A través de un comunicado la FLIP señaló que, en Apartadó, cuatro periodistas fueron amenazados por individuos que se autoidentificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupo armado también conocido como el Clan del Golfo. “En un lapso menor a seis horas, los comunicadores fueron contactados para exigirles detener las publicaciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad y su cabeza, el secretario Óscar David Angulo, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denuncia y alerta sobre esta situación, la cual busca censurar a la prensa local y restringir el acceso a información de alto interés público”, resalta la nota de prensa.El pasado 31 de julio, los periodistas fueron intimidados mediante diversos medios: llamadas telefónicas, abordajes a través de conocidos y encuentros presenciales para proferir amenazas directas.“Las víctimas de estos hechos, quienes han denunciado en sus medios de comunicación irregularidades en procedimientos de movilidad, son Cristian Salas, del medio Noticias El Boom, integrantes del medio Voces de Urabá, y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias y Darién TV, y quien además se desempeña como corresponsal de la FLIP en esa región”, indica el comunicado.La FLIP manifestó una especial preocupación, dado que no es la primera vez que se presentan agresiones contra periodistas que cubren asuntos relacionados con presuntos hechos de corrupción e irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad en Apartadó.Y aún más cuando en Antioquia se han registrado 45 casos entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año, lo que convierte a este departamento en el más peligroso para ejercer la labor informativa.“Ante la gravedad de los hechos, cualquier acto de violencia contra los reporteros es inadmisible y requiere una respuesta inmediata. La FLIP exige a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar con urgencia el riesgo de los periodistas amenazados y garantizar las medidas de seguridad necesarias”, subrayó la FLIP en el comunicado.A renglón seguido, la FLIP indica en el comunicado que solicita a la Fiscalía General de la Nación, investigar con celeridad las denuncias instauradas por algunos de los periodistas para identificar y judicializar a los responsables.“Así mismo, se le hace un llamado especial a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la presunta existencia de actos irregulares por parte del secretario Óscar David Angulo y si las amenazas contra los periodistas pueden estar siendo una manera de encubrir los hechos”, subrayó la FLIP en la nota.La Fundación también insiste que, en casos como estos, resulta indispensable un trabajo interinstitucional efectivo y coordinado que supere las respuestas aisladas y fragmentadas.“Por eso, también se insta a la Alcaldía de Apartadó para que, de manera conjunta con la Policía, activen planes de protección para los periodistas y al alcalde Adolfo David Romero, para que rechace públicamente estos hechos que ponen en riesgo el acceso de la ciudadanía a recibir información de interés público”, señaló la FLIP.La Fundación resaltó que, la dimensión del riesgo exige una reacción integral del Estado que esté a la altura de la amenaza y que garantice, sin ambigüedades, la protección de la vida de los cuatro periodistas y el ejercicio libre del periodismo local.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha manifestado su "enorme preocupación" ante la reciente circular enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los canales de televisión en Colombia. La directora de la Flip, Sofía Jaramillo, calificó la solicitud de la CRC como un "asomo de censura", demandando formalmente el retiro inmediato de la misiva.La polémica surge a raíz de que la CRC solicitó a los medios documentos internos sensibles, como actas y relatorías de comités editoriales. Aunque el Comisionado Mauricio Vera había ofrecido algunas explicaciones y aclaraciones, indicando que la entrega de la información era voluntaria, la Flip mantiene su posición crítica, argumentando que la simple solicitud de dicha información conlleva efectos "muy indeseados".Sofía Jaramillo enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de acción por parte de la entidad reguladora. Al referirse a las precisiones hechas por la CRC, Jaramillo declaró de manera contundente: "Nosotros desde el viernes lo venimos diciendo, o sea, para nosotros es de enorme preocupación la carta que se envió de la por parte de la CRC. Sí, si bien ha habido algunas aclaraciones, nuestra solicitud de la CRC es que retire la carta como está en este momento, justamente, porque hicieron esas imprecisiones."La directora de la Flip detalló que, si la CRC desea reformular la carta, debe abstenerse de realizar solicitudes que involucren información que está protegida por la Constitución Política. La solicitud de actas y relatorías de comités editoriales, incluso de forma voluntaria, compromete discusiones sensibles.La directora explicó que el análisis de pluralismo que ha adelantado la CRC durante años implica examinar cómo la ciudadanía accede a los medios en diferentes regiones. Esto incluye evaluar lugares donde la única fuente de información es, por ejemplo, la radio: "Analizar cómo es ese ecosistema informativo a nivel nacional es importante para saber que en qué lugares deben haber diferentes protecciones, para saber cómo está todo ese ecosistema mediático. Yo creo que es muy importante".Escuche aquí la entrevista:
Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), respondió en Mañanas Blu a los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro hacia la prensa, los cuales calificó de sistemáticos. Esto luego de que el pasado domingo el presidente Gustavo Petro, en respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano en la revista Cambio, acusó a la prensa de querer destruir su Gobierno.Bock, en diálogo con Néstor Morales, resaltó la gravedad de los ataques del presidente Petro e indicó que estos no solo son desafortunados, sino peligrosos.“Lo que termina haciendo interminable el ciclo de violencia en Colombia, en primer lugar, es que tenemos una violencia atávica que no hemos podido resolver adecuadamente (…) Creo que ese es el punto central de todo esto y es que ya es un momento en el que podamos sacar la mira y ver qué ha pasado en estos dos años y es que realmente pues esto ha sido sistemático y esto es una manera muy profunda de minar la credibilidad del periodismo en general", afirmó.Añadió que las declaraciones del presidente no solo afectan la credibilidad de la prensa, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los periodistas, especialmente en regiones donde ya enfrentan amenazas constantes.El Gobierno de Petro ha argumentado que sus críticas están dirigidas a lo que considera un periodismo sesgado y manipulador. En sus redes sociales, el presidente ha defendido su postura, afirmando que su administración busca la verdad y que los medios, en cambio, tergiversan la información para favorecer a la extrema derecha. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por la FLIP y otros organismos internacionales, quienes consideran que las palabras de Petro son un intento de desacreditar y silenciar a la prensa crítica.Los ataques a la prensa no son un fenómeno nuevo en Colombia, pero el tono y la frecuencia de las declaraciones de Petro han generado preocupación entre defensores de la libertad de prensa. La FLIP ha documentado un aumento en los ataques a periodistas en los últimos meses, con cinco periodistas asesinados en los últimos 19 meses."Colombia está haciendo en este momento el país con la cifra más alta de periodistas asesinados en América Latina, incluso por encima de México", destacó Bock, subrayando la gravedad de la situación.Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han expresado su preocupación por las declaraciones del presidente Petro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros sin Fronteras (RSF) han señalado que los ataques verbales del mandatario pueden fomentar un ambiente de hostilidad hacia los periodistas, aumentando el riesgo de violencia contra ellos.En la entrevista, Bock hizo un llamado al presidente Petro para reconsiderar su postura y fomentar un diálogo constructivo con los medios de comunicación.
Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, en varias publicaciones en la red social X despachara críticas en contra de Noticias Caracol y su unidad investigativa dirigida por el periodista Ricardo Calderón, por cuenta del informe emitido este domingo en el que señala que un narcotraficante de Casanare y su esposa habrían apoyado fuertemente la campaña del hoy mandatario, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció al respecto.“El presidente acusó al medio de emitir ‘noticias completamente falsas’ y de tergiversar la información para ‘desprestigiar’ su campaña. También calificó esta investigación como una ‘bajeza’ que promueve el ‘derribo del Gobierno’ y que busca ocultar la sanción al Grupo Aval por el caso de la Ruta del Sol. Con ello, hace eco a su acusación de la presunta participación de los medios en lo que él ha denominado ‘un golpe blando’ en contra de su Gobierno”, señala el comunicado de la Flip.La Flip también agrega que el presidente de la República debe recordar que la publicación de Noticias Caracol “es de alto interés público porque se trata de la financiación de las campañas electorales”, por lo que el jefe de Estado y demás autoridades deben brindar las garantías para que la prensa investigue, publique y opine sobre este asunto.“Al anunciar acciones judiciales contra el medio, Petro se aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio. Aunque el presidente refiere haber presentado una solicitud de rectificación, el medio no ha recibido ninguna petición formal y ratificó la veracidad de los hechos encontrados por su unidad de investigación”, sostiene la FLIP.El comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa cierra haciendo un llamado al presidente Petro para que permita el libre flujo de información periodística así como ha pedido respeto e independencia de la actuación de la justicia; ser garante de la libertad de expresión; no estigmatizar a la prensa y rechazar las estrategias de desprestigio coordinadas en redes sociales y que han sido replicadas por integrantes y dirigentes del Pacto Histórico, a través del impulso de tendencias como #CaracolMiente.Puede ver:
Este viernes, a través de Twitter, el presidente Gustavo Petro le respondió a La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) luego del comunicado donde alertaban que el mandatario endureció “su discurso contra el periodismo” y, con eso, alentaba “la criminalización de los medios” de comunicación del país.“El presidente Gustavo Petro ha atacado de manera reiterada y ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto. Sus mensajes restan credibilidad al periodismo y abren la puerta a la criminalización de los medios”, se lee en el comunicado que publicó la Flip.Petro citó el artículo 20 de la Constitución política, que habla sobre la libertad que tienen las personas de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como de ser informados de manera “veraz e imparcial”.Sobre los medios de comunicación, el presidente subrayó el aparte de este artículo que se dice específicamente: “Estos son libres y tienen responsabilidad social”.La respuesta del presidente Gustavo Petro se da luego de que la Flip hiciera una recopilación de los trinos que el jefe de Estado ha hecho haciendo referencia a noticias de varios medios en Colombia.Según la Flip, sus comentarios “interfieren en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo controvierten”.Por eso, el organismo le solicitó en el mismo comunicado al presidente que reconozca y afirme públicamente el “papel central que tiene una prensa libre en una democracia” y, además, le pidió que se “abstenga” de emitir mensajes que perjudiquen “la independencia de los medios” del país.
Por las recientes intimidaciones de las que fueron víctimas varios periodistas de Barranquilla fue abierta una investigación por la Dirección Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía, para lo que seis fiscales fueron trasladados desde Bogotá hasta la capital del Atlántico para asumir el caso.Una de las primeras personas que fue interrogada corresponde a Alberto Henao Peralta, un hombre que se identificó como periodista el pasado lunes al llegar a la sala de redacción de El Heraldo y, fue él, quien acompañado por cinco hombres, entre los que habían personas armadas, ofreció contenido relacionado con una entrevista que realizó a Digno Palomino, líder de la banda delincuencial Los Costeños.Pese a que Henao se presentó como una persona que actuaba por motivación propia que consideraba como importante que se escuchara la voz de Palomino, el hecho despertó la inquietud entre los periodistas, lo que llevó a reportar el caso a las autoridades.Lo que Henao ha asegurado es que es un periodista independiente oriundo de Sucre, que estaba acompañado por miembros de la Unidad Nacional de Protección, los cuales portaban su arma de dotación, una situación que, en sus palabras, pudo causar confusión. Por lo pronto, la directora de El Heraldo Erika Fontalvo agradeció públicamente el apoyo entregado por colegas y por la ciudadanía y rechazó cualquier intentó de terceros por ofrecer la publicación de información sin un propósito claro. Le puede interesar:
Las autoridades fiscales de India allanaron este martes las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y en Bombay, unas semanas después de la difusión de un documental crítico con el papel del primer ministro cuando era una autoridad local durante los disturbios interconfesionales de 2002.La libertad de prensa ha sido resquebrajada en India desde la llegada al poder de Narendra Modi, afirman activistas. La oposición condenó los allanamientos.El portavoz del partido oficialista BJP, Gaurav Bhatia, afirmó, tras el registro, que la BBC lleva a cabo una "propaganda" contra India."India es un país que da una oportunidad a cada organización (...) siempre que no vomite veneno", precisando que estos allanamientos son legales y que el momento decidido para realizarnos no tiene nada que ver con el gobierno."Si uno ha estado siguiendo la ley de un país, si uno no tiene nada que esconder, entonces, ¿Por qué tener miedo de una acción, que está en consonancia con la ley?", afirmó.La radiotelevisión pública británica BBC aseguró que "coopera plenamente" con las autoridades fiscales indias."Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible", dijo en Twitter el servicio de prensa del grupo audiovisual, confirmando los registros en sus oficinas en India.Horas antes un periodista del canal había afirmado desde Nueva Delhi que los servicios fiscales indios estaban allanando sus locales. "Están confiscando todos los teléfonos", aseguró.Representantes del gobierno impedían entrar o salir del edificio, constató un periodista de la AFP.La cadena emitió en enero un documental en el que denunciaba que Modi, entonces primer ministro del estado de Gujarat, ordenó a la policía que hiciera la vista gorda ante los disturbios interconfesionales de 2002.Esa ola de violencia causó al menos 1.000 muertos, la mayoría de ellos miembros de la minoría musulmana del país. Poco después de la publicación del documental, el gobierno indio bloqueó los videos y tuits con enlaces al documental. El asesor del gobierno Kanchan Gupta tildó el documental de "propaganda hostil y basura antindia".Pese a las prohibiciones, grupos de estudiantes organizaron veladas para ver el documental, desafiando al gobierno y sus esfuerzos para frenar su distribución.La policía arrestó a decenas de estudiantes en la prestigiosa Universidad de Delhi después de una transmisión a finales de enero.Reducción de la libertad de prensa en IndiaDesde la llegada el poder en 2014 del gobierno nacionalista hindú de Modi, India ha retrocedido diez puestos en el índice global sobre libertad de prensa que realiza Reporteros Sin Fronteras (RSF), pasando al puesto 150, de un total de 180 países evaluados.Los disturbios de 2002 en Gujarat, en el este del país, comenzaron tras la muerte de 59 peregrinos hindúes en el incendio de un tren. Tras la tragedia 31 musulmanes fueron condenados por el incidente.El documental de la BBC cita un informe del ministerio de Relaciones Exteriores británico, que fue desclasificado, en el que fuentes anónimas afirman que Modi se reunió con altos mandos de la policía y "les ordenó que no intervinieran" en los ataques contra musulmanes perpetrados por grupos nacionalistas hindúes.Le puede interesar:
La Corte Constitucional tomó una decisión importante que protege y garantiza el ejercicio del periodismo en el país, al determinar que no pueden ser declarados responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción por parte de funcionarios.La decisión se dio luego de estudiar la tutela que presentó la periodista Vicky Dávila, en ese entonces en RCN Radio, en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que los declaró civilmente responsables por la publicación de una noticia en mayo de 2014.La abogada Catalina Botero, quien intervino en este caso ante la Corte Constitucional, como abogada del mencionado canal, habló en 'Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de la decisión del alto tribunal y de las implicaciones de dicho fallo."Es una sentencia muy importante por el momento que estamos viviendo en Colombia y América Latina. La Corte resuelve una tutela que interpusimos en contra de una condena a la periodista, en un proceso civil, que son los procesos que están utilizando los políticos para tratar de silenciar por un tema de corrupción. La periodista entrevista a quien denuncia el acto de corrupción y a su superior jerárquico. Y es muy insistente en dar una opinión de un hecho", indicó.El informe de Dávila hacía referencia a un supuesto acto de corrupción que involucraba al entonces comandante de la Policía de Casanare, coronel Jorge Hilario Estupiñán. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá afirmaba que la entrevista que se le hizo al oficial tuvo la intención de perjudicarlo.Botero, quien es socia fundadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), señaló cómo cree que actúan los jueces en los casos mediáticos que trabaja el periodismo.“Los jueces son funcionarios conservadores, no les gusta el espectáculo y creen que las personas no pueden ser cuestionadas de esa manera. Pero lo que hacen los jueces son extrapolar su manera de actuar al periodismo, Dicen que los periodistas no pueden hacer preguntas inquisitivas, que no pueden dar opiniones sobre si alguien puede ser culpable, sin una sentencia previa”, expresó.Además, la letrada señaló que los comunicadores no pueden hacer públicos documentos que hacen parte de una reserva de sumario, lo cual es gravísimo para un periodista. Resaltó que, a su parecer, es grave condenar a un periodista por esto y los casos por los que puede condenar a un comunicador."La regla de oro de la Corte Constitucional en estos casos es: un periodista solo puede ser condenado cuando se demuestra que la difamación era falsa y se sabía que era así; cuando no hizo ningún esfuerzo por investigar y se hizo un daño antijurídico que el funcionario no puede soportar. Al periodista no lo pueden condenar por eso", manifestó.Y reveló los motivos que la llevaron a defender a Dávila en este mediático caso: "Entré al caso porque me pareció que la sentencia era gravísima para la democracia colombiana y logramos que la Corte Constitucional aplicara estándares internacionales. Entiendo que la prudencia es una virtud de la justicia, pero no se puede extrapolar al periodismo", reseñó.En su concepto, "no pueden pedirles a los periodistas que actúen como los jueces quieren que actúen. Tienen que entender la naturaleza del periodismo y aceptar que algunas veces hay que proteger al periodismo malo para defender el bueno y esa debe ser la regla. Los abogados deben saber eso y generar una primera línea de defensa jurídica para los periodistas que resultan civilmente demandados”, enfatizó.En este orden de ideas, Botero resaltó el trabajo de los comunicadores y aclaró que también tienen otras obligaciones que más que legales, sino éticas."Lo que dice la Corte Constitucional es que no se le puede poner al periodista la carga de un juez, pero sí el derecho razonable. El periodista tiene derecho a reservar la fuente, pero debe demostrar que hizo el ejercicio de comprobar la información, de confirmar", puntualizó.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, defendió este martes la necesidad de redoblar esfuerzos en 2023 a favor de la seguridad de los periodistas, el respeto de la libertad de prensa y un mayor acceso a la información pública."El 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa de las Américas. Cuarenta y dos periodistas fueron ultimados en 10 países", dijo Greenspon en un mensaje con motivo de fin de año en el que pasa revista a lo sucedido en 2022 y los desafíos para 2023, que, según dice, "serán muchos".Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times Company, subrayó que "el flagelo de la violencia y la falta de resolución de los crímenes contra periodistas generan una profunda fisura sobre la actividad periodística y una amenaza a la democracia en nuestra región que debemos combatir".Además de los asesinatos y agresiones, mencionó el exilio de 29 comunicadores debido a la persecución política y el encarcelamiento de otros 15, entre ellos dos integrantes de la Junta de directores de la SIP, Juan Lorenzo Holmann, en Nicaragua, y José Rubén Zamora, en Guatemala.Greenspon denunció "las graves consecuencias para la democracia si continúan desapareciendo medios de comunicación, ante la indiferencia de los gobiernos, agencias multilaterales, empresas, plataformas digitales y la sociedad civil".En este sentido subrayó que la SIP ha alertado en numerosos foros internacionales que los medios de comunicación han ido perdiendo constantemente ingresos publicitarios y han migrado a plataformas digitales como Google y Meta.LA PARADOJA DE LA PUBLICIDAD"Y la paradoja de este desequilibrio es que las plataformas usan contenido de medios de forma gratuita para atraer audiencias y generar más ingresos publicitarios. Los medios, entonces, no son recompensados ni se benefician de la creación de sus contenidos", agrega.Ello impacta negativamente en la sostenibilidad económica de los medios, pero también crea "desiertos de información", lo que afecta a la democracia, subraya el presidente de la SIP."Sin medios locales, sin organismos de control, se propaga la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, mientras se reduce la participación ciudadana en los procesos electorales y el compromiso de la gente con su comunidad. Sin periodismo local, las democracias corren más peligro que nunca", dice.Greenspon anticipó que en 2023 la SIP se propone, con el acompañamiento de fundaciones y empresas, redoblar esfuerzos a favor de la seguridad y protección de los periodistas, así como crear una mayor cultura de acceso a la información pública."También trabajaremos con otras organizaciones y plataformas como Google para apoyar la sustentabilidad de los medios, en especial en aquellas regiones más vulnerables debido a los avatares económicos y políticos", agregó.Otro de los propósitos es elevar la voz ante organismos multilaterales para exigir justicia ante la impunidad de los crímenes contra periodistas e insistir sobre la autorregulación en materia de moderación de contenidos en las plataformas digitales."Vigilaremos que toda regulación sobre moderación en temas de desinformación, discurso de odio y violación a la intimidad se circunscriba a principios universales sobre derechos humanos", agregó.Por último, la SIP continuará buscando alianzas con otras organizaciones regionales y globales a favor de las libertades de prensa y expresión. Este año, junto a 26 organizaciones, nos expresamos con la "Declaración sobre Nicaragua" y, con otras seis, denunciamos el "Año trágico para la prensa"."Todos nuestros proyectos y compromiso para el 2023 estarán enfocados en los principios de nuestras declaraciones de Chapultepec y Salta. Estas gritan que no puede haber verdadera democracia sin libertad de prensa ni sin medios sustentables e independientes", declaró Greenspon.La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas y está compuesta por más de 1.300 publicaciones.Le puede interesar:
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) dijo este miércoles que el Estado colombiano falla en su misión de investigar los ataques a la prensa y recordó que de los 164 casos de asesinatos de comunicadores en solo uno se sancionó a los autores del homicidio con lo que persiste la impunidad.En el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Flip dijo en un comunicado que "el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios".Argumentó sus señalamientos en que en Colombia de los 164 asesinatos a periodistas "solo en el caso de Orlando Sierra se sancionó a todos los autores del crimen, y solo en un 18 % de los casos hubo algún tipo de condenas, el resto de homicidios están en completa impunidad.Sierra fue asesinado en Manizales (centro) el 30 de enero de 2002, cuando salía de la sede del diario La Patria acompañado de su pequeña hija. Dos hombres se le acercaron ese día y le dispararon en repetidas ocasiones, tras lo cual se dieron a la fuga.Las cifras de impunidadDe acuerdo con la Flip, las estadísticas reflejan que es probable que nunca se llegue a condenar a toda la cadena delictiva involucrada en los crímenes contra periodistas."De hecho, en los últimos años se ha visto que solo se llega a condenar a los autores materiales", dice el organismo que cita los casos de Felipe Guevara y Marcos Montalvo, asesinados en el Valle del Cauca en 2020 y 2021, respectivamente.Recuerda que en sus casos se condenaron a algunos sicarios, pero aún no se ha esclarecido quiénes determinaron los homicidios y cuáles fueron sus motivaciones.Sobre la violencia contra los periodistas, la Flip documentó que, a corte del 28 de octubre de este año, se han registrado 172 amenazas, la misma cantidad de todo 2021.Además del "aumento de estas agresiones, preocupa que no estén siendo investigadas diligentemente por la Fiscalía, pues en ocasiones son antesala de futuras agresiones", dice la FLIP.En esa dirección dijo que el caso de Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre en la localidad de Montelíbano, departamento de Córdoba (norte), recibió amenazas desde el 2019.En total, Moreno recibió en los últimos tres años seis amenazas, sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no avanzó en la individualización de ningún victimario, todos los procesos se encuentran en etapa de indagación.Oídos sordosLa Flip dijo, igualmente, que desde tiempo atrás han alertado de otros casos en los que periodistas quedan expuestos a ataques más graves luego de recibir amenazas.Uno de los casos puntuales fue el del periodista Edison Molina, quien antes de su homicidio fue víctima de estigmatizaciones de funcionarios públicos, amenazas y de un atentado contra su vida.Molina fue asesinado en septiembre de 2013 en Puerto Berrío, localidad de Antioquia. Del mismo modo, Jineth Bedoya también recibió amenazas antes de que fuera secuestrada, torturada y violada en marzo de 2000."En ninguno de los dos casos la Fiscalía cumplió con su deber de investigar diligentemente las amenazas", sostiene la FLIP que alertó de que, a finales del 2022, en Colombia prescribirán nueve asesinatos de periodistas, con estos, el número total de homicidios de periodistas prescritos se eleva a 110.2022, el año más violento contra la prensaA propósito del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el director de la FLIP, Jonathan Bock, denunció en el pasado Festival Gabo que 2022 es el año más violento contra la prensa en América Latina de los últimos 30.En lo que va de este año 57 periodistas han sido asesinados en todo el mundo, 25 de ellos en América Latina y el Caribe.Entre los 25 periodistas asesinados en lo que va de año en la región, hay cuatro mujeres, que son María Lourdes Maldonado, Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García, en México, y Francisca Sandoval, en Chile.Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Para muchos colombianos, tener una cuenta en Nequi o Daviplata ha sido una manera de controlar su dinero, además de recibir y realizar pagos sin mayores demoras, por lo que tanto ciudadanos como comerciantes se han beneficiado de estas plataformas. Sin embargo, tras la llegada del Registro Universal de Ingresos (RUI) y su transición dejando atrás el Sisbén, muchos se han preguntado si este tipo de cuentas pueden afectar la clasificación socioeconómica de los colombianos.Teniendo en cuenta que uno de los puntos relevantes del RUI es que su clasificación dependerá de más de 43 entidades, muchos se preguntan si tener una billetera digital puede condicionar su clasificación, ubicando a las familias en un grupo diferente y que esto, por consiguiente, las lleve a no cumplir con las condiciones para acceder a programas sociales. Ante este panorama, el DNP aclaró la inquietud.¿Nequi y Daviplata afectan la clasificación del RUI?Antes que todo, vale aclarar que la clasificación del RUI parte de los ingresos de las personas y los hogares. El sistema cruza esta información con datos de entidades administradoras del Estado.Por lo tanto, la idea es identificar los ingresos reales de los hogares y su situación económica a partir de información disponible en bases de datos. Tener una cuenta en alguna billetera digital no basta, pues no refleja por sí sola información administrativa que permita determinar los ingresos.El Registro Universal de Ingresos integra información de varias fuentes del Estado, como el Registro Social de Hogares, la DIAN y la PILA, además de otros registros que se utilizan para realizar los respectivos procesos de focalización.Por lo tanto, no debe preocuparse si tiene una cuenta en Nequi, Daviplata o cualquier otra billetera digital. Lo que sí será tenido en cuenta en la clasificación del RUI es la información relacionada con los ingresos del hogar.¿Cuáles ingresos son tomados en cuenta en el RUI?Tenga en cuenta que la clasificación puede cambiar si la información disponible muestra condiciones económicas diferentes a las que estaban registradas anteriormente en el Sisbén.Un ejemplo de ello es que, si los registros muestran que los ingresos reales superan los límites establecidos para determinados grupos, esa información podría influir en la clasificación que establece el RUI.Por lo tanto, existe una diferencia entre contar con una billetera digital y los movimientos o ingresos que pueden estar reflejados en las fuentes utilizadas para determinar la situación económica de una persona o un hogar.¿Cómo consultar la clasificación del RUI?Los ciudadanos pueden verificar la información de su hogar únicamente a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social.Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social.Seleccionar el tipo de documento.Digitar el número de identificación.Hacer clic en "Consultar".El Gobierno recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal. Asimismo, recordó que la implementación del RUI será gradual y que, durante la transición, continuarán vigentes los mecanismos actuales de focalización mientras las entidades completan los ajustes técnicos.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.