La oposición decidió cancelar el debate de control político que se haría al Gobierno para que respondiera sobre la libertad de prensa de periodistas. El cuestionamiento se daba por la censura y hostigamiento de comunicadores sociales.La representante Juanita Goebertus propuso a la plenaria de la Cámara no aceptar las excusas de los ministros del Interior, Alicia Arango; de las TIC, Karen Abudinen; de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y de Justicia, Wilson Ruiz, quienes no asistieron al debate planteado. Sin embargo, la Cámara voto negativamente a esa propuesta y así aceptó la inasistencia de los funcionarios.El representante León Fredy Muñoz criticó que, de los cinco ministros citados al debate de control político, ninguno asistió.“No vamos a hacer ningún debate ¿A quién le vamos a hacer debate?, ¿a los que no toman decisiones?”, dijo el representante. Además, pidió a la Procuraduría investigar a los funcionarios que fueron citados hoy y no llegaron.La representante Katherine Miranda explicó que el debate estaba citado hace 15 días, pero por la situación que se vivió en San Andrés con del paso del huracán Iota fue cancelado.Asimismo, el representante Fabián Díaz dijo que en el país se censura a los periodistas que destapan graves casos de corrupción como ocurrió con la ñeñepolítica y la representante María José Pizarro.Por su parte, el viceministro del Interior, Daniel Palacios, respondió que el Gobierno está presente, que los ministros están “sentados viendo televisión y no queriendo asistir a los debates del Congreso de la República”.Añadió que “este Gobierno no se esconde, está aquí, tiene una respuesta institucional”.
La periodista María Eugenia Durango, encargada del área cultural y la difusión de los acuerdos de paz en la emisora de la Radio Nacional de Colombia en Ituango, debió salir del municipio por amenazas contra su vida.Le puede interesar: Autoridades anuncian medidas para evitar abandono de ETCR en ItuangoLa situación la dio a conocer la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, que indicó que la comunicadora, quien también es presidenta de una junta de acción comunal de la vereda Chapinero, recibió una amenaza a través de un mensaje de Whatsapp en el que le advertían que tenía 24 horas para abandonar el municipio.Tras esta intimidación la periodista paró sus labores en la emisora, que es una de las emisoras de paz que tiene el país y salió con su familia del municipio.Cabe recordar que Ituango pasa hoy por una compleja situación de seguridad con los recientes hechos de violencia generados por la presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y Los Caparros. Además, desde la firma del Acuerdo de Paz, 12 excombatientes han sido asesinados, por lo que al menos 62 exmiembros de la desaparecida guerrilla anunciaron que abandonarían, con sus familias, el ETCR de Santa Lucía.Más información: Excombatientes que anunciaron salida de Ituango proponen traslado a Urabá y Oriente antioqueñoAnte esto, la Flip pidió la Unidad Nacional de Protección garantías para la seguridad de la periodista y a la Fiscalía que investigue el origen de estas amenazas.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias
Hay revuelo por la agresión que sufrió un periodista y un reportero gráfico del diario El País de Cali al interior de la Universidad del Valle, sede Meléndez, en la tarde del pasado lunes cuando realizaban un seguimiento a los recientes hechos de orden públicos ocurridos en la institución.Según la versión entregada por los comunicadores, un grupo de por lo menos 10 personas, que se identificaron como estudiantes, los abordaron e increparon cuando se encontraban en el campus, con previo permiso de sus directivas.Le puede interesar: Dos implicados en disturbios en Univalle aceptan preacuerdo de nueve años de cárcel “Los periodistas ingresaron a la universidad por la entrada de la Carrera 86, y mientras se encontraban en el parqueadero a la espera de la autorización para ingresar a la zona donde ocurrió la explosión del pasado miércoles, fueron increpados por al menos 10 personas”, dijo el medio de comunicación vallecaucano.“Estas personas, que dijeron hacer parte de una comisión de Derechos Humanos de la universidad, le quitaron el carné de prensa al reportero gráfico y posteriormente lo alejaron de la zona en la que se encontraba para exigirle que eliminara las fotografías tomadas con su cámara”, agregó. En medio de la confusión, los supuestos estudiantes amenazaron con dañar las cámaras del fotógrafo, accedieron a su celular y revisaron sus redes sociales, además de las conversaciones por Whatsapp.“En esa acción, entraron a una de las conversaciones, le preguntaron sobre un contacto al que le había enviado un par de fotos de unos grafitis dentro del campus y se las eliminaron”, expresó el medio.Entérese de: Identifican al joven que murió por explosión en medio de protestas de Univalle Entre tanto, el diario local afirma que a su periodista lo agredieron unas 20 personas que lo increparon y lo golpearon en el pecho.Finalmente, los presuntos estudiantes dejaron que los comunicadores se retiraran, no sin antes dañar las memorias de las cámaras que llevaban. El hecho fue rechazado por Édgar Varela, rector de la Univalle, quien indicó que nada justifica la agresión a la prensa.Lea también: Encapuchados vandalizan patinetas eléctricas tras disturbios en Univalle Mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa, Sip, y la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, llamaron a investigar los hechos.
Luego de que se hiciera público el listado de los periodistas más amenazados en el mundo, se conoció que la colombiana Claudia Julieta Duque, hace parte de la lista en la posición número nueve.En diálogo con Mañanas BLU, la periodista señaló que su presencia en la lista se debe a la investigación que desde el 2001 ha venido adelantando relacionada con caso de Jaime Garzón.“Mi caso crónico comenzó en el 2001 con la investigación del caso de Jaime Garzón, y que se ha perpetuado en el tiempo por diferentes labores que he venido haciendo, pero particular mente por mi lucha de justicia en el caso”, dijo.La periodista reveló que su “lucha por la justicia”, ha tenido como consecuencia distintos ataques, amenazas, planes de asesinatos, entre otras situaciones, que, aunque son desconocidas por la opinión pública, las organizaciones para la libertad de prensa en Colombia y en el mundo están al tanto.Le puede interesar: Aumentó el número de amenazas y agresiones contra periodistas en Colombia“Mi hija y yo hemos sido víctimas de tortura psicología. Yo fui secuestrada en el 2001, un caso que está en impunidad, pese a que ya hay información concreta sobre los victimarios, incluido el actual director de Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, quienes obviamente se han negado a investigar”, aseveró Duque. Narró que por cuenta de tantas amenazas dejó de dormir por un tiempo. En el 2004 fue aislada cuando por cuenta de sus denuncias la tildaron de “loca”. Asimismo, contó que con la investigación que he venido haciendo sobre Hidroituango, recientemente ha recibido ataques y amenazas.Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:
El hecho ocurrió al medio día de este viernes 15 de enero cuando un desconocido ingresó a las instalaciones de La Silla Vacía en Bogotá y hurtó el computador portátil de la periodista (Lea también: CIDH denuncia impunidad en la violencia contra periodistas en América). El hombre entró al lugar asegurando que tenía una cita con León y se llevó el computador luego de que la directora había salido de su oficina. De acuerdo a la información recibida por la FLIP, no se trata de un simple robo, debido a que en la oficina en donde se encontraba el computador, había más objetos de valor y otros computadores que fueron ignorados por el desconocido (Lea también: No hay democracia si no hay medios de comunicación libres: Raúl Peñaranda). Adicionalmente, el ladrón preguntó puntualmente por la periodista e ingresó en su despacho para llevarse el equipo. Según se informó en un comunicado de prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que se investiguen los hechos y se encuentre a los responsables del hurto.
Caminando entre las trochas y con sus pocas pertenencias han tenido que salir cerca de 168 personas de 48 familias de la comunidad indígena Turriquitadó Alto de Murindó, luego de recibir amenazas directas por parte de la guerra illa del ELN.Así lo dio a conocer la Organización Indígena de Antioquia, quien en un comunicado aseguró que si bien las personas no han llegado al caso casco urbano del municipio, si están confinadas y hacinadas en otra comunidad donde escasea el agua y los alimentos no han llegado por los constantes enfrentamientos entre ilegales y el hallazgo de minas antipersona.Según la organización, al menos 470 personas de las comunidades Isla, Gorrojo, Bachidubi y Coredó de los resguardos RíoMurindó y Río Chageradó también están en riesgo de desplazarse por las amenazas, por lo que piden una intervención urgente por parte de las autoridades.Ante esto, el coronel José Bastidas, comandante de la Brigada 17 del Ejército que está a cargo de esa subregión del Urabá antioqueño, aseguró través de su cuenta de Twitter que están adelantando operaciones para desactivar posibles artefactos explosivos y evitar más desplazamientos.
El pasado 22 de febrero, tras ser priorizado en el plan de vacunación del personal de salud de Valledupar, un médico de 64 años recibió el biológico de Pfizer contra el COVID-19; sin embargo, un día después el galeno debió ingresar a la Clínica del Cesar para ser atendido por problemas respiratorios.El secretario de salud del Cesar, Hernán Baquero, aseguró que la aplicación de la dosis se realizó “con todos los protocolos dispuestos” en el Hospital Rosario Pumarejo de López, pero que antes de administrarle la vacuna, el médico no informó que venía padeciendo síntomas respiratorios."Al ingresar a la clínica el 23 de febrero, él manifiesta al equipo de salud que lo atiende en el área de urgencia que venía con síntomas respiratorios de cinco a siete días antes, pero fueron omitidos en el momento en que se le preguntó para ponerle la vacuna", respondió el funcionario al periódico El Tiempo. "Una vez ingresó a la clínica, le tomaron la muestra para COVID-19 y salió positivo, lo cual se convierte en una excepción para la vacuna", agregó. Por su estado de salud, informó el secretario, el médico permanece en cuidados intensivos con soporte mecánico ventilatorio.Baquero sostuvo también que las excepciones están claramente establecidas y que la vacuna no debe administrarse en personas con enfermedades agudas, sintomatologías respiratorias e, incluso, que padezcan COVID-19 o hayan contraído el virus en los últimos tres meses."Por eso le hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que lean el consentimiento informado, a que si tienen alguna de estas afecciones, no reciban la vacuna. A todas las personas del país se va a vacunar, pero hay que respetar las excepciones", dijo.
El pasado martes en la mañana, dos hombres fueron asesinados en la vereda Chorreras, en la localidad de Sumapaz. Según denuncian los Sumapaceños, el primer asesinado se trata de Pedro Damián González, y al parecer era un desmovilizado de las Farc.El segundo hombre asesinado fue Jimmy Rincón, quien presuntamente era un disidente también de las antiguas Farc.Este miércoles, entretanto, se reportó un tercer homicidio, esta vez en el corregimiento del Alto del Duda, que limita entre el páramo de Sumapaz y el municipio Uribe, al norte del departamento del Meta. El hombre presuntamente también sería un disidente de las Farc.El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, le confirmó a BLU Radio la muerte de los tres hombres, sin embargo, aseguró que hay que esperar al proceso de investigación para corroborar las identidades de las víctimas y para brindar más detalles.De igual forma, el teniente coronel Pedro Bonilla, comandante de la estación de Policía de Usme, explicó que se realizó el levantamiento de los cuerpos de “dos campesinos quienes presentaban impactos por arma de fuego”.Acerca del tercer hombre, el coronel Bonilla manifestó que los hechos ocurrieron en el departamento del Meta, pero que "están a la espera de que unidades de la Sijin, realicen el levantamiento del cuerpo, que podría ser llevado a la vereda de San Juan de Sumapaz, ya que allí vive la familia del hombre".La comunidad hace un llamado al Gobierno Nacional para que hagan presencia en el territorio.
El epidemiólogo Diego Roselli habló en #YoMeCuidoYoTeCuido sobre el comportamiento que deben tener los ciudadanos para que no se registre un nuevo pico de la pandemia de coronavirus en Semana Santa.Comportamiento del ser humano es fundamental"El comportamiento de los seres humanos es el factor más importante para que el pico suba o baje. Corremos riesgo por las festividades", explicó Roselli.Cuidados durante la Semana Santa"Las reuniones y procesiones religiosas pueden ser un riesgo elevado. El tapabocas sigue mostrando que es fundamental. La ventilación de los lugares es fundamental. Habría que educar a nuestro público, más que forzar con cuarentenas o restricciones", enfatizó el experto.Roselli dijo que se debe evitar que pase lo mismo que en enero de este año, cuando se generó un pico luego de las fiestas de fin de año."Es clarísimo que la primera semana de enero hubo un pico más elevado", enfatizó.Escuche aquí la entrevista completa:
Este miércoles en La Nube hablamos con Jerome Copin, director general de Thales en Colombia, sobre el memorando que firmó esta compañía con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulsa el desarrollo de proyectos aeroespaciales en el país."El acuerdo contempla ante todo la disponibilidad de nuestros expertos para trabajar en mesas técnicas, contemplando el sector de ciudades inteligentes y favorecer la apropiación tecnológica con un fuerte valor social", dijo.Además hablamos sobre Fantasian, el nuevo videojuego con escenarios hechos a mano que se vuelve tendencia en el mundo.Escuche el programa completo de La Nube aquí: