Un juez del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad a la imputación de cargos que presentó el abogado de Edwin Besaile, exgobernador del departamento de Córdoba. Ahora, con esta decisión el exmandatario se deberá enfrentar al proceso con un proceso judicial sobre sus bienes.En medio de la audiencia que se reanudó este miércoles, 21 de febrero, Besaile se declaró inocente por el delito de enriquecimiento ilícito luego de que el fiscal que llevará su caso lo señaló de haber recibido supuestamente más de 2.000 millones de pesos para su campaña a la Gobernación de Córdoba."Maniobras delictivas ejecutadas por Besaile en los comicios para ser elegido gobernador de Córdoba 2016-2019. El apoyo económico se gestó en el segundo semestre de 2015 cuando también exgobernador, Alejandro Lyons, le entregó la suma de $2.100 millones", dijo el fiscal del caso.La investigación contra Besaile determinó que Lyons y el exsenador Musa Besaile, hermano del exgobernador de Córdoba, acordaron distribuir el dinero que recibían de las coimas ilegales a partir de los recursos procedentes de convenios de ciencia y tecnología y los recobros presentados a pacientes hemofílicos.Así se habría respaldado la aspiración de Edwin Besaile a la campaña electoral de ese departamento, pero la fiscal explicó que "el dinero obtenido por Besaile que, incrementó su patrimonio de manera injustificada, era parte de las coimas que recibía el exgobernador Lyons de los recursos de regalías y hemofilia”.De esta manera, Edwin Besaile aseguró su elección como gobernador de Córdoba y de paso se comprometió a futuro sus funciones con su financiador, según la Fiscalía. Así mismo, durante la imputación el ente investigador determinó que el exgobernador de Córdoba debe responder en su calidad de autor porque “con conciencia y voluntad libre actuó dolosamente en cuanto conocía que las sumas que obtuvo de Alejandro Lyons eran fruto por corrupción administrativa y comisiones ilegales”.
La fiscal nueve delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó formalmente ante un juez la imputación de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, señalado de recibir millonarias sumas de dinero para impulsar su campaña al cargo que llegó a ocupar en el departamento.Para la fiscal del caso hubo “maniobras delictivas ejecutadas por Besaile en los comicios para ser elegido gobernador de Córdoba 2016-2019. El apoyo económico se gestó en el segundo semestre de 2015 cuando el también exgobernador, Alejandro Lyons, le entregó la suma de $2.100 millones”.La investigación contra Besaile determinó que Lyons y el exsenador Musa Besaile, hermano del exgobernador de Córdoba, acordaron distribuir el dinero que recibían de las coimas ilegales a partir de los recursos destinados para regalías y salud procedentes de convenios de ciencia y tecnología y los recobros presentados a pacientes hemofílicos.Así se habría respaldado la aspiración de Edwin Besaile a la campaña electoral de ese departamento, pero la fiscal explicó que “el dinero obtenido por Besaile que, incrementó su patrimonio de manera injustificada, era parte de las coimas que recibía el exgobernador Lyons de los recursos de regalías y hemofilia”.De esta manera Edwin Besaile aseguró su elección como gobernador de Córdoba y de paso se comprometió a futuro sus funciones con su financiador, según la Fiscalía. Así mismo, durante la imputación el ente investigador determinó que el exgobernador de Córdoba debe responder en su calidad de autor porque “con conciencia y voluntad libre actuó dolosamente en cuanto conocía que las sumas que obtuvo de Alejandro Lyons eran fruto por corrupción administrativa y comisiones ilegales”.La audiencia de imputación de cargos por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Edwin Besaile quedó aplazada para el próximo miércoles 21 de febrero.
El exgobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad no aceptó cargos por el Cartel de la Hemofilia, en audiencia que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia.El fiscal del caso presentó el escrito de acusación y le preguntó al exgobernador si aceptaba los cargos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, por haber utilizado recursos del cartel de la hemofilia para campañas políticas, a lo que Besaile respondió que no.Le puede interesar:Según la investigación Edwin Besaile recibió del entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons, por intermediación de su hermano, Musa Abraham Besaile Fayad, 2.100 millones de pesos para financiar su campaña política. Presuntamente este dinero fue justificado recobros de supuestos servicios prestados, a través de una institución de salud, a pacientes con enfermedades de alto costo como la hemofilia.Y al parecer Edwin Besaile, entonces gobernador de Córdoba habría firmado dos documentos por 2.100 y 1.900 millones de pesos.Por lo pronto, la Fiscalía sigo advirtiendo que los recursos habrían sido utilizados en la financiación de campañas políticas.Escuche el podcast El Camerino:
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador John Moisés Besaile Fayad, hermano de Musa Besaile, y lo vinculó mediante indagatoria por presuntas irregularidades en el trámite de convenios de ciencia y tecnología cuando era secretario del Interior de Córdoba en 2012.John Moisés Besaile Fayad es hermano de Musa Besaile, quien enfrenta un proceso penal por el llamado Cartel de la Toga luego de que consignara más de 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y de Edwin Besaile, exgobernador de Córdoba procesado por el Cartel de la Hemofilia, quien enfrenta varios procesos por peculado, lavado de activos y celebración indebida de contratos.Cabe recordar que el senador John Moisés Besaile Fayad fue uno de los candidatos que obtuvo mayor votación en el Partido de la Unidad Nacional (U), con más de 132.000 votos, pese a que su entorno familiar ha estado vinculado en casos de corrupción.Otros procesosEl actual senador y mayor de los hermanos Besaile, había debutado en la política como alcalde de Sahagún, Córdoba, para el periodo 1998-2000, y en ese tiempo alcanzó a ser suspendido por irregularidades en un contrato para la construcción de letrinas.Besaile también tenían vínculos con Otto Bula, con quien tenía una reconocida sociedad de abarrotes: Bula y Besaile -B&B-.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
La Procuraduría confirmó la sanción que inhabilita al exgobernador de Córdoba Edwin Besaile por 12 años por un conflicto de intereses.El exmandatario regional debía declararse impedido para actuar en la sesión del Órgano Colegiado de la Administración y Decisión de la Región Caribe que aprobó un contrato por 28.900 millones para mejorar la vía entre Ciénaga de Oro y Sahagún.De acuerdo con el fallo de la Procuraduría, Besaile tenía una propiedad a su nombre en el trayecto de esa vía por lo cual existía un conflicto de competencias que le impedía participar en esa reunión que determinó que sí se debía ser el proyecto en la zona.“Al ser gobernador de Córdoba y vocero de los gobernadores en la sesión nº 43 del OCAD, Regional Caribe, tenía el deber jurídico de no actuar en la deliberación del proyecto vial con código BPIN 2017000020044, puesto que como se demostró, el trazado de la vía a pavimentar beneficiaba el área de influencia de los predios que se encontraban cercanos, dentro de los cuales se determinaron nueve de su propiedad”, advirtió la Sala.“No debió olvidar que dicha obra pública impactaría personal y económicamente los predios de su propiedad”, señala el fallo del ente de control.El Ministerio Público señaló que el exgobernador no actuó de manera ética pues debía ponerse al servicio de la comunidad y no de sus intereses. Con este fallo de la Sala Disciplinaria, quedó en firme la decisión de destitución e inhabilidad por 12 años.
Se conoció una decisión, según la cual la Procuraduría formuló pliego de cargos al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, “por presuntas irregularidades y actos de corrupción presentados en el convenio 735 de 2013 de ciencia y tecnología con la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George DAHL), por más $14.000 millones”. Lo que advierte el Ministerio Público es que, al parecer, el exgobernador no adelantó las gestiones para obtener, de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), “la prórroga de un permiso de pesca de investigación que, mediante un documento o resolución de 2014, le había sido otorgada al departamento “para desarrollar un proyecto orientado a consolidar los paquetes tecnológicos en la reproducción y cultivo de diversas especies de peces, como estrategia de diversificación de la piscicultura”. Lea también: Procuraduría sancionó a exgobernador Edwin Besaile por 'cartel de la hemofilia' De igual manera, la Procuraduría cuestiona al exgobernador por intervenir en la etapa de ejecución del convenio especial.
La Procuraduría tomó la decisión, este martes, de suspender por 11 meses al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por presuntas irregularidades en el pago de medicamentos a pacientes con hemofilia.La decisión del Ministerio Público incluye la destitución e inhabilidad general por 13 años al exsecretario de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán.La Procuraduría señaló que Besaile habría exigido "la disponibilidad de recursos y permitió el pago de más de $1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de la Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos no POS a 14 personas que no padecían la enfermedad, lo que conllevó a que se incrementara injustificadamente el patrimonio de la IPS”. Lea también: Procuraduría citó a juicio disciplinario a exgobernador Edwin BesaileTambién, la Procuraduría advierte que Besaile no hizo seguimiento al uso de esos recursos pese a advertencias de la Contraloría, algo que para la Procuraduría constituye una clara falta.Por otro lado, a esa suspensión de 11 meses, la Procuraduría le descontará los seis meses de suspensión provisional que recordemos existía desde la etapa de investigación.
La Fiscalía imputó nuevos cargos a los exgobernadores de Córdoba Edwin Besaile y Alejandro Lyons por contratos que se habrían adjudicado de manera irregular para terapias a menores de edad en condición de discapacidad.El ente acusador investiga los pagos que hizo la Gobernación para las terapias que sumaron más de 4.988 millones de pesos que, dice la entidad, se realizaron de forma irregular.Los contratos se firmaron entre el 2014 y 2015, periodo en el que, tanto Lyons como Besaile, autorizaron los pagos de los procedimientos médicos. Ambos fueron imputados por el delito de celebración indebida de contratos y la Fiscalía les permitió continuar el proceso en libertad. Tanto Lyons como Besaile se declararon inocentes de los hechos. La Fiscalía aún no imputa cargos a los secretarios de la época que fueron quienes firmaron los contratos ni a los contratistas responsables de los mismos.
La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al exgobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad por presuntas irregularidades dentro de los contratos para el proyecto de mejoramiento vial entre los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún.Le puede interesar: Gobierno designará a encargado tras destitución de Edwin Besaile en CórdobaEl Ministerio Público consideró que es necesario determinar si el entonces mandatario departamental incurrió en un presunto conflicto de intereses para aprobar la ejecución de este proyecto por más de 28.000 millones de pesos.Para la Procuraduría, la falta estaría configurada porque cuando la Gobernación “elaboró y presentó ante el OCAD – Caribe el proyecto de inversión que sería financiado con recursos del Sistema General de Regalías en fase III, aparentemente el gobernador asistió y participó activamente de la reunión en la que se aprobó el proyecto”.Según las investigaciones, Besaile Fayad tendría varios predios en donde se fijó el trazo de ese proyecto y por eso habría ese interés personal de la ejecución.“El Ministerio Público encontró que en el trazado de la vía que conecta a los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún hay nueve predios en los que Besaile Fayad aparece como propietario directo, según los registros catástrateles y de acuerdo con el plano cartográfico”, señala el documento.
La Procuraduría General de la Nación le notificó al presidente Iván Duque y al Ministerio del Interior la decisión que adoptó de destituir e inhabilitar por 10 años al actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile.Con la determinación del Ministerio Público, el Gobierno deberá recibir una terna por parte del movimiento político al cual pertenece Besaile para que se nombre un gobernador encargado.La Procuraduría reveló que la notificación de la sanción en segunda instancia contra Besaile se dio el pasado 16 de enero, sin embargo, ni el mandatario de Córdoba ni su abogado estaban en la ciudad y, por lo tanto, la decisión no les fue dada a conocer en persona.No obstante, la Procuraduría informó que “el 21 de enero el abogado suplente del gobernador Besaile Fayad, William Andrés Cárdenas Bonilla, se presentó sobre las 8:30 de la mañana en la delegada y se notificó del fallo, mientras que el disciplinado lo hizo en su casa de Montería, pasadas las 9:30 de la mañana”.Vea aquí: Procuraduría confirma destitución de Edwin Besaile y Alejandro LyonsLa Procuraduría también reportó que sobre la sanción también fueron notificados desde hace una semana el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y a los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja Alemán, inhabilitados por 11 años.La decisión fue confirmada por la Procuraduría luego de comprobar la responsabilidad de estos funcionarios por haber ordenado el pago de $4.988 millones para cubrir 2.181 terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad, entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que existiera contrato entre la Gobernación de Córdoba y Funtierra Rehabilitación IPS.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
