundamentales en la ciudad.
Aunque, a través del Decreto Presidencial 0302 de 2025, se declara el 18 de marzo como "Día Cívico para la Participación Ciudadana", con el fin de que los colombianos apoyen la reforma laboral y de salud, desde la Alcaldía de Neiva se indicó que durante la jornada se laborará con normalidad.El comunicado señala, además, que esta decisión se toma para seguir atendiendo las diferentes emergencias presentadas en la ciudad debido a las lluvias atípicas. Asimismo, se garantiza el derecho a la manifestación.En la tarde del lunes, se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) con el objetivo de realizar un seguimiento en tiempo real y coordinar las acciones pertinentes ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en la ciudad durante las manifestaciones."En Neiva hemos adoptado medidas para la jornada de protesta. La primera es garantizar el derecho a la protesta y a la manifestación pública pacífica sin ningún obstáculo. La segunda es expedir un decreto con las medidas correctivas que garanticen el orden, la seguridad y la convivencia en la ciudad, evitando la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos que no participan en ella", señaló José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.Por su parte, desde la Gobernación del Huila se informó que la jornada laboral se desarrollará con normalidad, garantizando la atención al público en los horarios habituales.La Administración Departamental reitera que no habrá ningún tipo de restricción para quienes deseen participar en las actividades programadas en el marco de esta jornada. En el caso de los servidores públicos y contratistas del departamento, se respetará plenamente su decisión de acogerse a esta convocatoria.
El Gobierno ya publicó el decreto por medio del cual se declara el martes 18 de marzo como "Día Cívico para la Participación Ciudadana". El documento fue firmado por el presidente Gustavo Petro y otros de sus ministros. Este martes se debate la reforma laboral en el Congreso, virtualmente hundida, y además habrá movilizaciones convocadas por sectores afines al Gobierno."Declarar como "Día Cívico para la Participación Ciudadana" el próximo 18 de marzo de 2025, con motivo de garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía de expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad", se lee en el decreto.Es importante recordar que algunos mandatarios regionales y locales han dicho que no se acogerán al día cívico, una decisión que ha generado choques con el presidente Gustavo Petro, quien les ha respondido por medio de su cuenta de X."Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, de los niveles central y descentralizado, impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el 18 de marzo de 2025 sea considerado como un día no hábil, laboralmente", dice el decreto.Además, el Gobierno asegura que se debe garantizar el orden público y respetar los derechos de los ciudadanos."Las autoridades territoriales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales referidas a la conservación del orden público y respeto de los derechos y garantías ciudadanas, adoptarán las medidas apropiadas para facilitar a las personas el ejercicio del derecho de manifestarse y reunirse, de manera pública y pacífica, en el marco del día cívico para la participación ciudadana", agrega el decreto.Decreto:
El Gobierno nacional ha decretado el próximo 18 de marzo de 2025 como el "Día Cívico para la Participación Ciudadana", permitiendo a la ciudadanía expresar su respaldo a las reformas sociales. Esta medida impactará la operación de varias entidades públicas en todo el país.¿Cuáles entidades no prestarán servicio por día cívico?De acuerdo con el Decreto 0302 de 2025, las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado, suspenderán sus actividades laborales y de atención al público. Esto significa que ministerios, superintendencias, institutos y otras entidades gubernamentales no operarán ese día.Entidades afectadas:Ministerios y sus dependenciasSuperintendenciasAgencias estatalesEmpresas industriales y comerciales del EstadoEntidades autónomas del nivel nacional¿Qué pasa con alcaldías y gobernaciones?Las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones), sus entidades descentralizadas y las ramas legislativa y judicial podrán decidir de manera autónoma si adoptan el 18 de marzo como día no hábil. Esto implica que, dependiendo de cada municipio o departamento, podría haber cierre de oficinas o continuidad de actividades.¿Qué servicios seguirán operando en día cívico?No todas las entidades cesarán actividades. Aquellas que prestan servicios esenciales seguirán funcionando con normalidad. Esto incluye:Fuerza pública (Policía y Fuerzas Militares)Servicios de salud y emergenciasAtención y prevención de desastresMovilidad y transporte públicoSeguridad y orden públicoImpacto en el sector educativoLas instituciones educativas podrán realizar ajustes en sus calendarios académicos en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional. Se recomienda a estudiantes y docentes estar atentos a los comunicados oficiales de sus respectivas instituciones.Decreto de día cívico en Colombia
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, respondió con firmeza al presidente Gustavo Petro luego de que este se refiriera a algunos mandatarios locales como "alcaldes de la muerte", por no apoyar el día cívico de este martes."Defender la vida es garantizar que los niños que dependen del PAE (Programa de Alimentación Escolar) no se queden sin comer ese día. Defender la vida es evitar que las ciudades se paralicen por caprichos ideológicos que solo aumentan la polarización en Colombia", manifestó Beltrán.El mandatario local recordó que en Bucaramanga hay más de 70.000 niños estudiando, de los cuales 40.000 dependen del PAE. "No puedo desescolarizar a los niños ni dejar de garantizarles su alimentación solo porque el presidente decidió que hoy es un día cívico. Otro día se le ocurrirá algo más por capricho", cuestionó.Beltrán también criticó lo que considera un comportamiento electoralista del jefe de Estado. "No podemos detenernos por los caprichos del presidente, quien al parecer está en campaña política en lugar de gobernar el país", afirmó. "Nosotros, como alcaldes, no podemos someternos a políticas basadas en ideologías o en movimientos políticos, sino en hechos reales y en las necesidades de los ciudadanos". Además, señaló que Petro parece desconocer los territorios, ya que no se ha interesado en ellos.Asimismo, hizo un llamado a la sensatez y la cordura, insistiendo en que las reformas deben ser consensuadas y no imponerse a través de manifestaciones políticas que buscan intimidar o amedrentar."Bienvenidas sean las reformas, pero que sean realmente construidas con el consenso de todos y no a través de ataques políticos. Ya basta de debates estériles; necesitamos gobernar", subrayó el alcalde.Finalmente, Beltrán denunció que no solo los grupos criminales amenazan a los alcaldes, sino que ahora también sienten presión desde el Gobierno Nacional. "El rótulo nos lo pone él, nos amenaza con palabras, mientras que los grupos criminales y las bandas también lo hacen", enfatizó.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
