A través de un comunicado la FLIP señaló que, en Apartadó, cuatro periodistas fueron amenazados por individuos que se autoidentificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupo armado también conocido como el Clan del Golfo. “En un lapso menor a seis horas, los comunicadores fueron contactados para exigirles detener las publicaciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad y su cabeza, el secretario Óscar David Angulo, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denuncia y alerta sobre esta situación, la cual busca censurar a la prensa local y restringir el acceso a información de alto interés público”, resalta la nota de prensa.El pasado 31 de julio, los periodistas fueron intimidados mediante diversos medios: llamadas telefónicas, abordajes a través de conocidos y encuentros presenciales para proferir amenazas directas.“Las víctimas de estos hechos, quienes han denunciado en sus medios de comunicación irregularidades en procedimientos de movilidad, son Cristian Salas, del medio Noticias El Boom, integrantes del medio Voces de Urabá, y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias y Darién TV, y quien además se desempeña como corresponsal de la FLIP en esa región”, indica el comunicado.La FLIP manifestó una especial preocupación, dado que no es la primera vez que se presentan agresiones contra periodistas que cubren asuntos relacionados con presuntos hechos de corrupción e irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad en Apartadó.Y aún más cuando en Antioquia se han registrado 45 casos entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año, lo que convierte a este departamento en el más peligroso para ejercer la labor informativa.“Ante la gravedad de los hechos, cualquier acto de violencia contra los reporteros es inadmisible y requiere una respuesta inmediata. La FLIP exige a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar con urgencia el riesgo de los periodistas amenazados y garantizar las medidas de seguridad necesarias”, subrayó la FLIP en el comunicado.A renglón seguido, la FLIP indica en el comunicado que solicita a la Fiscalía General de la Nación, investigar con celeridad las denuncias instauradas por algunos de los periodistas para identificar y judicializar a los responsables.“Así mismo, se le hace un llamado especial a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la presunta existencia de actos irregulares por parte del secretario Óscar David Angulo y si las amenazas contra los periodistas pueden estar siendo una manera de encubrir los hechos”, subrayó la FLIP en la nota.La Fundación también insiste que, en casos como estos, resulta indispensable un trabajo interinstitucional efectivo y coordinado que supere las respuestas aisladas y fragmentadas.“Por eso, también se insta a la Alcaldía de Apartadó para que, de manera conjunta con la Policía, activen planes de protección para los periodistas y al alcalde Adolfo David Romero, para que rechace públicamente estos hechos que ponen en riesgo el acceso de la ciudadanía a recibir información de interés público”, señaló la FLIP.La Fundación resaltó que, la dimensión del riesgo exige una reacción integral del Estado que esté a la altura de la amenaza y que garantice, sin ambigüedades, la protección de la vida de los cuatro periodistas y el ejercicio libre del periodismo local.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha manifestado su "enorme preocupación" ante la reciente circular enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los canales de televisión en Colombia. La directora de la Flip, Sofía Jaramillo, calificó la solicitud de la CRC como un "asomo de censura", demandando formalmente el retiro inmediato de la misiva.La polémica surge a raíz de que la CRC solicitó a los medios documentos internos sensibles, como actas y relatorías de comités editoriales. Aunque el Comisionado Mauricio Vera había ofrecido algunas explicaciones y aclaraciones, indicando que la entrega de la información era voluntaria, la Flip mantiene su posición crítica, argumentando que la simple solicitud de dicha información conlleva efectos "muy indeseados".Sofía Jaramillo enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de acción por parte de la entidad reguladora. Al referirse a las precisiones hechas por la CRC, Jaramillo declaró de manera contundente: "Nosotros desde el viernes lo venimos diciendo, o sea, para nosotros es de enorme preocupación la carta que se envió de la por parte de la CRC. Sí, si bien ha habido algunas aclaraciones, nuestra solicitud de la CRC es que retire la carta como está en este momento, justamente, porque hicieron esas imprecisiones."La directora de la Flip detalló que, si la CRC desea reformular la carta, debe abstenerse de realizar solicitudes que involucren información que está protegida por la Constitución Política. La solicitud de actas y relatorías de comités editoriales, incluso de forma voluntaria, compromete discusiones sensibles.La directora explicó que el análisis de pluralismo que ha adelantado la CRC durante años implica examinar cómo la ciudadanía accede a los medios en diferentes regiones. Esto incluye evaluar lugares donde la única fuente de información es, por ejemplo, la radio: "Analizar cómo es ese ecosistema informativo a nivel nacional es importante para saber que en qué lugares deben haber diferentes protecciones, para saber cómo está todo ese ecosistema mediático. Yo creo que es muy importante".Escuche aquí la entrevista:
Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), respondió en Mañanas Blu a los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro hacia la prensa, los cuales calificó de sistemáticos. Esto luego de que el pasado domingo el presidente Gustavo Petro, en respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano en la revista Cambio, acusó a la prensa de querer destruir su Gobierno.Bock, en diálogo con Néstor Morales, resaltó la gravedad de los ataques del presidente Petro e indicó que estos no solo son desafortunados, sino peligrosos.“Lo que termina haciendo interminable el ciclo de violencia en Colombia, en primer lugar, es que tenemos una violencia atávica que no hemos podido resolver adecuadamente (…) Creo que ese es el punto central de todo esto y es que ya es un momento en el que podamos sacar la mira y ver qué ha pasado en estos dos años y es que realmente pues esto ha sido sistemático y esto es una manera muy profunda de minar la credibilidad del periodismo en general", afirmó.Añadió que las declaraciones del presidente no solo afectan la credibilidad de la prensa, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los periodistas, especialmente en regiones donde ya enfrentan amenazas constantes.El Gobierno de Petro ha argumentado que sus críticas están dirigidas a lo que considera un periodismo sesgado y manipulador. En sus redes sociales, el presidente ha defendido su postura, afirmando que su administración busca la verdad y que los medios, en cambio, tergiversan la información para favorecer a la extrema derecha. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por la FLIP y otros organismos internacionales, quienes consideran que las palabras de Petro son un intento de desacreditar y silenciar a la prensa crítica.Los ataques a la prensa no son un fenómeno nuevo en Colombia, pero el tono y la frecuencia de las declaraciones de Petro han generado preocupación entre defensores de la libertad de prensa. La FLIP ha documentado un aumento en los ataques a periodistas en los últimos meses, con cinco periodistas asesinados en los últimos 19 meses."Colombia está haciendo en este momento el país con la cifra más alta de periodistas asesinados en América Latina, incluso por encima de México", destacó Bock, subrayando la gravedad de la situación.Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han expresado su preocupación por las declaraciones del presidente Petro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros sin Fronteras (RSF) han señalado que los ataques verbales del mandatario pueden fomentar un ambiente de hostilidad hacia los periodistas, aumentando el riesgo de violencia contra ellos.En la entrevista, Bock hizo un llamado al presidente Petro para reconsiderar su postura y fomentar un diálogo constructivo con los medios de comunicación.
Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, en varias publicaciones en la red social X despachara críticas en contra de Noticias Caracol y su unidad investigativa dirigida por el periodista Ricardo Calderón, por cuenta del informe emitido este domingo en el que señala que un narcotraficante de Casanare y su esposa habrían apoyado fuertemente la campaña del hoy mandatario, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció al respecto.“El presidente acusó al medio de emitir ‘noticias completamente falsas’ y de tergiversar la información para ‘desprestigiar’ su campaña. También calificó esta investigación como una ‘bajeza’ que promueve el ‘derribo del Gobierno’ y que busca ocultar la sanción al Grupo Aval por el caso de la Ruta del Sol. Con ello, hace eco a su acusación de la presunta participación de los medios en lo que él ha denominado ‘un golpe blando’ en contra de su Gobierno”, señala el comunicado de la Flip.La Flip también agrega que el presidente de la República debe recordar que la publicación de Noticias Caracol “es de alto interés público porque se trata de la financiación de las campañas electorales”, por lo que el jefe de Estado y demás autoridades deben brindar las garantías para que la prensa investigue, publique y opine sobre este asunto.“Al anunciar acciones judiciales contra el medio, Petro se aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio. Aunque el presidente refiere haber presentado una solicitud de rectificación, el medio no ha recibido ninguna petición formal y ratificó la veracidad de los hechos encontrados por su unidad de investigación”, sostiene la FLIP.El comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa cierra haciendo un llamado al presidente Petro para que permita el libre flujo de información periodística así como ha pedido respeto e independencia de la actuación de la justicia; ser garante de la libertad de expresión; no estigmatizar a la prensa y rechazar las estrategias de desprestigio coordinadas en redes sociales y que han sido replicadas por integrantes y dirigentes del Pacto Histórico, a través del impulso de tendencias como #CaracolMiente.Puede ver:
Este viernes, a través de Twitter, el presidente Gustavo Petro le respondió a La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) luego del comunicado donde alertaban que el mandatario endureció “su discurso contra el periodismo” y, con eso, alentaba “la criminalización de los medios” de comunicación del país.“El presidente Gustavo Petro ha atacado de manera reiterada y ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto. Sus mensajes restan credibilidad al periodismo y abren la puerta a la criminalización de los medios”, se lee en el comunicado que publicó la Flip.Petro citó el artículo 20 de la Constitución política, que habla sobre la libertad que tienen las personas de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como de ser informados de manera “veraz e imparcial”.Sobre los medios de comunicación, el presidente subrayó el aparte de este artículo que se dice específicamente: “Estos son libres y tienen responsabilidad social”.La respuesta del presidente Gustavo Petro se da luego de que la Flip hiciera una recopilación de los trinos que el jefe de Estado ha hecho haciendo referencia a noticias de varios medios en Colombia.Según la Flip, sus comentarios “interfieren en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo controvierten”.Por eso, el organismo le solicitó en el mismo comunicado al presidente que reconozca y afirme públicamente el “papel central que tiene una prensa libre en una democracia” y, además, le pidió que se “abstenga” de emitir mensajes que perjudiquen “la independencia de los medios” del país.
Por las recientes intimidaciones de las que fueron víctimas varios periodistas de Barranquilla fue abierta una investigación por la Dirección Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía, para lo que seis fiscales fueron trasladados desde Bogotá hasta la capital del Atlántico para asumir el caso.Una de las primeras personas que fue interrogada corresponde a Alberto Henao Peralta, un hombre que se identificó como periodista el pasado lunes al llegar a la sala de redacción de El Heraldo y, fue él, quien acompañado por cinco hombres, entre los que habían personas armadas, ofreció contenido relacionado con una entrevista que realizó a Digno Palomino, líder de la banda delincuencial Los Costeños.Pese a que Henao se presentó como una persona que actuaba por motivación propia que consideraba como importante que se escuchara la voz de Palomino, el hecho despertó la inquietud entre los periodistas, lo que llevó a reportar el caso a las autoridades.Lo que Henao ha asegurado es que es un periodista independiente oriundo de Sucre, que estaba acompañado por miembros de la Unidad Nacional de Protección, los cuales portaban su arma de dotación, una situación que, en sus palabras, pudo causar confusión. Por lo pronto, la directora de El Heraldo Erika Fontalvo agradeció públicamente el apoyo entregado por colegas y por la ciudadanía y rechazó cualquier intentó de terceros por ofrecer la publicación de información sin un propósito claro. Le puede interesar:
Las autoridades fiscales de India allanaron este martes las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y en Bombay, unas semanas después de la difusión de un documental crítico con el papel del primer ministro cuando era una autoridad local durante los disturbios interconfesionales de 2002.La libertad de prensa ha sido resquebrajada en India desde la llegada al poder de Narendra Modi, afirman activistas. La oposición condenó los allanamientos.El portavoz del partido oficialista BJP, Gaurav Bhatia, afirmó, tras el registro, que la BBC lleva a cabo una "propaganda" contra India."India es un país que da una oportunidad a cada organización (...) siempre que no vomite veneno", precisando que estos allanamientos son legales y que el momento decidido para realizarnos no tiene nada que ver con el gobierno."Si uno ha estado siguiendo la ley de un país, si uno no tiene nada que esconder, entonces, ¿Por qué tener miedo de una acción, que está en consonancia con la ley?", afirmó.La radiotelevisión pública británica BBC aseguró que "coopera plenamente" con las autoridades fiscales indias."Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible", dijo en Twitter el servicio de prensa del grupo audiovisual, confirmando los registros en sus oficinas en India.Horas antes un periodista del canal había afirmado desde Nueva Delhi que los servicios fiscales indios estaban allanando sus locales. "Están confiscando todos los teléfonos", aseguró.Representantes del gobierno impedían entrar o salir del edificio, constató un periodista de la AFP.La cadena emitió en enero un documental en el que denunciaba que Modi, entonces primer ministro del estado de Gujarat, ordenó a la policía que hiciera la vista gorda ante los disturbios interconfesionales de 2002.Esa ola de violencia causó al menos 1.000 muertos, la mayoría de ellos miembros de la minoría musulmana del país. Poco después de la publicación del documental, el gobierno indio bloqueó los videos y tuits con enlaces al documental. El asesor del gobierno Kanchan Gupta tildó el documental de "propaganda hostil y basura antindia".Pese a las prohibiciones, grupos de estudiantes organizaron veladas para ver el documental, desafiando al gobierno y sus esfuerzos para frenar su distribución.La policía arrestó a decenas de estudiantes en la prestigiosa Universidad de Delhi después de una transmisión a finales de enero.Reducción de la libertad de prensa en IndiaDesde la llegada el poder en 2014 del gobierno nacionalista hindú de Modi, India ha retrocedido diez puestos en el índice global sobre libertad de prensa que realiza Reporteros Sin Fronteras (RSF), pasando al puesto 150, de un total de 180 países evaluados.Los disturbios de 2002 en Gujarat, en el este del país, comenzaron tras la muerte de 59 peregrinos hindúes en el incendio de un tren. Tras la tragedia 31 musulmanes fueron condenados por el incidente.El documental de la BBC cita un informe del ministerio de Relaciones Exteriores británico, que fue desclasificado, en el que fuentes anónimas afirman que Modi se reunió con altos mandos de la policía y "les ordenó que no intervinieran" en los ataques contra musulmanes perpetrados por grupos nacionalistas hindúes.Le puede interesar:
La Corte Constitucional tomó una decisión importante que protege y garantiza el ejercicio del periodismo en el país, al determinar que no pueden ser declarados responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción por parte de funcionarios.La decisión se dio luego de estudiar la tutela que presentó la periodista Vicky Dávila, en ese entonces en RCN Radio, en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que los declaró civilmente responsables por la publicación de una noticia en mayo de 2014.La abogada Catalina Botero, quien intervino en este caso ante la Corte Constitucional, como abogada del mencionado canal, habló en 'Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de la decisión del alto tribunal y de las implicaciones de dicho fallo."Es una sentencia muy importante por el momento que estamos viviendo en Colombia y América Latina. La Corte resuelve una tutela que interpusimos en contra de una condena a la periodista, en un proceso civil, que son los procesos que están utilizando los políticos para tratar de silenciar por un tema de corrupción. La periodista entrevista a quien denuncia el acto de corrupción y a su superior jerárquico. Y es muy insistente en dar una opinión de un hecho", indicó.El informe de Dávila hacía referencia a un supuesto acto de corrupción que involucraba al entonces comandante de la Policía de Casanare, coronel Jorge Hilario Estupiñán. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá afirmaba que la entrevista que se le hizo al oficial tuvo la intención de perjudicarlo.Botero, quien es socia fundadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), señaló cómo cree que actúan los jueces en los casos mediáticos que trabaja el periodismo.“Los jueces son funcionarios conservadores, no les gusta el espectáculo y creen que las personas no pueden ser cuestionadas de esa manera. Pero lo que hacen los jueces son extrapolar su manera de actuar al periodismo, Dicen que los periodistas no pueden hacer preguntas inquisitivas, que no pueden dar opiniones sobre si alguien puede ser culpable, sin una sentencia previa”, expresó.Además, la letrada señaló que los comunicadores no pueden hacer públicos documentos que hacen parte de una reserva de sumario, lo cual es gravísimo para un periodista. Resaltó que, a su parecer, es grave condenar a un periodista por esto y los casos por los que puede condenar a un comunicador."La regla de oro de la Corte Constitucional en estos casos es: un periodista solo puede ser condenado cuando se demuestra que la difamación era falsa y se sabía que era así; cuando no hizo ningún esfuerzo por investigar y se hizo un daño antijurídico que el funcionario no puede soportar. Al periodista no lo pueden condenar por eso", manifestó.Y reveló los motivos que la llevaron a defender a Dávila en este mediático caso: "Entré al caso porque me pareció que la sentencia era gravísima para la democracia colombiana y logramos que la Corte Constitucional aplicara estándares internacionales. Entiendo que la prudencia es una virtud de la justicia, pero no se puede extrapolar al periodismo", reseñó.En su concepto, "no pueden pedirles a los periodistas que actúen como los jueces quieren que actúen. Tienen que entender la naturaleza del periodismo y aceptar que algunas veces hay que proteger al periodismo malo para defender el bueno y esa debe ser la regla. Los abogados deben saber eso y generar una primera línea de defensa jurídica para los periodistas que resultan civilmente demandados”, enfatizó.En este orden de ideas, Botero resaltó el trabajo de los comunicadores y aclaró que también tienen otras obligaciones que más que legales, sino éticas."Lo que dice la Corte Constitucional es que no se le puede poner al periodista la carga de un juez, pero sí el derecho razonable. El periodista tiene derecho a reservar la fuente, pero debe demostrar que hizo el ejercicio de comprobar la información, de confirmar", puntualizó.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, defendió este martes la necesidad de redoblar esfuerzos en 2023 a favor de la seguridad de los periodistas, el respeto de la libertad de prensa y un mayor acceso a la información pública."El 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa de las Américas. Cuarenta y dos periodistas fueron ultimados en 10 países", dijo Greenspon en un mensaje con motivo de fin de año en el que pasa revista a lo sucedido en 2022 y los desafíos para 2023, que, según dice, "serán muchos".Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times Company, subrayó que "el flagelo de la violencia y la falta de resolución de los crímenes contra periodistas generan una profunda fisura sobre la actividad periodística y una amenaza a la democracia en nuestra región que debemos combatir".Además de los asesinatos y agresiones, mencionó el exilio de 29 comunicadores debido a la persecución política y el encarcelamiento de otros 15, entre ellos dos integrantes de la Junta de directores de la SIP, Juan Lorenzo Holmann, en Nicaragua, y José Rubén Zamora, en Guatemala.Greenspon denunció "las graves consecuencias para la democracia si continúan desapareciendo medios de comunicación, ante la indiferencia de los gobiernos, agencias multilaterales, empresas, plataformas digitales y la sociedad civil".En este sentido subrayó que la SIP ha alertado en numerosos foros internacionales que los medios de comunicación han ido perdiendo constantemente ingresos publicitarios y han migrado a plataformas digitales como Google y Meta.LA PARADOJA DE LA PUBLICIDAD"Y la paradoja de este desequilibrio es que las plataformas usan contenido de medios de forma gratuita para atraer audiencias y generar más ingresos publicitarios. Los medios, entonces, no son recompensados ni se benefician de la creación de sus contenidos", agrega.Ello impacta negativamente en la sostenibilidad económica de los medios, pero también crea "desiertos de información", lo que afecta a la democracia, subraya el presidente de la SIP."Sin medios locales, sin organismos de control, se propaga la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, mientras se reduce la participación ciudadana en los procesos electorales y el compromiso de la gente con su comunidad. Sin periodismo local, las democracias corren más peligro que nunca", dice.Greenspon anticipó que en 2023 la SIP se propone, con el acompañamiento de fundaciones y empresas, redoblar esfuerzos a favor de la seguridad y protección de los periodistas, así como crear una mayor cultura de acceso a la información pública."También trabajaremos con otras organizaciones y plataformas como Google para apoyar la sustentabilidad de los medios, en especial en aquellas regiones más vulnerables debido a los avatares económicos y políticos", agregó.Otro de los propósitos es elevar la voz ante organismos multilaterales para exigir justicia ante la impunidad de los crímenes contra periodistas e insistir sobre la autorregulación en materia de moderación de contenidos en las plataformas digitales."Vigilaremos que toda regulación sobre moderación en temas de desinformación, discurso de odio y violación a la intimidad se circunscriba a principios universales sobre derechos humanos", agregó.Por último, la SIP continuará buscando alianzas con otras organizaciones regionales y globales a favor de las libertades de prensa y expresión. Este año, junto a 26 organizaciones, nos expresamos con la "Declaración sobre Nicaragua" y, con otras seis, denunciamos el "Año trágico para la prensa"."Todos nuestros proyectos y compromiso para el 2023 estarán enfocados en los principios de nuestras declaraciones de Chapultepec y Salta. Estas gritan que no puede haber verdadera democracia sin libertad de prensa ni sin medios sustentables e independientes", declaró Greenspon.La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas y está compuesta por más de 1.300 publicaciones.Le puede interesar:
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) dijo este miércoles que el Estado colombiano falla en su misión de investigar los ataques a la prensa y recordó que de los 164 casos de asesinatos de comunicadores en solo uno se sancionó a los autores del homicidio con lo que persiste la impunidad.En el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Flip dijo en un comunicado que "el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios".Argumentó sus señalamientos en que en Colombia de los 164 asesinatos a periodistas "solo en el caso de Orlando Sierra se sancionó a todos los autores del crimen, y solo en un 18 % de los casos hubo algún tipo de condenas, el resto de homicidios están en completa impunidad.Sierra fue asesinado en Manizales (centro) el 30 de enero de 2002, cuando salía de la sede del diario La Patria acompañado de su pequeña hija. Dos hombres se le acercaron ese día y le dispararon en repetidas ocasiones, tras lo cual se dieron a la fuga.Las cifras de impunidadDe acuerdo con la Flip, las estadísticas reflejan que es probable que nunca se llegue a condenar a toda la cadena delictiva involucrada en los crímenes contra periodistas."De hecho, en los últimos años se ha visto que solo se llega a condenar a los autores materiales", dice el organismo que cita los casos de Felipe Guevara y Marcos Montalvo, asesinados en el Valle del Cauca en 2020 y 2021, respectivamente.Recuerda que en sus casos se condenaron a algunos sicarios, pero aún no se ha esclarecido quiénes determinaron los homicidios y cuáles fueron sus motivaciones.Sobre la violencia contra los periodistas, la Flip documentó que, a corte del 28 de octubre de este año, se han registrado 172 amenazas, la misma cantidad de todo 2021.Además del "aumento de estas agresiones, preocupa que no estén siendo investigadas diligentemente por la Fiscalía, pues en ocasiones son antesala de futuras agresiones", dice la FLIP.En esa dirección dijo que el caso de Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre en la localidad de Montelíbano, departamento de Córdoba (norte), recibió amenazas desde el 2019.En total, Moreno recibió en los últimos tres años seis amenazas, sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no avanzó en la individualización de ningún victimario, todos los procesos se encuentran en etapa de indagación.Oídos sordosLa Flip dijo, igualmente, que desde tiempo atrás han alertado de otros casos en los que periodistas quedan expuestos a ataques más graves luego de recibir amenazas.Uno de los casos puntuales fue el del periodista Edison Molina, quien antes de su homicidio fue víctima de estigmatizaciones de funcionarios públicos, amenazas y de un atentado contra su vida.Molina fue asesinado en septiembre de 2013 en Puerto Berrío, localidad de Antioquia. Del mismo modo, Jineth Bedoya también recibió amenazas antes de que fuera secuestrada, torturada y violada en marzo de 2000."En ninguno de los dos casos la Fiscalía cumplió con su deber de investigar diligentemente las amenazas", sostiene la FLIP que alertó de que, a finales del 2022, en Colombia prescribirán nueve asesinatos de periodistas, con estos, el número total de homicidios de periodistas prescritos se eleva a 110.2022, el año más violento contra la prensaA propósito del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el director de la FLIP, Jonathan Bock, denunció en el pasado Festival Gabo que 2022 es el año más violento contra la prensa en América Latina de los últimos 30.En lo que va de este año 57 periodistas han sido asesinados en todo el mundo, 25 de ellos en América Latina y el Caribe.Entre los 25 periodistas asesinados en lo que va de año en la región, hay cuatro mujeres, que son María Lourdes Maldonado, Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García, en México, y Francisca Sandoval, en Chile.Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.Número ganador del Dorado Mañana hoy, viernes 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 24 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaDe acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.Para cobrar el premio es necesario:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.