Un juez del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad a la imputación de cargos que presentó el abogado de Edwin Besaile, exgobernador del departamento de Córdoba. Ahora, con esta decisión el exmandatario se deberá enfrentar al proceso con un proceso judicial sobre sus bienes.En medio de la audiencia que se reanudó este miércoles, 21 de febrero, Besaile se declaró inocente por el delito de enriquecimiento ilícito luego de que el fiscal que llevará su caso lo señaló de haber recibido supuestamente más de 2.000 millones de pesos para su campaña a la Gobernación de Córdoba."Maniobras delictivas ejecutadas por Besaile en los comicios para ser elegido gobernador de Córdoba 2016-2019. El apoyo económico se gestó en el segundo semestre de 2015 cuando también exgobernador, Alejandro Lyons, le entregó la suma de $2.100 millones", dijo el fiscal del caso.La investigación contra Besaile determinó que Lyons y el exsenador Musa Besaile, hermano del exgobernador de Córdoba, acordaron distribuir el dinero que recibían de las coimas ilegales a partir de los recursos procedentes de convenios de ciencia y tecnología y los recobros presentados a pacientes hemofílicos.Así se habría respaldado la aspiración de Edwin Besaile a la campaña electoral de ese departamento, pero la fiscal explicó que "el dinero obtenido por Besaile que, incrementó su patrimonio de manera injustificada, era parte de las coimas que recibía el exgobernador Lyons de los recursos de regalías y hemofilia”.De esta manera, Edwin Besaile aseguró su elección como gobernador de Córdoba y de paso se comprometió a futuro sus funciones con su financiador, según la Fiscalía. Así mismo, durante la imputación el ente investigador determinó que el exgobernador de Córdoba debe responder en su calidad de autor porque “con conciencia y voluntad libre actuó dolosamente en cuanto conocía que las sumas que obtuvo de Alejandro Lyons eran fruto por corrupción administrativa y comisiones ilegales”.
La fiscal nueve delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó formalmente ante un juez la imputación de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, señalado de recibir millonarias sumas de dinero para impulsar su campaña al cargo que llegó a ocupar en el departamento.Para la fiscal del caso hubo “maniobras delictivas ejecutadas por Besaile en los comicios para ser elegido gobernador de Córdoba 2016-2019. El apoyo económico se gestó en el segundo semestre de 2015 cuando el también exgobernador, Alejandro Lyons, le entregó la suma de $2.100 millones”.La investigación contra Besaile determinó que Lyons y el exsenador Musa Besaile, hermano del exgobernador de Córdoba, acordaron distribuir el dinero que recibían de las coimas ilegales a partir de los recursos destinados para regalías y salud procedentes de convenios de ciencia y tecnología y los recobros presentados a pacientes hemofílicos.Así se habría respaldado la aspiración de Edwin Besaile a la campaña electoral de ese departamento, pero la fiscal explicó que “el dinero obtenido por Besaile que, incrementó su patrimonio de manera injustificada, era parte de las coimas que recibía el exgobernador Lyons de los recursos de regalías y hemofilia”.De esta manera Edwin Besaile aseguró su elección como gobernador de Córdoba y de paso se comprometió a futuro sus funciones con su financiador, según la Fiscalía. Así mismo, durante la imputación el ente investigador determinó que el exgobernador de Córdoba debe responder en su calidad de autor porque “con conciencia y voluntad libre actuó dolosamente en cuanto conocía que las sumas que obtuvo de Alejandro Lyons eran fruto por corrupción administrativa y comisiones ilegales”.La audiencia de imputación de cargos por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Edwin Besaile quedó aplazada para el próximo miércoles 21 de febrero.
El exgobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad no aceptó cargos por el Cartel de la Hemofilia, en audiencia que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia.El fiscal del caso presentó el escrito de acusación y le preguntó al exgobernador si aceptaba los cargos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, por haber utilizado recursos del cartel de la hemofilia para campañas políticas, a lo que Besaile respondió que no.Le puede interesar:Según la investigación Edwin Besaile recibió del entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons, por intermediación de su hermano, Musa Abraham Besaile Fayad, 2.100 millones de pesos para financiar su campaña política. Presuntamente este dinero fue justificado recobros de supuestos servicios prestados, a través de una institución de salud, a pacientes con enfermedades de alto costo como la hemofilia.Y al parecer Edwin Besaile, entonces gobernador de Córdoba habría firmado dos documentos por 2.100 y 1.900 millones de pesos.Por lo pronto, la Fiscalía sigo advirtiendo que los recursos habrían sido utilizados en la financiación de campañas políticas.Escuche el podcast El Camerino:
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador John Moisés Besaile Fayad, hermano de Musa Besaile, y lo vinculó mediante indagatoria por presuntas irregularidades en el trámite de convenios de ciencia y tecnología cuando era secretario del Interior de Córdoba en 2012.John Moisés Besaile Fayad es hermano de Musa Besaile, quien enfrenta un proceso penal por el llamado Cartel de la Toga luego de que consignara más de 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y de Edwin Besaile, exgobernador de Córdoba procesado por el Cartel de la Hemofilia, quien enfrenta varios procesos por peculado, lavado de activos y celebración indebida de contratos.Cabe recordar que el senador John Moisés Besaile Fayad fue uno de los candidatos que obtuvo mayor votación en el Partido de la Unidad Nacional (U), con más de 132.000 votos, pese a que su entorno familiar ha estado vinculado en casos de corrupción.Otros procesosEl actual senador y mayor de los hermanos Besaile, había debutado en la política como alcalde de Sahagún, Córdoba, para el periodo 1998-2000, y en ese tiempo alcanzó a ser suspendido por irregularidades en un contrato para la construcción de letrinas.Besaile también tenían vínculos con Otto Bula, con quien tenía una reconocida sociedad de abarrotes: Bula y Besaile -B&B-.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
La Procuraduría confirmó la sanción que inhabilita al exgobernador de Córdoba Edwin Besaile por 12 años por un conflicto de intereses.El exmandatario regional debía declararse impedido para actuar en la sesión del Órgano Colegiado de la Administración y Decisión de la Región Caribe que aprobó un contrato por 28.900 millones para mejorar la vía entre Ciénaga de Oro y Sahagún.De acuerdo con el fallo de la Procuraduría, Besaile tenía una propiedad a su nombre en el trayecto de esa vía por lo cual existía un conflicto de competencias que le impedía participar en esa reunión que determinó que sí se debía ser el proyecto en la zona.“Al ser gobernador de Córdoba y vocero de los gobernadores en la sesión nº 43 del OCAD, Regional Caribe, tenía el deber jurídico de no actuar en la deliberación del proyecto vial con código BPIN 2017000020044, puesto que como se demostró, el trazado de la vía a pavimentar beneficiaba el área de influencia de los predios que se encontraban cercanos, dentro de los cuales se determinaron nueve de su propiedad”, advirtió la Sala.“No debió olvidar que dicha obra pública impactaría personal y económicamente los predios de su propiedad”, señala el fallo del ente de control.El Ministerio Público señaló que el exgobernador no actuó de manera ética pues debía ponerse al servicio de la comunidad y no de sus intereses. Con este fallo de la Sala Disciplinaria, quedó en firme la decisión de destitución e inhabilidad por 12 años.
Se conoció una decisión, según la cual la Procuraduría formuló pliego de cargos al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, “por presuntas irregularidades y actos de corrupción presentados en el convenio 735 de 2013 de ciencia y tecnología con la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George DAHL), por más $14.000 millones”. Lo que advierte el Ministerio Público es que, al parecer, el exgobernador no adelantó las gestiones para obtener, de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), “la prórroga de un permiso de pesca de investigación que, mediante un documento o resolución de 2014, le había sido otorgada al departamento “para desarrollar un proyecto orientado a consolidar los paquetes tecnológicos en la reproducción y cultivo de diversas especies de peces, como estrategia de diversificación de la piscicultura”. Lea también: Procuraduría sancionó a exgobernador Edwin Besaile por 'cartel de la hemofilia' De igual manera, la Procuraduría cuestiona al exgobernador por intervenir en la etapa de ejecución del convenio especial.
La Procuraduría tomó la decisión, este martes, de suspender por 11 meses al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por presuntas irregularidades en el pago de medicamentos a pacientes con hemofilia.La decisión del Ministerio Público incluye la destitución e inhabilidad general por 13 años al exsecretario de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán.La Procuraduría señaló que Besaile habría exigido "la disponibilidad de recursos y permitió el pago de más de $1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de la Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos no POS a 14 personas que no padecían la enfermedad, lo que conllevó a que se incrementara injustificadamente el patrimonio de la IPS”. Lea también: Procuraduría citó a juicio disciplinario a exgobernador Edwin BesaileTambién, la Procuraduría advierte que Besaile no hizo seguimiento al uso de esos recursos pese a advertencias de la Contraloría, algo que para la Procuraduría constituye una clara falta.Por otro lado, a esa suspensión de 11 meses, la Procuraduría le descontará los seis meses de suspensión provisional que recordemos existía desde la etapa de investigación.
La Fiscalía imputó nuevos cargos a los exgobernadores de Córdoba Edwin Besaile y Alejandro Lyons por contratos que se habrían adjudicado de manera irregular para terapias a menores de edad en condición de discapacidad.El ente acusador investiga los pagos que hizo la Gobernación para las terapias que sumaron más de 4.988 millones de pesos que, dice la entidad, se realizaron de forma irregular.Los contratos se firmaron entre el 2014 y 2015, periodo en el que, tanto Lyons como Besaile, autorizaron los pagos de los procedimientos médicos. Ambos fueron imputados por el delito de celebración indebida de contratos y la Fiscalía les permitió continuar el proceso en libertad. Tanto Lyons como Besaile se declararon inocentes de los hechos. La Fiscalía aún no imputa cargos a los secretarios de la época que fueron quienes firmaron los contratos ni a los contratistas responsables de los mismos.
La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al exgobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad por presuntas irregularidades dentro de los contratos para el proyecto de mejoramiento vial entre los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún.Le puede interesar: Gobierno designará a encargado tras destitución de Edwin Besaile en CórdobaEl Ministerio Público consideró que es necesario determinar si el entonces mandatario departamental incurrió en un presunto conflicto de intereses para aprobar la ejecución de este proyecto por más de 28.000 millones de pesos.Para la Procuraduría, la falta estaría configurada porque cuando la Gobernación “elaboró y presentó ante el OCAD – Caribe el proyecto de inversión que sería financiado con recursos del Sistema General de Regalías en fase III, aparentemente el gobernador asistió y participó activamente de la reunión en la que se aprobó el proyecto”.Según las investigaciones, Besaile Fayad tendría varios predios en donde se fijó el trazo de ese proyecto y por eso habría ese interés personal de la ejecución.“El Ministerio Público encontró que en el trazado de la vía que conecta a los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún hay nueve predios en los que Besaile Fayad aparece como propietario directo, según los registros catástrateles y de acuerdo con el plano cartográfico”, señala el documento.
La Procuraduría General de la Nación le notificó al presidente Iván Duque y al Ministerio del Interior la decisión que adoptó de destituir e inhabilitar por 10 años al actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile.Con la determinación del Ministerio Público, el Gobierno deberá recibir una terna por parte del movimiento político al cual pertenece Besaile para que se nombre un gobernador encargado.La Procuraduría reveló que la notificación de la sanción en segunda instancia contra Besaile se dio el pasado 16 de enero, sin embargo, ni el mandatario de Córdoba ni su abogado estaban en la ciudad y, por lo tanto, la decisión no les fue dada a conocer en persona.No obstante, la Procuraduría informó que “el 21 de enero el abogado suplente del gobernador Besaile Fayad, William Andrés Cárdenas Bonilla, se presentó sobre las 8:30 de la mañana en la delegada y se notificó del fallo, mientras que el disciplinado lo hizo en su casa de Montería, pasadas las 9:30 de la mañana”.Vea aquí: Procuraduría confirma destitución de Edwin Besaile y Alejandro LyonsLa Procuraduría también reportó que sobre la sanción también fueron notificados desde hace una semana el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y a los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja Alemán, inhabilitados por 11 años.La decisión fue confirmada por la Procuraduría luego de comprobar la responsabilidad de estos funcionarios por haber ordenado el pago de $4.988 millones para cubrir 2.181 terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad, entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que existiera contrato entre la Gobernación de Córdoba y Funtierra Rehabilitación IPS.
Once de los 16 congresistas que ocupan las curules de paz en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 firmaron una declaración conjunta en la que expresaron su apoyo al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.En el comunicado aseguraron que, cada uno, en representación de las organizaciones, asociaciones, consejos comunitarios, resguardos indígenas y grupos significativos de ciudadanos que avalaron las candidaturas, manifestaban de manera libre, autónoma e independiente el apoyo.“Luego de un ejercicio de reflexión responsable, estamos convencidos de que Colombia atraviesa un momento que demanda grandeza, responsabilidad y la capacidad de anteponer el interés nacional y el bienestar de los territorios históricamente excluidos a cualquier diferencia política. Consideramos que la construcción de La Patria Milagro debe comenzar, necesariamente, en los municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la exclusión y la débil presencia institucional”, dice la declaración.Los firmantes también sostienen que la paz no puede limitarse al silenciamiento de las armas, sino que debe traducirse en oportunidades reales para las comunidades, el cierre de brechas sociales y una presencia efectiva del Estado.“Esperamos del Gobierno Nacional una política de paz seria, responsable y eficaz que permita avanzar hacia la terminación definitiva del conflicto armado. Igualmente, confiamos en que La Patria Milagro honre, de manera efectiva, la deuda histórica que el Estado mantiene con millones de víctimas del conflicto armado. La reparación integral constituye un mandato constitucional, legal y ético que no admite más dilaciones”, afirmaron.En el cierre del documento, los representantes hacen un llamado a todos los sectores de la sociedad para trabajar por una etapa de reconciliación, desarrollo y esperanza para el país. Aseguran que su respaldo estará guiado por la defensa de los intereses de los territorios que representan y que actuarán con independencia, responsabilidad y lealtad hacia quienes depositaron en ellos su confianza.Entre los firmantes está Jorge Rodrigo Tovar Vélez, James Mosquera Torres, Karen López, Juan Carlos Vargas, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Javier López Díaz, Alejandro Castillo Gaitán, Janneth Sabogal y Jhon Fredy V., entre otros.
Yo Me Llamo rindió un sentido homenaje al fallecido artista de música popular Yeison Jiménez durante su reciente emisión del 21 de julio. El tributo, realizado en el marco del regreso del formato televisivo, buscó honrar la memoria del cantante, quien fue una de las figuras más influyentes del género y dejó una huella imborrable en el concurso tras su paso como jurado en la temporada 2021-2022.El momento cumbre de la gala fue la aparición de una recreación del artista mediante el uso de inteligencia artificial. Esta representación virtual dirigió unas palabras al público y a los colegas presentes: "En este lugar fui feliz, aquí hice amigos y conocí gente maravillosa. Le mostré al país una cara que no conocía, yo siempre lo dije: 'Los sueños sí se cumplen'". El segmento, cargado de nostalgia, culminó con la interpretación en vivo del éxito "Aventurero", a cargo del cantante Elder Dayán, quien estuvo acompañado por su banda para despedir al intérprete.La partida de Yeison Jiménez continúa siendo un tema de profunda conmoción para el gremio artístico colombiano. El artista perdió la vida hace más de seis meses a raíz de un trágico accidente ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá. Este suceso, que sacudió al ámbito musical nacional, privó al país de uno de los máximos exponentes de la música popular, cuya trayectoria logró consolidar el género tanto en el territorio nacional como en escenarios internacionales.El homenaje no solo buscó recordar su calidad interpretativa, sino también su faceta humana mostrada durante su participación en la octava temporada del programa. Para los televidentes y la industria, este gesto simboliza el vacío que dejó su ausencia física, pero también refuerza el legado de un cantante que utilizó su plataforma para inspirar a nuevos talentos. La producción del formato de imitación destacó que, a pesar del tiempo transcurrido desde aquel fatal accidente, la figura de Jiménez sigue vigente como un referente indispensable para quienes aspiran a triunfar en la música popular, manteniendo viva la promesa de que los sueños, bajo esfuerzo, pueden hacerse realidad.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso este martes que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de cargos de narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal de Nueva York.La propuesta de la Fiscalía se conoce antes de una audiencia prevista para este miércoles en la que se discutirá el calendario del proceso contra Maduro, mientras que la defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre y el Gobierno espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre.De acuerdo con el documento judicial, revisado por EFE, la Fiscalía prevé que las partes puedan completar la fase de intercambio de pruebas antes del inicio del juicio, aunque el proceso incluye todavía varias etapas previas, entre ellas la presentación de mociones por parte de la defensa y la revisión de material clasificado relacionado con el caso.El documento señala además que el Gobierno de EE.UU. espera avanzar en la entrega de información clasificada durante los próximos meses, mientras que la defensa tendrá hasta comienzos de 2027 para presentar nuevos recursos antes de que el tribunal determine el calendario definitivo del juicio.El depuesto líder de Venezuela y su esposa asistirán este miércoles a una nueva audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra con cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado 3 de enero.El político suramericano se declaró no culpable ante la Justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.Según un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían "no tener la autoridad para manejar su caso" debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos.Es posible que mañana los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose, precisamente, en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas.El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados, lo que ha sido uno de los puntos más tratados en las audiencias anteriores.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir una investigación formal contra el senador Carlos Andrés Trujillo González por su presunta relación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.En un auto expedido por la magistrada Cristina Lombana Velásquez, el alto tribunal concluyó que las pruebas recaudadas durante la investigación previa no demostraron la existencia de una conducta penalmente relevante atribuible al congresista.En esa línea, ordenó archivar las diligencias precisando que los hechos denunciados pueden y la decisión hoy puede ser revisada de nuevo si en el futuro aparecen nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos del auto.La investigación se originó por una denuncia presentada por Enrique Gómez Martínez, quien sustentó sus señalamientos en publicaciones de medios de comunicación y en información difundida en redes sociales sobre el escándalo de los carrotanques adquiridos por la UNGRD para abastecer de agua a comunidades de La Guajira.En la denuncia se planteaba una posible relación entre Trujillo y el entramado de corrupción debido a su antigua cercanía política con Olmedo López, exdirector de la entidad, así como por la influencia política que el senador tendría en el municipio de Uribia y por las visitas que un familiar suyo realizó a las oficinas de la UNGRD antes de las elecciones regionales de 2023.Sin embargo, al revisar por ejemplo las declaraciones de los exdirectordes de la UNGRD, Carlos Carrillo y Olmedo López (hoy preso y en proceso de concretar un preacuerdo) así como del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago; de la exsubdirectora de la entidad Alethia Arango, y de Andrés Camilo González Giraldo, primo del senador, no encontraron evidencias relacionadas.También fueron revisados los informes de Policía Judicial y la matriz de colaboración entregada por Olmedo López dentro del principio de oportunidad que le fue concedido por la justicia.La Corte concluyó que no existía evidencia que vinculara a Trujillo con el caso de los carrotanques. Uno de los elementos que más peso tuvo en la decisión fue la declaración de Carlos Carrillo, quien aseguró que no tenía pruebas sobre una eventual participación del senador en hechos de corrupción."Si tuviese una prueba documental de la participación del senador Carlos Andrés Trujillo en esquemas de corrupción, ya la habría hecho llegar a la justicia", afirmó durante su testimonio. A ello se sumó que Olmedo López, pese a colaborar con la Fiscalía y mencionar a otros funcionarios y congresistas en su matriz de colaboración, nunca señaló a Trujillo como participante de las irregularidades investigadas. Para la Sala, este hecho reforzó la inexistencia de elementos que permitieran avanzar hacia una investigación formal.El alto tribunal también descartó que la relación política que existió entre Trujillo y Olmedo López cuando este hizo parte de su gabinete en la Alcaldía de Itagüí fuera suficiente para inferir la comisión de un delito. De igual manera, consideró que las visitas del primo del senador a la UNGRD, la afinidad política con el alcalde de Uribia o que una empresa que trabajó para un político cercano al congresista también hubiera contratado con la entidad estatal no constituían, por sí solos, indicios de responsabilidad penal.En sus conclusiones, la Sala sostuvo que la denuncia "no supera el nivel de sospechas o 'pálpitos' del denunciante" y reiteró que en el expediente "no existe evidencia, indicio o prueba alguna" de una acción u omisión del senador que pudiera configurar un delito.Para el senador Trujillo, esta decisión “deja en evidencia una orquestada campaña de desprestigio y difamación por parte de opositores políticos que, al no poder derrotarlo en las urnas, intentaron engañar a la justicia y a los medios de comunicación para dañar su buen nombre”.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, descartó la posibilidad de instalar una mesa de diálogo con los sindicatos que mantienen bloqueado el acceso a las instalaciones de la entidad en Bogotá desde la noche del 20 de julio. El funcionario afirmó que la UNP está ejecutando decretos presidenciales ya expedidos y que, por esa razón, no se encuentra en una etapa de negociación.El director de la UNP respondió así a uno de los principales reclamos de los sindicatos, que denuncian el supuesto nombramiento "a dedo" de cerca de 6.000 cargos operativos. En enero fueron creados 6.876 cargos mediante decreto, decisión que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, pidió a la Procuraduría investigar, al señalar que sólo alrededor de 900 vacantes serían provistas mediante concurso de méritos.En medio de la protesta, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional desalojar las instalaciones y, en la tarde de este martes, uniformados rodearon el edificio para cumplir la instrucción. Sobre esta medida, Rodríguez aseguró que "la Policía permanecerá un tiempo en la entidad para garantizar que no haya un nuevo intento de toma de las instalaciones". Entretanto, los líderes sindicales afirmaron que permanecerán en el lugar y que no responderán de manera violenta ante una eventual intervención.“Nosotros no vamos a arriesgar la vida de ninguna persona. Aquí nos toca acudir a los jueces para que, así sea por medio de una tutela, se suspendan estos procesos. No entendemos cuál es el afán si en cuatro años no hicieron esa normalización de cargos y ahora la quieren hacer en quince días”, afirmó Gilberto Escalante, integrante de la junta directiva del sindicato Sinproseg.Los sindicatos también cuestionan un proceso de licitación relacionado con los esquemas de protección. Se trata de un contrato por más de 78.000 millones de pesos para la prestación del servicio de escoltas a personas protegidas por la entidad. Según los manifestantes, mientras el esquema anterior cubría diez zonas del país, el proceso actual solo contempla dos, que incluyen Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.Sobre esta decisión, el subdirector de Asuntos Institucionales de la UNP, Juan Camilo Chavarro, explicó que la medida responde a las restricciones presupuestales de la entidad. Según indicó, para 2026 la UNP solicitó un presupuesto de cuatro billones de pesos, pero recibió 2,7 billones, lo que dejó un déficit de 1,3 billones. Agregó que, tras una adición de 260.000 millones de pesos, el faltante quedó en 1,1 billones, por lo que se priorizaron las zonas 1 y 2 para garantizar la operación hasta septiembre y evitar que la próxima administración tenga que declarar una urgencia manifiesta.Las organizaciones sindicales insisten en que la dirección de la UNP revise los procesos de provisión de cargos y abra un espacio de concertación. Sin embargo, Augusto Rodríguez reiteró que la entidad no suspenderá las decisiones administrativas cuestionadas por los trabajadores.
