La Fiscalía de Perú considera que el expresidente Pedro Castillo puede ser condenado a más de 31 años de cárcel por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su Gobierno (2021-2022), por los que solicitó que se le impongan 36 meses de prisión preventiva, reveló este miércoles el diario Perú21.El rotativo señaló que accedió al requerimiento presentado el martes por el fiscal supremo Helder Terán, quien "proyectó" una pena de más de 31 años de cárcel para Castillo, que actualmente cumple otra orden de prisión preventiva por 18 meses por intentar dar un golpe de Estado en diciembre pasado.Terán señaló que al exgobernante se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, y que la condena total estimada es la suma de 18 años y 4 meses por el primer cargo, 6 años y 8 meses por el segundo y 6 años y 4 meses por el último, según detalló el rotativo.En esta investigación también se ha implicado a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes también se ha solicitado la prisión preventiva.En el pedido fiscal, que será evaluado este viernes por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se acusa a Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre pasado, cuando fue detenido por intentar dar un autogolpe de Estado y después de que el 16 de diciembre la Justicia dictara una primera prisión preventiva en su contra, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración.El nuevo pedido fiscal de encarcelamiento preventivo se ha hecho por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas. Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero pasado el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso necesario para retirar la inmunidad con la que contaba por su condición de ex jefe de Estado.La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación que aprobó el Legislativo recomendó acusar a Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder.También por el delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
La Policía Federal arrestó este sábado en Brasilia a Anderson Torres, exministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, cuya detención fue ordenada en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, informaron fuentes oficiales.El exministro fue detenido por las autoridades en el aeropuerto internacional de Brasilia al desembarcar procedente de Miami, según confirmaron sus abogados a la prensa.Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de bolsonaristas radicales invadieron y destrozaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia, el domingo pasado.El avión en el que se trasladó el exministro llegó hacia las 7:30 hora local al aeropuerto de Brasilia donde Torres era esperado por la Policía Federal.La orden de arresto contra el exfuncionario fue expedida el miércoles por Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema, por "presunta omisión", y confirmada en pleno por los miembros del máximo tribunal de justicia.Torres asumió como Secretario de Seguridad Pública de Brasilia el 2 de enero y cinco días después se fue de vacaciones a Estados Unidos, por lo que no estaba en el país en el momento en el que se dieron los ataques de los radicales de ultraderecha.Al conocer la decisión del magistrado, el exministro anunció que regresaría al país para ponerse en manos de la Justicia y demostrar su inocencia, pues alega que había un plan de contingencia en caso de que se presentaran actos violentos en las marchas de los bolsonaristas."Creo en la justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro que la verdad prevalecerá", señaló en un mensaje publicado en las redes sociales.La víspera el ministro de Justicia, Flávio Dino, afirmó que si Torres no regresaba a Brasil hasta el lunes el Gobierno solicitaría su extradición.Además de la orden de arresto, el magistrado Moraes también dictó un registro en la residencia de Torres, donde la Policía encontró el borrador de un decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y "corregir" el resultado de las presidenciales, que Bolsonaro perdió ante Lula por una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.El exministro de Bolsonaro alegó que "el citado documento fue incautado" cuando él no se encontraba en casa "y filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces" contra él.Por los ataques de los bolsonaristas, que estaban acampados desde hacía dos meses frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, han sido detenidas más de 1.800 personas y se ha abierto una serie de investigaciones contra políticos y empresarios acusados de financiarlos.ELe puede interesar:
El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo un fuerte respaldo del poder político y judicial de Brasil, después de que simpatizantes del exmandatario ultraderechista, Jair Bolsonaro, invadieran edificios oficiales en la capital, provocando destrozos severos. Gilmar Mauro, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, habló en Mañanas Blu de la violencia de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial.“Desde ayer hay un proceso intenso de represión a todos los agrupamientos y personas que participaron del intento golpista y ahora hay un proceso de normalización que llevará días. La criminalización de los participantes y a los que principalmente están financiando este intento golpista”, señaló.Mauro se refirió a quién, según él, está detrás de los desmanes protagonizados por cientos de manifestantes que apoyan al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.“Hay un proceso intenso que lleva algunos años en los que evidentemente hay una participación exclusiva del expresidente de la República que ahora está en los Estados Unidos y es el responsable principal, pero hay una parte significativa de la participación de las Fuerzas Armadas brasileñas y de sectores de la Policía militar del Distrito Federal junto a otros estados, con la financiación de sectores del agronegocio brasileño. Un sector atrasado que asesina indígenas y explota los recursos naturales en la región amazónica, vamos a llamarlo “una nueva burguesía del retraso que no es particular brasileña sino regional”, indicó.Los titulares de los tres poderes del Estado cerraron filas contra los "actos de terrorismo" del domingo, cuando miles de simpatizantes del expresidente de extrema derecha invadieron durante casi cuatro horas las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema exigiendo una intervención militar para sacar a Lula del poder. El hombre cercano al presidente Lula da Silva mencionó a quienes estarían detrás de los actos violentos y quiénes serían los directos responsables de este intento de golpe de Estado, como lo han llamado varios sectores.“El Comando de las Fuerzas Armadas es responsable directo por los hechos, el gobernador del Distrito Federal, el secretario de seguridad pública que fue partícipe directo en esas acciones… la gente que llegó no era tan numerosa y pudo ser contenida si se hubiera dado la intervención de los sectores de la seguridad pública de Brasil… No tenemos dudas que hay participación del ejército en ese proceso, sean de la reserva o de la parte activa”, indicó.Mauro señaló que dejó todo este episodio para el Gobierno brasileño e indicó las medidas que se deberían tomar para evitar futuros actos de violencia por parte de los bolsonaristas. Además, mencionó si se deberían tener cambios en la cúpula militar.“Creo que hay necesidades urgentes de un cambio directo en el mando de militares, pero debe haber una ‘desbolsonarización’ del ejército y de la policía brasilera… Toda la construcción del episodio del domingo fue una construcción de largo tiempo, para nuestra suerte este episodio además de no concretarse debe servir para que efectivamente se resuelva un problema del pasado brasileño. Siempre que trabajó con la idea de amnistiar desde el golpe militar del 64’ hasta hoy, creo que llegó la oportunidad de procesar y criminalizar a los responsables del episodio del domingo", enfatizó.Finalmente, Gilmar se refirió si el presidente Lula da Silva sabía de estos desórdenes y si obtuvo alguna información previa a estos actos. Además habló de los capturados tras los hechos violentos presentados en Brasilia.De momento, según el ministro de Justicia y Seguridad, Flavio Dino, 1.500 personas han sido detenidas por los desmanes, ocurridos mientras Lula visitaba un municipio en Sao Paulo afectado por lluvias.
El funcionamiento institucional de Brasil está totalmente normalizado tras el desmonte del campamento en que se refugiaban los bolsonaristas radicales que atacaron el domingo las sedes de los tres poderes, con unas 1.500 detenciones, afirmaron este lunes fuentes oficiales."Gracias a Dios el país camina hacia la absoluta normalización institucional a gran velocidad", dijo el ministro de Justicia, Flavio Dino, en una rueda de prensa en la que hizo un balance de las operaciones para reprimir a los responsables por los asaltos a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.De acuerdo con Dino, pese a los daños aún visibles en las principales edificaciones públicas del país, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acudió a trabajar normalmente en el Palacio presidencial de Planalto, en el que se reunió con autoridades de los otros poderes y con los comandantes militares."Lula se reunió con las autoridades civiles y con los comandantes de las Fuerzas Armadas, de modo a que, tanto en lo que se refiere a las instituciones civiles como a las militares, reina la plena normalidad", aseguró.Según el ministro, el líder progresista también tiene previsto reunirse en la noche de este lunes con los gobernadores de los 27 estados de Brasil, que manifestaron rechazo unánime a los ataques."Lo más importante es que las Fuerzas Armadas se mantuvieron fieles a la autoridad democrática y eso es algo que tenemos que conmemorar. En un modo general diría que lo peor ya pasó y que ahora cabe esperar los juicios políticos y criminales", dijo.Dino afirmó que, un día después de los ataques de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que no reconocen la victoria de Lula en las elecciones, es posible reiterar que los "terroristas" no obtuvieron éxito en su intento de ruptura de la legalidad."No obtuvieron éxito en su intento de generar un efecto dominó. Algunos creían que a partir de esos eventos simbólicos, como los de invadir la Presidencia y el Congreso, propiciarían nuevas aventuras, y eso fue superado", aseguró al referirse a la intención de los bolsonaristas radicales de forzar un golpe de Estado contra Lula.El ministro afirmó que el interventor federal que el jefe de Estado nombró para asumir la gestión de la seguridad en Brasilia actuó rápidamente y, con el apoyo de la Policía y el Ejército, desmontó el campamento que los bolsonaristas habían instalado desde las elecciones frente a la sede del Cuartel General del Ejército.Los ataques de la víspera partieron desde este campamento, a donde los radicales regresaron por la noche luego de que la Policía los desalojara de las edificaciones gubernamentales."El domingo fueron realizadas 209 detenciones en flagrante y en este momento son escuchadas por la Policía unas 1.200 personas que estaban en el campamento, es decir que tenemos en total unas 1.500 personas arrestadas", dijo.Agregó que la mayoría de los detenidos estaba en el campamento y fue encaminada a una sede de la Policía Federal, para ser identificados e interrogados por unos 50 equipos de investigadores.Sobre las versiones de que muchas de esas personas son inocentes, dijo que el Gobierno considera que hay que investigar su posible participación como autores o coautores de diferentes crímenes."Hay un conjunto de crímenes, como intento de golpe de Estado, intento de violación del Estado democrático, daños al patrimonio público, asociación para delinquir, lesiones corporales... que generan múltiples posibilidades para responsabilizarlos. Si no fueron autores, fueron coautores o copartícipes", aseveró.Dino agregó que las autoridades también neutralizaron los intentos de bolsonaristas de promover manifestaciones en otros estados del país y que ya desbloquearon las nueve carreteras en que se registraron manifestaciones el domingo e inmovilizaron 40 autobuses que transportaban radicales.Afirmó que la Policía está realizando los trabajos de recolección de pruebas en las edificaciones atacadas para poder instruir las investigaciones y permitir una responsabilidad civil."Los informes de los criminalistas están dimensionando los daños para que la Abogacía General de la Unión pueda exigir una indemnización de los responsables por los ataques", concluyó.
El expresidente Pedro Castillo pidió que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual llegó hace poco a ese país, lo visite "de manera urgente" en la prisión de Lima, Perú, donde debe cumplir 18 meses de prisión preventiva tras haber sido destituido por intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto.El exmandatario aseguró a través de un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, que está "privado arbitrariamente" de sus derechos y que decidió publicar un comunicado, suscrito por su abogado, Wilfredo Robles Rivera, "ante la visita de la CIDH en el Perú".En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la CIDH, habló sobre la crísis política en Perú después de la salida del expresidente Pedro Castillo y las recientes protestas que se han realizado en ese país.“Si un presidente lee en público una carta en la que anuncia que va a cerrar el Congreso y que va a tomar control del poder judicial, cosas que son totalmente institucionales en todo el mundo, es considerado un golpe de Estado. El caso de Castillo, además de ser un autogolpe anunciado, es igual al que hizo Fujimori en su momento. Lo lógico, en este momento, sería que la CIDH hable con Castillo, eso legitimaría más su trabajo”, manifestó.Según Cantón, desde hace un buen tiempo Perú tiene un problema serio constitucional en su democracia, ya que, en tan solo seis años, ha tenido más de seis personas en el cargo de jefe de Estado, pero, al final, siempre terminan dejando el cargo. “Perú tiene un serio problema constitucional en su democracia y por eso lleva seis presidentes en seis años. Eso abre terreno para que haya la inestabilidad que tiene el país, tienen que cuadrar y arreglar cosas en su Constitución para poder afrontar esas adversidades”, aclaró.Asimismo, con respecto a las peticiones que le ha hecho Castillo a la CIDH, Cantón mencionó que lo más lógico es que la organización hable con Castillo e indague sobre las duras protestas que han ocurrido en el último mes. “Además, el hecho de que Perú pueda remover un presidente elegido por voto popular muestra una inestabilidad en la democracia, por eso la situación es tan delicada. La CIDH están en estos momentos en Perú y espero que haya aceptado ir bajo la con la condición de no reunirse con Castillo, sino con la voluntad de escucharlo. Además, tienen que indagar sobre las fuertes protestas que se han presentado en ese país”, aseveró.Carta de Pedro Castillo a la CIDH
Los abogados del expresidente peruano Pedro Castillo, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, anunciaron este lunes que dejaron la defensa del exmandatario en una decisión tomada de forma conjunta con el exjefe de Estado, si bien no desvelaron las razones por las que adoptaron esta decisión."Habiendo conversado con nuestro patrocinado de forma conjunta, se ha decidido que no continuaremos ejerciendo su defensa, reservándonos las razones sobre la misma", recoge un escueto comunicado compartido por ambos letrados en sus cuentas de Twitter.El pasado jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva para Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.Ni Castillo, que sigue considerándose presidente de Perú, ni ninguno de sus abogados se presentaron al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía de Perú.Al inicio de la audiencia, convocada por Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.En ese sentido, el juez informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.Al respecto, Atencio informó entonces en Twitter que ni él ni su colega Noblecilla iban a participar en la audiencia de prisión preventiva."Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión", indicó antes de señalar que entre ellos figura una "vacancia (destitución) ilegal y exprés".Ambos asumieron la defensa exclusiva del exmandatario el pasado 12 de diciembre, fecha en la que renunció su antecesor, Miguel Pérez Arroyo, por "discrepancias en cuanto al enfoque de la defensa".También renunció a ejercer la defensa de Castillo Benji Expinoza, quien fue su principal abogado y quien tomó la decisión tras el anuncio del expresidente de disolver el Congreso.Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras su fallido autogolpe de Estado, horas después de que anunciara en un mensaje a la nación que iba a disolver el Congreso, reorganizar el sistema de justicia, convocar a una asamblea constituyente, conformar un Ejecutivo de emergencia y gobernar por decreto.Poco después de su mensaje, el Congreso lo destituyó y ocupó la jefatura de Estado Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta electa en la fórmula que encabezaba Pedro Castillo.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre."Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024", leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que "existe periodo procesal de fuga" y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria a Castillo.Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una "medida de comparecencia con restricciones".Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que ha presentado la Fiscalía de Perú.Al inicio de la audiencia, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.En ese sentido, el juez Checkley informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla, iban a participar en la audiencia de prisión preventiva."Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión", indicó antes de señalar que entre ellos figura una "vacancia (destitución) ilegal y exprés".Agregó que el Congreso también ha realizado un "levantamiento del antejuicio", al que tiene derecho el exgobernante, "ilegal y exprés" y que la audiencia también se ha programado "para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones".Julián Torres: quien se levanta tendrá otra oportunidad
La justicia peruana postergó hasta el próximo jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración, tras su fallido autogolpe."Se reprograma la audiencia para mañana jueves 15", dijo el juez Juan Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa de que no recibió de la fiscalía todos los documentos de la causa contra Castillo. El magistrado indicó que el exmandatario seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su fallido autogolpe hace una semana.El exmandatario ha asegurado que se trata de una detención injusta, "quiero dirigirme al país para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón", remarcó al presentar sus argumentos en una audiencia en la que un tribunal supremo revisa la apelación al arresto preliminar que se dictó en su contra.Tras escuchar los alegatos de la defensa del exmandatario, la Fiscalía y la Procuraduría del Estado , el juez supremo César San Martín le pidió a Castillo si tenía "algo que agregar".Por su parte, el nuevo gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, emitió un duro comunicado tras la reacción de los ejecutivos de Colombia, México, Argentina y Bolivia en favor de Castillo. En el comunicado se asegura que el fin de la administración de Castillo se debió a su intención de dar un golpe de Estado."Con relación al comunicado conjunto emitido por un grupo de países en la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores puntualiza lo siguiente: las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado", indicó la comunicación.Le puede interesar:
"Quiero dirigirme al país para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón", remarcó el mandatario al presentar sus argumentos en una audiencia en la que un tribunal supremo revisa la apelación al arresto preliminar que se dictó en su contra.Tras escuchar los alegatos de la defensa del exmandatario, la Fiscalía y la Procuraduría del Estado, el juez supremo César San Martín le pidió a Castillo si tenía "algo que agregar".El exgobernante, que estaba conectado de manera virtual desde la prisión a la que fue enviado el pasado miércoles, afirmó que se dirigía a su país para decirle que está "totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, su lucha y su implicación"."Jamás renunciaré, ni abandonaré, esta causa popular que me ha traído acá", sostuvo.Castillo también exhortó "a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", en referencia a las manifestaciones y enfrentamientos, con gran cantidad de actos vandálicos, que se presentan en el país desde el pasado fin de semana.RESPONSABILIZA A BOLUARTEAl salir de la audiencia, dos de sus abogados leyeron una breve carta en la que el mandatario repitió su exhortación a las fuerzas de seguridad a deponer las armas "a fin de parar el levantamiento del orden democrático y la masacre" del pueblo.Responsabilizó, en ese sentido, a la presidenta Dina Boluarte, y a su círculo más cercano, de las consecuencias que está teniendo la crisis social y política que afronta el país."Señora Dina, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y a todo su circulo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas, hago un llamado al pueblo organizado a seguir alerta y optimista", señaló la misiva leída por el abogado Ronald Atencio.Durante su intervención en la audiencia, el gobernante también pidió a sus seguidores que lo acompañen este miércoles, aunque en ese momento fue interrumpido por San Martín, que le dijo que la audiencia no era "el espacio para este tipo de proclamas" y le pidió que solo ofrezca un alegato "desde la perspectiva jurídica sobre su defensa"."No he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión", concluyó Castillo.Tras eso, San Martín dijo que, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, la resolución sobre el pedido de apelación "se debe leer inmediatamente", por lo que convocó a las partes a conocer su decisión a partir de las 15.30 hora local de hoy (20.30 GMT).Castillo ya publicó este lunes en Twitter una carta desde su centro de arresto, en la que escribió que considera estar "secuestrado" y tachó de "usurpadora" a Boluarte.Horas antes, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo, y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.El exgobernante fue destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
El aeropuerto internacional del Cuzco y el servicio de trenes hacia la ciudadela de Machu Picchu permanecerán cerrados durante este martes ante el anuncio de protestas sociales en esa región del sur de Perú, en medio de la agitación política y social que ha dejado, hasta el momento, 7 muertos.La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó, en un comunicado, que ha decidido que el aeropuerto cuzqueño será cerrado luego de que "una turba de manifestantes" intentase ingresar a las instalaciones a través de "forados en el cerco perimétrico"."Con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los pasajeros, usuarios, público en general y de nuestros colaboradores, se suspenden las operaciones aéreas en nuestro terminal cusqueño, toda vez que no se garantiza la seguridad de las mismas", señaló.La empresa pidió, además, que se refuerce la protección de la Policía Nacional del Perú (PNP) "ante los posibles actos delictivos que atentan contra la infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación, control y vigilancia necesarios para las operaciones aéreas en dicha sede aeroportuaria".Corpac también recomendó a los pasajeros que realicen las coordinaciones para reprogramar sus vuelos "directamente con su línea aérea a través de sus canales oficiales" e hizo "un llamado a la calma y serenidad a la población".Por su parte, la empresa PerúRail, operadora de trenes a Machu Picchu, anunció que este martes se suspenderá ese servicio ante el anuncio del inicio de movilizaciones convocadas por gremios y organizaciones campesinas que han llamado a un "paro indefinido" en la región."Lamentamos los inconvenientes que estos anuncios generen a nuestros pasajeros; sin embargo, obedecen a situaciones ajenas a la voluntad de nuestra empresa y buscan priorizar la seguridad de pasajeros y trabajadores", indicó en un comunicado.Las protestas que estallaron este domingo en Perú contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso alcanzaron un máximo nivel de violencia y vandalismo el lunes al reportarse un total de siete fallecidos, más de un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Lima.La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó la cifra de fallecidos en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, que el miércoles pasado destituyó de la presidencia a Pedro Castillo después de anunciar un autogolpe de Estado.Los enfrentamientos más violentos se están produciendo en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa, donde para este martes se anuncian otras movilizaciones, además de las que han convocado gremios del Cuzco.A raíz de la convulsión social, el Gobierno decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias de Apurímac, mientras que las protestas también se sintieron en Lima, donde manifestantes atacaron el lunes la sede del Ministerio Público y los locales de dos canales de televisión.
El dólar hoy martes, 21 de marzo, inició la jornada en XXXX pesos, según se evidenció en el monitoreo del Banco de la República, lo que significó una leve baja en este inicio de semana.En cuanto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM hoy) fijada para este miércoles, 21 de marzo, es de 4.824.05 pesos, de acuerdo con el reporte diario de la Superintendencia Financiera.Dólar hoy: siga la cotización del dólar, EN VIVO, hoy martes 21 de marzoLe puede interesar: El balance de cómo inició este 2023 el segmento de vehículos eléctricos híbridosEl BBVA pronostica que Colombia crecerá 0,7 % este año y 1,8 % en 2024La economía colombiana se desacelerará este año y el producto interno bruto (PIB) crecerá un 0,7 %, mientras que en 2024 repuntará al 1,8 %, según proyecciones del BBVA Research presentadas este martes.El análisis señala que desde finales de 2022, año en que el PIB tuvo una expansión más vigorosa, del 7,5 %, "se empezaron a notar algunas señales de desaceleración de la actividad económica, más evidentes en el gasto de los hogares en bienes duraderos y el mercado de vivienda".Sin embargo, los analistas de BBVA Research consideran que la economía "podrá sobrellevar la desaceleración económica gracias a algunas fortalezas que mantendrá en los próximos años"."Durante este año la economía crecerá 0,7 %, resultado que será liderado por el consumo público (...) Al contrario, el consumo privado podría tener una ligera caída durante 2023, para luego recuperarse lentamente a lo largo de 2024", afirmó el economista de BBVA Research para Colombia, Mauricio Hernández.Según Hernández, entre las fortalezas de la economía colombiana en los próximos años están "el mercado laboral", con más de 800.000 personas que ingresaron a la formalidad en 2022, y el gasto fiscal, que aumentará este año por una mayor ejecución de obras.Escuche y siga el podcast Dime cómo lo lograste
A partir del pasado 17 de enero, la Secretaría de Movilidad determinó la rotación para este primer semestre del 2023 en el pico y placa en Medellín, medida que restringe la circulación de vehículos en la ciudad, con el objetivo de mejorar el tráfico y la movilidad de los ciudadanos, así como en el resto del Valle de Aburrá.Esta restricción funciona de lunes a viernes de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para carros particulares y motos de dos y cuatro tiempos, además, se aplica para dos dígitos una vez por semana, así:Carros particulares: con el último número de la placa.Motos de dos y cuatro tiempos: con el primer número de la placa.Pico y placa Medellín hoy martes, 21 de marzoEn ese sentido, la Secretaría de Movilidad de Medellín detalló que los vehículos cuyas matrículas terminadas en los números 5 y 7 tienen restricción de pico y placa para este martes, 21 de marzo.Así funcionará el pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2023DíaNúmero de la placa, según el tipo de vehículoLunes6 y 9Martes5 y 7Miércoles1 y 4Jueves8 y 0Viernes2 y 3Asimismo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá informó que, a partir del 20 de febrero, el pico y placa para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos comenzará a regir en todas las vías urbanas que estaban exentas de la medida en los 10 municipios del valle.Listado de vías a las que se les eliminará la exención de pico y placaMEDELLÍNSistema Vial del Río y Avenida 33 desde el Rio hasta su conexión con las PalmasAvenida las PalmasLa IguanáSistema Vial del Río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Regional Occidental (paralela)Calzada Oriente - Occidente del Puente Horacio Toro, entre los lazos S-W y E-S que le permiten hacer el retorno Sur - Sur del Sistema Vial del Río para tomar La Iguaná hacia el Occidente.CALDASCarrera 50 desde la Calle 107sur hasta la Y de primaveraCarrera 45 (Ruta Nacional 60 - la Variante) en el l área de jurisdicción de CaldasCalle 134Sur Entre las carreras 45 y 50LA ESTRELLACarrera 50 (Antigua vía a Caldas), Carrera 48 (Variante a Caldas) y la Calle 100 sur entre las carreras 50 y 48SABANETAAv. Regional Sur, en su JurisdicciónENVIGADOSistema Vial del Río (Regional).Doble calzada las Palmas Jurisdicción municipio de Envigado.Transversal de la montaña desde la Vereda el Escobero hacia el Oriente.Loma del Escobero en el tramo comprendido desde la calle 36D sur Nro. 22-200 (Intersección de la transversal de la montaña con la loma del Escobero) hacia el Oriente.BELLOAutopista Medellín - Bogotá.Regional.Autopista Norte desde la glorieta Niquía hasta límites con Copacabana.COPACABANAAutopista Norte y Medellín- Bogota.GIRARDOTAAutopista Norte y vía antigua al HatilloBARBOSALos empalmes con Doble calzada Barbosa HatilloITAGÜÍAutopista Sur ( Cra. 42).Le puede interesar: El balance de cómo inició este 2023 el segmento de vehículos
Desde el pasado martes 10 de enero, el pico y placa en Bogotá cambió para los vehículos particulares; sin embargo, lo que sí se mantuvo fue el mismo horario en el que se aplicaba la restricción: de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.El decreto 003 ordenó rotar la rotación que se llevaba a cabo en la capital del país, por lo que, la restricción de pico y placa quedó de la siguiente manera: se estableció que los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular los días pares, mientras que los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán hacerlo los días impares.Pico y placa Bogotá 2023 para hoy martes, 21 de marzoAsí las cosas, el pico y placa que regirá este martes, 21 de marzo de 2023, en la ciudad de Bogotá corresponde a las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.A pesar de que en un principio la Secretaría de Movilidad había anunciado que esta restricción se rotaría cada cuatro meses, la decisión cambió y Blu Radio conoció que el tiempo de las revisiones periódicas del pico y placa en Bogotá sería en plazos de un mes. Es decir, que entre cada revisión y posible rotación, habría un mes de diferencia.Respecto a las evaluaciones periódicas mencionadas anteriormente, el Distrito las realizaría cada cuatro semanas y, mediante estas, se estudiará cómo va la movilidad en la ciudad y si la medida ha sido efectiva.En el caso de que las medidas no hayan sido efectivas, el decreto estipula que se haría un cambio en la medida y que, además, las autoridades tendrán un plazo de 10 días para avisarle a la ciudadanía e implementar la nueva aplicación del pico y placa.Le puede interesar: El balance de cómo inició este 2023 el segmento de vehículos eléctricos híbridos
Dos mujeres murieron y otras dos personas resultaron heridas luego de que el vehículo en el que se transportaban fuera arrastrado por la creciente súbita de una quebrada en hechos ocurridos en la vía al mar, que conduce al municipio de Tumaco en la costa Pacífica nariñense.Jader Gaviria, director de la oficina de Gestión de Riesgo, dijo a Blu Radio que el siniestro vial se registró en el sitio conocido como La Boronda, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Pasto.Según el funcionario, se presentó pasadas las 8:00 de la noche de este lunes festivo cuando el automotor particular transitaba con normalidad siendo arrastrado por la creciente súbita de una quebrada que arrasó con todo lo que a su paso encontró en el tramo vial entre El Pedregal y Piedrancha.Al lugar llegaron agentes de la Policía de Tránsito y Transporte, bomberos y algunos habitantes de la zona que lograron alertar a las autoridades sobre lo sucedido.Después de remover varios metros cúbicos de lodo y piedra lograron rescatar con vida a dos personas de sexo masculino, un adulto y un menor de edad, que de inmediato fueron trasladados hasta un hospital del municipio de Tuquerres, en el sur de Nariño, en donde de acuerdo con el parte médico, su estado de salud es de pronóstico reservado.En estos hechos, dos mujeres perdieron la vida y sus identidades aún se desconocen, aseguró el comandante de la Policía de Tránsito en Nariño, capitan Alberth Agudelo.El oficial dijo que, en otro caso aislado, ocurrido en el municipio de Gualmatan, en el sur de Nariño, dos personas adultas mayores continúan desaparecidas luego de que se registrara un alud de tierra afectando a por lo menos cuatro vehículos.Unidades del Cuerpo de Bomberos de Ipiales que fueron alertadas sobre este hecho llegaron al lugar, pero hasta este momento y de acuerdo con el reporte de los organismos de socorro de esa población nariñense, indicaron que tras 48 horas de una incansable búsqueda solo se han encontrado algunas prendas de las dos personas desaparecidas y solo hasta este martes se reanudaran las labores de búsqueda en la zona.
La excongresista Aida Merlano, quien ya está en territorio colombiano desde hace varios días, este martes, 21 de marzo, iniciará un desfile ante las autoridades judiciales para que entregue sus versiones de algunos procesos y responda por otros, según informo su abogado.El anuncio lo hizo su apoderado, Miguel Ángel del Rio, en su red social, donde señaló: “A partir de mañana y durante dos semanas comienzan las declaraciones de la exsenadora Aida Merlano ante las autoridades judiciales”.Una de las primeras diligencias que cumplirá luego de su llegada será ante la Fiscalía, en la que se escuchará su versión en contra de varios políticos de la costa Atlántica. A la siguiente semana, Merlano se presentará ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dentro de un llamado a versión libre dentro de una nueva investigación en su contra por corrupción al sufragante, al igual que entregará una declaración dentro del proceso que se le abrió al exsenador de Cambio Radical Arturo Char, por los señalamientos que la propia Aida Merlano ha hecho en su contra.Y es que la excongresista Aida Merlano desde que llegó al territorio nacional tendrá que enfrentarse a un proceso también por fuga de presos, el cual fue abierto luego de su cinematográfica escapada por la ventana de un consultorio odontológico el pasado 1 de octubre de 2019.La exrepresentante permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor, de donde sería trasladada para que cumpla con su diligencias judiciales.Le puede interesar:
