El ministro de Interior, Armando Benedetti, ha tachado de "ilegal" el allanamiento que la Corte Suprema de Justicia hizo a su vivienda en Barranquilla, como parte de una investigación en su contra por corrupción, y llamó "loca", "demente" y "delincuente" a la magistrada Cristina Lombana, de ese alto tribunal."En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente 'magistrada' (Cristina) Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025", expresó Benedetti en un mensaje publicado en la red social X.El ministro se refiere así al fuero que tienen los congresistas, que son investigados por la Corte Suprema, y que él dice que perdió cuando terminó su periodo como senador hace tres años.En diálogo con Mañanas Blu, el ministro Benedetti, aseguró que se trata de una persecución en su contra, en ese sentido, contó que "el allanamiento contó con 30 policías armados fuertmente donde ella (Lombana) increpó a mi esposa y la amenazó", contó. Y reiteró una y otra vez, "una investigación se hace para confirmar algo. Ella no investiga, lo único que hace es explorar". Sobre las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y el origen de los bienes del exfuncionario. Benedetti afirmó que la justicia debería enfocarse en que, tras el allanamiento, "no encontraron absolutamente nada y no incautaron nada".La deuda con Euclides TorresUna de las transacciones que ha despertado mayor controversia es el préstamo de 3.000 millones de pesos recibido de Euclides Torres, empresario y amigo cercano. Benedetti aclaró el contexto de la deuda, señalando que Torres es el "padrino" de su hija, "compadre," "amigo mío," y con quien ha hecho política en los últimos 15 años. El exministro defendió el préstamo, negando que sea un delito, comparando la situación a si el dinero hubiera sido prestado por un banco o por otro gran empresario.El exministro explicó que la razón del préstamo se remonta a 2020, cuando buscaba solventar una situación personal: "Yo dije, 'Vendo el apartamento de Bogotá y la de Barranquilla que nos íbamos a vivir la Barranquilla'. Entonces, yo lo que hago es que la pongo a nombre tuya para que te sientas respaldada".Sin embargo, cuando estaba vendiendo el apartamento de Bogotá, la magistrada Lombana abrió una investigación por enriquecimiento, lo cual impide vender los bienes. Benedetti recibió el préstamo de Torres en noviembre de 2020, pero cuando la investigación fue abierta formalmente en febrero de 2021, quedó "atrapado". Esta situación financiera lo dejó en una posición vulnerable: "Yo quedo yo quedo endeudado hasta decir en los como estoy ahora. Miren lo que tengo ahora".Magistrada LombanaBenedetti aseguró que el allanamiento fue ilegal porque la magistrada Lombana estaba recusada para tratar cualquier tema relacionado con su patrimonio. Él insiste en que la recusación fue aceptada por la Sala de Instrucción.El exministro también denunció que la magistrada se extralimitó en sus funciones al mandar investigar a su círculo familiar y a menores de edad: "Mandó a preguntar de todos los 50 familiares míos de enriquecimiento ilícito de 50 familiares del 2018 hasta el 2022; investigó a mis hijos menores de edad". Benedetti argumentó que la Corte Suprema solo es competente para investigar aforados, por lo que este tipo de indagaciones deberían ser enviadas a la Fiscalía.Sobre la falta de pruebas en su contra, Benedetti es enfático: "Ella a día de hoy no tiene una cuenta bancaria donde supuestamente yo saqué una plata o un negocio con el cual yo me enriquecí con Pedro Pérez tampoco tiene el nombre". Mencionó que, en los siete años de persecución, la magistrada ha citado a 200 testigos sin presentar ninguna prueba concreta.Líos judiciales del ministroEn febrero pasado, la Corte Suprema llamó a juicio a Benedetti, al que acusó de tráfico de influencias por hechos ocurridos entre 2016 y 2017 que están ligados a contrataciones en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).El ministro fue llamado a indagatoria en julio de 2022 por el caso de Fonade y este fue asumido por la magistrada Lombana, quien recopiló pruebas, entre ellas la declaración de un exasesor de esa entidad en la que advirtió que el político "influyó en el proceso de adjudicación del contrato de Certicámara S.A.", explicó entonces la Corte.El alto funcionario tiene actualmente siete procesos en la Sala de Instrucción de la Corte. En cuatro de ellos ya se avanzó a apertura formal y otros tres siguen en indagación.
El gerente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, llegó a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes este jueves 18 de abril, para responder en medio de las investigaciones por una presunta financiación ilegal de la campaña del presidente. Roa llegó antes de las 8:00 a. m. y estuvo por más de una hora frente a los tres representantes investigadores respondiendo algunas preguntas.En esta declaración, Roa aseguró que la financiación de la campaña contó con una auditoría rigurosa y aclaró que Nicolás Petro, el hijo del presidente, no tuvo participación formal con la campaña. En el mismo sentido, aseguró que Euclides Torres, Fecode, la USO, y Christian Daes no entregaron recursos.Tras la diligencia de Roa, se conectó virtualmente el empresario Euclides Torres, quien decidió guardar silencio, pero alcanzó a leer un comunicado ante los representantes investigadores."Los señalamientos hechos desde diferentes sectores sobre mi relación con supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente no corresponden con la realidad. Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato", aseguró Torres.Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro, por su parte, estuvo presente en la diligencia de Roa, realizando algunas preguntas sobre la auditoría y otros temas de la campaña, al final, también emitió un comunicado."La autoridad ha indagado exhaustivamente el manejo y estructura del manejo de la campaña y sobre aporte, topes y contribuciones de particulares, sin que haya asomo de alguna responsabilidad atribuible al presidente", señaló Pava.
Blu Radio conoció una carta que el controvertido empresario atlanticense Euclides Torres envió este martes a los dos magistrados del Consejo Nacional Electoral - CNE que investigan las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que anuncia que no acudirá a la citación prevista para este miércoles 24 de enero, en calidad de testigo.En la carta, Euclides Torres explica que no asistirá con el fin de proteger su derecho a la defensa, tras señalar que en el marco de la investigación de la Fiscalía contra Nicolás Petro y contra Daysuris Vásquez, el fiscal Mario Burgos lo mencionó como una de las personas que supuestamente les entregaron dinero, lo cual, según dijo, hace que su conducta esté siendo objeto de averiguación.Euclides Torres, mencionado como una de las personas que habría entregado dineros no reportados a la campaña Petro Presidente, agrega que “lejos de ser un potencia testigo, activa el ejercicio de sus derechos a la defensa y a la no autoincriminación”.Torres agrega que otra de las causas que lo llevan a incumplir la cita ante el CNE es el riesgo de filtración de su testimonio, tras recordar lo sucedido con el interrogatorio rendido por Nicolás Petro ante la Fiscalía.
En un mensaje es su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro cuestionó que la Fiscalía haya hecho compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusación y al Consejo nacional Electoral (CNE) para que, de acuerdo con la competencia de cada entidad, se indague la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial.Según el presidente Petro: “El fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora”.A su vez, agrega: “En el interrogatorio a mi hijo (Nicolás Petro) se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas”.Y reconoce, además, que el contratista Euclides Torres si financió la manifestación de la “P” en Barranquilla, pero que ese evento está lejos de ser un acto irregular pues ocurrió cinco meses ante de comenzar su campaña política hacia la Presidencia de la República y por eso no “estaba cobijado por la ley de financiación de campañas”.En seguida, el presidente señala que la compulsa de copias es un “error” de la Fiscalía pues la manifestación de la “P”, según él, fue “una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes”Por último, agrega que ha sido objeto de persecuciones de las Fiscalías de los últimos 8 años para “impedir que el progresismo bajo mi dirección gobierne el país”.Le puede interesar:
El traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad del municipio. Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.El funcionario señaló que el centro carcelario cuenta con las condiciones necesarias para recibir a estos internos y aseguró que se reforzarán las medidas de protección para la población, los funcionarios del Inpec y las propias instalaciones.“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones y ante la violencia”, afirmó Cancino.El ministro agregó que quienes incurran en hechos violentos deberán responder ante las autoridades judiciales y que el Estado utilizará los mecanismos legales para garantizar el control de la situación.Las declaraciones fueron entregadas durante la inauguración del encuentro regional de la Corte Constitucional, en Girón, escenario en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con la política de justicia y seguridad del Gobierno nacional.Cancino también habló sobre la Ley de Sometimiento y las condiciones que deberán cumplir los integrantes de estructuras criminales que pretendan acogerse a este mecanismo.El ministro fue enfático en señalar que los bienes obtenidos de manera ilícita no podrán convertirse en un beneficio económico para quienes se sometan a la justicia.“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa. Tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra cero pesos”, sostuvo.Cancino también indicó que la propuesta del Gobierno no contempla otorgar estatus político a las estructuras criminales, ni suspender órdenes de captura o procesos de extradición como condición para su sometimiento.Según explicó, quienes pretendan acogerse deberán esperar la entrada en vigor de la Ley de Sometimiento y cumplir las condiciones que establezca el marco legal.
Tras la judicialización de un quinto hombre que aceptó su responsabilidad en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Carmilo Peláez, en el Norte de Antioquia, pistas investigativas de las autoridades llegaron ahora hasta el Valle de Aburrá e involucran un vehículo.En un operativo realizado por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, incautaron una camioneta modelo 1997 en una zona ubicada entre los sectores Los Puertos y San Simón en el municipio de Bello.El transcurso de la investigación ha llevado a determinar que ese vehículo habría sido manejado por Weimar Alexánder Castillo, alias ‘300’, de la banda criminal El Mesa para transportar a Andrés Camilo una vez secuestrado en San Andrés de Cuerquia en medio de un caso de presunta extorsión.La camioneta, con placas de la ciudad de Pereira, habría sido abandonada en esta zona del norte del Valle de Aburrá desde 2023, sin embargo, una vez llevada a cabo la incautación por los organismos judiciales otras preguntas surgieron en la historia.“¿Por qué razón el vehículo donde secuestraron y luego asesinaron al ingeniero Andres Camilo Peláez apareció escondido en un lote que pertenece al Hospital mental de Antioquia?”, afirmó en X Miguel Ángel del Río, uno de los abogados del caso.Frente a estos cuestionamientos el Hospital Mental aclaró que este predio invadido fue reportado a las autoridades de 2022 cuando la Inspección Novena de Policía de Bello declaró una infracción por construcciones irregulares en un predio invadido, pero no se pudo llevar a cabo la demolición por falta de un contrato.Ante quejas y la falta de medidas, en octubre de 2025 la institución de salud radicó ante el municipio de Bello una nueva querella, pero decidió solicitar apoyo a la Gobernación de Antioquia que asumió el conocimiento del proceso, que actualmente se encuentra en etapa probatoria.“El Hospital Mental de Antioquia adelantó todas las acciones legales que tenía a su disposición, con criterios de inmediatez y oportunidad. Aunque los hechos fueron puestos en conocimiento del municipio de Bello, no se recibió una respuesta efectiva que permitiera restablecer el control del predio”, indicaron en el comunicado.Información en poder de las autoridades indicaría que ante la falta de una destinación para el predio, desde 2021 el grupo delincuencial El Mesa, señalado de cometer la desaparición de Andrés Camilo, se habría apropiado de esta zona permitiendo a su vez la aparición de construcciones ilegales.
Autoridades han manifestado su preocupación ante un presunto caso de maltrato infantil que derivó en la muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu, un niño de siete meses remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.Tras los hechos que habrían ocurrido en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén en el municipio de Bello, la administración de esa localidad del norte del Valle de Aburrá se pronunció lamentando lo ocurrido.“La situación nos afecta a todos. No se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones que puedan poner en riesgo su seguridad”, indicaron en un comunicado en el que reiteraron que el niño registraba de acuerdo al parte médico asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.Al tratarse de una situación que consideran “inconsistente con el relato de su madre”, una mujer de 18 años de edad de nacionalidad venezolana, quien indicó que Emmanuel había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda”, pidieron a las autoridades investigar.“Desde la Alcaldía de Bello hacemos un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”, detallaron en el pronunciamiento.La Alcaldía también detalló que tras conocer el caso y el niño era atendido en el centro asistencial ya habían gestionado su llegada a un hogar sustituto de cuidado especial, pero su traslado no fue posible al fallecer.También recordaron a la ciudadanía que en caso de conocer alguna situación de maltrato a un menor de edad puede reportarse a la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional, o de manera presencial en la Fiscalía, Comisarías y Personería del municipio.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:El grupo de pop-rock colombiano 'Compañía Iliminata' contaron cómo nacieron algunas de sus canciones más icónicas. Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas.El creador de contenido "Sin Rol Específico", Thomás Pérez, dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una historia de la calle en un contenido que conecte con la audiencia.
Unas 451.000 personas más podrían perder la vida a causa del calor durante los primeros nueve meses (de junio 2026 a febrero 2027 ) de El Niño a nivel mundial, en comparación con un año normal, según un informe de este miércoles del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.Los científicos prevén que las temperaturas terrestres mundiales se situarán 1,2 °C por encima de lo normal en los próximos meses, debido en gran medida al actual ‘Súper El Niño’.Estas condiciones de calor anómalo se asemejarán a las temperaturas más elevadas que, según las proyecciones, traerá consigo el cambio climático dentro de 20 años y provocarán un 44 % más de días de calor extremo de lo que cabría esperar en un año normal."En la práctica, El Niño nos está empujando hacia el futuro —exponiéndonos a temperaturas que no serán la norma hasta dentro de dos décadas— antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos", citó el estudio.Los investigadores creen que las cifras de muertes "aumenten aún más" de las 451.000, especialmente porque los efectos —como las temperaturas superiores a la media y las muertes relacionadas con el calor— se prolongarán hasta junio y julio de 2027.Los países más afectados serían Nigeria, Sudán, Níger y Chad que podrían contabilizar en conjunto más de 65.000 muertes relacionadas con el calor.Los investigadores estiman que Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia registrarían cerca de 40.000 muertes en total, mientras que Brasil podría experimentar hasta 13.300 muertes por calor en esos nueve meses.En Estados Unidos los científicos proyectan que El Niño podría dejar hasta 3.500 fallecidos más, con el estado de Texas como el más afectado por las altas temperaturas.Colombia yVenezuela se exponen a registrar 2.200 y 2.300decesos, respectivamente a causa del fenómeno meteorológico.
