En diálogo con Mañanas Blu, el senador Alfredo Deluque entregó detalles sobre el borrador de decreto que reglamenta el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones en Colombia. El congresista explicó el alcance de la norma, la cual busca establecer una clara diferencia entre el ejercicio legítimo de la protesta pacífica y los actos de violencia que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía.Un cambio frente al manejo de la movilización socialDurante el diálogo radial, el senador Deluque señaló que con esta nueva reglamentación se pretende corregir la postura que, a su juicio, imperó anteriormente frente a las manifestaciones violentas. Según el parlamentario, “en el país durante el gobierno Petro, los violentos tuvieron un lugar importante dentro de su programación política y permitía pues que si existía una protesta violenta, simplemente la fuerza pública se quedara atada”.Ante este escenario, el congresista enfatizó que el propósito central del borrador de decreto es reaccionar ante las acciones delictivas sin estigmatizar el derecho a la protesta social consagrado en la Constitución. En sus palabras, “este es un decreto que busca es repeler las violencias, la violencia en esas protestas e incluso aquellas protestas que no tienen autorización por parte de las autoridades”.Protocolos de intervención focalizada y garantías democráticasUno de los aspectos centrales radica en el modo de actuación de las autoridades, el cual no operará de forma generalizada ni indiscriminada contra la totalidad de los manifestantes. Deluque explicó que las intervenciones operativas se realizarán mediante protocolos estrictos y dirigidos exclusivamente a controlar los focos de perturbación. “Tiene que ser algo focalizado, además la fuerza pública no puede actuar contra toda la protesta, sino contra aquellos focos que se presenten de violencia”.Asimismo, precisó que la intervención del antiguo ESMAD (hoy UNDMO) no implicará la suspensión del diálogo social ni el trabajo de los gestores de convivencia. El parlamentario reiteró que las personas que se movilicen de forma pacífica mantendrán las garantías del Estado, al tiempo que envió un mensaje contundente a quienes apelen a la violencia: “las personas que quieren salir a protestar de manera pacífica seguirán contando con todas las garantías del Estado para ejercer su derecho. Pero aquellas que no pretendan hacerlo de esa manera, pues sí van a enfrentarse con la fuerza del Estado como debe ser”.Bloqueos viales y prevalencia de los derechos fundamentalesAl ser consultado sobre casos críticos como el bloqueo de ambulancias o la parálisis de vías principales —ejemplificado en los disturbios cerca de la Universidad Nacional sobre la Avenida El Dorado en Bogotá—, el senador advirtió que dichas situaciones no pueden normalizarse en el país. Sobre este punto, subrayó: “no puede existir en el país una protesta violenta. Eso no puede existir. No debe ser algo que se normalice y que creo que en algún momento llegó a normalizarse en nuestro país”.Deluque recordó además que el bloqueo no autorizado de vías públicas constituye un delito en la legislación colombiana y remarcó que debe existir un equilibrio entre la movilización y los derechos de la población en general. “No puede primar el derecho de los violentos sobre los pacíficos también y sobre las personas que necesitan garantías del Estado para ejercer su derecho al trabajo, su derecho a la salud, su derecho a la movilidad”.Ante las objeciones de sectores de oposición que señalan que el decreto busca desestimular la protesta contra las políticas gubernamentales, el legislador invitó a revisar con rigor el contenido del borrador. “Que lean el decreto, que lo lean y lo analicen bien, que son unos protocolos específicos establecidos de manera juiciosa y que no es de manera general la contención de la protesta”.Escuche aquí la entrevista:
La industria turística de Santa Marta y del departamento del Magdalena enfrenta graves afectaciones operativas y financieras tras las recientes acciones de intimidación cometidas por el grupo armado ilegal conocido como 'Los Pachenca'.La ola de anuncios en redes sociales, panfletos, bloqueos de vías y la quema de autobuses paralizaron las actividades comerciales y redujeron drásticamente la movilidad de visitantes en zonas emblemáticas tanto urbanas como rurales.Impacto directo en la economía local y alerta internacionalOmar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió sobre la gravedad de la situación en entrevista con Mañanas Blu, señalando que "son muchas familias que dependen de la cadena de valor del turismo".El dirigente gremial enfatizó el efecto multiplicador de esta actividad al explicar que "el carpero, el lanchero, el taxista, el que vende un mango en la playa o en el centro histórico, el restaurante... todo nos está afectando y la ciudad vive del turismo".La ocupación hotelera en el destino registró desplomes significativos, situándose en un promedio general que no supera el 33%, una cifra distante del 49% alcanzado en la misma época del año anterior.Esta coyuntura afecta sectores como el Centro Histórico, El Rodadero, Taganga, Pozos Colorados, Minca y los corredores rurales hacia el Parque Nacional Natural Tayrona y Palomino.A este panorama se sumaron las alertas de viaje (travel warnings) emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Francia, medida que golpea de manera directa la llegada de visitantes del principal mercado emisor internacional hacia el territorio.El reclamo de las autoridades gremiales: seguridad permanenteFrente a problemas históricos de extorsión y cobro de 'vacunas' exacerbados por la presencia delictiva, el gremio hotelero exige respuestas de fondo y no soluciones pasajeras.García Silva calificó el panorama indicando que "son más de 50 años con una situación grave" generada por descuido institucional en el pasado.Tras sostener una reunión a puerta cerrada con 65 prestadores turísticos formales y altos mandos del Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional, el líder de Cotelco formuló la petición central del sector: "A eso estamos pidiendo que haya una política del estado, no por momento, sino que sea permanente".El dirigente resaltó que hacía años no sentía una articulación tan directa con el Gobierno nacional, manifestando su confianza en las acciones emprendidas para garantizar el orden público de manera sostenida.Expectativas y estrategias de reactivación para la semana de recesoA pesar de las pérdidas acumuladas, los empresarios e integrantes de la cadena de valor turística confían en lograr una pronta recuperación de cara a la próxima semana de receso escolar.Las proyecciones de los hoteleros apuntan a alcanzar una ocupación promedio del 60% entre el 2 y el 12 de octubre, estimando superar el 82% durante el puente festivo de cierre.Para incentivar la demanda, agencias de viajes, restaurantes y establecimientos formales vienen implementando promociones y tarifas competitivas.Asimismo, la disminución puntual en los costos de los tiquetes aéreos se perfila como una oportunidad para atraer viajeros de última hora desde los principales mercados emisores del país.Mientras las fuerzas armadas mantienen un despliegue visible en playas y zonas de interés, el sector formal coordina esfuerzos públicos, privados y sociales para preservar el sustento de las comunidades locales.Aquí la entrevista:
El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Leonardo Huerta, anunció una estrategia para hacer más eficiente el funcionamiento de las entidades públicas y reducir la duplicidad de funciones que actualmente existe dentro del Estado Colombiano.El director Huerta, explicó que, en los primeros ocho días de la estrategia, ya fueron identificadas entidades en las que se estarían realizando funciones similares o que se superponen. El objetivo es revisar estos procesos y determinar cómo pueden simplificarse.“Hay muchas entidades que cumplen la misma función y debemos empezar a ser más eficientes para que la administración pública se enfoque hacia los fines esenciales del Estado”, señaló Huerta.La estrategia incluye tres nuevas herramientas para las entidades y servidores públicos. La primera es la estructuración de una metodología para identificar y medir la duplicidad de funciones.La segunda busca establecer qué tan efectivos han sido los procesos de reestructuración y rediseño institucional realizados en alcaldías, gobernaciones y otras entidades. Según Función Pública, estos cambios le han representado al Estado cerca de $2,2 billones de pesos. Ahora, el Gobierno quiere evaluar si las modificaciones realmente cumplieron los objetivos para los que fueron aprobadas.La tercera herramienta está relacionada con la estandarización de procesos y procedimientos. La intención es que los trámites sean más sencillos y ágiles y que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad a los servicios de la administración pública y ejercer sus derechos.El plan también contempla acelerar la transformación de las gobernaciones, con el propósito de fortalecer sus capacidades y adaptar su estructura a las necesidades particulares de cada territorio. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar hacia una administración pública con menos trámites, funciones mejor coordinadas y procesos más eficientes.
El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, presentará ante el Congreso de la República para eliminar la reposición de gastos de campaña en consultas internas e interpartidistas, que, según él, están dejando un costo alto en el Estado y debe ser modificado para ahorrarle presupuesto, según explicó en diálogo con Recap de Blu Radio.Aseguró que el objetivo es evitar lo que considera un doble desembolso de recursos públicos durante los procesos electorales y generar un ahorro que, según sus cálculos, podría superar los $50.000 millones. Cadavid aclaró que la iniciativa no pretende eliminar las consultas como mecanismo de participación política. Por el contrario, señaló que los partidos podrán seguir utilizándolas para definir sus candidaturas, pero deberán asumir las implicaciones económicas de las campañas internas.“Puede superar los 50.000 millones de pesos en el ahorro del Estado colombiano, solamente la reposición de gastos de consultas, sin contar el desarrollo logístico de las mismas (…) El partido o movimiento político que quiera hacer uso del instrumento de una consulta para definir un candidato internamente dentro de un partido lo podrá seguir haciendo. En este caso, a la luz de este proyecto, lo que ya no obtendrá será la reposición de los gastos de la campaña”, puntualizó.Según Cadavid, esto se debe a que, actualmente, se financia toda la logística para realizar la consulta, incluyendo aspectos como los tarjetones, el traslado del material electoral, las mesas y los jurados, algo que, hoy en día, representa miles de millones de pesos del Estado y que podrían ser destinos en otras operaciones.El senador también planteó que algunos precandidatos podrían acudir a mecanismos de financiación, como créditos, bajo la expectativa de recibir posteriormente recursos del Estado por su participación en una consulta.Esto, según explicó, puede generar diferencias frente a quienes deciden no participar en estos procesos internos y posteriormente deben competir en la elección definitiva.“Los candidatos o precandidatos inclusive, porque no son candidatos definitivos, participan en una consulta y luego dicen: ‘Bueno, voy a obtener un crédito, voy a prestar más plata porque a mí me va a respaldar el Estado con esos recursos por la consulta en la cual participé’”, sostuvo.El proyecto será enviado a la Comisión Primera del Senado, donde comenzará su discusión. De acuerdo con el senador, la reforma deberá surtir una primera vuelta de cuatro debates y, en caso de ser aprobada, una segunda vuelta con otros cuatro debates.
El consumo energético de las entidades estatales es un factor clave para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Con más de 4.000 instituciones públicas que demandan cerca del 5% de la energía en el país, según la UPME, la optimización de recursos se vuelve prioritaria. Un estudio de la firma Vertebra en 40 edificaciones oficiales señala que el sector público tiene un margen de mejora del 40% en su eficiencia energética si adopta herramientas de medición en tiempo real.El principal obstáculo actual es la falta de un monitoreo continuo en las oficinas del Estado. Al respecto, Juan Pablo Rojas, CEO de la compañía, afirma: “Al integrar sistemas que capturen y centralizan la información de las facturas de servicios públicos , las administraciones públicas ganan visibilidad sobre su operación, permitiéndoles identificar variaciones que antes pasaban desapercibidas en las facturas mensuales y actuar a tiempo”.Estrategias claves para la reducción del consumo eléctricoEl análisis plantea soluciones técnicas y organizativas para disminuir la presión sobre la red eléctrica y proteger los embalses. Las medidas evaluadas se dividen en las siguientes estrategias:Auditoría de cuentas: La revisión estricta de la facturación y los incentivos de ahorro permiten alcanzar reducciones de hasta un 25% en el consumo.Actualización tecnológica: Las instituciones con operación concentrada pueden lograr disminuciones del 20% invirtiendo en sistemas de climatización y luminarias eficientes.Plataformas digitales: El uso de herramientas de analítica y automatización permite diagnosticar pérdidas de energía y corregirlas de forma inmediata.El impacto del ahorro residencial en el entorno familiarFrente a la urgencia climática, el estudio propone una línea de acción enfocada en obtener resultados en un plazo de dos meses mediante la vinculación del personal técnico y administrativo.Campañas de concientización: Se plantea motivar a los trabajadores públicos para que apliquen pautas de eficiencia energética dentro de sus propias viviendas.Alivio a la red eléctrica: El seguimiento de las facturas en los entornos familiares busca disminuir la demanda residencial durante las horas pico.Potencial de reducción: La adopción de estas medidas puede generar reducciones de consumo de hasta el 30% en los hogares de los funcionarios.
Según el exministro de Justicia, después de haber radicado su denuncia el pasado 27 de mayo en La Haya, fue notificado de una decisión de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que redujo significativamente su esquema de seguridad, a pesar de las múltiples amenazas y ataques documentados en su contra.Entre los hechos más graves mencionados por el exminjusticia Wilson Ruiz se encuentra, un intento de atentado en noviembre de 2022 en Cali, frustrado por su esquema de seguridad.Además, habla de un ataque armado en enero de 2023 contra su hijo, en el que el vehículo recibió seis disparos.A esto se suma, según el comunicado, el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio del presente año, quien había elevado más de 20 solicitudes a la UNP para reforzar su protección sin recibir respuesta.“Al respecto, vale relacionar los hechos ocurridos en la ciudad de Medellín, en el lugar conocido con el nombre de la Plaza de la Alpujarra, donde el jefe de Estado, se dirigió a varios ciudadanos de su misma línea de Gobierno y a su vez lo hizo en compañía y compartió tarima con poderosos exmiembros de estructuras criminales que operaban en el Valle de Aburrá, una región en Colombia muy afectadas por estas bandas delincuenciales”, señala la ampliación del exministro.
Seguros del Estado objetó el pago de la indemnización del contrato de helicópteros que Ecopetrol firmó con Helicol, bajo el argumento de que en realidad no se incumplió el contrato."Resulta evidente que no se configura una situación que habilite válidamente la afectación de la garantía de cumplimiento", señaló la aseguradora en una comunicación enviada a Ecopetrol.La aseguradora acogió los argumentos de Helicol sobre las razones por las cuales hubo demoras en los plazos pactados para las revisiones de los equipos y su puesta en marcha, y llegó a la conclusión de que lo ocurrido corresponde a las descripciones de "hecho exclusivo de un tercero o fuerza mayor". En otras palabras, para la aseguradora, lo sucedido no es responsabilidad de Helicol, sino consecuencia de decisiones tomadas por la Aeronáutica Civil.Hace varias semanas, Ecopetrol inició los trámites ante Seguros del Estado para el cobro de la póliza de cumplimiento. Sin embargo, la aseguradora sostiene que la compañía no respondió a sus requerimientos de información durante el proceso.Ecopetrol decidió terminar el contrato con Helicol al considerar que la empresa no cumplió con los compromisos pactados en el contrato de transporte en helicóptero, incluyendo el alistamiento de las aeronaves. Helicol pidió a Ecopetrol que reconsiderara la terminación del contrato y, posteriormente, aseguró que hay irregularidades en el proceso que podrían causarle sobrecostos y líos jurídicos a la petrolera.
Seguros del Estado decidió no reconocer la solicitud de indemnización presentada por Ecopetrol tras la terminación anticipada del contrato con Helicol, compañía dedicada a servicios aéreos. La aseguradora concluyó que no existió un incumplimiento atribuible directamente a Helicol, razón por la cual no procede activar la póliza de cumplimiento.Según información conocida por Blu Radio, la petrolera aspiraba a recibir alrededor de 5.000 millones de pesos por este concepto.La aseguradora argumentó que las causas del presunto incumplimiento no se derivan de la actuación de Helicol, sino de factores externos, fuera del control de la empresa contratista.“Helicol ha demostrado, tanto ante Ecopetrol como ante esta aseguradora, que actuó con diligencia, buena fe y sin culpa, por lo cual se configuraron en su favor eximentes de responsabilidad contractual”, indicó Seguros del Estado.Entre los fundamentos de su decisión, la aseguradora señaló que el incumplimiento que motivó la terminación anticipada, referido al retraso en el alistamiento de aeronaves y la base operativa en Paz de Ariporo, tuvo su origen en decisiones y omisiones de la Aeronáutica Civil, una entidad estatal cuya gestión escapa al control del contratista.En esa línea, precisó que el supuesto incumplimiento no fue responsabilidad directa de Helicol, sino que se debió a la falta de acción de la autoridad aeronáutica, que tiene a su cargo la expedición de permisos y certificaciones necesarios para la operación de bases aéreas.Finalmente, Seguros del Estado concluyó que no se demostró que la conducta de Helicol hubiera causado un daño económico directo a Ecopetrol, ni que dicho perjuicio fuera consecuencia directa de un incumplimiento contractual atribuible a la empresa aérea.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se pronunció a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro en cuanto a una supuesta censura en su contra. De acuerdo con la entidad, los contenidos solicitados por el Gobierno nacional para promover la consulta popular en canales abiertos no se ajustaban a los parámetros de la ley.“Estos espacios deben destinarse exclusivamente a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de funciones propias de las entidades del Estado, así como para promover la unidad familiar, el civismo, la educación, los derechos humanos, la cultura y, en general, orientados a la divulgación de los fines y principios del Estado”, dice la CRC en su comunicado.El organismo aseguró que no censura ni controla el contenido de los mensajes que se difunden en los espacios institucionales. Por el contrario, manifiesta que solo se limita a verificar que los temas solicitados para ser emitidos por televisión abierta se ajusten a la normativa vigente. Eso sí, aclara que, en caso de que los mensajes se difundan a través de otros espacios o medios de comunicación, prevalece la garantía del derecho fundamental a la libertad de expresión.“En este caso particular, el contenido con referencia ‘1 de mayo, consulta popular’ remitido por la Presidencia de la República el 24 de abril, fue revisado y no fue aprobado debido a que no se ajustaba a los findes descritos para los Espacios Institucionales. La decisión de no autorizar la emisión del contenido como Espacio Institucional se fundamenta en el cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes y no constituye un acto de censura”, sigue el pronunciamiento de la CRC.Este pronunciamiento se da luego de que el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, denunciara un intento de censura en su contra por parte de la Comisión. “Oigan bien, la comisión de regulación no deja que, en los espacios del Gobierno, convoquen al pueblo a la marcha del primero de mayo a defender la consulta”, publicó Petro el pasado viernes, 25 de abril. El mandatario aseguró incluso que respondería judicialmente a la medida.Por último, desde la Comisión aseguraron que, con el ánimo de usar adecuadamente los espacios institucionales, sugirió al equipo de prensa de la Presidencia de la República tramitar de forma separada la invitación a la ciudadanía a marchar el 1 de mayo y la socialización pedagógica sobre la consulta popular que se radicará ante el Senado ese mismo día.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la implementación del acuerdo de paz del año 2016 durante la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la JEP para ejecutar las sanciones propias, va a imponer este tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz del año 2016.Petro aseguró que algunos puntos del acuerdo, como la reforma rural, han tenido dificultades en su implementación. También aseguró que la verdad sobre el conflicto se ha fragmentado, pues los responsables han entregado sus testimonios ante diferentes instancias judiciales.Petro aseguró que iba a volver al Consejo de Seguridad de la ONU para decir que el Estado colombiano incumplió el acuerdo de paz del año 2016.“Plantearé la verdad: que el Estado de Colombia, no el presidente, incumplió el acuerdo de paz con las Farc y le incumplió a la humanidad el compromiso que había hecho en el 2016”, dijo el presidente Petro.Es importante recordar que este martes se realizó una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se abordó el tema de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Por parte del Gobierno, estuvo presente la canciller, Laura Sarabia.“Me escribió ayer la canciller por su discurso y le dije que lo cambiara un tanto, porque nosotros no vamos a contar cuentos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay un gran avance en el proceso de paz firmado en 2016, y eso lo dijo la canciller ante el Consejo, pero hay unos grandes agujeros oscuros que no nos permiten decir que el Estado de Colombia está cumpliendo con el acuerdo de paz firmado en 2016 y, por tanto, le está incumpliendo a la humanidad”, señaló Petro.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
El Ministerio de Salud anunció cambios en el acceso a uno de los medicamentos utilizados para tratar el VIH en Colombia. Se trata del DLT, una tableta que combina tres medicamentos: dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato, utilizados para controlar el virus en las personas que viven con esta condición.La principal novedad es que, a partir de la Circular Externa 033 de 2026, el medicamento podrá ser entregado a todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al sistema de salud, siempre que el médico tratante determine que es la opción adecuada para su condición. Anteriormente, el acceso estaba limitado a cuatro grupos específicos de población.Esto significa que ya no será necesario pertenecer a uno de esos cuatro grupos para acceder al DLT. Sin embargo, su entrega no será automática para todos los pacientes, pues será el médico quien evalúe cada caso y defina si este tratamiento es el más conveniente.Otro de los puntos establecidos por el Ministerio es que las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos deberán garantizar que el medicamento llegue completo y a tiempo a quienes lo necesiten. Además, no podrán exigir trámites adicionales a los establecidos en la plataforma MIPRES que terminen retrasando el inicio del tratamiento o provocando interrupciones.El DLT fue adquirido por el Ministerio de Salud mediante una compra centralizada a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud. Esta estrategia busca facilitar la disponibilidad del medicamento y optimizar los recursos destinados a su adquisición.Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de vigilar que las entidades responsables cumplan con estas instrucciones. También se establecieron mecanismos para hacer seguimiento a la distribución, revisar los inventarios y garantizar la reposición del medicamento cuando sea necesario.
Lo que al principio era una noche de celebración para el Club Atléico Rosario Central terminó convirtiéndose en uno de los momentos más insólitos del fútbol argentino. Los jugadores y aficionados del equipo rosarino festejaron el título de la tabla anual, invadieron la cancha y se abrazaron como campeones, sin saber que Boca Juniors estaba ganando su partido y se coronaba campeón.Todo ocurrió el sábado 7 de noviembre en el estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel. El equipo dirigido por Jorge Almirón había cumplido con su parte y ahora dependía de que Boca no ganara su compromiso contra Defensa y Justicia.Mientras en Rosario aguardaban el resultado, el partido en La Bombonera estaba empatado sin goles. Ese marcador le daba al canalla el primer puesto de la clasificación anual y la posibilidad de celebrar su segundo título consecutivo.El gol de Boca Juniors que desató la confusión en Rosario CentralLa definición cambió por completo en el minuto 90+6, cuando Enner Valencia apareció dentro del área y marcó el 1-0 para Boca, desatando la celebración de los aficionados del conjunto xeneize.Sin embargo, mientras se revisaba la jugada, en las tribunas de Rosario Central comenzó a circular la información de que el gol había sido anulado por el VAR.Según medios argentinos, desde una de las tribunas alguien comenzó a gritar que la anotación del ecuatoriano no había sido válida. La versión se extendió rápidamente entre los aficionados del estadio y llegó hasta los propios futbolistas, quienes creyeron que Boca seguía empatando.En cuestión de segundos, el Gigante de Arroyito se convirtió en una fiesta. Varios jugadores corrieron hacia los alambrados para cantar con sus hinchas, mientras algunos aficionados ingresaron al terreno de juego para celebrar el supuesto campeonato.Entre los futbolistas que participaron en los festejos estuvo el colombiano Jáminton Campaz, quien había sido titular y reemplazado al minuto 90+2.Pero la alegría duró poco, pues el gol de Enner Valencia fue validado y el xeneize terminó ganando 1-0, resultado que le permitió superar a Rosario Central en la clasificación.¿Qué dijo el DT de Rosario Central tras el festejo equivocado de Rosario Central?Las imágenes de los jugadores celebrando un título que finalmente no consiguieron se difundieron rápidamente por las redes sociales. Después del encuentro, Jorge Almirón, entrenador de Rosario Central, reconoció que el equipo se dejó llevar por la emoción de los aficionados y que la confusión provocó una celebración anticipada."Nos confundimos. Festejamos antes porque nos dejamos llevar por la gente", explicó el técnico durante la conferencia de prensa posterior al partido.El delantero Marco Ruben también se refirió a lo sucedido y aseguró que la confusión se extendió en cuestión de segundos entre quienes estaban pendientes de la definición.Ángel Di María, quien siguió el encuentro desde un palco debido a una molestia física, también vivió la frustración de una jornada en la que Rosario Central estuvo muy cerca de conseguir el campeonato.¿Cómo quedó la tabla anual de Argentina tras el triunfo de Boca Juniors?Con su victoria frente a Defensa y Justicia, Boca Juniors terminó primero en la tabla anual de Argentina con 63 puntos, mientras que Rosario Central ocupó el segundo lugar con 62 unidades.La diferencia de apenas un punto terminó siendo decisiva para definir al campeón de la Liga 2026, distinción que se entrega al equipo que encabeza la clasificación acumulada de los torneos Apertura y Clausura.De esta manera, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena celebró el título en La Bombonera, mientras que Rosario Central se quedó a las puertas de repetir la conquista de 2025.Pese al amargo desenlace, el equipo rosarino aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
Los trabajadores colombianos vinculados mediante un contrato laboral tienen derecho a recibir la prima de servicios del mes de diciembre, una prestación social que corresponde a 15 días de salario por semestre laborado. Para 2026, las empresas tienen una fecha límite establecida para realizar el pago de este derecho.Los empleados deberán recibir este dinero a más tardar el 20 de diciembre. Este ingreso representa uno de los pagos adicionales que reciben durante el año y suele destinarse a cubrir gastos personales, obligaciones financieras y compras de fin de año.La prima se paga en dos desembolsos: el primero se realiza a mitad de año, con plazo máximo hasta el 30 de junio, y el segundo durante los primeros 20 días de diciembre. Cuando una persona no ha trabajado durante todo el semestre, el valor se calcula de acuerdo con el tiempo laborado.¿Cómo calcular la prima de diciembre de 2026?La liquidación corresponde normalmente al 50 % de un salario mensual cuando el trabajador completa los seis meses del periodo laborado. Para saber cuánto recibirá, debe aplicar la siguiente fórmula:Prima de servicios = (salario mensual × días trabajados) / 360.En esta operación también se debe incluir el auxilio de transporte, cuando el empleado tiene derecho a recibirlo. Para 2026, este beneficio es de $249.095 y aplica principalmente para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, equivalentes a $3.501.810.econoPor ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de $1.750.905 más el auxilio de transporte, para un ingreso mensual de $2.000.000, y trabajó los 180 días del semestre, recibirá $1.000.000 de prima.Si el empleado laboró menos de seis meses, el resultado será proporcional al número de días que estuvo vinculado durante el periodo correspondiente.¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios?Esta prestación corresponde a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido, siempre que cumplan las condiciones establecidas para su reconocimiento.Por el contrario, de acuerdo con la información suministrada, no reciben prima quienes trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, los trabajadores independientes ni quienes tienen salario integral.El pago es una obligación del empleador y está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso, los trabajadores que tienen derecho a esta prestación pueden revisar su liquidación y verificar que el valor corresponda al salario, al tiempo laborado y al auxilio de transporte, si aplica.
