Un juez del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad a la imputación de cargos que presentó el abogado de Edwin Besaile, exgobernador del departamento de Córdoba. Ahora, con esta decisión el exmandatario se deberá enfrentar al proceso con un proceso judicial sobre sus bienes.En medio de la audiencia que se reanudó este miércoles, 21 de febrero, Besaile se declaró inocente por el delito de enriquecimiento ilícito luego de que el fiscal que llevará su caso lo señaló de haber recibido supuestamente más de 2.000 millones de pesos para su campaña a la Gobernación de Córdoba."Maniobras delictivas ejecutadas por Besaile en los comicios para ser elegido gobernador de Córdoba 2016-2019. El apoyo económico se gestó en el segundo semestre de 2015 cuando también exgobernador, Alejandro Lyons, le entregó la suma de $2.100 millones", dijo el fiscal del caso.La investigación contra Besaile determinó que Lyons y el exsenador Musa Besaile, hermano del exgobernador de Córdoba, acordaron distribuir el dinero que recibían de las coimas ilegales a partir de los recursos procedentes de convenios de ciencia y tecnología y los recobros presentados a pacientes hemofílicos.Así se habría respaldado la aspiración de Edwin Besaile a la campaña electoral de ese departamento, pero la fiscal explicó que "el dinero obtenido por Besaile que, incrementó su patrimonio de manera injustificada, era parte de las coimas que recibía el exgobernador Lyons de los recursos de regalías y hemofilia”.De esta manera, Edwin Besaile aseguró su elección como gobernador de Córdoba y de paso se comprometió a futuro sus funciones con su financiador, según la Fiscalía. Así mismo, durante la imputación el ente investigador determinó que el exgobernador de Córdoba debe responder en su calidad de autor porque “con conciencia y voluntad libre actuó dolosamente en cuanto conocía que las sumas que obtuvo de Alejandro Lyons eran fruto por corrupción administrativa y comisiones ilegales”.
La fiscal nueve delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó formalmente ante un juez la imputación de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, señalado de recibir millonarias sumas de dinero para impulsar su campaña al cargo que llegó a ocupar en el departamento.Para la fiscal del caso hubo “maniobras delictivas ejecutadas por Besaile en los comicios para ser elegido gobernador de Córdoba 2016-2019. El apoyo económico se gestó en el segundo semestre de 2015 cuando el también exgobernador, Alejandro Lyons, le entregó la suma de $2.100 millones”.La investigación contra Besaile determinó que Lyons y el exsenador Musa Besaile, hermano del exgobernador de Córdoba, acordaron distribuir el dinero que recibían de las coimas ilegales a partir de los recursos destinados para regalías y salud procedentes de convenios de ciencia y tecnología y los recobros presentados a pacientes hemofílicos.Así se habría respaldado la aspiración de Edwin Besaile a la campaña electoral de ese departamento, pero la fiscal explicó que “el dinero obtenido por Besaile que, incrementó su patrimonio de manera injustificada, era parte de las coimas que recibía el exgobernador Lyons de los recursos de regalías y hemofilia”.De esta manera Edwin Besaile aseguró su elección como gobernador de Córdoba y de paso se comprometió a futuro sus funciones con su financiador, según la Fiscalía. Así mismo, durante la imputación el ente investigador determinó que el exgobernador de Córdoba debe responder en su calidad de autor porque “con conciencia y voluntad libre actuó dolosamente en cuanto conocía que las sumas que obtuvo de Alejandro Lyons eran fruto por corrupción administrativa y comisiones ilegales”.La audiencia de imputación de cargos por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Edwin Besaile quedó aplazada para el próximo miércoles 21 de febrero.
El exgobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad no aceptó cargos por el Cartel de la Hemofilia, en audiencia que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia.El fiscal del caso presentó el escrito de acusación y le preguntó al exgobernador si aceptaba los cargos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, por haber utilizado recursos del cartel de la hemofilia para campañas políticas, a lo que Besaile respondió que no.Le puede interesar:Según la investigación Edwin Besaile recibió del entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons, por intermediación de su hermano, Musa Abraham Besaile Fayad, 2.100 millones de pesos para financiar su campaña política. Presuntamente este dinero fue justificado recobros de supuestos servicios prestados, a través de una institución de salud, a pacientes con enfermedades de alto costo como la hemofilia.Y al parecer Edwin Besaile, entonces gobernador de Córdoba habría firmado dos documentos por 2.100 y 1.900 millones de pesos.Por lo pronto, la Fiscalía sigo advirtiendo que los recursos habrían sido utilizados en la financiación de campañas políticas.Escuche el podcast El Camerino:
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador John Moisés Besaile Fayad, hermano de Musa Besaile, y lo vinculó mediante indagatoria por presuntas irregularidades en el trámite de convenios de ciencia y tecnología cuando era secretario del Interior de Córdoba en 2012.John Moisés Besaile Fayad es hermano de Musa Besaile, quien enfrenta un proceso penal por el llamado Cartel de la Toga luego de que consignara más de 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y de Edwin Besaile, exgobernador de Córdoba procesado por el Cartel de la Hemofilia, quien enfrenta varios procesos por peculado, lavado de activos y celebración indebida de contratos.Cabe recordar que el senador John Moisés Besaile Fayad fue uno de los candidatos que obtuvo mayor votación en el Partido de la Unidad Nacional (U), con más de 132.000 votos, pese a que su entorno familiar ha estado vinculado en casos de corrupción.Otros procesosEl actual senador y mayor de los hermanos Besaile, había debutado en la política como alcalde de Sahagún, Córdoba, para el periodo 1998-2000, y en ese tiempo alcanzó a ser suspendido por irregularidades en un contrato para la construcción de letrinas.Besaile también tenían vínculos con Otto Bula, con quien tenía una reconocida sociedad de abarrotes: Bula y Besaile -B&B-.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
La Procuraduría confirmó la sanción que inhabilita al exgobernador de Córdoba Edwin Besaile por 12 años por un conflicto de intereses.El exmandatario regional debía declararse impedido para actuar en la sesión del Órgano Colegiado de la Administración y Decisión de la Región Caribe que aprobó un contrato por 28.900 millones para mejorar la vía entre Ciénaga de Oro y Sahagún.De acuerdo con el fallo de la Procuraduría, Besaile tenía una propiedad a su nombre en el trayecto de esa vía por lo cual existía un conflicto de competencias que le impedía participar en esa reunión que determinó que sí se debía ser el proyecto en la zona.“Al ser gobernador de Córdoba y vocero de los gobernadores en la sesión nº 43 del OCAD, Regional Caribe, tenía el deber jurídico de no actuar en la deliberación del proyecto vial con código BPIN 2017000020044, puesto que como se demostró, el trazado de la vía a pavimentar beneficiaba el área de influencia de los predios que se encontraban cercanos, dentro de los cuales se determinaron nueve de su propiedad”, advirtió la Sala.“No debió olvidar que dicha obra pública impactaría personal y económicamente los predios de su propiedad”, señala el fallo del ente de control.El Ministerio Público señaló que el exgobernador no actuó de manera ética pues debía ponerse al servicio de la comunidad y no de sus intereses. Con este fallo de la Sala Disciplinaria, quedó en firme la decisión de destitución e inhabilidad por 12 años.
Se conoció una decisión, según la cual la Procuraduría formuló pliego de cargos al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, “por presuntas irregularidades y actos de corrupción presentados en el convenio 735 de 2013 de ciencia y tecnología con la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George DAHL), por más $14.000 millones”. Lo que advierte el Ministerio Público es que, al parecer, el exgobernador no adelantó las gestiones para obtener, de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), “la prórroga de un permiso de pesca de investigación que, mediante un documento o resolución de 2014, le había sido otorgada al departamento “para desarrollar un proyecto orientado a consolidar los paquetes tecnológicos en la reproducción y cultivo de diversas especies de peces, como estrategia de diversificación de la piscicultura”. Lea también: Procuraduría sancionó a exgobernador Edwin Besaile por 'cartel de la hemofilia' De igual manera, la Procuraduría cuestiona al exgobernador por intervenir en la etapa de ejecución del convenio especial.
La Procuraduría tomó la decisión, este martes, de suspender por 11 meses al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por presuntas irregularidades en el pago de medicamentos a pacientes con hemofilia.La decisión del Ministerio Público incluye la destitución e inhabilidad general por 13 años al exsecretario de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán.La Procuraduría señaló que Besaile habría exigido "la disponibilidad de recursos y permitió el pago de más de $1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de la Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos no POS a 14 personas que no padecían la enfermedad, lo que conllevó a que se incrementara injustificadamente el patrimonio de la IPS”. Lea también: Procuraduría citó a juicio disciplinario a exgobernador Edwin BesaileTambién, la Procuraduría advierte que Besaile no hizo seguimiento al uso de esos recursos pese a advertencias de la Contraloría, algo que para la Procuraduría constituye una clara falta.Por otro lado, a esa suspensión de 11 meses, la Procuraduría le descontará los seis meses de suspensión provisional que recordemos existía desde la etapa de investigación.
La Fiscalía imputó nuevos cargos a los exgobernadores de Córdoba Edwin Besaile y Alejandro Lyons por contratos que se habrían adjudicado de manera irregular para terapias a menores de edad en condición de discapacidad.El ente acusador investiga los pagos que hizo la Gobernación para las terapias que sumaron más de 4.988 millones de pesos que, dice la entidad, se realizaron de forma irregular.Los contratos se firmaron entre el 2014 y 2015, periodo en el que, tanto Lyons como Besaile, autorizaron los pagos de los procedimientos médicos. Ambos fueron imputados por el delito de celebración indebida de contratos y la Fiscalía les permitió continuar el proceso en libertad. Tanto Lyons como Besaile se declararon inocentes de los hechos. La Fiscalía aún no imputa cargos a los secretarios de la época que fueron quienes firmaron los contratos ni a los contratistas responsables de los mismos.
La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al exgobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad por presuntas irregularidades dentro de los contratos para el proyecto de mejoramiento vial entre los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún.Le puede interesar: Gobierno designará a encargado tras destitución de Edwin Besaile en CórdobaEl Ministerio Público consideró que es necesario determinar si el entonces mandatario departamental incurrió en un presunto conflicto de intereses para aprobar la ejecución de este proyecto por más de 28.000 millones de pesos.Para la Procuraduría, la falta estaría configurada porque cuando la Gobernación “elaboró y presentó ante el OCAD – Caribe el proyecto de inversión que sería financiado con recursos del Sistema General de Regalías en fase III, aparentemente el gobernador asistió y participó activamente de la reunión en la que se aprobó el proyecto”.Según las investigaciones, Besaile Fayad tendría varios predios en donde se fijó el trazo de ese proyecto y por eso habría ese interés personal de la ejecución.“El Ministerio Público encontró que en el trazado de la vía que conecta a los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún hay nueve predios en los que Besaile Fayad aparece como propietario directo, según los registros catástrateles y de acuerdo con el plano cartográfico”, señala el documento.
La Procuraduría General de la Nación le notificó al presidente Iván Duque y al Ministerio del Interior la decisión que adoptó de destituir e inhabilitar por 10 años al actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile.Con la determinación del Ministerio Público, el Gobierno deberá recibir una terna por parte del movimiento político al cual pertenece Besaile para que se nombre un gobernador encargado.La Procuraduría reveló que la notificación de la sanción en segunda instancia contra Besaile se dio el pasado 16 de enero, sin embargo, ni el mandatario de Córdoba ni su abogado estaban en la ciudad y, por lo tanto, la decisión no les fue dada a conocer en persona.No obstante, la Procuraduría informó que “el 21 de enero el abogado suplente del gobernador Besaile Fayad, William Andrés Cárdenas Bonilla, se presentó sobre las 8:30 de la mañana en la delegada y se notificó del fallo, mientras que el disciplinado lo hizo en su casa de Montería, pasadas las 9:30 de la mañana”.Vea aquí: Procuraduría confirma destitución de Edwin Besaile y Alejandro LyonsLa Procuraduría también reportó que sobre la sanción también fueron notificados desde hace una semana el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y a los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja Alemán, inhabilitados por 11 años.La decisión fue confirmada por la Procuraduría luego de comprobar la responsabilidad de estos funcionarios por haber ordenado el pago de $4.988 millones para cubrir 2.181 terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad, entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que existiera contrato entre la Gobernación de Córdoba y Funtierra Rehabilitación IPS.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
