La Asociación Diplomática y Consular de Colombia se pronunció sobre los señalamientos en contra del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, por presuntamente haber maltratado verbalmente a su esposa Adelina Guerrero en Madrid el pasado 30 de junio. Por estos hechos, las autoridades españolas habrían recibido una denuncia oficial por parte de la pareja del actual funcionario.“Estos actos son inaceptables y más aún cuando se trata de altos funcionarios del Estado que llevan la representación de los colombianos y deben mantener el buen nombre de nuestro país. En concordancia con los principios de una política exterior que promueve la igualdad de género, resulta lamentable el impacto negativo en la imagen internacional de Colombia. Es fundamental recordar que la política feminista debe aplicarse tanto hacia afuera como hacia adentro de nuestras instituciones”, dice el comunicado.En el pronunciamiento la asociación destaca la apertura de una investigación por parte de la Cancillería y asegura que estarán atentos a la entrega de resultados oportunos y contundentes que condenen los actos de maltrato hacia las mujeres, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones, “ya que el Estado debe tener cero tolerancia ante tales hechos”. Además, lamentan profundamente que un incidente de índole familiar y personal se haya convertido en un “problema de Estado debido al posible uso indebido de la inmunidad diplomática para evadir responsabilidades”.En el comunicado también recuerdan que antes de conocerse la denuncia, Asodiplo presentó una demanda contra el nombramiento de Benedetti por “presuntas irregularidades que contravienen los principios de la organización, además de ignorar a los embajadores de carrera, quienes constituían solo el 26 % de los nombramientos en la fecha en que se designó”.
La Presidencia de la República informó en un comunicado que abrió una investigación a la Dirección de Tecnología y a la Secretaría de Comunicaciones de Palacio luego de las denuncias que indican interceptaciones ilegales (chuzadas) a magistrados y miembros de la oposición.“Desde que se hicieron públicas las denuncias por una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control externo disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaria de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”, dice el comunicado.Presidencia aclara que conductas como perfilamiento, seguimiento e interceptación no hacen parte de prácticas de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa y menos del Gobierno nacional.“El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia. La Presidencia de la República está comprometida con proporcionar toda la información necesaria de manera transparente y rápida para aclarar estos hechos”, añade.La denuncia por chuzadas a magistradosLa semana pasada se conoció que los magistrados de la Corte Constitucional denunciaron la posibilidad de que estén siendo objeto de interceptaciones ilegales.El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denuncia que él y su esposa son "víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal".Esto incluye, supuestamente, las interceptaciones telefónicas, así como seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes.Al respecto, el presidente Gustavo Petro escribió en X este lunes: "He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada.Las chuzadas, ¿un regreso al pasado?Durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) ocurrieron también seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y políticos de oposición, lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables.Durante el Gobierno de Uribe se conoció que el ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que ejercía las labores de inteligencia, había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptaba teléfonos de muchas personalidades, entre jueces, periodistas y opositores.Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar "interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial".
En un discurso reciente, el presidente Gustavo Petro, aunque mencionó la propuesta de un acuerdo nacional para asegurar el cumplimiento de estos compromisos, negó que esto implicara la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como algunos sectores habían interpretado.El mandatario habló de respetar lo pactado, subrayando que el acuerdo de paz no es simplemente una responsabilidad del Gobierno actual, sino un compromiso del Estado colombiano en su conjunto. "Eso fue declarado unilateralmente, ¿lo vamos a incumplir? Yo tengo la misión de hablar con el Consejo de Seguridad sobre el cumplimiento o incumplimiento", señaló Petro durante su intervención en la posesión del nuevo contralor general de la República.Ante las críticas y especulaciones sobre una posible Asamblea Constituyente para reformar aspectos del acuerdo, el presidente Petro aclaró que ahora su propuesta se centra en un "decreto gubernamental".Esta medida, según Petro, es una respuesta directa a la necesidad de avanzar en la reconciliación nacional y la construcción de paz en el país.El debate sobre el cumplimiento del acuerdo de paz ha sido recurrente en la agenda política colombiana, con diversas interpretaciones y posturas sobre cómo debería materializarse en la práctica. Petro, como jefe de Estado, subrayó la responsabilidad del Estado en su totalidad, más allá de los cambios de Gobierno, para asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos para poner fin a décadas de conflicto armado.Además, también el primer mandatario hizo una fuerte declaración sobre si el país deba definir si se reconocerá el derecho internacional humanitario, ya que afirma que él puede ver en el mundo lo que es no reconocer este derecho, haciendo referencia al genocidio en Gaza por lo que dice que Colombia debe analizar si sigue dentro de este marco.“Con la Contraloría, ahora que se ha rehecho este trance, y la Procuraduría, que también va a tener un cambio, y con el Estado hay que definir si Colombia decide salirse del derecho internacional o lo cumplimos”, aseguró.
A raíz de la carta emitida a la ONU, por parte del expresidente Juan Manuel Santos, el excanciller Álvaro Leyva no tardó en responderle calificando las explicaciones de Santos como innecesarias y acusándolo de omitir referencias a la posible insinuación a que las Fuerzas Militares fueran en contra del Gobierno.Leyva expresó su posición a través de las redes sociales, criticó la falta de claridad del expresidente en tres puntos, tales como, que Santos aún no entiende bien qué firmó, que olvida que no firmó a nombre propio, sino de un Estado que él ya no representa y que además quiere “minarle” la visita al presidente Gustavo Petro al Consejo de Seguridad.“Pero cero nervios. El sindicato del pasado no nos va a quitar el futuro. Yo se lo explicaré con plastilina. Eso sí, será en un próximo trino”, dijo Leyva.Además, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se manifestó a través de sus redes sociales con el fin de recalcarle a los expresidentes que la reforma constitucional que les permitió a ellos “reelegirse” no es una opción actual. Velasco subrayó que ni el Gobierno ni el presidente Petro tienen intenciones de modificar la Constitución para buscar una reelección.Al respecrto, el expresidente Juan Manuel Santos en Mañanas Blu, con Néstor Morales pidió al presidente Gustavo Petro dedicarse a implementar el acuerdo de paz con las Farc y no enfrascarse en “discusiones innecesarias” sobre una Asamblea Nacional Constituyente y, menos, si esta tiene como base el acuerdo con el grupo que entregó las armas tras el acuerdo de 2016.El expresidente, quien le envió una carta a la ONU en la que reitera que los acuerdos con las Farc no estaban encaminados a una Constituyente, manifestó que el presidente Petro ha hecho menos que el expresidente Iván Duque en materia de su implementación.“El sentido de esta carta es dejar claro que el proceso de paz no se puede utilizar como la excusa para convocar una Constituyente. El acuerdo es muy claro, no menciona ni exige al presidente Petro la convocatoria. (…) Lo que busca es: dejemos esta discusión que nos ha venido desgastando desde hace mucho tiempo y dediquémonos a implementar el proceso de paz, que es lo que le hemos dicho al presidente Petro desde el principio: Dedíquese a implementar el proceso. Lleva dos años y, como ha dicho Rodrigo Londoño, ha hecho menos de lo que hizo Duque y Duque hizo casi nada”, puntualizó el expresidente.
Durante lo corrido del año 2024 se han impuesto más de 165.000 comparendos a quienes incumplan algún artículo del código de convivencia ciudadana. Entre los más comunes se encuentra la evasión del pago del pasaje en el transporte público, no recoger los excrementos de las mascotas y el porte de armas cortopunzantes.Desde la Secretaría de Seguridad le informan a todos aquellos ciudadanos que tengan algún comparendo sin pagar, que ya se encuentra disponible el portal web para cumplir con las obligaciones y así evitar aumentos en el interés tributario. Lico, es el nombre de la plataforma habilitada que permitirá el pago ágil y sin filas en los centros bancario, ya que cuenta con la opción de hacer los pagos a través de PSE (pago electrónico).Para realizar el pago virtual debe ingresar a la página web https://lico.scj.gov.co/part3/ digitar el número de documento de identidad, completar los datos personales, descargar el recibo de pago y recoger el método de pago, selecciona la opción PSE e ingresas los datos de su banco. Al terminar la transacción, le llegará el comprobante de pago al correo electrónico registrado.Tenga en cuenta que si paga el comparendo dentro de los siguientes cinco días hábiles de haberse expedido, podrá acceder a un 50 % de descuento del valor total.¿Cuál es el costo de un comparendo por convivencia?Estas sanciones son impuestas a quienes irrumpen en tranquilidad y afecten la sana convivencia de la ciudadanía. Existen tres tipos de comparendo:Tipo 1: las personas que eviten recoger los excrementos de sus mascotas en áreas comunes o espacio público, tendrán que pagar un comparendo de $86.666 COPTipo 2: a quienes generen o estén involucrados en riñas o confrontaciones violentas, la sanción impuesta es de 173.333 COPTipo 3: por agredir físicamente a personas por cualquier medio $346.666. Tipo 4: por lavar bienes inmuebles (carros, motos, camionetas, etc.) en espacios públicos, deberán afrontar un comparendo de 693.300COP.Aquellas personas que incumplan con el pago del comparendo del código de convivencia, no podrán contratar con una entidad del Estado, ni realizar actualizaciones o registros ante Cámara de Comercio, o concursar en los empleos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar los compromisos del Estado colombiano con el acuerdo de paz con las Farc que firmó del presidente Juan Manuel Santos en 2016.“Le guste o no al EMC este Gobierno tiene que hacerlo (sustitución de economías ilícitas), eso significa que el Cañón de Micay debe tener su embalse”, dice Petro desde Popayán. “Yo no me quiero reelegir, quiero que esto se vuelva realidad (el acuerdo de paz), lo que produce violencia en Colombia es incumplir”, dijo el mandatario.El presidente Petro aseguró que acuerdo de paz acuerdo de 2016, sí lo habilitaría para llamar a una constituyente."Esto es un documento del pueblo, de la nación colombiana. Es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Lo de la jugadita que dijo la periodista es que yo puedo a través de las altas partes contratantes citar a una asamblea nacional constituyentes, ella hace esos cálculos, pero tiene esa fuerza", consideró Petro.El presidente Petro se desplazó a Popayán para encabezar un diálogo con la comunidad luego de los ataques terroristas de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ en el departamento de Cauca.“Mi Gobierno por ahora nada en una trampa de la que hay que salir ya. El mismo presidente Santos, tratando de aplicar esto, creó el fast track, leyes que rápidamente aprobó el Congreso, pero que no tienen que ver con transformación agraria. Quedó una institucionalidad, que la ART, un poco de pequeñas instituciones que tienen que ver cómo transforman el territorio. El resto es el Gobierno, que tiene el presupuesto general de la nación (…) por eso esto no se está cumpliendo”, explicó el mandatario.El pasado 14 de mayo el presidente Petro anunció que denunciará ante las Naciones Unidas que el Estado no cumple el acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de la Farc y vaticinó que eso puede llevar a “derramamientos de sangre”.Petro hizo los comentarios en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, durante la posesión de la jurista Mary Lucero Novoa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, acto en el que insistió en que el cumplimiento del acuerdo de paz “no es un juego”.“Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir (…) pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, manifestó Petro.El presidente llegó a esa conclusión tras señalar que el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz, pero no se ha cumplido cabalmente el primer punto, sobre una reforma rural integral, ni tampoco otros relacionados con verdad y justicia.“Los acuerdos de paz fueron entregados al consejo de seguridad de la ONU bajo la forma de ‘declaración unilateral de Estado' ”, explicó Petro, según el cual dicho instrumento, en la práctica, no se está cumpliendo.Por eso, añadió, en una visita que hicieron al país en febrero pasado, los miembros del consejo de seguridad de la ONU tuvo que comunicarles ese “flagrante incumplimiento” de la declaración unilateral de Estado.“Colombia es el único Estado en el mundo que no está cumpliendo su declaración unilateral de Estado porque estamos muy acostumbrados a desacatar las sentencias de las cortes”, afirmó el mandatario.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático en señalar que las últimas acciones terroristas por parte de las disidencias de las Farc, responsables de los hostigamientos en Morales, Cauca y Jamundí, que dejaron cuatro muertos, entre ellos dos policías, le cierra la posibilidad a que se pacte un nuevo cese al fuego con las disidencias de las Farc.De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, las acciones terroristas se dieron en una parte por las operaciones desarrolladas contra esa organización ilegal, en reacción de algunos de sus frentes que pretendiendo distraer la atención de las FFMM y la Policía para desenfocar acciones que están en curso.“Pero en particular, acudieron ayer al atentado terrorista que es la única forma de reacción que esta organización en el frente Jaime Martínez que es el responsable de estas acciones, la única forma de expresión, porque no tienen capacidad para enfrentarse con las FFMM acuden a estos hechos violentos contra la población civil”, agregó el ministro.Velásquez mencionó, además, que las acciones no son exclusivamente contra la fuerza pública, sino contra la población civil y por eso: “No se pactará un nuevo cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país”, todo esto luego de anunciar el aumento de las capacidades ofensivas y de inteligencia contra estas organizaciones criminales.Mindefensa explica cambio de comandancia en el Ejército
El presidente Gustavo Petro se refirió a la implementación del acuerdo de paz y aseguró que se podría dar el caso en el que él mismo tenga que ir a la ONU a asegurar que el Estado colombiano no quiso cumplir con lo acordado. El pronunciamiento ha generado diferentes reacciones, una de ellas es la de Pastor Alape, quien hace parte del Partido Comunes e integró el último secretariado de las Farc."Se nos hace extraño que el presidente no hable como un jefe de Estado, sino que hable como el directo de una ONG para ir a presentarse ante la ONU. El reclamo que le hace el país es una implementación efectiva más allá de la narrativa que emociona y que uno aplaude pero que es necesario poner en temas concretos de acciones políticas en los territorios de tal manera de que pueda Colombia avanzar en esos compromisos con la comunidad internacional en cuanto a la implementación del acuerdo", señaló Alape.En el mismo sentido, desde el partido Comunes aseguran que el cumplimiento del acuerdo es una responsabilidad institucional, pero además, recuerdan que el presidente Gustavo Petro asumió una responsabilidad política, pues se comprometió con la implementación del acuerdo de paz una vez llegó a la presidencia."Hoy diríamos que Duque incumplió el acuerdo de manera frontal, incluyendo una frase de la campaña de que iba a hacer trizas la paz, el presidente Petro ha planteado el compromiso de paz de este Gobierno y hoy, pues estaría haciendo un incumplimiento blando y silencio del acuerdo de paz, es decir, estaría echando por la borda una responsabilidad institucional y una responsabilidad política que asumió durante la campaña y al posesionarse como presidente", explicó Alape.
Ministros, consejeros y embajadores del gobierno del expresidente Iván Duque Márquez rechazaron con vehemencia las aseveraciones del mandatario Gustavo Petro, quien desde Cali arremetió contra el ex jefe de Estado y lo señaló de la muerte de un grupo de jóvenes durante el llamado estallido social en la capital del Valle del Cauca.“El terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el gobierno de entonces. Sí, señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted, no fueron terroristas, el terrorista fue usted, expresidente Duque”, dijo el primer mandatario, lo que desató la polémica y la dura respuesta de los exfuncionarios.Y es que, en respuesta, los exintegrantes de la administración Duque instaron al jefe de Estado a que se dedique a gobernar y que “deje de sembrar odio, esparcir división y usar un lenguaje cargado de violencia y mentira”.“Como ejecutivo, enfrentamos dos protestas sociales donde hubo una enorme dosis de violencia e ilegalidad por parte de sectores violentos y criminales que infiltraron las protestas y quemaron buses, estaciones de policía, impidieron la movilidad de cientos de miles de colombianos, incendiaron negocios, propiedad privada y sembraron terror en el país. Cómo gobierno dialogamos con quienes marchaban y protestaban pacíficamente”, indicaron.Los exfuncionarios, a su vez, destacaron que durante las manifestaciones se lograron puntos de acuerdo y afirmaron que en diferentes ocasiones el uso legítimo de las fuerzas armadas del Estado fue una necesidad, “como una medida de protección a la ciudadanía que fue vulnerada e intimidada en medio de las protestas”.“¿Quién es el que negocia con terroristas, otorga beneficios sin que haya gestos reales de paz y persiste en unos diálogos de una supuesta paz total con ilegales que asesinan, secuestran y extorsionan a diario?, expresaron sobre el particular.Por otro lado, invitaron a la comunidad internacional para que evalúe la vulneración al orden constitucional en la que está incurriendo el presidente Gustavo Petro con su propuesta de una constituyente.“Que termine la tragedia el 7 de agosto de 2026, pero que empiece ya el sano debate democrático sin detenernos en más locuras para captar atención.”, puntualizaron.
A través de una carta, más de 30 exconsejeros de Estado le pidieron públicamente al presidente Gustavo Petro respeto por la separación de poderes y los integrantes de cada una de las ramas.Esto llega luego de que el presidente Gustavo Petro, desde Barranquilla, asegurara que su plan de bajar las tarifas de energía en la región Caribe se ha visto frustrado por decisiones judiciales."Se creen que son magos, e inteligentes y son asesores que salen por televisión diciéndonos que está muy bien que el precio de la energía en Colombia sea el más caro de todo el continente. Por eso este Gobierno se propuso bajar las tarifas y no ha podido por miedo y porque nos encierran jurídicamente como hizo el magistrado (Roberto) Serrato, amigo de (Alejandro) Ordóñez que tumbó el decreto donde asumía las facultades constitucionales de ser rector de los servicios públicos en Colombia", aseveró PetroEsta declaración es, para los firmantes de la carta, una descalificación de una providencia del Consejo de Estado que además recibieron con asombro pues ponen en duda y juicio mediático las decisiones que son tomadas de manera legítima por los jueces llevando a ridiculizarlos“Quienes hemos cumplido con la sagrada función de administrar justicia en nuestro Estado de Derecho, desde la trascendental especialidad de ser los jueces del Estado, hemos actuado siempre con la total convicción de tomar las decisiones respaldados en la normativa que rige cada caso concreto”.Los firmantes, además, le pidieron al presidente que use los canales adecuados y ya establecidos si tiene reparos o quiere controvertir decisiones judiciales.“Es un hecho insólito exponer pública, peyorativa, irrespetuosa y desconsideradamente al magistrado ponente, poniendo en grave riesgo su seguridad y la de su familia, en un ambiente tan violento como el que agobia a nuestro país”, reseña la carta.Esta es la carta:
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.