La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha manifestado su "enorme preocupación" ante la reciente circular enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los canales de televisión en Colombia. La directora de la Flip, Sofía Jaramillo, calificó la solicitud de la CRC como un "asomo de censura", demandando formalmente el retiro inmediato de la misiva.La polémica surge a raíz de que la CRC solicitó a los medios documentos internos sensibles, como actas y relatorías de comités editoriales. Aunque el Comisionado Mauricio Vera había ofrecido algunas explicaciones y aclaraciones, indicando que la entrega de la información era voluntaria, la Flip mantiene su posición crítica, argumentando que la simple solicitud de dicha información conlleva efectos "muy indeseados".Sofía Jaramillo enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de acción por parte de la entidad reguladora. Al referirse a las precisiones hechas por la CRC, Jaramillo declaró de manera contundente: "Nosotros desde el viernes lo venimos diciendo, o sea, para nosotros es de enorme preocupación la carta que se envió de la por parte de la CRC. Sí, si bien ha habido algunas aclaraciones, nuestra solicitud de la CRC es que retire la carta como está en este momento, justamente, porque hicieron esas imprecisiones."La directora de la Flip detalló que, si la CRC desea reformular la carta, debe abstenerse de realizar solicitudes que involucren información que está protegida por la Constitución Política. La solicitud de actas y relatorías de comités editoriales, incluso de forma voluntaria, compromete discusiones sensibles.La directora explicó que el análisis de pluralismo que ha adelantado la CRC durante años implica examinar cómo la ciudadanía accede a los medios en diferentes regiones. Esto incluye evaluar lugares donde la única fuente de información es, por ejemplo, la radio: "Analizar cómo es ese ecosistema informativo a nivel nacional es importante para saber que en qué lugares deben haber diferentes protecciones, para saber cómo está todo ese ecosistema mediático. Yo creo que es muy importante".Escuche aquí la entrevista:
Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), respondió en Mañanas Blu a los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro hacia la prensa, los cuales calificó de sistemáticos. Esto luego de que el pasado domingo el presidente Gustavo Petro, en respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano en la revista Cambio, acusó a la prensa de querer destruir su Gobierno.Bock, en diálogo con Néstor Morales, resaltó la gravedad de los ataques del presidente Petro e indicó que estos no solo son desafortunados, sino peligrosos.“Lo que termina haciendo interminable el ciclo de violencia en Colombia, en primer lugar, es que tenemos una violencia atávica que no hemos podido resolver adecuadamente (…) Creo que ese es el punto central de todo esto y es que ya es un momento en el que podamos sacar la mira y ver qué ha pasado en estos dos años y es que realmente pues esto ha sido sistemático y esto es una manera muy profunda de minar la credibilidad del periodismo en general", afirmó.Añadió que las declaraciones del presidente no solo afectan la credibilidad de la prensa, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los periodistas, especialmente en regiones donde ya enfrentan amenazas constantes.El Gobierno de Petro ha argumentado que sus críticas están dirigidas a lo que considera un periodismo sesgado y manipulador. En sus redes sociales, el presidente ha defendido su postura, afirmando que su administración busca la verdad y que los medios, en cambio, tergiversan la información para favorecer a la extrema derecha. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por la FLIP y otros organismos internacionales, quienes consideran que las palabras de Petro son un intento de desacreditar y silenciar a la prensa crítica.Los ataques a la prensa no son un fenómeno nuevo en Colombia, pero el tono y la frecuencia de las declaraciones de Petro han generado preocupación entre defensores de la libertad de prensa. La FLIP ha documentado un aumento en los ataques a periodistas en los últimos meses, con cinco periodistas asesinados en los últimos 19 meses."Colombia está haciendo en este momento el país con la cifra más alta de periodistas asesinados en América Latina, incluso por encima de México", destacó Bock, subrayando la gravedad de la situación.Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han expresado su preocupación por las declaraciones del presidente Petro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros sin Fronteras (RSF) han señalado que los ataques verbales del mandatario pueden fomentar un ambiente de hostilidad hacia los periodistas, aumentando el riesgo de violencia contra ellos.En la entrevista, Bock hizo un llamado al presidente Petro para reconsiderar su postura y fomentar un diálogo constructivo con los medios de comunicación.
Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, en varias publicaciones en la red social X despachara críticas en contra de Noticias Caracol y su unidad investigativa dirigida por el periodista Ricardo Calderón, por cuenta del informe emitido este domingo en el que señala que un narcotraficante de Casanare y su esposa habrían apoyado fuertemente la campaña del hoy mandatario, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció al respecto.“El presidente acusó al medio de emitir ‘noticias completamente falsas’ y de tergiversar la información para ‘desprestigiar’ su campaña. También calificó esta investigación como una ‘bajeza’ que promueve el ‘derribo del Gobierno’ y que busca ocultar la sanción al Grupo Aval por el caso de la Ruta del Sol. Con ello, hace eco a su acusación de la presunta participación de los medios en lo que él ha denominado ‘un golpe blando’ en contra de su Gobierno”, señala el comunicado de la Flip.La Flip también agrega que el presidente de la República debe recordar que la publicación de Noticias Caracol “es de alto interés público porque se trata de la financiación de las campañas electorales”, por lo que el jefe de Estado y demás autoridades deben brindar las garantías para que la prensa investigue, publique y opine sobre este asunto.“Al anunciar acciones judiciales contra el medio, Petro se aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio. Aunque el presidente refiere haber presentado una solicitud de rectificación, el medio no ha recibido ninguna petición formal y ratificó la veracidad de los hechos encontrados por su unidad de investigación”, sostiene la FLIP.El comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa cierra haciendo un llamado al presidente Petro para que permita el libre flujo de información periodística así como ha pedido respeto e independencia de la actuación de la justicia; ser garante de la libertad de expresión; no estigmatizar a la prensa y rechazar las estrategias de desprestigio coordinadas en redes sociales y que han sido replicadas por integrantes y dirigentes del Pacto Histórico, a través del impulso de tendencias como #CaracolMiente.Puede ver:
Este viernes, a través de Twitter, el presidente Gustavo Petro le respondió a La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) luego del comunicado donde alertaban que el mandatario endureció “su discurso contra el periodismo” y, con eso, alentaba “la criminalización de los medios” de comunicación del país.“El presidente Gustavo Petro ha atacado de manera reiterada y ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto. Sus mensajes restan credibilidad al periodismo y abren la puerta a la criminalización de los medios”, se lee en el comunicado que publicó la Flip.Petro citó el artículo 20 de la Constitución política, que habla sobre la libertad que tienen las personas de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como de ser informados de manera “veraz e imparcial”.Sobre los medios de comunicación, el presidente subrayó el aparte de este artículo que se dice específicamente: “Estos son libres y tienen responsabilidad social”.La respuesta del presidente Gustavo Petro se da luego de que la Flip hiciera una recopilación de los trinos que el jefe de Estado ha hecho haciendo referencia a noticias de varios medios en Colombia.Según la Flip, sus comentarios “interfieren en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo controvierten”.Por eso, el organismo le solicitó en el mismo comunicado al presidente que reconozca y afirme públicamente el “papel central que tiene una prensa libre en una democracia” y, además, le pidió que se “abstenga” de emitir mensajes que perjudiquen “la independencia de los medios” del país.
Por las recientes intimidaciones de las que fueron víctimas varios periodistas de Barranquilla fue abierta una investigación por la Dirección Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía, para lo que seis fiscales fueron trasladados desde Bogotá hasta la capital del Atlántico para asumir el caso.Una de las primeras personas que fue interrogada corresponde a Alberto Henao Peralta, un hombre que se identificó como periodista el pasado lunes al llegar a la sala de redacción de El Heraldo y, fue él, quien acompañado por cinco hombres, entre los que habían personas armadas, ofreció contenido relacionado con una entrevista que realizó a Digno Palomino, líder de la banda delincuencial Los Costeños.Pese a que Henao se presentó como una persona que actuaba por motivación propia que consideraba como importante que se escuchara la voz de Palomino, el hecho despertó la inquietud entre los periodistas, lo que llevó a reportar el caso a las autoridades.Lo que Henao ha asegurado es que es un periodista independiente oriundo de Sucre, que estaba acompañado por miembros de la Unidad Nacional de Protección, los cuales portaban su arma de dotación, una situación que, en sus palabras, pudo causar confusión. Por lo pronto, la directora de El Heraldo Erika Fontalvo agradeció públicamente el apoyo entregado por colegas y por la ciudadanía y rechazó cualquier intentó de terceros por ofrecer la publicación de información sin un propósito claro. Le puede interesar:
Las autoridades fiscales de India allanaron este martes las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y en Bombay, unas semanas después de la difusión de un documental crítico con el papel del primer ministro cuando era una autoridad local durante los disturbios interconfesionales de 2002.La libertad de prensa ha sido resquebrajada en India desde la llegada al poder de Narendra Modi, afirman activistas. La oposición condenó los allanamientos.El portavoz del partido oficialista BJP, Gaurav Bhatia, afirmó, tras el registro, que la BBC lleva a cabo una "propaganda" contra India."India es un país que da una oportunidad a cada organización (...) siempre que no vomite veneno", precisando que estos allanamientos son legales y que el momento decidido para realizarnos no tiene nada que ver con el gobierno."Si uno ha estado siguiendo la ley de un país, si uno no tiene nada que esconder, entonces, ¿Por qué tener miedo de una acción, que está en consonancia con la ley?", afirmó.La radiotelevisión pública británica BBC aseguró que "coopera plenamente" con las autoridades fiscales indias."Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible", dijo en Twitter el servicio de prensa del grupo audiovisual, confirmando los registros en sus oficinas en India.Horas antes un periodista del canal había afirmado desde Nueva Delhi que los servicios fiscales indios estaban allanando sus locales. "Están confiscando todos los teléfonos", aseguró.Representantes del gobierno impedían entrar o salir del edificio, constató un periodista de la AFP.La cadena emitió en enero un documental en el que denunciaba que Modi, entonces primer ministro del estado de Gujarat, ordenó a la policía que hiciera la vista gorda ante los disturbios interconfesionales de 2002.Esa ola de violencia causó al menos 1.000 muertos, la mayoría de ellos miembros de la minoría musulmana del país. Poco después de la publicación del documental, el gobierno indio bloqueó los videos y tuits con enlaces al documental. El asesor del gobierno Kanchan Gupta tildó el documental de "propaganda hostil y basura antindia".Pese a las prohibiciones, grupos de estudiantes organizaron veladas para ver el documental, desafiando al gobierno y sus esfuerzos para frenar su distribución.La policía arrestó a decenas de estudiantes en la prestigiosa Universidad de Delhi después de una transmisión a finales de enero.Reducción de la libertad de prensa en IndiaDesde la llegada el poder en 2014 del gobierno nacionalista hindú de Modi, India ha retrocedido diez puestos en el índice global sobre libertad de prensa que realiza Reporteros Sin Fronteras (RSF), pasando al puesto 150, de un total de 180 países evaluados.Los disturbios de 2002 en Gujarat, en el este del país, comenzaron tras la muerte de 59 peregrinos hindúes en el incendio de un tren. Tras la tragedia 31 musulmanes fueron condenados por el incidente.El documental de la BBC cita un informe del ministerio de Relaciones Exteriores británico, que fue desclasificado, en el que fuentes anónimas afirman que Modi se reunió con altos mandos de la policía y "les ordenó que no intervinieran" en los ataques contra musulmanes perpetrados por grupos nacionalistas hindúes.Le puede interesar:
La Corte Constitucional tomó una decisión importante que protege y garantiza el ejercicio del periodismo en el país, al determinar que no pueden ser declarados responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción por parte de funcionarios.La decisión se dio luego de estudiar la tutela que presentó la periodista Vicky Dávila, en ese entonces en RCN Radio, en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que los declaró civilmente responsables por la publicación de una noticia en mayo de 2014.La abogada Catalina Botero, quien intervino en este caso ante la Corte Constitucional, como abogada del mencionado canal, habló en 'Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de la decisión del alto tribunal y de las implicaciones de dicho fallo."Es una sentencia muy importante por el momento que estamos viviendo en Colombia y América Latina. La Corte resuelve una tutela que interpusimos en contra de una condena a la periodista, en un proceso civil, que son los procesos que están utilizando los políticos para tratar de silenciar por un tema de corrupción. La periodista entrevista a quien denuncia el acto de corrupción y a su superior jerárquico. Y es muy insistente en dar una opinión de un hecho", indicó.El informe de Dávila hacía referencia a un supuesto acto de corrupción que involucraba al entonces comandante de la Policía de Casanare, coronel Jorge Hilario Estupiñán. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá afirmaba que la entrevista que se le hizo al oficial tuvo la intención de perjudicarlo.Botero, quien es socia fundadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), señaló cómo cree que actúan los jueces en los casos mediáticos que trabaja el periodismo.“Los jueces son funcionarios conservadores, no les gusta el espectáculo y creen que las personas no pueden ser cuestionadas de esa manera. Pero lo que hacen los jueces son extrapolar su manera de actuar al periodismo, Dicen que los periodistas no pueden hacer preguntas inquisitivas, que no pueden dar opiniones sobre si alguien puede ser culpable, sin una sentencia previa”, expresó.Además, la letrada señaló que los comunicadores no pueden hacer públicos documentos que hacen parte de una reserva de sumario, lo cual es gravísimo para un periodista. Resaltó que, a su parecer, es grave condenar a un periodista por esto y los casos por los que puede condenar a un comunicador."La regla de oro de la Corte Constitucional en estos casos es: un periodista solo puede ser condenado cuando se demuestra que la difamación era falsa y se sabía que era así; cuando no hizo ningún esfuerzo por investigar y se hizo un daño antijurídico que el funcionario no puede soportar. Al periodista no lo pueden condenar por eso", manifestó.Y reveló los motivos que la llevaron a defender a Dávila en este mediático caso: "Entré al caso porque me pareció que la sentencia era gravísima para la democracia colombiana y logramos que la Corte Constitucional aplicara estándares internacionales. Entiendo que la prudencia es una virtud de la justicia, pero no se puede extrapolar al periodismo", reseñó.En su concepto, "no pueden pedirles a los periodistas que actúen como los jueces quieren que actúen. Tienen que entender la naturaleza del periodismo y aceptar que algunas veces hay que proteger al periodismo malo para defender el bueno y esa debe ser la regla. Los abogados deben saber eso y generar una primera línea de defensa jurídica para los periodistas que resultan civilmente demandados”, enfatizó.En este orden de ideas, Botero resaltó el trabajo de los comunicadores y aclaró que también tienen otras obligaciones que más que legales, sino éticas."Lo que dice la Corte Constitucional es que no se le puede poner al periodista la carga de un juez, pero sí el derecho razonable. El periodista tiene derecho a reservar la fuente, pero debe demostrar que hizo el ejercicio de comprobar la información, de confirmar", puntualizó.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, defendió este martes la necesidad de redoblar esfuerzos en 2023 a favor de la seguridad de los periodistas, el respeto de la libertad de prensa y un mayor acceso a la información pública."El 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa de las Américas. Cuarenta y dos periodistas fueron ultimados en 10 países", dijo Greenspon en un mensaje con motivo de fin de año en el que pasa revista a lo sucedido en 2022 y los desafíos para 2023, que, según dice, "serán muchos".Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times Company, subrayó que "el flagelo de la violencia y la falta de resolución de los crímenes contra periodistas generan una profunda fisura sobre la actividad periodística y una amenaza a la democracia en nuestra región que debemos combatir".Además de los asesinatos y agresiones, mencionó el exilio de 29 comunicadores debido a la persecución política y el encarcelamiento de otros 15, entre ellos dos integrantes de la Junta de directores de la SIP, Juan Lorenzo Holmann, en Nicaragua, y José Rubén Zamora, en Guatemala.Greenspon denunció "las graves consecuencias para la democracia si continúan desapareciendo medios de comunicación, ante la indiferencia de los gobiernos, agencias multilaterales, empresas, plataformas digitales y la sociedad civil".En este sentido subrayó que la SIP ha alertado en numerosos foros internacionales que los medios de comunicación han ido perdiendo constantemente ingresos publicitarios y han migrado a plataformas digitales como Google y Meta.LA PARADOJA DE LA PUBLICIDAD"Y la paradoja de este desequilibrio es que las plataformas usan contenido de medios de forma gratuita para atraer audiencias y generar más ingresos publicitarios. Los medios, entonces, no son recompensados ni se benefician de la creación de sus contenidos", agrega.Ello impacta negativamente en la sostenibilidad económica de los medios, pero también crea "desiertos de información", lo que afecta a la democracia, subraya el presidente de la SIP."Sin medios locales, sin organismos de control, se propaga la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, mientras se reduce la participación ciudadana en los procesos electorales y el compromiso de la gente con su comunidad. Sin periodismo local, las democracias corren más peligro que nunca", dice.Greenspon anticipó que en 2023 la SIP se propone, con el acompañamiento de fundaciones y empresas, redoblar esfuerzos a favor de la seguridad y protección de los periodistas, así como crear una mayor cultura de acceso a la información pública."También trabajaremos con otras organizaciones y plataformas como Google para apoyar la sustentabilidad de los medios, en especial en aquellas regiones más vulnerables debido a los avatares económicos y políticos", agregó.Otro de los propósitos es elevar la voz ante organismos multilaterales para exigir justicia ante la impunidad de los crímenes contra periodistas e insistir sobre la autorregulación en materia de moderación de contenidos en las plataformas digitales."Vigilaremos que toda regulación sobre moderación en temas de desinformación, discurso de odio y violación a la intimidad se circunscriba a principios universales sobre derechos humanos", agregó.Por último, la SIP continuará buscando alianzas con otras organizaciones regionales y globales a favor de las libertades de prensa y expresión. Este año, junto a 26 organizaciones, nos expresamos con la "Declaración sobre Nicaragua" y, con otras seis, denunciamos el "Año trágico para la prensa"."Todos nuestros proyectos y compromiso para el 2023 estarán enfocados en los principios de nuestras declaraciones de Chapultepec y Salta. Estas gritan que no puede haber verdadera democracia sin libertad de prensa ni sin medios sustentables e independientes", declaró Greenspon.La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas y está compuesta por más de 1.300 publicaciones.Le puede interesar:
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) dijo este miércoles que el Estado colombiano falla en su misión de investigar los ataques a la prensa y recordó que de los 164 casos de asesinatos de comunicadores en solo uno se sancionó a los autores del homicidio con lo que persiste la impunidad.En el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Flip dijo en un comunicado que "el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios".Argumentó sus señalamientos en que en Colombia de los 164 asesinatos a periodistas "solo en el caso de Orlando Sierra se sancionó a todos los autores del crimen, y solo en un 18 % de los casos hubo algún tipo de condenas, el resto de homicidios están en completa impunidad.Sierra fue asesinado en Manizales (centro) el 30 de enero de 2002, cuando salía de la sede del diario La Patria acompañado de su pequeña hija. Dos hombres se le acercaron ese día y le dispararon en repetidas ocasiones, tras lo cual se dieron a la fuga.Las cifras de impunidadDe acuerdo con la Flip, las estadísticas reflejan que es probable que nunca se llegue a condenar a toda la cadena delictiva involucrada en los crímenes contra periodistas."De hecho, en los últimos años se ha visto que solo se llega a condenar a los autores materiales", dice el organismo que cita los casos de Felipe Guevara y Marcos Montalvo, asesinados en el Valle del Cauca en 2020 y 2021, respectivamente.Recuerda que en sus casos se condenaron a algunos sicarios, pero aún no se ha esclarecido quiénes determinaron los homicidios y cuáles fueron sus motivaciones.Sobre la violencia contra los periodistas, la Flip documentó que, a corte del 28 de octubre de este año, se han registrado 172 amenazas, la misma cantidad de todo 2021.Además del "aumento de estas agresiones, preocupa que no estén siendo investigadas diligentemente por la Fiscalía, pues en ocasiones son antesala de futuras agresiones", dice la FLIP.En esa dirección dijo que el caso de Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre en la localidad de Montelíbano, departamento de Córdoba (norte), recibió amenazas desde el 2019.En total, Moreno recibió en los últimos tres años seis amenazas, sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no avanzó en la individualización de ningún victimario, todos los procesos se encuentran en etapa de indagación.Oídos sordosLa Flip dijo, igualmente, que desde tiempo atrás han alertado de otros casos en los que periodistas quedan expuestos a ataques más graves luego de recibir amenazas.Uno de los casos puntuales fue el del periodista Edison Molina, quien antes de su homicidio fue víctima de estigmatizaciones de funcionarios públicos, amenazas y de un atentado contra su vida.Molina fue asesinado en septiembre de 2013 en Puerto Berrío, localidad de Antioquia. Del mismo modo, Jineth Bedoya también recibió amenazas antes de que fuera secuestrada, torturada y violada en marzo de 2000."En ninguno de los dos casos la Fiscalía cumplió con su deber de investigar diligentemente las amenazas", sostiene la FLIP que alertó de que, a finales del 2022, en Colombia prescribirán nueve asesinatos de periodistas, con estos, el número total de homicidios de periodistas prescritos se eleva a 110.2022, el año más violento contra la prensaA propósito del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el director de la FLIP, Jonathan Bock, denunció en el pasado Festival Gabo que 2022 es el año más violento contra la prensa en América Latina de los últimos 30.En lo que va de este año 57 periodistas han sido asesinados en todo el mundo, 25 de ellos en América Latina y el Caribe.Entre los 25 periodistas asesinados en lo que va de año en la región, hay cuatro mujeres, que son María Lourdes Maldonado, Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García, en México, y Francisca Sandoval, en Chile.Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo eco en un informe aprobado este domingo durante su 78 Asamblea General de los tres asesinatos de periodistas que se han producido en Colombia, así como la agresividad y los "gestos de hostilidad" que hubo hacia la prensa durante la campaña electoral.El reciente asesinato de Rafael Moreno, director del medio digital Voces de Córdoba, ocupa parte de este informe preliminar, que hace eco en "las amenazas y las presiones para obstaculizar el ejercicio periodístico en investigaciones sobre casos de corrupción y violencia armada".Moreno fue asesinado el pasado 16 de octubre en el municipio de Montelíbano, en la costa Caribe, y había denunciado amenazas por la labor que hacía de denunciar e investigar la corrupción local y los grupos armados ilegales.Incluso tenía asignado un escolta por parte de la Unidad Nacional de Protección y llevaba denunciando amenazas desde 2019, por lo que la SIP -al igual que otras instituciones- piden respuesta a la Fiscalía.Este año, el 28 de agosto, también fueron asesinados Leiner Montero y Dilia Contreras en el municipio de Fundación, también en la costa Caribe. Las autoridades investigan este doble crimen que se produjo poco después de que Montero tuviera una discusión en unas fiestas locales que estaba cubriendo con otra persona.HOSTILIDAD ELECTORALAdemás, la SIP, en el informe preliminar que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea, denuncia la "intensa polarización en la fase final de la campaña presidencial" que provocó "gestos de hostilidad contra la prensa".Desde marzo se produjeron 120 amenazas contra medios y periodistas, 16 incidentes de agresión física, 34 casos de bloqueo al acceso de información, 18 de acoso judicial, uno de violencia sexual, uno de exilio, 29 de hostigamiento y 6 de detenciones ilegales, entre otros, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).Tanto la Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG independiente, como la FLIP y la Asociación de Medios de Información (AMI) manifestaron en mayo, tras la primera vuelta, su preocupación por la manipulación que había en redes sociales y "el nivel de agresividad contra la prensa en segunda vuelta".Los mensajes, según la SIP, iban dirigidos a "desprestigiar la labor de la prensa y asociar a un sector de ella con ideologías extremas", lo que podría haber incitado a la violencia contra los profesionales de los medios.También se hace eco del llamado de atención a los políticos para que respeten la libertad de expresión y prensa y a que muestren "un mayor grado de tolerancia frente a las críticas".En este sentido, resaltan el caso del periódico El Colombiano de Medellín que ha vivido ataques y "violencia en línea" incitada por el alcalde de la segunda mayor ciudad de Colombia, Daniel Quintero, tras publicar hechos de corrupción en su gestión.También los "mensajes estigmatizantes y señalamientos irresponsables" de miembros del Gobierno de Gustavo Petro y su partido hacia la revista "Semana", su directora y su equipo.En el informe también se subraya que 15 medios regionales y locales tuvieron que silenciarse durante el paro armado promovido por el Clan del Golfo tras la extradición de su líder, alias "Otoniel" a Estados Unidos, y las amenazas continuas de este grupo, "dedicado al narcotráfico", para que no contaran lo que estaba sucediendo en los municipios afectados.La SIP también recoge un año más las trabas de acceso a información de organismos públicos, como la Fiscalía, y el hecho de que varios casos de asesinatos de periodistas han prescrito este año sin lograr ninguna decisión.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y por qué la alcaldesa Claudia López no asume su responsabilidad por la situación de Bogotá:
En las últimas horas la Diócesis de Jericó informó sobre un hecho que ha generado indignación en el Suroeste de Antioquia, luego de que la orden de misioneras a la que perteneció Santa Laura Montoya fuera víctima de hurto.Los hechos ocurrieron luego de que una pareja ingresara a la comunidad religiosa de María Inmaculada haciéndose pasar por visitantes. Una mujer de 19 años de edad manifestó ser una posible aspirante a la comunidad, lo que les permitió ganarse la confianza de las hermanas.Fue este relacionamiento el que facilitó la comisión del delito y aunque las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan siendo materia de investigación, no se descarta que los delincuentes hubieran suministrado algún tipo de sustancia a las religiosas.Los responsables se llevaron el dinero destinado al sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios correspondientes a las celebraciones de eucaristías, afectando gravemente la economía de esta comunidad religiosa.El gobernador Andrés Julián Rendón rechazó lo ocurrido y desde la administración municipal anunciaron 50 millones de pesos de recompensa para quien suministre información que permita la captura de los responsables.La Diócesis de Jericó también pidió a todas las parroquias, comunidades religiosas, casas de formación y demás instituciones eclesiásticas para que extremen las medidas de precaución ante este tipo de modalidades de engaño.Advirtieron que es importante verificar la identidad de quienes solicitan ingreso a las comunidades y mantener protocolos básicos de seguridad que permitan prevenir situaciones similares.
La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.Países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras EE.UU. desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a miles de afectados.Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona.México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión.Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.EE.UU. desplegará de equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que el viernes enviará en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, además de los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.Ecuador y El Salvador enviarán este jueves equipos de rescate a Venezuela. Desde Quito partirán 47 rescatistas y dos perros entrenados, mientras que El Salvador despachará una misión integrada por personal de emergencia, médicos y canes especializados.Panamá y República Dominicana también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.El portavoz presidencial de Argentina, Adrian Ravier, anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que "atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente".También, Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, al tiempo, Argentina, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron ayuda a Caracas.Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con "especial sensibilidad" el sufrimiento del pueblo venezolano.Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo gobierno mantiene profundas diferencias políticas.Primeras ayudasAl menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, que tiene sus bodegas en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria en Panamá.Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, "sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas", dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que la situación en las zonas afectadas por los terremotos es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar "toda la ayuda" que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país.Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el "amigo pueblo venezolano" y afirmó que atenderá "con prontitud" cualquier solicitud de asistencia.La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela para ayudar ante el "caos provocado" por los terremotos y apoyar las labores de la organización humanitaria World Central Kitchen, que ya se está movilizando para distribuir alimentos.La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto el principal del país, que sirve a Caracas, están operativos, confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.
En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados durante la noche del miércoles, un video captado por una cámara de seguridad se convirtió en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales. La grabación muestra el conmovedor gesto de un adulto mayor que, sin pensarlo dos veces, utilizó su propio cuerpo para proteger a su esposa mientras el violento movimiento sacudía su vivienda.El país enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años luego de que dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, estremecieran gran parte del territorio nacional con pocos minutos de diferencia. La región costera de La Guaira figura entre las más afectadas, donde las autoridades reportan severos daños en edificaciones, además de un alto número de víctimas y personas atrapadas bajo los escombros.Según los reportes preliminares entregados por los organismos de emergencia, al menos 235 personas fallecieron y más de 4.000 resultaron heridas a causa de los terremotos. Entretanto, los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda en diferentes sectores, ya que aún hay un número indeterminado de desaparecidos.En medio de este panorama, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos que registraron los angustiosos momentos vividos durante los movimientos telúricos. Sin embargo, una grabación en particular logró conmover a miles de usuarios por el acto de amor y valentía protagonizado por un hombre de la tercera edad.Las imágenes muestran a una pareja de adultos mayores sentada tranquilamente en la sala de su casa cuando, de un momento a otro, comienzan a sentir el primer temblor. Al percatarse de lo que ocurre, la mujer entra en estado de pánico mientras observa cómo los objetos del lugar empiezan a moverse.Al notar el miedo de su compañera de vida, el hombre se acerca de inmediato para tranquilizarla. Pero cuando el sismo aumenta su intensidad y la vivienda comienza a sacudirse con mayor fuerza, el adulto mayor toma una decisión instintiva: rodea a su esposa con sus brazos y utiliza su cuerpo como un escudo para protegerla de cualquier objeto que pudiera caer.Durante varios segundos permanece abrazándola sin soltarse, soportando el fuerte movimiento hasta que finalmente el terremoto termina. La escena ha sido interpretada por miles de internautas como una muestra del amor incondicional que puede prevalecer incluso en los momentos más difíciles.El video rápidamente se viralizó en diferentes plataformas digitales, donde usuarios destacaron la serenidad y el coraje del hombre, calificando su reacción como un ejemplo de solidaridad, compromiso y protección hacia la persona con la que ha compartido su vida.
Más de 100 edificios colapsaron en el estado costero La Guaira (norte, cercano a Caracas) debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello."Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.Cabello anunció un despliegue para este viernes de 11.500 funcionarios de seguridad en La Guaira de distintas instituciones, entre ellas la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército para "garantizar la paz, la tranquilidad"."Teníamos hasta la tarde de hoy (jueves) 4.200 hombres y mujeres de seguridad desplegados en todo el estado. La presidenta ha dado instrucciones que incrementemos ese número. Bueno, vamos a tener para el día de mañana, estos comienzan a llegar hoy, 11.500 hombres y mujeres", dijo en una transmisión del canal estatal VTV.El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía fue clausurado debido a los daños.
Una carrera contra el tiempo y un clamor estrictamente humanitario es el que lidera desde Europa la colombiana Indira Ramírez. Su objetivo: localizar con urgencia en Bucaramanga o en Santander a los familiares de Argemiro Antolínez Ángel, un bumangués de 64 años que se convirtió en una de las víctimas mortales de los dos terremotos que sacudieron Venezuela, afectando varias ciudades. Es el primer colombiano, quien se sabe murió en la tragedia. El cuerpo de Antolínez Ángel se encuentra actualmente en la morgue del hospital de la localidad costera de Tucacas, en el estado Falcón, y el temor más grande de quienes conocían su entorno es que, ante la falta de familiares directos que reclamen sus restos, termine en una fosa común.Argemiro, nacido en Bucaramanga el 28 de enero de 1962 y radicado en el vecino país desde hace poco más de una década, residía en Tucacas junto a su pareja de hecho, una ciudadana venezolana de nombre Body. La familia de ella era propietaria de varios apartamentos en los edificios que colapsaron debido a la fuerza del sismo.Indira Ramírez es la única colombiana en la familia política de la víctima, pues está casada con un sobrino de la compañera sentimental de Argemiro; por esta razón, aunque reside en España, se puso en la tarea de buscar a alguien que pueda reclamar el cuerpo. "Esta búsqueda es un acto de humanidad, es lo único que pedimos. No se está buscando dinero, no se está buscando nada, simplemente que la familia se entere", expresó Indira.Horas después del desastre, y tras una compleja travesía por carreteras bloqueadas y bajo el miedo a las réplicas, allegados de la pareja lograron ingresar a la zona de la catástrofe. En el lugar del desplome hallaron una escena conmovedora que da cuenta de sus últimos instantes de vida: los cuerpos de Argemiro y Body fueron encontrados abrazados bajo los escombros. Aunque los daños físicos eran severos, marcas particulares permitieron su plena identificación.Indira Ramírez es periodista y aunque ejerció su profesión en Colombia, desde hace 23 años está radicada en Madrid, España, y por ahora su búsqueda no ha tenido resultados."He escrito a decenas de perfiles, a personas que comentaban sus fotos asumiendo que eran cercanos, y no hay respuesta alguna. Ya no ejerzo en Colombia y no tengo esa red de apoyo allá, por eso acudo a los medios. Esto es un acto puramente humanitario", reiteró Ramírez.Entre la información que Indira ha podido recolectar de Argemiro Antolínez Ángel se sabe que es una persona separada, que dejó hijos en Colombia (al parecer uno de ellos es miembro de las Fuerzas Militares) y que tiene al menos una hermana.