A través de un comunicado la FLIP señaló que, en Apartadó, cuatro periodistas fueron amenazados por individuos que se autoidentificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupo armado también conocido como el Clan del Golfo. “En un lapso menor a seis horas, los comunicadores fueron contactados para exigirles detener las publicaciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad y su cabeza, el secretario Óscar David Angulo, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denuncia y alerta sobre esta situación, la cual busca censurar a la prensa local y restringir el acceso a información de alto interés público”, resalta la nota de prensa.El pasado 31 de julio, los periodistas fueron intimidados mediante diversos medios: llamadas telefónicas, abordajes a través de conocidos y encuentros presenciales para proferir amenazas directas.“Las víctimas de estos hechos, quienes han denunciado en sus medios de comunicación irregularidades en procedimientos de movilidad, son Cristian Salas, del medio Noticias El Boom, integrantes del medio Voces de Urabá, y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias y Darién TV, y quien además se desempeña como corresponsal de la FLIP en esa región”, indica el comunicado.La FLIP manifestó una especial preocupación, dado que no es la primera vez que se presentan agresiones contra periodistas que cubren asuntos relacionados con presuntos hechos de corrupción e irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad en Apartadó.Y aún más cuando en Antioquia se han registrado 45 casos entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año, lo que convierte a este departamento en el más peligroso para ejercer la labor informativa.“Ante la gravedad de los hechos, cualquier acto de violencia contra los reporteros es inadmisible y requiere una respuesta inmediata. La FLIP exige a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar con urgencia el riesgo de los periodistas amenazados y garantizar las medidas de seguridad necesarias”, subrayó la FLIP en el comunicado.A renglón seguido, la FLIP indica en el comunicado que solicita a la Fiscalía General de la Nación, investigar con celeridad las denuncias instauradas por algunos de los periodistas para identificar y judicializar a los responsables.“Así mismo, se le hace un llamado especial a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la presunta existencia de actos irregulares por parte del secretario Óscar David Angulo y si las amenazas contra los periodistas pueden estar siendo una manera de encubrir los hechos”, subrayó la FLIP en la nota.La Fundación también insiste que, en casos como estos, resulta indispensable un trabajo interinstitucional efectivo y coordinado que supere las respuestas aisladas y fragmentadas.“Por eso, también se insta a la Alcaldía de Apartadó para que, de manera conjunta con la Policía, activen planes de protección para los periodistas y al alcalde Adolfo David Romero, para que rechace públicamente estos hechos que ponen en riesgo el acceso de la ciudadanía a recibir información de interés público”, señaló la FLIP.La Fundación resaltó que, la dimensión del riesgo exige una reacción integral del Estado que esté a la altura de la amenaza y que garantice, sin ambigüedades, la protección de la vida de los cuatro periodistas y el ejercicio libre del periodismo local.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha manifestado su "enorme preocupación" ante la reciente circular enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los canales de televisión en Colombia. La directora de la Flip, Sofía Jaramillo, calificó la solicitud de la CRC como un "asomo de censura", demandando formalmente el retiro inmediato de la misiva.La polémica surge a raíz de que la CRC solicitó a los medios documentos internos sensibles, como actas y relatorías de comités editoriales. Aunque el Comisionado Mauricio Vera había ofrecido algunas explicaciones y aclaraciones, indicando que la entrega de la información era voluntaria, la Flip mantiene su posición crítica, argumentando que la simple solicitud de dicha información conlleva efectos "muy indeseados".Sofía Jaramillo enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de acción por parte de la entidad reguladora. Al referirse a las precisiones hechas por la CRC, Jaramillo declaró de manera contundente: "Nosotros desde el viernes lo venimos diciendo, o sea, para nosotros es de enorme preocupación la carta que se envió de la por parte de la CRC. Sí, si bien ha habido algunas aclaraciones, nuestra solicitud de la CRC es que retire la carta como está en este momento, justamente, porque hicieron esas imprecisiones."La directora de la Flip detalló que, si la CRC desea reformular la carta, debe abstenerse de realizar solicitudes que involucren información que está protegida por la Constitución Política. La solicitud de actas y relatorías de comités editoriales, incluso de forma voluntaria, compromete discusiones sensibles.La directora explicó que el análisis de pluralismo que ha adelantado la CRC durante años implica examinar cómo la ciudadanía accede a los medios en diferentes regiones. Esto incluye evaluar lugares donde la única fuente de información es, por ejemplo, la radio: "Analizar cómo es ese ecosistema informativo a nivel nacional es importante para saber que en qué lugares deben haber diferentes protecciones, para saber cómo está todo ese ecosistema mediático. Yo creo que es muy importante".Escuche aquí la entrevista:
Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), respondió en Mañanas Blu a los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro hacia la prensa, los cuales calificó de sistemáticos. Esto luego de que el pasado domingo el presidente Gustavo Petro, en respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano en la revista Cambio, acusó a la prensa de querer destruir su Gobierno.Bock, en diálogo con Néstor Morales, resaltó la gravedad de los ataques del presidente Petro e indicó que estos no solo son desafortunados, sino peligrosos.“Lo que termina haciendo interminable el ciclo de violencia en Colombia, en primer lugar, es que tenemos una violencia atávica que no hemos podido resolver adecuadamente (…) Creo que ese es el punto central de todo esto y es que ya es un momento en el que podamos sacar la mira y ver qué ha pasado en estos dos años y es que realmente pues esto ha sido sistemático y esto es una manera muy profunda de minar la credibilidad del periodismo en general", afirmó.Añadió que las declaraciones del presidente no solo afectan la credibilidad de la prensa, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los periodistas, especialmente en regiones donde ya enfrentan amenazas constantes.El Gobierno de Petro ha argumentado que sus críticas están dirigidas a lo que considera un periodismo sesgado y manipulador. En sus redes sociales, el presidente ha defendido su postura, afirmando que su administración busca la verdad y que los medios, en cambio, tergiversan la información para favorecer a la extrema derecha. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por la FLIP y otros organismos internacionales, quienes consideran que las palabras de Petro son un intento de desacreditar y silenciar a la prensa crítica.Los ataques a la prensa no son un fenómeno nuevo en Colombia, pero el tono y la frecuencia de las declaraciones de Petro han generado preocupación entre defensores de la libertad de prensa. La FLIP ha documentado un aumento en los ataques a periodistas en los últimos meses, con cinco periodistas asesinados en los últimos 19 meses."Colombia está haciendo en este momento el país con la cifra más alta de periodistas asesinados en América Latina, incluso por encima de México", destacó Bock, subrayando la gravedad de la situación.Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han expresado su preocupación por las declaraciones del presidente Petro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros sin Fronteras (RSF) han señalado que los ataques verbales del mandatario pueden fomentar un ambiente de hostilidad hacia los periodistas, aumentando el riesgo de violencia contra ellos.En la entrevista, Bock hizo un llamado al presidente Petro para reconsiderar su postura y fomentar un diálogo constructivo con los medios de comunicación.
Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, en varias publicaciones en la red social X despachara críticas en contra de Noticias Caracol y su unidad investigativa dirigida por el periodista Ricardo Calderón, por cuenta del informe emitido este domingo en el que señala que un narcotraficante de Casanare y su esposa habrían apoyado fuertemente la campaña del hoy mandatario, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció al respecto.“El presidente acusó al medio de emitir ‘noticias completamente falsas’ y de tergiversar la información para ‘desprestigiar’ su campaña. También calificó esta investigación como una ‘bajeza’ que promueve el ‘derribo del Gobierno’ y que busca ocultar la sanción al Grupo Aval por el caso de la Ruta del Sol. Con ello, hace eco a su acusación de la presunta participación de los medios en lo que él ha denominado ‘un golpe blando’ en contra de su Gobierno”, señala el comunicado de la Flip.La Flip también agrega que el presidente de la República debe recordar que la publicación de Noticias Caracol “es de alto interés público porque se trata de la financiación de las campañas electorales”, por lo que el jefe de Estado y demás autoridades deben brindar las garantías para que la prensa investigue, publique y opine sobre este asunto.“Al anunciar acciones judiciales contra el medio, Petro se aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio. Aunque el presidente refiere haber presentado una solicitud de rectificación, el medio no ha recibido ninguna petición formal y ratificó la veracidad de los hechos encontrados por su unidad de investigación”, sostiene la FLIP.El comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa cierra haciendo un llamado al presidente Petro para que permita el libre flujo de información periodística así como ha pedido respeto e independencia de la actuación de la justicia; ser garante de la libertad de expresión; no estigmatizar a la prensa y rechazar las estrategias de desprestigio coordinadas en redes sociales y que han sido replicadas por integrantes y dirigentes del Pacto Histórico, a través del impulso de tendencias como #CaracolMiente.Puede ver:
Este viernes, a través de Twitter, el presidente Gustavo Petro le respondió a La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) luego del comunicado donde alertaban que el mandatario endureció “su discurso contra el periodismo” y, con eso, alentaba “la criminalización de los medios” de comunicación del país.“El presidente Gustavo Petro ha atacado de manera reiterada y ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto. Sus mensajes restan credibilidad al periodismo y abren la puerta a la criminalización de los medios”, se lee en el comunicado que publicó la Flip.Petro citó el artículo 20 de la Constitución política, que habla sobre la libertad que tienen las personas de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como de ser informados de manera “veraz e imparcial”.Sobre los medios de comunicación, el presidente subrayó el aparte de este artículo que se dice específicamente: “Estos son libres y tienen responsabilidad social”.La respuesta del presidente Gustavo Petro se da luego de que la Flip hiciera una recopilación de los trinos que el jefe de Estado ha hecho haciendo referencia a noticias de varios medios en Colombia.Según la Flip, sus comentarios “interfieren en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo controvierten”.Por eso, el organismo le solicitó en el mismo comunicado al presidente que reconozca y afirme públicamente el “papel central que tiene una prensa libre en una democracia” y, además, le pidió que se “abstenga” de emitir mensajes que perjudiquen “la independencia de los medios” del país.
Por las recientes intimidaciones de las que fueron víctimas varios periodistas de Barranquilla fue abierta una investigación por la Dirección Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía, para lo que seis fiscales fueron trasladados desde Bogotá hasta la capital del Atlántico para asumir el caso.Una de las primeras personas que fue interrogada corresponde a Alberto Henao Peralta, un hombre que se identificó como periodista el pasado lunes al llegar a la sala de redacción de El Heraldo y, fue él, quien acompañado por cinco hombres, entre los que habían personas armadas, ofreció contenido relacionado con una entrevista que realizó a Digno Palomino, líder de la banda delincuencial Los Costeños.Pese a que Henao se presentó como una persona que actuaba por motivación propia que consideraba como importante que se escuchara la voz de Palomino, el hecho despertó la inquietud entre los periodistas, lo que llevó a reportar el caso a las autoridades.Lo que Henao ha asegurado es que es un periodista independiente oriundo de Sucre, que estaba acompañado por miembros de la Unidad Nacional de Protección, los cuales portaban su arma de dotación, una situación que, en sus palabras, pudo causar confusión. Por lo pronto, la directora de El Heraldo Erika Fontalvo agradeció públicamente el apoyo entregado por colegas y por la ciudadanía y rechazó cualquier intentó de terceros por ofrecer la publicación de información sin un propósito claro. Le puede interesar:
Las autoridades fiscales de India allanaron este martes las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y en Bombay, unas semanas después de la difusión de un documental crítico con el papel del primer ministro cuando era una autoridad local durante los disturbios interconfesionales de 2002.La libertad de prensa ha sido resquebrajada en India desde la llegada al poder de Narendra Modi, afirman activistas. La oposición condenó los allanamientos.El portavoz del partido oficialista BJP, Gaurav Bhatia, afirmó, tras el registro, que la BBC lleva a cabo una "propaganda" contra India."India es un país que da una oportunidad a cada organización (...) siempre que no vomite veneno", precisando que estos allanamientos son legales y que el momento decidido para realizarnos no tiene nada que ver con el gobierno."Si uno ha estado siguiendo la ley de un país, si uno no tiene nada que esconder, entonces, ¿Por qué tener miedo de una acción, que está en consonancia con la ley?", afirmó.La radiotelevisión pública británica BBC aseguró que "coopera plenamente" con las autoridades fiscales indias."Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible", dijo en Twitter el servicio de prensa del grupo audiovisual, confirmando los registros en sus oficinas en India.Horas antes un periodista del canal había afirmado desde Nueva Delhi que los servicios fiscales indios estaban allanando sus locales. "Están confiscando todos los teléfonos", aseguró.Representantes del gobierno impedían entrar o salir del edificio, constató un periodista de la AFP.La cadena emitió en enero un documental en el que denunciaba que Modi, entonces primer ministro del estado de Gujarat, ordenó a la policía que hiciera la vista gorda ante los disturbios interconfesionales de 2002.Esa ola de violencia causó al menos 1.000 muertos, la mayoría de ellos miembros de la minoría musulmana del país. Poco después de la publicación del documental, el gobierno indio bloqueó los videos y tuits con enlaces al documental. El asesor del gobierno Kanchan Gupta tildó el documental de "propaganda hostil y basura antindia".Pese a las prohibiciones, grupos de estudiantes organizaron veladas para ver el documental, desafiando al gobierno y sus esfuerzos para frenar su distribución.La policía arrestó a decenas de estudiantes en la prestigiosa Universidad de Delhi después de una transmisión a finales de enero.Reducción de la libertad de prensa en IndiaDesde la llegada el poder en 2014 del gobierno nacionalista hindú de Modi, India ha retrocedido diez puestos en el índice global sobre libertad de prensa que realiza Reporteros Sin Fronteras (RSF), pasando al puesto 150, de un total de 180 países evaluados.Los disturbios de 2002 en Gujarat, en el este del país, comenzaron tras la muerte de 59 peregrinos hindúes en el incendio de un tren. Tras la tragedia 31 musulmanes fueron condenados por el incidente.El documental de la BBC cita un informe del ministerio de Relaciones Exteriores británico, que fue desclasificado, en el que fuentes anónimas afirman que Modi se reunió con altos mandos de la policía y "les ordenó que no intervinieran" en los ataques contra musulmanes perpetrados por grupos nacionalistas hindúes.Le puede interesar:
La Corte Constitucional tomó una decisión importante que protege y garantiza el ejercicio del periodismo en el país, al determinar que no pueden ser declarados responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción por parte de funcionarios.La decisión se dio luego de estudiar la tutela que presentó la periodista Vicky Dávila, en ese entonces en RCN Radio, en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que los declaró civilmente responsables por la publicación de una noticia en mayo de 2014.La abogada Catalina Botero, quien intervino en este caso ante la Corte Constitucional, como abogada del mencionado canal, habló en 'Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de la decisión del alto tribunal y de las implicaciones de dicho fallo."Es una sentencia muy importante por el momento que estamos viviendo en Colombia y América Latina. La Corte resuelve una tutela que interpusimos en contra de una condena a la periodista, en un proceso civil, que son los procesos que están utilizando los políticos para tratar de silenciar por un tema de corrupción. La periodista entrevista a quien denuncia el acto de corrupción y a su superior jerárquico. Y es muy insistente en dar una opinión de un hecho", indicó.El informe de Dávila hacía referencia a un supuesto acto de corrupción que involucraba al entonces comandante de la Policía de Casanare, coronel Jorge Hilario Estupiñán. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá afirmaba que la entrevista que se le hizo al oficial tuvo la intención de perjudicarlo.Botero, quien es socia fundadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), señaló cómo cree que actúan los jueces en los casos mediáticos que trabaja el periodismo.“Los jueces son funcionarios conservadores, no les gusta el espectáculo y creen que las personas no pueden ser cuestionadas de esa manera. Pero lo que hacen los jueces son extrapolar su manera de actuar al periodismo, Dicen que los periodistas no pueden hacer preguntas inquisitivas, que no pueden dar opiniones sobre si alguien puede ser culpable, sin una sentencia previa”, expresó.Además, la letrada señaló que los comunicadores no pueden hacer públicos documentos que hacen parte de una reserva de sumario, lo cual es gravísimo para un periodista. Resaltó que, a su parecer, es grave condenar a un periodista por esto y los casos por los que puede condenar a un comunicador."La regla de oro de la Corte Constitucional en estos casos es: un periodista solo puede ser condenado cuando se demuestra que la difamación era falsa y se sabía que era así; cuando no hizo ningún esfuerzo por investigar y se hizo un daño antijurídico que el funcionario no puede soportar. Al periodista no lo pueden condenar por eso", manifestó.Y reveló los motivos que la llevaron a defender a Dávila en este mediático caso: "Entré al caso porque me pareció que la sentencia era gravísima para la democracia colombiana y logramos que la Corte Constitucional aplicara estándares internacionales. Entiendo que la prudencia es una virtud de la justicia, pero no se puede extrapolar al periodismo", reseñó.En su concepto, "no pueden pedirles a los periodistas que actúen como los jueces quieren que actúen. Tienen que entender la naturaleza del periodismo y aceptar que algunas veces hay que proteger al periodismo malo para defender el bueno y esa debe ser la regla. Los abogados deben saber eso y generar una primera línea de defensa jurídica para los periodistas que resultan civilmente demandados”, enfatizó.En este orden de ideas, Botero resaltó el trabajo de los comunicadores y aclaró que también tienen otras obligaciones que más que legales, sino éticas."Lo que dice la Corte Constitucional es que no se le puede poner al periodista la carga de un juez, pero sí el derecho razonable. El periodista tiene derecho a reservar la fuente, pero debe demostrar que hizo el ejercicio de comprobar la información, de confirmar", puntualizó.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, defendió este martes la necesidad de redoblar esfuerzos en 2023 a favor de la seguridad de los periodistas, el respeto de la libertad de prensa y un mayor acceso a la información pública."El 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa de las Américas. Cuarenta y dos periodistas fueron ultimados en 10 países", dijo Greenspon en un mensaje con motivo de fin de año en el que pasa revista a lo sucedido en 2022 y los desafíos para 2023, que, según dice, "serán muchos".Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times Company, subrayó que "el flagelo de la violencia y la falta de resolución de los crímenes contra periodistas generan una profunda fisura sobre la actividad periodística y una amenaza a la democracia en nuestra región que debemos combatir".Además de los asesinatos y agresiones, mencionó el exilio de 29 comunicadores debido a la persecución política y el encarcelamiento de otros 15, entre ellos dos integrantes de la Junta de directores de la SIP, Juan Lorenzo Holmann, en Nicaragua, y José Rubén Zamora, en Guatemala.Greenspon denunció "las graves consecuencias para la democracia si continúan desapareciendo medios de comunicación, ante la indiferencia de los gobiernos, agencias multilaterales, empresas, plataformas digitales y la sociedad civil".En este sentido subrayó que la SIP ha alertado en numerosos foros internacionales que los medios de comunicación han ido perdiendo constantemente ingresos publicitarios y han migrado a plataformas digitales como Google y Meta.LA PARADOJA DE LA PUBLICIDAD"Y la paradoja de este desequilibrio es que las plataformas usan contenido de medios de forma gratuita para atraer audiencias y generar más ingresos publicitarios. Los medios, entonces, no son recompensados ni se benefician de la creación de sus contenidos", agrega.Ello impacta negativamente en la sostenibilidad económica de los medios, pero también crea "desiertos de información", lo que afecta a la democracia, subraya el presidente de la SIP."Sin medios locales, sin organismos de control, se propaga la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, mientras se reduce la participación ciudadana en los procesos electorales y el compromiso de la gente con su comunidad. Sin periodismo local, las democracias corren más peligro que nunca", dice.Greenspon anticipó que en 2023 la SIP se propone, con el acompañamiento de fundaciones y empresas, redoblar esfuerzos a favor de la seguridad y protección de los periodistas, así como crear una mayor cultura de acceso a la información pública."También trabajaremos con otras organizaciones y plataformas como Google para apoyar la sustentabilidad de los medios, en especial en aquellas regiones más vulnerables debido a los avatares económicos y políticos", agregó.Otro de los propósitos es elevar la voz ante organismos multilaterales para exigir justicia ante la impunidad de los crímenes contra periodistas e insistir sobre la autorregulación en materia de moderación de contenidos en las plataformas digitales."Vigilaremos que toda regulación sobre moderación en temas de desinformación, discurso de odio y violación a la intimidad se circunscriba a principios universales sobre derechos humanos", agregó.Por último, la SIP continuará buscando alianzas con otras organizaciones regionales y globales a favor de las libertades de prensa y expresión. Este año, junto a 26 organizaciones, nos expresamos con la "Declaración sobre Nicaragua" y, con otras seis, denunciamos el "Año trágico para la prensa"."Todos nuestros proyectos y compromiso para el 2023 estarán enfocados en los principios de nuestras declaraciones de Chapultepec y Salta. Estas gritan que no puede haber verdadera democracia sin libertad de prensa ni sin medios sustentables e independientes", declaró Greenspon.La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas y está compuesta por más de 1.300 publicaciones.Le puede interesar:
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) dijo este miércoles que el Estado colombiano falla en su misión de investigar los ataques a la prensa y recordó que de los 164 casos de asesinatos de comunicadores en solo uno se sancionó a los autores del homicidio con lo que persiste la impunidad.En el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Flip dijo en un comunicado que "el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios".Argumentó sus señalamientos en que en Colombia de los 164 asesinatos a periodistas "solo en el caso de Orlando Sierra se sancionó a todos los autores del crimen, y solo en un 18 % de los casos hubo algún tipo de condenas, el resto de homicidios están en completa impunidad.Sierra fue asesinado en Manizales (centro) el 30 de enero de 2002, cuando salía de la sede del diario La Patria acompañado de su pequeña hija. Dos hombres se le acercaron ese día y le dispararon en repetidas ocasiones, tras lo cual se dieron a la fuga.Las cifras de impunidadDe acuerdo con la Flip, las estadísticas reflejan que es probable que nunca se llegue a condenar a toda la cadena delictiva involucrada en los crímenes contra periodistas."De hecho, en los últimos años se ha visto que solo se llega a condenar a los autores materiales", dice el organismo que cita los casos de Felipe Guevara y Marcos Montalvo, asesinados en el Valle del Cauca en 2020 y 2021, respectivamente.Recuerda que en sus casos se condenaron a algunos sicarios, pero aún no se ha esclarecido quiénes determinaron los homicidios y cuáles fueron sus motivaciones.Sobre la violencia contra los periodistas, la Flip documentó que, a corte del 28 de octubre de este año, se han registrado 172 amenazas, la misma cantidad de todo 2021.Además del "aumento de estas agresiones, preocupa que no estén siendo investigadas diligentemente por la Fiscalía, pues en ocasiones son antesala de futuras agresiones", dice la FLIP.En esa dirección dijo que el caso de Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre en la localidad de Montelíbano, departamento de Córdoba (norte), recibió amenazas desde el 2019.En total, Moreno recibió en los últimos tres años seis amenazas, sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no avanzó en la individualización de ningún victimario, todos los procesos se encuentran en etapa de indagación.Oídos sordosLa Flip dijo, igualmente, que desde tiempo atrás han alertado de otros casos en los que periodistas quedan expuestos a ataques más graves luego de recibir amenazas.Uno de los casos puntuales fue el del periodista Edison Molina, quien antes de su homicidio fue víctima de estigmatizaciones de funcionarios públicos, amenazas y de un atentado contra su vida.Molina fue asesinado en septiembre de 2013 en Puerto Berrío, localidad de Antioquia. Del mismo modo, Jineth Bedoya también recibió amenazas antes de que fuera secuestrada, torturada y violada en marzo de 2000."En ninguno de los dos casos la Fiscalía cumplió con su deber de investigar diligentemente las amenazas", sostiene la FLIP que alertó de que, a finales del 2022, en Colombia prescribirán nueve asesinatos de periodistas, con estos, el número total de homicidios de periodistas prescritos se eleva a 110.2022, el año más violento contra la prensaA propósito del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el director de la FLIP, Jonathan Bock, denunció en el pasado Festival Gabo que 2022 es el año más violento contra la prensa en América Latina de los últimos 30.En lo que va de este año 57 periodistas han sido asesinados en todo el mundo, 25 de ellos en América Latina y el Caribe.Entre los 25 periodistas asesinados en lo que va de año en la región, hay cuatro mujeres, que son María Lourdes Maldonado, Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García, en México, y Francisca Sandoval, en Chile.Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.