El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó este viernes que exista un intento de golpe de Estado o de desconocer el resultado de las elecciones presidenciales, al afirmar que la fuerza pública tiene claro su papel constitucional y que el proceso de transición entre el actual Gobierno y el presidente electo se desarrollará con normalidad.Durante una visita a Corabastos, en Bogotá, donde encabezó una jornada de prevención contra la extorsión junto con la Policía Nacional, el jefe de la cartera de Defensa respondió a las versiones que han surgido en medio del clima de tensión política y aseguró que, al interior de las Fuerzas Militares y de Policía, no existe ninguna duda sobre el respeto a la institucionalidad."Aquí ya las elecciones pasaron, aquí es claro que el 7 de agosto hay un nuevo presidente tomando posesión del cargo. Aquí lo único que hay es seguridad y tranquilidad de todo este proceso democrático", afirmó Sánchez en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales.Las declaraciones del ministro se producen luego de que diferentes sectores políticos plantearan dudas sobre un eventual desconocimiento de los resultados electorales, alimentadas por recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y por las denuncias públicas del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien aseguró que el Gobierno mantenía una actitud "golpista".Frente a ese escenario, Sánchez reveló que sostuvo conversaciones con el presidente Petro durante los últimos días para abordar exclusivamente los temas relacionados con la seguridad de la transición presidencial."Estoy hablando con él hace dos días y me dijo: 'Yo no sé por qué están diciendo eso. Jamás voy a dar una orden anticonstitucional'", aseguró el ministro, quien insistió en que el mandatario le reiteró que su período constitucional concluye el 6 de agosto.El titular de Defensa explicó que el papel del sector que dirige se limita al estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, independientemente del Gobierno de turno."La fuerza pública tiene claro su rol: obedecer la Constitución y la ley, acatar los lineamientos del presidente que esté, del actual hasta el 6 de agosto y del que viene a partir del 7 de agosto", sostuvo.Durante la entrevista también negó que haya existido algún enfrentamiento institucional entre el Ministerio de Defensa y la Casa de Nariño, luego de las interpretaciones que surgieron tras sus declaraciones del día anterior."Yo no fui a la Casa de Nariño a hacer un reclamo. Es el trabajo que hacemos todos los días. Algunas personas han dicho que el sector Defensa se aisló del Ejecutivo. No. El presidente de Colombia es el actual presidente Gustavo Petro; a partir del 7 de agosto será el doctor Abelardo De La Espriella", puntualizó.Sánchez aseguró que dentro de las Fuerzas Militares no existe preocupación por un eventual rompimiento institucional y atribuyó las especulaciones a la circulación de información falsa en redes sociales."Hay más bien extrañeza de esos comentarios golpistas. He visto muchísima desinformación, pero no hay confusión en lo que tenemos que hacer nosotros como sector Defensa", afirmó.El ministro añadió que las conversaciones sostenidas con la cúpula militar y policial permitieron ratificar que todas las instituciones mantienen absoluta claridad sobre el proceso de relevo presidencial."Para nosotros es muy sencillo como fuerza pública: hacer lo que dice la Constitución y la ley. Simplemente es una transición de presidente", señaló.La jornada del ministro en Corabastos estuvo centrada en fortalecer la estrategia contra la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes y transportadores de la principal central mayorista del país. Allí invitó a los ciudadanos a denunciar y recordó que, según cifras oficiales, el 81 % de los casos conocidos no terminan con el pago de las exigencias económicas gracias a la intervención de las autoridades.Sánchez también presentó un balance de seguridad para Bogotá, indicando que el homicidio registra una reducción del 7,7 %, el secuestro del 54 % y la extorsión del 12 % frente al mismo periodo del año anterior. No obstante, insistió en que el objetivo principal sigue siendo proteger a todos los colombianos y garantizar el normal funcionamiento de la democracia durante el proceso de transición presidencial.
Guatemala enfrenta en este momento una disputa política que pone en riesgo el cargo del presidente Bernardo Arévalo y de 23 diputados pertenecientes al partido político Movimiento Semilla. Esta controversia parte de una decisión del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Ante esto, el diputado al Congreso de la República Samuel Pérez, explicó lo que está sucediendo con el partido tras el fallo.¿Hay fundamento para inhabilitar el Movimiento Semilla en Guatemala?Para Pérez, lo que está sucediendo con el Partido Semilla es una "batalla política entre su partido y la corrupción" encabezada por Fredy Orellana, Consuelo Porras, etcétera.El diputado precisó que ganaron limpiamente la primera vuelta de las elecciones presidenciales y que, en el proceso de la segunda vuelta, fue cuando decidieron que el partido Semilla sería cancelado por anomalías en su constitución; sin embargo, asegura que el proceso legal que el juzgado lleva en su contra no le ha mostrado las acusaciones directas y que, hasta el momento, las desconoce."Yo estoy involucrado directamente en ese caso. Llevo 2 años esperando que me den acceso al expediente para saber de qué me están acusando, qué pruebas tienen contra mí, contra el partido político", insistió Pérez.¿Un Golpe de Estado?Pérez enfatizó que lo que está en juego no es solo el futuro del partido Semilla, sino la independencia de las instituciones del Estado, pero cuestionó el papel del juzgado en el fallo que declaró nulidad a su partido: "Sí el tribunal declara nulas las elecciones, pues acatamos la orden, porque es la autoridad a que le compete hablar sobre temas electorales. Pero un juez penal no tiene competencia sobre los procesos electorales. Entonces, eso es completamente ilegal".Según el diputado, el juez penal que dictó la resolución no tiene competencia para cancelar un partido político ni para afectar los resultados electorales y recordó que el Tribunal Supremo Electoral validó en su momento el proceso electoral y los cargos adjudicados. En su opinión, la orden judicial carece de fundamento legal y busca únicamente desestabilizar al gobierno."Un juez penal no puede, no tiene competencia para cancelar un partido político y mucho menos con una solución tumbarse el proceso electoral electoral completo. Eso le compete exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral"Mientras tanto, el diputado se mantiene expectante y espera quela situación se esclarezca porque, de lo contrario, sería un "golpe a la democracia"."Eso evidentemente va a generar tensiones políticas, ataques y defensa, pero finalmente se tiene que desencadenar, y yo estoy esperanzado en que esto va a desarrollarse de manera correcta para las fuerzas democráticas de la sociedad guatemalteca", finalizó.Escuche la entrevista completa aquí:
La reciente decisión del Consejo de Estado sobre las alocuciones presidenciales del mandatario Gustavo Petro ha desatado una profunda controversia jurídica y política en Colombia. El fallo, emitido tras la interposición de una acción de tutela por parte de un grupo de ciudadanos, liderados por el estudiante de derecho Samuel Ortiz, exige que las intervenciones televisivas del presidente se limiten temática y temporalmente. Mientras los promotores de la acción celebran la protección de los derechos ciudadanos, figuras cercanas al Pacto Histórico, como Eduardo Noriega, han calificado la sentencia de "golpe de estado" y un acto de censura.La acción legal que dio origen a este debate fue instaurada por Samuel Ortiz, estudiante de octavo semestre de Derecho en el Externado de Colombia, junto a su madre, en abril. Ortiz explicó que la motivación surgió del "abuso" que representaba tener que ver todos los días las alocuciones presidenciales en la franja conocida como triple A, entre las 7 y 10 de la noche, el horario habitual para ver contenidos de producción nacional, noticieros o realities.El estudiante alegó ante el Consejo de Estado la vulneración de dos derechos fundamentales esenciales en una democracia: "El derecho a la información y el pluralismo informativo".Al ser consultado sobre la reacción del presidente Petro, quien calificó el fallo como un intento de censura, Ortiz respondió con contundencia desde su perspectiva de abogado en formación:"Pues le diría al al señor Petro que está confundido y se quedó con la redacción original de una ley del 95 que hablaba que le otorgaba al presidente de la República la posibilidad de intervenir en cualquier momento y sin ninguna limitación a través de la televisión, pero ya desde el 2001 la propia Corte Constitucional había declarado inexequible esa expresión y sin ninguna limitación, puesto que en un estado social de derecho como el que no rige, los gobernantes y las autoridades no pueden tener dificultades ilimitadas y ya en 2014 también el Consejo de Estado, la sección tercera ya había dicho que la intervención del presidente en la televisión debe ser personal y únicamente sobre asuntos urgentes de interés público y relacionados con el ejercicio de sus funciones".Por su parte, Eduardo Noriega, excomisionado de la Comisión Nacional de Televisión y cercano al presidente Petro. Noriega sostuvo que el fallo excede las competencias judiciales, constituyendo un quiebre institucional:"Un golpe de estado ocurre cuando un poder establecido sustituye a otro poder. No es solo cuando los militares se toman el poder y a un presidente. En este caso, el Consejo de Estado sustituye al Congreso, sustituye al presidente de la República y se arroga competencias que no tiene. Eso es un golpe de estado".Noriega reveló la probable ruta jurídica a seguir: "ojalá la Corte Constitucional seleccione esta tutela y lo haga con sentido de urgencia, porque es que eso es un tema crucial para el país y para la democracia". Este recurso permitiría que la máxima autoridad constitucional dilucide si el Consejo de Estado excedió sus competencias al regular la materia, o si, por el contrario, actuó en defensa del pluralismo informativo y los derechos de los televidentes colombianos. La decisión del Consejo de Estado, que busca limitar la discrecionalidad presidencial, sentará un precedente significativo no solo para la administración Petro, sino para futuros gobiernos.
La Fiscalía de Brasil pidió este martes a la corte suprema condenar a el expresidente Jair Bolsonaro por "asociación criminal armada" y "golpe de estado", en un proceso que ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos.Al cabo de varias jornadas de interrogatorios, el ente acusador reafirmó la tesis de que Bolsonaro y siete de sus exsubordinados más cercanos trataron de "garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático", según un documento oficial divulgado en la madrugada.Esto luego de perder las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva."Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la república reforzó que sean condenados por (...) organización criminal armada", "tentativa de abolición del estado democrático", "golpe de estado" y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos, afirmó la fiscalía.El juicio contra el mandatario de ultraderecha provocó la condena del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que califica el proceso como "una cacería de brujas" y anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 agosto."La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo", escribió Trump en una carta destinada a Lula.En protesta, el gobierno brasileño convocó a Gabriel Escobar, actual número uno de la embajada estadounidense en Brasil, para pedirle explicaciones.El juicio contra Bolsonaro queda ahora en manos del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.La pena de Bolsonaro y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de cárcel."Injerencia" de TrumpBolsonaro se dice inocente y "perseguido". Ante la Corte reconoció haber considerado "un dispositivo constitucional" para impedir la asunción de Lula.El expresidente "instrumentalizó el aparato estatal y operó deliberadamente un plan persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión", afirma de su lado la fiscalía.El plan fracasó por falta de apoyo de los comandantes de las fuerzas armadas. El general Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del ejército afirmó durante el juicio que Bolsonaro propuso declarar un "estado de defensa o de sitio" para refutar el resultado electoral y llamar a nuevos comicios.El presidente Lula afirma que las amenazas de Trump responden a una campaña adelantada por Eduardo Bolsonaro, un hijo de Jair Bolsonaro radicado meses atrás en Estados Unidos para conseguir apoyo de Washington a su padre.El mandatario izquierdista dice que buscará negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero condenó la "injerencia" de Trump en la justicia brasileña y anunció una posible "reciprocidad" con gravámenes a las importaciones de Estados Unidos.Bolsonaro, de 70 años, se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, a pesar de estar inhabilitado por cuestionar sin pruebas el sistema de votación.
En entrevista con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, afirmó que, pese a recientes tensiones diplomáticas originadas por declaraciones del presidente Gustavo Petro en redes sociales, “la relación con Estados Unidos sigue siendo sólida”. La aclaración llega tras semanas de controversia por supuestas insinuaciones sobre un intento de golpe de Estado, en el que habrían estado implicadas figuras del Partido Republicano estadounidense. García-Peña subrayó la importancia de los canales diplomáticos para superar el episodio.“El llamado a consultas es una herramienta legítima de la diplomacia. Se utilizó y funcionó. Regresé a Washington por instrucciones del presidente Petro para seguir fortaleciendo los temas donde hay intereses comunes”, afirmó.Crisis diplomática superada: el trasfondo de una cartaEl conflicto diplomático se agravó luego de que el mandatario colombiano emitiera declaraciones cuestionando al secretario de Estado de EE.UU., y mencionara indirectamente a figuras como Marco Rubio y Donald Trump. Como respuesta, Bogotá envió una carta aclaratoria a Washington el 23 de junio.A pesar de versiones contradictorias sobre si el documento llegó o no a su destino, el embajador aseguró que “la carta fue enviada por canales oficiales y fue recibida el mismo día”. Además, sostuvo una reunión con el Departamento de Estado para garantizar que el contenido fuera comprendido cabalmente.“Lo cierto es que el mensaje de la carta quedó claramente comunicado y ha sido reiterado públicamente por el presidente Petro y por mí”, reiteró.Diplomacia por encima de los trinos presidencialesConsultado sobre si un nuevo comentario en redes podría volver a tensar la cuerda diplomática, García-Peña fue enfático: “A pesar de los trinos, que son parte de la realidad política actual, la relación es resiliente”. Subrayó que, más allá de las diferencias inevitables entre dos países con posturas políticas diversas, el enfoque debe mantenerse en los intereses compartidos como la lucha contra el crimen transnacional, la migración y el comercio bilateral.“Nuestro objetivo es trabajar sobre esos temas en los cuales hay coincidencias”, recalcó el diplomático.Extradiciones y procesos de paz: respuesta a WashingtonUno de los puntos sensibles en la relación bilateral ha sido la decisión del Gobierno Petro de suspender temporalmente las extradiciones de dos individuos solicitados por la justicia estadounidense. Según García-Peña, se trata de casos vinculados con procesos de paz, particularmente en regiones del sur de Nariño y con disidencias de las FARC.“Esto no es nuevo. Durante el Gobierno Santos también se suspendieron extradiciones en el contexto de negociaciones de paz. Estos individuos han asumido compromisos claros, y si los incumplen, la extradición será reactivada”, explicó el embajador.Estados Unidos ha manifestado inquietudes al respecto, pero según el diplomático, han sido debidamente respondidas en el marco del respeto institucional.El ruido generado por Leyva y su impacto limitado en WashingtonEl embajador también fue cuestionado por el caso de Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, señalado en medios de comunicación por supuestas grabaciones en las que conspiraría con figuras republicanas en EE.UU. para desestabilizar al gobierno de Petro. Sin embargo, García-Peña desestimó la relevancia del hecho.“No me consta la veracidad de esas grabaciones ni tengo información oficial. Leiva es un ciudadano privado y no representa al gobierno colombiano en estas gestiones”, afirmó.Negó además que Leyva tenga capacidad de influencia significativa en Washington: “No creo que sea una figura con audiencia en Estados Unidos. Hay muchas dudas precisamente por la falta de veracidad de sus acusaciones”.Relación histórica que trasciende coyunturasPara García-Peña, la situación actual no debe evaluarse únicamente desde una óptica coyuntural. La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos tiene una historia profunda y estratégica que supera cualquier episodio puntual. “Esto no es un asunto de Petro. Es una relación entre Estados. Debemos mirar hacia adelante”, dijo.El embajador finalizó señalando que el gran reto ahora es mantener el enfoque en los temas estratégicos compartidos y dejar atrás las controversias mediáticas: “La lección de todo esto es clara: hay que hablar con franqueza, aclarar malentendidos, y siempre usar los canales diplomáticos”.
En medio del escándalo suscitado por las grabaciones filtradas del exministro Álvaro Leyva, que sugieren un presunto intento de golpe de Estado en Colombia, el nombre del congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez fue mencionado. En entrevista con Néstor Morales para Mañanas Blu, el representante republicano negó rotundamente cualquier implicación en un complot contra el presidente colombiano Gustavo Petro.“Estamos mencionados en algo que nunca ha sucedido (…) no estamos involucrados en ningún tipo de atentado o golpe de Estado. El reporte es ridículo”, afirmó Giménez.Negación rotunda a cualquier vínculo con LeivaCarlos Antonio Giménez fue claro en su posición respecto al exministro Álvaro Leyva, quien habría mencionado a Giménez y al también congresista Mario Díaz-Balart en un supuesto plan para remover a Petro del poder. El congresista por Florida negó haber tenido contacto con Leiva.“Yo no me reuní con él y que yo sepa, no. Y si hubiera logrado una visita para plantear un tipo de golpe, lo hubiera rechazado”, sentenció.El congresista se mostró sorprendido por las acusaciones y sugirió que podrían obedecer a intereses políticos internos de Colombia.Duras críticas a Petro, pero respeto por la democraciaAunque Giménez fue enfático en rechazar cualquier conspiración, no ocultó su desprecio por la gestión del presidente Gustavo Petro. A través de un polémico trino publicado en su cuenta personal, se refirió al mandatario colombiano como “drogadicto, corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro”.“Esa es mi opinión como Carlos Antonio Giménez, que vivo aquí en Miami. Yo creo que el presidente Petro no es amigo de los Estados Unidos”, dijo en la entrevista, aunque agregó que, pese a sus opiniones personales, reconoce que Petro fue elegido democráticamente.Mario Díaz-Balart también niega las acusacionesEn el marco de este escándalo, también fue señalado el congresista Mario Díaz-Balart, quien, al igual que Giménez, negó haber tenido alguna conversación relacionada con un golpe de Estado. Ambos parlamentarios coinciden en que no existió reunión alguna ni contacto con Leiva respecto a ese tema.Una de las revelaciones más relevantes durante la entrevista fue que, a pesar de la magnitud del escándalo, el congresista aseguró no haber recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte del Gobierno colombiano.“El embajador Daniel García Peña no se ha comunicado conmigo. Nunca me ha dicho que están preocupados por un golpe de Estado”, afirmó. Este silencio contrasta con las declaraciones públicas del presidente Petro, quien ha insinuado en varios escenarios que su gobierno estaría siendo blanco de conspiraciones tanto internas como internacionales."Colombia no necesita un golpe de Estado"Pese a la tensión generada por las grabaciones de Leiva, Carlos Antonio Giménez cerró su intervención con un mensaje de estabilidad y respeto institucional.“Colombia no necesita un golpe de Estado, todavía es una democracia (…) y lo único que yo espero es que sigan teniendo elecciones libres en 2026”, concluyó antes de dirigirse a una reunión con el expresidente Donald Trump.Las grabaciones del exministro Álvaro Leyva, filtradas en medios de comunicación, han generado un terremoto político en Colombia. En ellas se insinúa la búsqueda de apoyo extranjero para remover al presidente Petro del poder. Aunque hasta ahora no se han presentado pruebas concretas, el eco internacional del tema ha obligado a pronunciamientos diplomáticos, aunque, como señala Giménez, no ha habido un acercamiento formal desde la Cancillería colombiana.
A través de una carta, más de 124 ciudadanos de diferentes sectores del país alertaron que el anuncio del presidente Gustavo Petro de sacar vía decreto la consulta popular es señal de una arbitrariedad en contra de la democracia.“No sólo viola de manera inequívoca el artículo 104 de la Constitución sino que también transgrede principios como la supremacía constitucional, el Estado de derecho, la división de poderes, y derechos políticos fundamentales de los ciudadanos, conductas que aunadas develan la ejecución de un plan.En la lista de quienes suscriben el documento, hay exministros, académicos, ex funcionarios y diferentes áreas, destacando por ejemplo, José Manuel Restrepo, José Félix Lafaurie, Rafael Nieto, Rubén Darío Lizarraldo, Pedro Medellín y Fabio Valencia Cossio.En su preocupación, califican el comportamiento del Gobierno como un plan para dar un golpe de Estado al no respetar las funciones propias del Ejecutivo ni las la rama judicial ni legislativa.“El presidente Petro no ha propuesto una consulta al Senado sino que la ha blandido empuñando arma blanca en la plaza pública, amenazando a quien opine distinto y señalando con nombre propio a quienes deben adoptar decisiones en representación del pueblo, consultando la justicia y el bien común”, agregaron.Finalmente, invitaron a los diferentes sectores del país a garantizar el respeto por la Constitución y a actuar de manera responsable y cuidadosa para rechazar la arbitrariedad y la ilegalidad en todo momento y oportunidad.“Si el presidente Petro expide el ostensiblemente ilícito decreto, respaldaremos la solicitud al Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, para que, ante la incompatibilidad de ese acto administrativo con la Constitución, aplique las disposición constitucional que exige el concepto favorable del Senado e inaplique el decreto”, puntualizaron.Este es el documento completo:
Humberto de la Calle, exvicepresidente, exministro, excongresista y uno de los principales arquitectos de la Constitución de 1991, lanzó una advertencia al calificar como “golpe de Estado” el intento del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular a través de un decreto que ignora la negativa del Senado. En entrevista con Mañanas Blu, De la Calle manifestó su profunda preocupación por lo que considera una “emergencia democrática” que amenaza los pilares del Estado de Derecho en Colombia.“Esto es realmente y literalmente un golpe de Estado, porque es la anulación de las ramas del poder”, sentenció De la Calle.La ruptura institucional: un decreto que “silencia” al CongresoEl punto de quiebre, según De la Calle, radica en la decisión del Ejecutivo de desconocer el voto del Senado respecto a la viabilidad de una consulta popular impulsada por el presidente. La Constitución colombiana exige concepto favorable del Congreso para avanzar en este tipo de mecanismos. Sin embargo, el Gobierno ha insinuado que procederá por decreto.“Si el Gobierno empieza a tomar la función de anular las decisiones del Congreso, termina marchitando al Congreso y silenciando a la rama judicial”, advirtió.Esta situación, a juicio del jurista, no solo vulnera la separación de poderes, sino que marca un precedente peligroso para el equilibrio institucional. De la Calle cuestiona que el Ejecutivo asuma competencias del Legislativo y del Judicial, y denuncia que esto rompe el contrato social básico en una democracia constitucional.¿Estrategia electoral de Petro disfrazada de legalidad?Para De la Calle, el trasfondo de esta maniobra no es estrictamente jurídico, sino electoral. El exvicepresidente ve en la iniciativa presidencial una narrativa populista que busca movilizar a las bases sociales en torno a un discurso de victimización institucional.“La estrategia es convertir la democracia constitucional en la democracia del bochinche, en la democracia callejera de aquí al 2026”, afirmó. Según él, el presidente Petro está menos interesado en realizar reformas concretas que en construir una narrativa donde él aparece como el redentor frustrado por las élites y el sistema. Esto, argumenta, serviría para fortalecer la opción del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales de 2026.Consejo de Estado, no la Corte ConstitucionalOtro aspecto de gran relevancia en la entrevista fue la discusión sobre la competencia jurídica para evaluar el decreto en cuestión. De la Calle rechazó el intento del Gobierno de remitir el control a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, instancia que según él es la que debe pronunciarse en este caso.“Eso de pasar el tema a la Corte es una patraña. Es al Consejo de Estado a quien le corresponde decidir sobre actos administrativos como este decreto”, señaló, denunciando un intento de manipular la ruta legal para dilatar o evitar el control de legalidad.La necesidad de una defensa unificada de la democraciaDe la Calle llamó a la unidad de los sectores democráticos ante lo que calificó como una “ruptura profunda del orden constitucional”. Aunque reconoció que es poco probable una unión entre expresidentes como propuso Juan Manuel Santos, hizo un llamado a superar divisiones partidistas en defensa de las instituciones.“Este es el momento en que los demócratas deberíamos proteger la Constitución. Si nos dedicamos a cortar orejas de hace diez años, no entendemos la gravedad del momento”, dijo en tono crítico al ambiente polarizado.Críticas al nuevo ministro de Justicia, Eduardo MontealegreEl exministro también cuestionó la designación de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, a quien reconoció su formación, pero criticó por defender tesis jurídicas que calificó de “delirantes” y por intentar justificar legalmente lo que considera una desviación autoritaria.“Montealegre es un hombre con formación, pero sus argumentos son pompas de jabón. Juegos de luces para distraer la realidad de que se está sacando del ring al Senado”, concluyó.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular pliego de cargos y abrir investigación por presunta violación de topes en la campaña presidencial."Se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia. Se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país", dijo el mandatario. Además, señaló que lo que ocurrió hoy ponía en riesgo la institucionalidad que el representa.Durante una alocución, el presidente Gustavo Petro desmintió las cinco principales pruebas que el CNE tuvo en cuenta para abrir investigación y formular cargos en su contra por presunta violación de topes financieros en la campaña Petro presidente.Sobre los presuntos aportes de la USO y Fecode el mandatario señaló que no fueron a la campaña, sino al Partido Colombia Humana. “Tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque de 2018. Y la cual este mismo organismo absolvió el 28 de octubre del 2021”.El presidente también se refirió al supuesto pago a testigos electorales y aseguró que no corresponden a gastos de campaña. “La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo de 2022. Y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio de 2022. El conteo de votos se da después de cerradas las elecciones”.Sobre los gastos de campaña por propaganda electoral el presidente afirmó que fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa. “Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas”, dijo desde la casa de NariñoY sobre los vuelos privados pagados a la sociedad aérea de Ibagué: “Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron”Por último, habló del evento realizado en el Movistar Arena al ganar la campaña. El mandatario reconoció que efectivamente tuvo unos gastos, pero señaló que ese evento ya no hacia parte del periodo de campaña, así lo establece la ley.El mandatario cerró su discurso pidiendo a la comisión de investigación y acusación que haga público el expediente para que la ciudadanía reconozca las pruebas que se han realizado sobre este proceso. “Para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral", dijo.Concluyó haciendo, de nuevo, un llamado a la movilización, insistiendo en que ordenó a las Fuerzas Militares no levantar las armas contra el pueblo.
El analista político Pedro Viveros habló en Sala de Prensa Blu sobre las nuevas teorías del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ocupando su cargo. Según Viveros, el presidente Petro ha mantenido una estrategia constante de activismo político desde su candidatura. Sin embargo, Viveros también destacó que, durante los primeros seis meses de su Gobierno, hubo una expectativa de transformación y un enfoque más sensato de la izquierda en el poder."A mí no me asombra nada. Volvió a aparecer el Petro candidato y ahí lo hemos tenido hace un año y medio, mal contados, siempre recurriendo a lo mismo. Esta vez la víctima fue el presidente del Congreso y después, al día siguiente, con los medios de comunicación, vuelve y juega, pero es un relato permanente del presidente candidato y no del presidente estadista, que yo pensé que lo íbamos a tener cuando comenzó a trabajar los primeros seis meses", dijo Viveros.Sin embargo, Viveros señaló que esta expectativa se desvaneció y el presidente Petro ha retomado su estrategia de confrontación con lo que él llama "el establecimiento". Un ejemplo de esto es su reciente crítica al presidente del Senado por su posición frente a la reforma y el proyecto de presupuesto.Supuesto golpe de EstadoViveros también cuestiona la credibilidad de la narrativa del presidente Petro, especialmente en relación con sus declaraciones sobre amenazas y planes en su contra. Si bien reconoce la existencia de amenazas en Colombia, considera que es necesario que el presidente muestre pruebas y se tomen medidas concretas para protegerlo."Él no ha cambiado su método de hacer activismo político, lo que nunca encontró fue una forma de gobernar. El presidente nunca ha sido efectivo y eficiente en el Gobierno, es decir, en hacer cosas del proyecto que lo eligió y siempre se refugia en su estrategia. Los bancos, un día, los medios de comunicación, después sus rivales políticos de turno, el expresidente Uribe, los Estados Unidos, en fin, siempre tiene una persona que representa la antípoda de su sector político y lo trae para la narrativa cada día se agota más y se agota más porque es menos efectiva en la credibilidad de la narrativa".Además, el analista político comentó sobre la decisión del presidente de revelar información de inteligencia sobre la compra de Pegasus, lo cual generó controversia y afectó las relaciones internacionales del país. Él opina que, si bien el presidente logró agitar el ambiente nacional e internacional, también cerró puertas en términos de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado."El Estado tiene acuerdos con Israel que se extienden por varios años, por lo que, cuando el presidente hizo esas declaraciones, ya cometió un error. Al decir eso, se incurrió en un fallo, ya que las relaciones entre Estados no se manejan de esa manera", dijo.Finalmente, Viveros planteó que la estrategia política del presidente Petro ha generado polarización en Colombia y que esto beneficia a la oposición, ya que Petro se convierte en un "sparring político". Aunque reconoce que las amenazas deben tomarse en serio, cuestiona la forma en que el presidente las aborda y la falta de evidencia concreta.Escuche la entrevista completa acá:
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló este lunes al régimen iraní como autor de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado octubre y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables."La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", dijo en declaraciones a la prensa durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.Barrot subrayó que "es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".A ese respecto, recordó que las perturbaciones afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución el 11 y el 12 de octubre y se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.Por eso, aseguró que esta operación "no quedará sin consecuencias" y que, además de haber convocado al embajador de Irán en Francia para "protestar muy fuertemente", se aplicarán "sanciones a escala europea contra todos los responsables".Añadió que igualmente se adoptará "cualquier otra medida proporcionada y necesaria pública o no para responder a este ataque y disuadir a las que y a los que quisieran repetirla".El ministro indicó que la justicia francesa ha lanzado un procedimiento y también actuará.Ciberataques como los que sufrió Francia, que días después afectaron a sus bancos de sangre, también alcanzaron en los días siguientes a otros países europeos.
La Unidad para las Víctimas lanzó una alerta a nivel nacional por posibles estafas dirigidas a personas afectadas por el conflicto armado. Según la entidad, se han conocido denuncias de ciudadanos que recibieron llamadas y mensajes de WhatsApp de personas que prometen gestionar indemnizaciones administrativas o desbloquear ayudas humanitarias a cambio de dinero.La alerta se activó luego de conocer algunas denuncias en las que los responsables habrían utilizado el nombre y la imagen de la entidad para generar confianza entre las víctimas y solicitar pagos o información personal.En uno de los casos reportados, una persona habría exigido 300.000 pesos para autorizar el desembolso de unas ayudas. En otro, se habría solicitado dinero para acelerar el trámite de una indemnización. También se conoció una situación en la que pidieron datos personales con el argumento de gestionar la entrega de estos recursos.De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, los responsables utilizan expresiones como “ayuda congelada”, “pago bloqueado”, “desembolso retenido” o “indemnización pendiente de autorización” para convencer a las personas de que deben realizar un pago y así recibir los recursos.En algunos casos, los contactos utilizan perfiles de WhatsApp con fotografías, logotipos de la entidad y documentos que aparentan ser oficiales. Sin embargo, la institución advirtió que estos elementos no demuestran que quien escribe o llama sea realmente un funcionario.La entidad recordó que ningún funcionario, intermediario o particular puede cobrar por reconocer, priorizar, agilizar o entregar una indemnización administrativa o una ayuda humanitaria.Ante estos casos, la entidad pidió a la población no realizar transferencias, consignaciones, giros ni pagos en efectivo para supuestamente liberar recursos o acelerar trámites.También recomendó no entregar copias de la cédula, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de tarjetas a personas cuya identidad no haya sido confirmada.La entidad insistió en que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Por eso, pidió a las víctimas del conflicto armado desconfiar de cualquier persona que prometa garantizar o acelerar el pago de una indemnización a cambio de dinero.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 9 de noviembre de 2026:El Gobierno comenzó a ejecutar el plan para cubrir las deudas de Air-e y evitar una crisis financiera en el sistema eléctrico del Caribe. En las últimas horas fueron pagados otros $300.000 millones a empresas del sector, con lo que ya se han desembolsado cerca de $600.000 millones de los $1,5 billones prometidos. La siguiente factura corresponde a los consumos de octubre y será presentada durante la próxima semana.El ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó tres soldados muertos y cerca de 50 heridos. Las autoridades señalaron que los artefactos cargados con explosivos impactaron varias veces las instalaciones, mientras la Defensoría advirtió que el sur de Bolívar ya acumulaba 22 emergencias humanitarias entre mayo y septiembre. La zona enfrenta además disputas entre el ELN, disidencias y estructuras criminales por el control territorial.Las autoridades investigan si un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia intentó interferir en las elecciones presidenciales y acceder a información sensible de la Registraduría. Carlos Andrés Oyola también es investigado por posibles accesos a archivos de inteligencia y por una eventual venta de información a terceros. Paralelamente, la Fiscalía lo imputó por una red que habría alterado 41 calificaciones y más de $35 millones en matrículas de la UNAD para obtener títulos académicos.Un grave accidente en la vía Buga-Buenaventura dejó varias personas muertas y obligó al cierre de la carretera. El choque ocurrió dentro de uno de los túneles del sector Los Naranjos, en Dagua, e involucró un bus intermunicipal y un camión tipo niñera. Los organismos de emergencia atendieron a los heridos mientras las autoridades iniciaron la investigación para establecer las causas del siniestro.El Gobierno detalló dónde buscará los recortes para completar el ajuste fiscal de $45 billones. Entre los gastos que serán revisados aparecen recursos destinados a empresas mixtas, fondos especiales, estudios y programas que podrían financiarse con ingresos propios, mientras salud, educación y transferencias constitucionales quedarían protegidas. También se anticipó una futura revisión del esquema de subsidios de energía y gas y cambios en la devolución del IVA.Las autoridades investigan el homicidio de Ramsés Vargas, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado con una herida de arma de fuego en los cerros orientales de Bogotá. María Paula Morera, quien era su pareja, contó que había hablado con él días antes de su muerte y aseguró que el joven no tenía enemigos conocidos. También señaló que la camioneta en la que se movilizaba desapareció y planteó, desde su percepción personal, que el crimen pudo haber sido planeado, una hipótesis que todavía debe ser esclarecida por los investigadores.Escuche el programa completo aquí:
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, respondió a las críticas de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, por la convocatoria de varios futbolistas del equipo antioqueño en un momento determinante de la temporada. En entrevista con Gol Caracol, el seleccionador defendió sus decisiones y cuestionó que los reclamos se hagan públicamente en lugar de establecer una comunicación directa con el cuerpo técnico de la Tricolor. "Me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa", manifestó el argentino.Esto dijo el DT de NacionalLa polémica surgió luego de que González expresara su inconformidad por perder jugadores para compromisos importantes, entre ellos las semifinales de la Copa BetPlay. El entrenador de Nacional señaló que las convocatorias representan una dificultad para el equipo, especialmente porque también debe afrontar las ausencias de jugadores llamados a las selecciones Colombia Sub-20 y Sub-17.González también cuestionó lo que considera un trato desigual frente a los clubes del exterior. Como ejemplo, mencionó el caso del arquero Álvaro Montero, quien permaneció en Argentina para disputar una semifinal de Copa con Boca Juniors, mientras que Atlético Nacional debe prescindir de sus futbolistas convocados. "Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera", señaló el entrenador, quien afirmó que su equipo pierde entre ocho y nueve jugadores, incluyendo los llamados a selecciones juveniles.La respuesta de LorenzoAnte estos cuestionamientos, Lorenzo aseguró que considera injustas las declaraciones del técnico verdolaga, especialmente porque Atlético Nacional es una institución que históricamente ha contribuido a las diferentes categorías de las selecciones nacionales. Sobre la comparación con Montero, explicó que las situaciones de los futbolistas se manejan de acuerdo con la programación de cada convocatoria. Según indicó, antes de la fecha anterior habló con Camilo Vargas para informarle que no sería llamado en esa oportunidad, mientras que Montero sí estaba contemplado para integrar el equipo nacional.Finalmente, el entrenador argentino defendió el orgullo que debería representar para los equipos colombianos tener jugadores en la Selección y cuestionó las críticas que recibe por sus decisiones."Cuando no llamo jugadores del fútbol local dicen que no miro la liga. Cuando llamo jugadores del fútbol local se quejan porque los llamo", expresó. El argentino también recordó que no es responsable de organizar el calendario de la Fifa ni las fechas del campeonato colombiano y aseguró que preferiría que los entrenadores se comuniquen directamente con él para resolver sus inquietudes, en lugar de llevar las diferencias a los medios de comunicación.
TikTok ha instado a la Fundación Maldita.es a compartir "de forma completa" su investigación en la que ha detectado más de mil vídeos de abuso sexual infantil y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma, porque "su negativa" les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".Así lo han confirmado a EFE fuentes de TikTok, que han subrayado que no disponer de esos "hallazgos" publicados por Maldita.es "obstaculiza" la presentación de informes ante las fuerzas de seguridad españolas por parte de la plataforma, que sigue "dando apoyo a las autoridades pertinentes". Maldita.es, plataforma dedicada a combatir la desinformación, ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés."Mantener TikTok como un lugar seguro para nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad. El contenido sexualmente explícito con menores (CSAM, por sus siglas en inglés) está categóricamente prohibido, y desplegamos tecnologías de detección avanzadas y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar de forma contundente este contenido de nuestra plataforma", aseguran las fuentes consultadas. La compañía considera "vital" que haya una "respuesta colectiva" dado que, explican las mismas fuentes, "los actores malintencionados evolucionan continuamente sus métodos para evadir la detección".Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia de España ha pedido a la Fiscalía General del Estado español que "actúe" ante los presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, y ha planteado paralizar los servicios de TikTok en el país, si se considera "oportuno".