El consumo energético de las entidades estatales es un factor clave para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Con más de 4.000 instituciones públicas que demandan cerca del 5% de la energía en el país, según la UPME, la optimización de recursos se vuelve prioritaria. Un estudio de la firma Vertebra en 40 edificaciones oficiales señala que el sector público tiene un margen de mejora del 40% en su eficiencia energética si adopta herramientas de medición en tiempo real.El principal obstáculo actual es la falta de un monitoreo continuo en las oficinas del Estado. Al respecto, Juan Pablo Rojas, CEO de la compañía, afirma: “Al integrar sistemas que capturen y centralizan la información de las facturas de servicios públicos , las administraciones públicas ganan visibilidad sobre su operación, permitiéndoles identificar variaciones que antes pasaban desapercibidas en las facturas mensuales y actuar a tiempo”.Estrategias claves para la reducción del consumo eléctricoEl análisis plantea soluciones técnicas y organizativas para disminuir la presión sobre la red eléctrica y proteger los embalses. Las medidas evaluadas se dividen en las siguientes estrategias:Auditoría de cuentas: La revisión estricta de la facturación y los incentivos de ahorro permiten alcanzar reducciones de hasta un 25% en el consumo.Actualización tecnológica: Las instituciones con operación concentrada pueden lograr disminuciones del 20% invirtiendo en sistemas de climatización y luminarias eficientes.Plataformas digitales: El uso de herramientas de analítica y automatización permite diagnosticar pérdidas de energía y corregirlas de forma inmediata.El impacto del ahorro residencial en el entorno familiarFrente a la urgencia climática, el estudio propone una línea de acción enfocada en obtener resultados en un plazo de dos meses mediante la vinculación del personal técnico y administrativo.Campañas de concientización: Se plantea motivar a los trabajadores públicos para que apliquen pautas de eficiencia energética dentro de sus propias viviendas.Alivio a la red eléctrica: El seguimiento de las facturas en los entornos familiares busca disminuir la demanda residencial durante las horas pico.Potencial de reducción: La adopción de estas medidas puede generar reducciones de consumo de hasta el 30% en los hogares de los funcionarios.
Según el exministro de Justicia, después de haber radicado su denuncia el pasado 27 de mayo en La Haya, fue notificado de una decisión de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que redujo significativamente su esquema de seguridad, a pesar de las múltiples amenazas y ataques documentados en su contra.Entre los hechos más graves mencionados por el exminjusticia Wilson Ruiz se encuentra, un intento de atentado en noviembre de 2022 en Cali, frustrado por su esquema de seguridad.Además, habla de un ataque armado en enero de 2023 contra su hijo, en el que el vehículo recibió seis disparos.A esto se suma, según el comunicado, el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio del presente año, quien había elevado más de 20 solicitudes a la UNP para reforzar su protección sin recibir respuesta.“Al respecto, vale relacionar los hechos ocurridos en la ciudad de Medellín, en el lugar conocido con el nombre de la Plaza de la Alpujarra, donde el jefe de Estado, se dirigió a varios ciudadanos de su misma línea de Gobierno y a su vez lo hizo en compañía y compartió tarima con poderosos exmiembros de estructuras criminales que operaban en el Valle de Aburrá, una región en Colombia muy afectadas por estas bandas delincuenciales”, señala la ampliación del exministro.
Seguros del Estado objetó el pago de la indemnización del contrato de helicópteros que Ecopetrol firmó con Helicol, bajo el argumento de que en realidad no se incumplió el contrato."Resulta evidente que no se configura una situación que habilite válidamente la afectación de la garantía de cumplimiento", señaló la aseguradora en una comunicación enviada a Ecopetrol.La aseguradora acogió los argumentos de Helicol sobre las razones por las cuales hubo demoras en los plazos pactados para las revisiones de los equipos y su puesta en marcha, y llegó a la conclusión de que lo ocurrido corresponde a las descripciones de "hecho exclusivo de un tercero o fuerza mayor". En otras palabras, para la aseguradora, lo sucedido no es responsabilidad de Helicol, sino consecuencia de decisiones tomadas por la Aeronáutica Civil.Hace varias semanas, Ecopetrol inició los trámites ante Seguros del Estado para el cobro de la póliza de cumplimiento. Sin embargo, la aseguradora sostiene que la compañía no respondió a sus requerimientos de información durante el proceso.Ecopetrol decidió terminar el contrato con Helicol al considerar que la empresa no cumplió con los compromisos pactados en el contrato de transporte en helicóptero, incluyendo el alistamiento de las aeronaves. Helicol pidió a Ecopetrol que reconsiderara la terminación del contrato y, posteriormente, aseguró que hay irregularidades en el proceso que podrían causarle sobrecostos y líos jurídicos a la petrolera.
Seguros del Estado decidió no reconocer la solicitud de indemnización presentada por Ecopetrol tras la terminación anticipada del contrato con Helicol, compañía dedicada a servicios aéreos. La aseguradora concluyó que no existió un incumplimiento atribuible directamente a Helicol, razón por la cual no procede activar la póliza de cumplimiento.Según información conocida por Blu Radio, la petrolera aspiraba a recibir alrededor de 5.000 millones de pesos por este concepto.La aseguradora argumentó que las causas del presunto incumplimiento no se derivan de la actuación de Helicol, sino de factores externos, fuera del control de la empresa contratista.“Helicol ha demostrado, tanto ante Ecopetrol como ante esta aseguradora, que actuó con diligencia, buena fe y sin culpa, por lo cual se configuraron en su favor eximentes de responsabilidad contractual”, indicó Seguros del Estado.Entre los fundamentos de su decisión, la aseguradora señaló que el incumplimiento que motivó la terminación anticipada, referido al retraso en el alistamiento de aeronaves y la base operativa en Paz de Ariporo, tuvo su origen en decisiones y omisiones de la Aeronáutica Civil, una entidad estatal cuya gestión escapa al control del contratista.En esa línea, precisó que el supuesto incumplimiento no fue responsabilidad directa de Helicol, sino que se debió a la falta de acción de la autoridad aeronáutica, que tiene a su cargo la expedición de permisos y certificaciones necesarios para la operación de bases aéreas.Finalmente, Seguros del Estado concluyó que no se demostró que la conducta de Helicol hubiera causado un daño económico directo a Ecopetrol, ni que dicho perjuicio fuera consecuencia directa de un incumplimiento contractual atribuible a la empresa aérea.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se pronunció a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro en cuanto a una supuesta censura en su contra. De acuerdo con la entidad, los contenidos solicitados por el Gobierno nacional para promover la consulta popular en canales abiertos no se ajustaban a los parámetros de la ley.“Estos espacios deben destinarse exclusivamente a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de funciones propias de las entidades del Estado, así como para promover la unidad familiar, el civismo, la educación, los derechos humanos, la cultura y, en general, orientados a la divulgación de los fines y principios del Estado”, dice la CRC en su comunicado.El organismo aseguró que no censura ni controla el contenido de los mensajes que se difunden en los espacios institucionales. Por el contrario, manifiesta que solo se limita a verificar que los temas solicitados para ser emitidos por televisión abierta se ajusten a la normativa vigente. Eso sí, aclara que, en caso de que los mensajes se difundan a través de otros espacios o medios de comunicación, prevalece la garantía del derecho fundamental a la libertad de expresión.“En este caso particular, el contenido con referencia ‘1 de mayo, consulta popular’ remitido por la Presidencia de la República el 24 de abril, fue revisado y no fue aprobado debido a que no se ajustaba a los findes descritos para los Espacios Institucionales. La decisión de no autorizar la emisión del contenido como Espacio Institucional se fundamenta en el cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes y no constituye un acto de censura”, sigue el pronunciamiento de la CRC.Este pronunciamiento se da luego de que el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, denunciara un intento de censura en su contra por parte de la Comisión. “Oigan bien, la comisión de regulación no deja que, en los espacios del Gobierno, convoquen al pueblo a la marcha del primero de mayo a defender la consulta”, publicó Petro el pasado viernes, 25 de abril. El mandatario aseguró incluso que respondería judicialmente a la medida.Por último, desde la Comisión aseguraron que, con el ánimo de usar adecuadamente los espacios institucionales, sugirió al equipo de prensa de la Presidencia de la República tramitar de forma separada la invitación a la ciudadanía a marchar el 1 de mayo y la socialización pedagógica sobre la consulta popular que se radicará ante el Senado ese mismo día.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la implementación del acuerdo de paz del año 2016 durante la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la JEP para ejecutar las sanciones propias, va a imponer este tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz del año 2016.Petro aseguró que algunos puntos del acuerdo, como la reforma rural, han tenido dificultades en su implementación. También aseguró que la verdad sobre el conflicto se ha fragmentado, pues los responsables han entregado sus testimonios ante diferentes instancias judiciales.Petro aseguró que iba a volver al Consejo de Seguridad de la ONU para decir que el Estado colombiano incumplió el acuerdo de paz del año 2016.“Plantearé la verdad: que el Estado de Colombia, no el presidente, incumplió el acuerdo de paz con las Farc y le incumplió a la humanidad el compromiso que había hecho en el 2016”, dijo el presidente Petro.Es importante recordar que este martes se realizó una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se abordó el tema de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Por parte del Gobierno, estuvo presente la canciller, Laura Sarabia.“Me escribió ayer la canciller por su discurso y le dije que lo cambiara un tanto, porque nosotros no vamos a contar cuentos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay un gran avance en el proceso de paz firmado en 2016, y eso lo dijo la canciller ante el Consejo, pero hay unos grandes agujeros oscuros que no nos permiten decir que el Estado de Colombia está cumpliendo con el acuerdo de paz firmado en 2016 y, por tanto, le está incumpliendo a la humanidad”, señaló Petro.
En su primer discurso como ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez dejó claro el panorama de seguridad que enfrenta Colombia y la urgencia de fortalecer las capacidades del Estado para combatir las amenazas internas. La corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando fueron señalados como los principales problemas que minan la seguridad del país y que, según el ministro, requieren una respuesta firme y coordinada de todas las instituciones.El ministro defendió la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, pero advirtió que algunos grupos armados han traicionado esta iniciativa para seguir delinquiendo.“El Gobierno nacional ha sido muy generoso al buscar la paz total, la cual es una política de Estado y no de gobierno. Sin embargo, esa generosidad genuina ha sido traicionada por quienes, bajo falsas promesas de paz, continúan ejerciendo violencia contra nuestros ciudadanos”, enfatizó.Sánchez dejó claro que el Estado no cederá ante los violentos: “La respuesta del Estado debe ser contundente. No podemos abandonar jamás la posibilidad de que estos grupos se movilicen y se acojan a la ley, pero tampoco podemos permitir que sigan engañando a la nación”, afirmó.El ministro identificó cuatro grandes males como las principales causas de la inseguridad en el país:Narcotráfico: “Envenena a nuestra juventud y financia a los violentos”.Minería ilegal: “Destruye nuestros recursos naturales y enferma a nuestras comunidades”.Contrabando: “Debilita la economía formal y genera desempleo”.Corrupción: “Ese cáncer silencioso que se expande en diferentes sectores, incluso dentro de la población y las mismas instituciones encargadas de combatirla”.El ministro reconoció que estas problemáticas no pueden combatirse solo con acciones militares y policiales, sino con el esfuerzo conjunto de todas las ramas del poder y de la sociedad en su conjunto.“O nos unimos como nación o fracasamos como Estado”Sánchez hizo un llamado urgente a la unidad nacional en la lucha contra el crimen y la inseguridad: “El mensaje es claro: o nos unimos como nación o fracasamos como Estado. Para combatir el crimen es fundamental fortalecer nuestras capacidades. Una de ellas es la inteligencia y la contrainteligencia, porque el enemigo se camufla entre la población y usa tácticas de los carteles del narcotráfico”, señaló.El ministro insistió en la necesidad de contar con una inteligencia dominante, ya que esto permite “reducir riesgos, emplear menos recursos y golpear la amenaza con mayor precisión”. Asimismo, advirtió sobre la importancia de la contrainteligencia para evitar infiltraciones en las instituciones y combatir la corrupción.
El exalcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz denunció el 2 de febrero de 2003 que lo iban a matar y dos meses después fue asesinado por los paramilitares, debido a sus denuncias sobre las alianzas entre el paramilitarismo y políticos de la región.Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, desde donde le anunciaron a la familia de Eudaldo Díaz que el Estado colombiano estaba buscando una conciliación.Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, publicó un comunicado en el que rechaza la conciliación.“Agradecemos al Estado colombiano su ánimo conciliatorio, pero para nosotros los familiares de Eudaldo León Díaz Salgado, exalcalde de El Roble, Sucre, solo nos interesa que todos los responsables de este crimen sean judicializados y conocer la verdad completa en lo relacionado con este hecho, por lo tanto rechazamos la conciliación y seguiremos adelante en nuestra determinación de obtener justicia completa”, señala el hijo del exalcalde.Es importante recordar que este caso está siendo investigado en la JEP, allí el exgobernador de Sucre Salvador Arana reconoció su responsabilidad en este homicidio.
La compañía Thomas Greg & Sons desistió este miércoles de la millonaria demanda que había interpuesto contra el Estado luego de no conciliar con el Gobierno por declarar desierta la licitación abierta en mayo de 2023 para la expedición de pasaportes.Nueve meses después, en febrero de 2024, la Cancillería suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas, no existía libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se había encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.Al contrato con esa empresa le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre de 2023 una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos.Según su abogado, Juan Pablo Estrada, la decisión fue tomada después de que la empresa logró satisfacer su pretensión inicial a través de dos contratos que han sido ejecutados por la entidad gubernamental. Estrada mencionó que el litigio había durado casi dos años y que, a pesar de la controversia inicial, la compañía no está en su ADN mantener conflictos legales con el Estado. "Siempre la pretensión principal fue que les permitieran ejecutar un contrato al que tenían derecho", dijo. Durante la conversación, el abogado también hizo énfasis en que Thomas Greg & Sons ha estado ejecutando contratos por un valor total de alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos, y que el gobierno cumplió con sus obligaciones. Y agregó, "Decidieron unilateralmente desistir de la demanda por sentir que esa pretensión principal había resultado ya satisfecha. Son compañías que no viven de demandar al Estado, sino de ejecutar cumplidamente contratos estatales”Con respecto a futuros escenarios, se anticipan adiciones presupuestales, dependiendo de la necesidad de extensión del contrato vigente, que finaliza en octubre. En caso de tener que ceder el contrato a otra entidad, la compañía se prepara para una transición efectiva, asegurando que cualquier nuevo operador deberá tener un margen de maniobra suficiente para validar su gestión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales del pueblo indígena U’wa, ubicado en Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. La decisión responde a la imposición de proyectos extractivos y turísticos en sus territorios, así como a actividades petroleras, mineras y de infraestructura, que vulneraron sus derechos fundamentales.El fallo destaca que el Estado colombiano no realizó consultas previas, libres e informadas, como lo establecen los estándares interamericanos. Estas consultas son esenciales para garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios ancestrales. En cambio, el Gobierno otorgó permisos y licencias para proyectos extractivos sin respetar los derechos del pueblo U’wa, profundizando los daños culturales y ambientales.Los U’wa llevan más de 30 años defendiendo sus territorios de los impactos de actividades extractivas, argumentando que estos ecosistemas son esenciales no solo para ellos, sino para la humanidad en el contexto de la crisis climática. Ante la falta de respuestas en las instancias legales nacionales, los U’wa acudieron en 1997 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2020, después de más de dos décadas de espera, la Comisión remitió el caso a la Corte IDH, alegando que Colombia no cumplió las recomendaciones iniciales.El 25 y 26 de abril de 2023, durante una audiencia en Santiago de Chile, la Corte escuchó los testimonios del pueblo U’wa. Este encuentro fue clave para exponer cómo los proyectos extractivos han deteriorado su territorio y su cultura.La sentencia de la Corte IDH representa un precedente importante para la protección de los derechos de las comunidades indígenas en América Latina. “Este fallo confirma nuestra lucha por el territorio y la vida”, declararon líderes U’wa tras conocer la decisión.El Estado colombiano ahora deberá adoptar medidas para reparar los daños causados y garantizar que situaciones similares no se repitan, respetando los derechos de las comunidades indígenas y su rol en la preservación del medio ambiente.
Durante 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer ha realizado acompañamiento a 1.466 mujeres valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por riesgo de feminicidio como parte del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) que busca accionar medidas de protección.El soporte brindado por la entidad consta de un primer acercamiento con las mujeres para identificar en un primer momento el riesgo al que están expuestas y así activar el apoyo sociojurídico y psicosocial con el objetivo de orientarlas en materia de derechos.La coordinadora del Sistema Articulado de Alertas Tempranas, Natalia Bermúdez, señaló que es importante impulsar acciones concretas que permitan la judicializacion de los agresores y que a su vez eviten futuros factores de riesgo.“Se permiten identificar esos factores de riesgo para poder impulsar acciones concretas que permitan (…) que las autoridades competentes impulsen todas las acciones posibles frente a medidas de protección, a seguimiento y cumplimiento de las medidas de protección, a la judicialización de los presuntos agresores, pero también a la prevención de futuros factores de riesgo asociados a cualquier tipo o hecho de violencia”, sostuvo.La prevención exige que una vez manifestadas las primeras señales de alarma el distrito cuente con rutas de atención establecidas y servicios especializados que prevengan una posible escalada de violencia hacia la mujer.“Prevenir implica identificar cuáles son esas situaciones que no son normales, que no son justificables en el relacionamiento de las mujeres con sus parejas, exparejas o en cualquiera que sean sus ámbitos o entornos de relacionamiento”, declaró Bermúdez.La Secretaría de la Mujer insta a las mujeres en riesgo de feminicidio a recurrir a mecanismos de la Administración Distrital como Alerta Naranja, que opera en las Casas de Justicia de la ciudad con el fin de identificar el nivel de riesgo en el que se encuentran, fortalecer la coordinación entre entidades y agilizar las rutas de protección.
En cincuenta y dos segundos de video quedó registrado un caso que ha causado gran rechazo e indignación en la ciudad de Cartagena.En las imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo una mujer tuvo un parto a las afueras de la Clínica Crecer, ubicada en una de las principales avenidas de la capital de Bolívar, tendida en el piso, sobre el andén del centro hospitalario.El video, que incluso generó la reacción en redes sociales del alcalde Dumek Turbay, quien lo calificó como un "hecho inadmisible" y sin "ninguna justificación", muestra a la madre con el bebé que acababa de nacer, mientras en la puerta de la clínica se ve a integrantes del equipo asistencial y una ambulancia al fondo.El director del Departamento Distrital de Salud, Rafael Navarro, explicó que se inició una investigación para determinar qué ocurrió con la atención de esta madre; sin embargo, rechazó que en la ciudad se presente un parto extrahospitalario."Desde el distrito rechazamos que tengamos partos extrainstitucionales, sabiendo que el Distrito de Cartagena se ha esmerado en garantizar el acceso a la ruta materno perinatal, que todas las mujeres, incluso las que no tienen filiación (...) Vamos a verificar qué pasó y, obviamente, haremos, pues, en caso de encontrar fallas, además de las correcciones, las sanciones que fueran pertinentes", aseguró.Asimismo, el director del Departamento de Salud de Cartagena sostuvo que, una vez conocieron el caso, un equipo de vigilancia y control llegó hasta el centro hospitalario para conocer las circunstancias del mismo."Apenas nos enteramos de este caso, hicimos la disposición de los equipos, tanto de vigilancia y control como de salud materna y salud perinatal, para que acudieran a hacer las revisiones pertinentes. Esto implica revisión de historia clínica, entrevista con pacientes, entrevista con familiares y con el cuerpo asistencial", detalló el funcionario, al tiempo que explicó que, aunque la clínica no atiende urgencias, como está declarado en el Registro Especial de Prestadores ante el Ministerio de Salud, sí atiende partos.Sobre el estado de salud de la madre y el bebé, Navarro confirmó que ambos se encuentran estables y permanecen hospitalizados en la clínica."Sabemos que están estables, que están en buenas condiciones. Obviamente hay un tema, sin violar la confidencialidad; también, pues, hay que mantener el respeto con la mamá, el respeto con su salud mental. Entonces, desde los médicos sabemos que están estables, y tanto el bebé como la mamá se encuentran hospitalizados", agregó.La Clínica Crecer no se ha pronunciado al respecto.
Este miércoles en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Este miércoles se adelantó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la audiencia “A New Beginning for Colombia”, en la que se revisa el futuro de la relación con Colombia y con la Región. Allí, el subsecretario para América del Sur del Departamento de Estado, Luiz Mendez, aseguró que desconoce si el presidente Gustavo Petro será retirado de la Lista OFAC, conocida como la lista Clinton.El funcionario afirmó que la inclusión del mandatario obedeció a sus políticas antinarcóticos, que habrían impulsado el cultivo y la producción de hoja de coca y facilitado la llegada de cocaína a Estados Unidos.“La designación de la OFAC la gestiona el Departamento del Tesoro, pero lo que puedo decirles es que el origen de esa designación se debió a sus fallidas políticas antinarcóticos, que impulsaron el cultivo y la producción de coca y llevaron a que la cocaína llegara a Estados Unidos y matara a ciudadanos estadounidenses”, afirmó Mendez”, dijo.En la misma audiencia, la congresista republicana María Elvira Salazar le preguntó a Mendez por la situación de la líder opositora venezolana María Corina Machado. El funcionario respondió que Estados Unidos no impedirá su regreso a Venezuela, pero advirtió que, aunque existe una ley de amnistía, aún no hay garantías para evitar que sea detenida.“No vamos a obstaculizar el regreso de María Corina a Venezuela. Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a regresar. Ahora, creo que hay trabajo que hacer en el contexto de Venezuela para que cuando ella regrese, no sea arrestada. Hubo una ley de amnistía que las autoridades interinas propusieron que, desafortunadamente, tal como está redactada, aún impide que María Corina entre a Venezuela sin ser arrestada. Creo que esas conversaciones deben llevarse a cabo, no solo para María Corina, sino para todos los exiliados políticos venezolanos”, agregó.La representante María Elvira Salazar también le preguntó a Luis Mendez por acciones concretas para fortalecer la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Durante su intervención, recordó la inversión que hizo Estados Unidos en Colombia durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, con el Plan Colombia, la cual calificó como exitosa.Aunque Mendez no descartó una estrategia similar, señaló que los esfuerzos estarán enfocados en combatir las economías ilícitas y las fuentes de financiación de los grupos armados.“Las organizaciones terroristas extranjeras han proliferado en Colombia bajo la administración de Petro y han utilizado economías ilícitas para lograrlo. Una de las áreas que estamos considerando es cómo cortar esas fuentes de financiación ilícita que estas organizaciones terroristas extranjeras utilizan para desmantelarlas. Por eso estamos trabajando con el Departamento del Tesoro y con diferentes entidades del Departamento de Estado para abordar este problema”, afirmó Mendez.Tras insistir en la colaboración que se abre con la Administración del presidente Donald Trump, explicó algunos aspectos concretos como la ayuda en defensa que Colombia necesita: "el 75 % de los helicópteros de la fuerza militar colombiana no despegan, a pesar de que tienen una guerrilla y un narcotráfico que florece".Salazar consideró que los próximos cuatro años del Gobierno De la Espriella son "la mejor noticia para los colombianos", especialmente "para el ciudadano normal que lo que quiere es quedarse en su país y progreso para él, su familia y su país".
Leo Messi, capitán de la selección argentina que este miércoles se clasificó a la final del Mundial 2026, afirmó que, "una vez más" el equipo albiceleste ha demostrado "que nadie" le "regala nada".Argentina, en otra remontada heroica, derrotó 1-2 a Inglaterra, que se había adelantado en el minuto 55, con los goles de Enzo Fernández (m.85) y Lautaro Martínez (92+).Messi indicó en la zona mixta del estadio de Atlanta: "Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo"."Estoy una vez más muy orgulloso de poder dar una alegría a todo el pueblo argentino", indicó el capitán argentino que aseguró que "solo era un partido de fútbol". "Queríamos conseguir la victoria y meternos en la final de una Copa del Mundo"."Felices de haberlo hecho otra vez y de la manera que lo hicimos, cuando teníamos todo en contra. Con cabeza, con fútbol, con ganas. Este grupo demuestra una vez más lo que es capaz de hacer", añadió."Ahora, hay que disfrutar del momento con los compañeros. Este grupo no le debe nada a nadie. Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años. Volver a jugar una final de la copa del mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos...Pase lo que pase, hay que valorar este proceso y como siempre será lo que Dios quiera nada más", remarcó.
