El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó este viernes que exista un intento de golpe de Estado o de desconocer el resultado de las elecciones presidenciales, al afirmar que la fuerza pública tiene claro su papel constitucional y que el proceso de transición entre el actual Gobierno y el presidente electo se desarrollará con normalidad.Durante una visita a Corabastos, en Bogotá, donde encabezó una jornada de prevención contra la extorsión junto con la Policía Nacional, el jefe de la cartera de Defensa respondió a las versiones que han surgido en medio del clima de tensión política y aseguró que, al interior de las Fuerzas Militares y de Policía, no existe ninguna duda sobre el respeto a la institucionalidad."Aquí ya las elecciones pasaron, aquí es claro que el 7 de agosto hay un nuevo presidente tomando posesión del cargo. Aquí lo único que hay es seguridad y tranquilidad de todo este proceso democrático", afirmó Sánchez en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales.Las declaraciones del ministro se producen luego de que diferentes sectores políticos plantearan dudas sobre un eventual desconocimiento de los resultados electorales, alimentadas por recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y por las denuncias públicas del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien aseguró que el Gobierno mantenía una actitud "golpista".Frente a ese escenario, Sánchez reveló que sostuvo conversaciones con el presidente Petro durante los últimos días para abordar exclusivamente los temas relacionados con la seguridad de la transición presidencial."Estoy hablando con él hace dos días y me dijo: 'Yo no sé por qué están diciendo eso. Jamás voy a dar una orden anticonstitucional'", aseguró el ministro, quien insistió en que el mandatario le reiteró que su período constitucional concluye el 6 de agosto.El titular de Defensa explicó que el papel del sector que dirige se limita al estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, independientemente del Gobierno de turno."La fuerza pública tiene claro su rol: obedecer la Constitución y la ley, acatar los lineamientos del presidente que esté, del actual hasta el 6 de agosto y del que viene a partir del 7 de agosto", sostuvo.Durante la entrevista también negó que haya existido algún enfrentamiento institucional entre el Ministerio de Defensa y la Casa de Nariño, luego de las interpretaciones que surgieron tras sus declaraciones del día anterior."Yo no fui a la Casa de Nariño a hacer un reclamo. Es el trabajo que hacemos todos los días. Algunas personas han dicho que el sector Defensa se aisló del Ejecutivo. No. El presidente de Colombia es el actual presidente Gustavo Petro; a partir del 7 de agosto será el doctor Abelardo De La Espriella", puntualizó.Sánchez aseguró que dentro de las Fuerzas Militares no existe preocupación por un eventual rompimiento institucional y atribuyó las especulaciones a la circulación de información falsa en redes sociales."Hay más bien extrañeza de esos comentarios golpistas. He visto muchísima desinformación, pero no hay confusión en lo que tenemos que hacer nosotros como sector Defensa", afirmó.El ministro añadió que las conversaciones sostenidas con la cúpula militar y policial permitieron ratificar que todas las instituciones mantienen absoluta claridad sobre el proceso de relevo presidencial."Para nosotros es muy sencillo como fuerza pública: hacer lo que dice la Constitución y la ley. Simplemente es una transición de presidente", señaló.La jornada del ministro en Corabastos estuvo centrada en fortalecer la estrategia contra la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes y transportadores de la principal central mayorista del país. Allí invitó a los ciudadanos a denunciar y recordó que, según cifras oficiales, el 81 % de los casos conocidos no terminan con el pago de las exigencias económicas gracias a la intervención de las autoridades.Sánchez también presentó un balance de seguridad para Bogotá, indicando que el homicidio registra una reducción del 7,7 %, el secuestro del 54 % y la extorsión del 12 % frente al mismo periodo del año anterior. No obstante, insistió en que el objetivo principal sigue siendo proteger a todos los colombianos y garantizar el normal funcionamiento de la democracia durante el proceso de transición presidencial.
Guatemala enfrenta en este momento una disputa política que pone en riesgo el cargo del presidente Bernardo Arévalo y de 23 diputados pertenecientes al partido político Movimiento Semilla. Esta controversia parte de una decisión del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Ante esto, el diputado al Congreso de la República Samuel Pérez, explicó lo que está sucediendo con el partido tras el fallo.¿Hay fundamento para inhabilitar el Movimiento Semilla en Guatemala?Para Pérez, lo que está sucediendo con el Partido Semilla es una "batalla política entre su partido y la corrupción" encabezada por Fredy Orellana, Consuelo Porras, etcétera.El diputado precisó que ganaron limpiamente la primera vuelta de las elecciones presidenciales y que, en el proceso de la segunda vuelta, fue cuando decidieron que el partido Semilla sería cancelado por anomalías en su constitución; sin embargo, asegura que el proceso legal que el juzgado lleva en su contra no le ha mostrado las acusaciones directas y que, hasta el momento, las desconoce."Yo estoy involucrado directamente en ese caso. Llevo 2 años esperando que me den acceso al expediente para saber de qué me están acusando, qué pruebas tienen contra mí, contra el partido político", insistió Pérez.¿Un Golpe de Estado?Pérez enfatizó que lo que está en juego no es solo el futuro del partido Semilla, sino la independencia de las instituciones del Estado, pero cuestionó el papel del juzgado en el fallo que declaró nulidad a su partido: "Sí el tribunal declara nulas las elecciones, pues acatamos la orden, porque es la autoridad a que le compete hablar sobre temas electorales. Pero un juez penal no tiene competencia sobre los procesos electorales. Entonces, eso es completamente ilegal".Según el diputado, el juez penal que dictó la resolución no tiene competencia para cancelar un partido político ni para afectar los resultados electorales y recordó que el Tribunal Supremo Electoral validó en su momento el proceso electoral y los cargos adjudicados. En su opinión, la orden judicial carece de fundamento legal y busca únicamente desestabilizar al gobierno."Un juez penal no puede, no tiene competencia para cancelar un partido político y mucho menos con una solución tumbarse el proceso electoral electoral completo. Eso le compete exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral"Mientras tanto, el diputado se mantiene expectante y espera quela situación se esclarezca porque, de lo contrario, sería un "golpe a la democracia"."Eso evidentemente va a generar tensiones políticas, ataques y defensa, pero finalmente se tiene que desencadenar, y yo estoy esperanzado en que esto va a desarrollarse de manera correcta para las fuerzas democráticas de la sociedad guatemalteca", finalizó.Escuche la entrevista completa aquí:
La reciente decisión del Consejo de Estado sobre las alocuciones presidenciales del mandatario Gustavo Petro ha desatado una profunda controversia jurídica y política en Colombia. El fallo, emitido tras la interposición de una acción de tutela por parte de un grupo de ciudadanos, liderados por el estudiante de derecho Samuel Ortiz, exige que las intervenciones televisivas del presidente se limiten temática y temporalmente. Mientras los promotores de la acción celebran la protección de los derechos ciudadanos, figuras cercanas al Pacto Histórico, como Eduardo Noriega, han calificado la sentencia de "golpe de estado" y un acto de censura.La acción legal que dio origen a este debate fue instaurada por Samuel Ortiz, estudiante de octavo semestre de Derecho en el Externado de Colombia, junto a su madre, en abril. Ortiz explicó que la motivación surgió del "abuso" que representaba tener que ver todos los días las alocuciones presidenciales en la franja conocida como triple A, entre las 7 y 10 de la noche, el horario habitual para ver contenidos de producción nacional, noticieros o realities.El estudiante alegó ante el Consejo de Estado la vulneración de dos derechos fundamentales esenciales en una democracia: "El derecho a la información y el pluralismo informativo".Al ser consultado sobre la reacción del presidente Petro, quien calificó el fallo como un intento de censura, Ortiz respondió con contundencia desde su perspectiva de abogado en formación:"Pues le diría al al señor Petro que está confundido y se quedó con la redacción original de una ley del 95 que hablaba que le otorgaba al presidente de la República la posibilidad de intervenir en cualquier momento y sin ninguna limitación a través de la televisión, pero ya desde el 2001 la propia Corte Constitucional había declarado inexequible esa expresión y sin ninguna limitación, puesto que en un estado social de derecho como el que no rige, los gobernantes y las autoridades no pueden tener dificultades ilimitadas y ya en 2014 también el Consejo de Estado, la sección tercera ya había dicho que la intervención del presidente en la televisión debe ser personal y únicamente sobre asuntos urgentes de interés público y relacionados con el ejercicio de sus funciones".Por su parte, Eduardo Noriega, excomisionado de la Comisión Nacional de Televisión y cercano al presidente Petro. Noriega sostuvo que el fallo excede las competencias judiciales, constituyendo un quiebre institucional:"Un golpe de estado ocurre cuando un poder establecido sustituye a otro poder. No es solo cuando los militares se toman el poder y a un presidente. En este caso, el Consejo de Estado sustituye al Congreso, sustituye al presidente de la República y se arroga competencias que no tiene. Eso es un golpe de estado".Noriega reveló la probable ruta jurídica a seguir: "ojalá la Corte Constitucional seleccione esta tutela y lo haga con sentido de urgencia, porque es que eso es un tema crucial para el país y para la democracia". Este recurso permitiría que la máxima autoridad constitucional dilucide si el Consejo de Estado excedió sus competencias al regular la materia, o si, por el contrario, actuó en defensa del pluralismo informativo y los derechos de los televidentes colombianos. La decisión del Consejo de Estado, que busca limitar la discrecionalidad presidencial, sentará un precedente significativo no solo para la administración Petro, sino para futuros gobiernos.
La Fiscalía de Brasil pidió este martes a la corte suprema condenar a el expresidente Jair Bolsonaro por "asociación criminal armada" y "golpe de estado", en un proceso que ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos.Al cabo de varias jornadas de interrogatorios, el ente acusador reafirmó la tesis de que Bolsonaro y siete de sus exsubordinados más cercanos trataron de "garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático", según un documento oficial divulgado en la madrugada.Esto luego de perder las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva."Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la república reforzó que sean condenados por (...) organización criminal armada", "tentativa de abolición del estado democrático", "golpe de estado" y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos, afirmó la fiscalía.El juicio contra el mandatario de ultraderecha provocó la condena del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que califica el proceso como "una cacería de brujas" y anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 agosto."La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo", escribió Trump en una carta destinada a Lula.En protesta, el gobierno brasileño convocó a Gabriel Escobar, actual número uno de la embajada estadounidense en Brasil, para pedirle explicaciones.El juicio contra Bolsonaro queda ahora en manos del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.La pena de Bolsonaro y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de cárcel."Injerencia" de TrumpBolsonaro se dice inocente y "perseguido". Ante la Corte reconoció haber considerado "un dispositivo constitucional" para impedir la asunción de Lula.El expresidente "instrumentalizó el aparato estatal y operó deliberadamente un plan persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión", afirma de su lado la fiscalía.El plan fracasó por falta de apoyo de los comandantes de las fuerzas armadas. El general Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del ejército afirmó durante el juicio que Bolsonaro propuso declarar un "estado de defensa o de sitio" para refutar el resultado electoral y llamar a nuevos comicios.El presidente Lula afirma que las amenazas de Trump responden a una campaña adelantada por Eduardo Bolsonaro, un hijo de Jair Bolsonaro radicado meses atrás en Estados Unidos para conseguir apoyo de Washington a su padre.El mandatario izquierdista dice que buscará negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero condenó la "injerencia" de Trump en la justicia brasileña y anunció una posible "reciprocidad" con gravámenes a las importaciones de Estados Unidos.Bolsonaro, de 70 años, se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, a pesar de estar inhabilitado por cuestionar sin pruebas el sistema de votación.
En entrevista con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, afirmó que, pese a recientes tensiones diplomáticas originadas por declaraciones del presidente Gustavo Petro en redes sociales, “la relación con Estados Unidos sigue siendo sólida”. La aclaración llega tras semanas de controversia por supuestas insinuaciones sobre un intento de golpe de Estado, en el que habrían estado implicadas figuras del Partido Republicano estadounidense. García-Peña subrayó la importancia de los canales diplomáticos para superar el episodio.“El llamado a consultas es una herramienta legítima de la diplomacia. Se utilizó y funcionó. Regresé a Washington por instrucciones del presidente Petro para seguir fortaleciendo los temas donde hay intereses comunes”, afirmó.Crisis diplomática superada: el trasfondo de una cartaEl conflicto diplomático se agravó luego de que el mandatario colombiano emitiera declaraciones cuestionando al secretario de Estado de EE.UU., y mencionara indirectamente a figuras como Marco Rubio y Donald Trump. Como respuesta, Bogotá envió una carta aclaratoria a Washington el 23 de junio.A pesar de versiones contradictorias sobre si el documento llegó o no a su destino, el embajador aseguró que “la carta fue enviada por canales oficiales y fue recibida el mismo día”. Además, sostuvo una reunión con el Departamento de Estado para garantizar que el contenido fuera comprendido cabalmente.“Lo cierto es que el mensaje de la carta quedó claramente comunicado y ha sido reiterado públicamente por el presidente Petro y por mí”, reiteró.Diplomacia por encima de los trinos presidencialesConsultado sobre si un nuevo comentario en redes podría volver a tensar la cuerda diplomática, García-Peña fue enfático: “A pesar de los trinos, que son parte de la realidad política actual, la relación es resiliente”. Subrayó que, más allá de las diferencias inevitables entre dos países con posturas políticas diversas, el enfoque debe mantenerse en los intereses compartidos como la lucha contra el crimen transnacional, la migración y el comercio bilateral.“Nuestro objetivo es trabajar sobre esos temas en los cuales hay coincidencias”, recalcó el diplomático.Extradiciones y procesos de paz: respuesta a WashingtonUno de los puntos sensibles en la relación bilateral ha sido la decisión del Gobierno Petro de suspender temporalmente las extradiciones de dos individuos solicitados por la justicia estadounidense. Según García-Peña, se trata de casos vinculados con procesos de paz, particularmente en regiones del sur de Nariño y con disidencias de las FARC.“Esto no es nuevo. Durante el Gobierno Santos también se suspendieron extradiciones en el contexto de negociaciones de paz. Estos individuos han asumido compromisos claros, y si los incumplen, la extradición será reactivada”, explicó el embajador.Estados Unidos ha manifestado inquietudes al respecto, pero según el diplomático, han sido debidamente respondidas en el marco del respeto institucional.El ruido generado por Leyva y su impacto limitado en WashingtonEl embajador también fue cuestionado por el caso de Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, señalado en medios de comunicación por supuestas grabaciones en las que conspiraría con figuras republicanas en EE.UU. para desestabilizar al gobierno de Petro. Sin embargo, García-Peña desestimó la relevancia del hecho.“No me consta la veracidad de esas grabaciones ni tengo información oficial. Leiva es un ciudadano privado y no representa al gobierno colombiano en estas gestiones”, afirmó.Negó además que Leyva tenga capacidad de influencia significativa en Washington: “No creo que sea una figura con audiencia en Estados Unidos. Hay muchas dudas precisamente por la falta de veracidad de sus acusaciones”.Relación histórica que trasciende coyunturasPara García-Peña, la situación actual no debe evaluarse únicamente desde una óptica coyuntural. La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos tiene una historia profunda y estratégica que supera cualquier episodio puntual. “Esto no es un asunto de Petro. Es una relación entre Estados. Debemos mirar hacia adelante”, dijo.El embajador finalizó señalando que el gran reto ahora es mantener el enfoque en los temas estratégicos compartidos y dejar atrás las controversias mediáticas: “La lección de todo esto es clara: hay que hablar con franqueza, aclarar malentendidos, y siempre usar los canales diplomáticos”.
En medio del escándalo suscitado por las grabaciones filtradas del exministro Álvaro Leyva, que sugieren un presunto intento de golpe de Estado en Colombia, el nombre del congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez fue mencionado. En entrevista con Néstor Morales para Mañanas Blu, el representante republicano negó rotundamente cualquier implicación en un complot contra el presidente colombiano Gustavo Petro.“Estamos mencionados en algo que nunca ha sucedido (…) no estamos involucrados en ningún tipo de atentado o golpe de Estado. El reporte es ridículo”, afirmó Giménez.Negación rotunda a cualquier vínculo con LeivaCarlos Antonio Giménez fue claro en su posición respecto al exministro Álvaro Leyva, quien habría mencionado a Giménez y al también congresista Mario Díaz-Balart en un supuesto plan para remover a Petro del poder. El congresista por Florida negó haber tenido contacto con Leiva.“Yo no me reuní con él y que yo sepa, no. Y si hubiera logrado una visita para plantear un tipo de golpe, lo hubiera rechazado”, sentenció.El congresista se mostró sorprendido por las acusaciones y sugirió que podrían obedecer a intereses políticos internos de Colombia.Duras críticas a Petro, pero respeto por la democraciaAunque Giménez fue enfático en rechazar cualquier conspiración, no ocultó su desprecio por la gestión del presidente Gustavo Petro. A través de un polémico trino publicado en su cuenta personal, se refirió al mandatario colombiano como “drogadicto, corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro”.“Esa es mi opinión como Carlos Antonio Giménez, que vivo aquí en Miami. Yo creo que el presidente Petro no es amigo de los Estados Unidos”, dijo en la entrevista, aunque agregó que, pese a sus opiniones personales, reconoce que Petro fue elegido democráticamente.Mario Díaz-Balart también niega las acusacionesEn el marco de este escándalo, también fue señalado el congresista Mario Díaz-Balart, quien, al igual que Giménez, negó haber tenido alguna conversación relacionada con un golpe de Estado. Ambos parlamentarios coinciden en que no existió reunión alguna ni contacto con Leiva respecto a ese tema.Una de las revelaciones más relevantes durante la entrevista fue que, a pesar de la magnitud del escándalo, el congresista aseguró no haber recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte del Gobierno colombiano.“El embajador Daniel García Peña no se ha comunicado conmigo. Nunca me ha dicho que están preocupados por un golpe de Estado”, afirmó. Este silencio contrasta con las declaraciones públicas del presidente Petro, quien ha insinuado en varios escenarios que su gobierno estaría siendo blanco de conspiraciones tanto internas como internacionales."Colombia no necesita un golpe de Estado"Pese a la tensión generada por las grabaciones de Leiva, Carlos Antonio Giménez cerró su intervención con un mensaje de estabilidad y respeto institucional.“Colombia no necesita un golpe de Estado, todavía es una democracia (…) y lo único que yo espero es que sigan teniendo elecciones libres en 2026”, concluyó antes de dirigirse a una reunión con el expresidente Donald Trump.Las grabaciones del exministro Álvaro Leyva, filtradas en medios de comunicación, han generado un terremoto político en Colombia. En ellas se insinúa la búsqueda de apoyo extranjero para remover al presidente Petro del poder. Aunque hasta ahora no se han presentado pruebas concretas, el eco internacional del tema ha obligado a pronunciamientos diplomáticos, aunque, como señala Giménez, no ha habido un acercamiento formal desde la Cancillería colombiana.
A través de una carta, más de 124 ciudadanos de diferentes sectores del país alertaron que el anuncio del presidente Gustavo Petro de sacar vía decreto la consulta popular es señal de una arbitrariedad en contra de la democracia.“No sólo viola de manera inequívoca el artículo 104 de la Constitución sino que también transgrede principios como la supremacía constitucional, el Estado de derecho, la división de poderes, y derechos políticos fundamentales de los ciudadanos, conductas que aunadas develan la ejecución de un plan.En la lista de quienes suscriben el documento, hay exministros, académicos, ex funcionarios y diferentes áreas, destacando por ejemplo, José Manuel Restrepo, José Félix Lafaurie, Rafael Nieto, Rubén Darío Lizarraldo, Pedro Medellín y Fabio Valencia Cossio.En su preocupación, califican el comportamiento del Gobierno como un plan para dar un golpe de Estado al no respetar las funciones propias del Ejecutivo ni las la rama judicial ni legislativa.“El presidente Petro no ha propuesto una consulta al Senado sino que la ha blandido empuñando arma blanca en la plaza pública, amenazando a quien opine distinto y señalando con nombre propio a quienes deben adoptar decisiones en representación del pueblo, consultando la justicia y el bien común”, agregaron.Finalmente, invitaron a los diferentes sectores del país a garantizar el respeto por la Constitución y a actuar de manera responsable y cuidadosa para rechazar la arbitrariedad y la ilegalidad en todo momento y oportunidad.“Si el presidente Petro expide el ostensiblemente ilícito decreto, respaldaremos la solicitud al Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, para que, ante la incompatibilidad de ese acto administrativo con la Constitución, aplique las disposición constitucional que exige el concepto favorable del Senado e inaplique el decreto”, puntualizaron.Este es el documento completo:
Humberto de la Calle, exvicepresidente, exministro, excongresista y uno de los principales arquitectos de la Constitución de 1991, lanzó una advertencia al calificar como “golpe de Estado” el intento del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular a través de un decreto que ignora la negativa del Senado. En entrevista con Mañanas Blu, De la Calle manifestó su profunda preocupación por lo que considera una “emergencia democrática” que amenaza los pilares del Estado de Derecho en Colombia.“Esto es realmente y literalmente un golpe de Estado, porque es la anulación de las ramas del poder”, sentenció De la Calle.La ruptura institucional: un decreto que “silencia” al CongresoEl punto de quiebre, según De la Calle, radica en la decisión del Ejecutivo de desconocer el voto del Senado respecto a la viabilidad de una consulta popular impulsada por el presidente. La Constitución colombiana exige concepto favorable del Congreso para avanzar en este tipo de mecanismos. Sin embargo, el Gobierno ha insinuado que procederá por decreto.“Si el Gobierno empieza a tomar la función de anular las decisiones del Congreso, termina marchitando al Congreso y silenciando a la rama judicial”, advirtió.Esta situación, a juicio del jurista, no solo vulnera la separación de poderes, sino que marca un precedente peligroso para el equilibrio institucional. De la Calle cuestiona que el Ejecutivo asuma competencias del Legislativo y del Judicial, y denuncia que esto rompe el contrato social básico en una democracia constitucional.¿Estrategia electoral de Petro disfrazada de legalidad?Para De la Calle, el trasfondo de esta maniobra no es estrictamente jurídico, sino electoral. El exvicepresidente ve en la iniciativa presidencial una narrativa populista que busca movilizar a las bases sociales en torno a un discurso de victimización institucional.“La estrategia es convertir la democracia constitucional en la democracia del bochinche, en la democracia callejera de aquí al 2026”, afirmó. Según él, el presidente Petro está menos interesado en realizar reformas concretas que en construir una narrativa donde él aparece como el redentor frustrado por las élites y el sistema. Esto, argumenta, serviría para fortalecer la opción del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales de 2026.Consejo de Estado, no la Corte ConstitucionalOtro aspecto de gran relevancia en la entrevista fue la discusión sobre la competencia jurídica para evaluar el decreto en cuestión. De la Calle rechazó el intento del Gobierno de remitir el control a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, instancia que según él es la que debe pronunciarse en este caso.“Eso de pasar el tema a la Corte es una patraña. Es al Consejo de Estado a quien le corresponde decidir sobre actos administrativos como este decreto”, señaló, denunciando un intento de manipular la ruta legal para dilatar o evitar el control de legalidad.La necesidad de una defensa unificada de la democraciaDe la Calle llamó a la unidad de los sectores democráticos ante lo que calificó como una “ruptura profunda del orden constitucional”. Aunque reconoció que es poco probable una unión entre expresidentes como propuso Juan Manuel Santos, hizo un llamado a superar divisiones partidistas en defensa de las instituciones.“Este es el momento en que los demócratas deberíamos proteger la Constitución. Si nos dedicamos a cortar orejas de hace diez años, no entendemos la gravedad del momento”, dijo en tono crítico al ambiente polarizado.Críticas al nuevo ministro de Justicia, Eduardo MontealegreEl exministro también cuestionó la designación de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, a quien reconoció su formación, pero criticó por defender tesis jurídicas que calificó de “delirantes” y por intentar justificar legalmente lo que considera una desviación autoritaria.“Montealegre es un hombre con formación, pero sus argumentos son pompas de jabón. Juegos de luces para distraer la realidad de que se está sacando del ring al Senado”, concluyó.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular pliego de cargos y abrir investigación por presunta violación de topes en la campaña presidencial."Se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia. Se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país", dijo el mandatario. Además, señaló que lo que ocurrió hoy ponía en riesgo la institucionalidad que el representa.Durante una alocución, el presidente Gustavo Petro desmintió las cinco principales pruebas que el CNE tuvo en cuenta para abrir investigación y formular cargos en su contra por presunta violación de topes financieros en la campaña Petro presidente.Sobre los presuntos aportes de la USO y Fecode el mandatario señaló que no fueron a la campaña, sino al Partido Colombia Humana. “Tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque de 2018. Y la cual este mismo organismo absolvió el 28 de octubre del 2021”.El presidente también se refirió al supuesto pago a testigos electorales y aseguró que no corresponden a gastos de campaña. “La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo de 2022. Y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio de 2022. El conteo de votos se da después de cerradas las elecciones”.Sobre los gastos de campaña por propaganda electoral el presidente afirmó que fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa. “Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas”, dijo desde la casa de NariñoY sobre los vuelos privados pagados a la sociedad aérea de Ibagué: “Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron”Por último, habló del evento realizado en el Movistar Arena al ganar la campaña. El mandatario reconoció que efectivamente tuvo unos gastos, pero señaló que ese evento ya no hacia parte del periodo de campaña, así lo establece la ley.El mandatario cerró su discurso pidiendo a la comisión de investigación y acusación que haga público el expediente para que la ciudadanía reconozca las pruebas que se han realizado sobre este proceso. “Para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral", dijo.Concluyó haciendo, de nuevo, un llamado a la movilización, insistiendo en que ordenó a las Fuerzas Militares no levantar las armas contra el pueblo.
El analista político Pedro Viveros habló en Sala de Prensa Blu sobre las nuevas teorías del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ocupando su cargo. Según Viveros, el presidente Petro ha mantenido una estrategia constante de activismo político desde su candidatura. Sin embargo, Viveros también destacó que, durante los primeros seis meses de su Gobierno, hubo una expectativa de transformación y un enfoque más sensato de la izquierda en el poder."A mí no me asombra nada. Volvió a aparecer el Petro candidato y ahí lo hemos tenido hace un año y medio, mal contados, siempre recurriendo a lo mismo. Esta vez la víctima fue el presidente del Congreso y después, al día siguiente, con los medios de comunicación, vuelve y juega, pero es un relato permanente del presidente candidato y no del presidente estadista, que yo pensé que lo íbamos a tener cuando comenzó a trabajar los primeros seis meses", dijo Viveros.Sin embargo, Viveros señaló que esta expectativa se desvaneció y el presidente Petro ha retomado su estrategia de confrontación con lo que él llama "el establecimiento". Un ejemplo de esto es su reciente crítica al presidente del Senado por su posición frente a la reforma y el proyecto de presupuesto.Supuesto golpe de EstadoViveros también cuestiona la credibilidad de la narrativa del presidente Petro, especialmente en relación con sus declaraciones sobre amenazas y planes en su contra. Si bien reconoce la existencia de amenazas en Colombia, considera que es necesario que el presidente muestre pruebas y se tomen medidas concretas para protegerlo."Él no ha cambiado su método de hacer activismo político, lo que nunca encontró fue una forma de gobernar. El presidente nunca ha sido efectivo y eficiente en el Gobierno, es decir, en hacer cosas del proyecto que lo eligió y siempre se refugia en su estrategia. Los bancos, un día, los medios de comunicación, después sus rivales políticos de turno, el expresidente Uribe, los Estados Unidos, en fin, siempre tiene una persona que representa la antípoda de su sector político y lo trae para la narrativa cada día se agota más y se agota más porque es menos efectiva en la credibilidad de la narrativa".Además, el analista político comentó sobre la decisión del presidente de revelar información de inteligencia sobre la compra de Pegasus, lo cual generó controversia y afectó las relaciones internacionales del país. Él opina que, si bien el presidente logró agitar el ambiente nacional e internacional, también cerró puertas en términos de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado."El Estado tiene acuerdos con Israel que se extienden por varios años, por lo que, cuando el presidente hizo esas declaraciones, ya cometió un error. Al decir eso, se incurrió en un fallo, ya que las relaciones entre Estados no se manejan de esa manera", dijo.Finalmente, Viveros planteó que la estrategia política del presidente Petro ha generado polarización en Colombia y que esto beneficia a la oposición, ya que Petro se convierte en un "sparring político". Aunque reconoce que las amenazas deben tomarse en serio, cuestiona la forma en que el presidente las aborda y la falta de evidencia concreta.Escuche la entrevista completa acá:
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este martes que espera trabajar con el futuro Gobierno de Colombia y con las instituciones financieras internacionales para apoyar la "recuperación económica" del país y atraer inversiones, tras reunirse la semana pasada con el vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo."El Departamento del Tesoro espera con interés trabajar con la próxima Administración para avanzar en políticas de fomento al crecimiento, atraer inversiones, y colaborar con instituciones financieras internacionales para apoyar la recuperación económica de Colombia y su prosperidad a largo plazo", garantizó Bessent en un mensaje en X.Asimismo, explicó que esa cooperación también busca combatir la corrupción y el narcotráficoEl secretario del Tesoro hizo estas declaraciones al informar sobre la reunión que mantuvo la semana pasada en Washington con Restrepo, a quien felicitó, junto con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por su victoria en las elecciones, en las que tuvo el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump."Esperamos con interés trabajar codo a codo con Estados Unidos para aprovechar esta oportunidad histórica. Como dos naciones unidas por nuestro compromiso con la libertad y la democracia", respondió por su parte el vicepresidente electo colombiano en un mensaje en X.Restrepo consideró que las conversaciones con el Departamento del Tesoro reflejan una asociación basada en "valores compartidos, confianza mutua y un propósito común".El vicepresidente visitó la semana pasada Washington junto al equipo económico del futuro Gobierno para reforzar la relación con la Administración de Donald Trump y recabar el respaldo financiero de organismos multilaterales como el Banco Mundial.Entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó el pasado sábado que pondrá a disposición del Gobierno entrante de Colombia una cartera activa de aproximadamente 63 millones de dólares no reembolsables.Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo al candidato de ultraderecha De la Espriella, quien derrotó en las urnas al izquierdista Iván Cepeda y tomará posesión como presidente el próximo 7 de agosto.La llegada de De la Espriella al poder abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales, marcadas en los últimos años por la tensión entre Washington y el presidente saliente, Gustavo Petro, que se ha negado a reconocer la victoria electoral de su sucesor y ha mantenido una relación tensa con la Administración Trump.Durante el mandato de Petro, EE.UU. retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y le impuso sanciones tras acusarlo de mantener vínculos con el tráfico de drogas por el aumento de la producción de cocaína, unas acusaciones que el mandatario siempre ha rechazado.
La Superintendencia de Industria y Comercio mencionó que entre 2013 y 2025, la empresa aprovechó su doble papel como administradora del puerto y prestadora de servicios para limitar la participación de otros operadores, afectando a quienes buscaban contratar servicios diferentes._Durante más de una década, la administración del Puerto de Buenaventura presuntamente habría inclinado la balanza a favor de sus propios servicios, dejando en desventaja a otras empresas que operaban en el terminal marítimo, lo que le costaría una millonaria sanción a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Tras estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por más de $25.355 millones de pesos a la sociedad y a cuatro personas naturales por acciones que, según la investigación, afectaron la libre competencia.Y es que, según registros, el Puerto de Buenaventura es una de las principales puertas del comercio internacional de Colombia, puesto que cerca del 22 % de las importaciones y exportaciones del país pasó por este terminal entre 2018 y 2021.La autoridad determinó que, entre 2013 y 2025, quienes administraban el puerto adoptaron decisiones que terminaron afectando la posibilidad de que otros operadores compitieran en igualdad de condiciones. Según la investigación, esto redujo las opciones para los usuarios que buscaban contratar servicios con empresas distintas a la sociedad portuaria.El expediente señala que varias de esas decisiones impactaron la movilización de contenedores, donde algunos servicios quedaron prácticamente reservados para la empresa investigada y se dificultó la participación de terceros mediante restricciones operativas y autorizaciones.En otras operaciones, como el manejo de carga general, la Superintendencia encontró incentivos comerciales dirigidos exclusivamente a quienes contrataran con la sociedad portuaria o con una empresa relacionada. Además, detectó barreras en el sistema utilizado para registrar a otros operadores.La investigación también evidenció situaciones que afectaban la movilización de carga a granel, entre ellas condiciones que complicaban la continuidad de un operador independiente, exigencias que aumentaban los costos de la operación y limitaciones técnicas que dificultaban su actividad.Además de las multas, la Superintendencia ordenó modificar la forma en que se administra la operación del puerto para evitar que estas conductas vuelvan a repetirse y garantizar que todas las empresas tengan las mismas oportunidades de prestar sus servicios. Sin embargo, la sanción aún no es definitiva y podrá ser revisada mediante los recursos que permite la ley.
Al menos 12.000 niños, niñas y docentes fueron afectados por la violencia de los grupos armados ilegales durante el primer semestre de 2026, según un informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC). La organización documentó 61 incidentes entre enero y junio en siete departamentos del país, lo que equivale a un ataque contra la educación cada tres días y evidencia que el conflicto continúa afectando el acceso a las aulas, especialmente en las zonas rurales.De acuerdo con el informe, cuatro de cada diez ataques ocurrieron en las rutas que utilizan los estudiantes para desplazarse hacia sus colegios, mientras que seis de cada diez se registraron dentro de las instituciones educativas. Los departamentos de Norte de Santander, Chocó y Cauca concentraron la mayor parte de los hechos documentados.Entre las principales afectaciones identificadas por el NRC están la ocupación de escuelas por parte de grupos armados, la instalación de artefactos explosivos en predios educativos, el reclutamiento forzado de menores y los enfrentamientos armados cerca de los planteles.El informe también advierte que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Según la organización, dos de cada tres escuelas afectadas aún esperan apoyo para atender las consecuencias de estos ataques. Entre las necesidades más urgentes identificadas están la atención en salud mental para estudiantes y docentes, la capacitación para responder a situaciones de emergencia y programas de prevención frente a artefactos explosivos.El Consejo Noruego para Refugiados está haciendo un llamado al Gobierno para fortalecer la protección de la niñez y garantizar que las escuelas sean espacios seguros, incluso en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Detuvieron en el terminal de transportes de Medellín a un ciudadano neerlandés con circular roja de Interpol por narcotráfico. El hombre venía en un bus desde Barranquilla cuando fue sorprendido por las autoridades.Oficiales del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia–Chocó desplegaron un operativo en la Terminal del Norte de Medellín que permitió ubicar a un ciudadano de nacionalidad neerlandesa, de 50 años de edad, quien tenía cuentas pendientes con la justicia de Países Bajos por el delito de tráfico de drogas.El extranjero, que vestía una camiseta roja, jeans y llevaba un morral como culturizar otro pasajero, fue detectado cuando se movilizaba por tierra en un bus de la empresa Expreso Brasilia, que cubría la ruta Barranquilla–Medellín. Según confirmó Migración Colombia, tras la verificación de su identidad y la confirmación de la vigencia del requerimiento internacional, los oficiales activaron de inmediato los protocolos institucionales.“La acción fue posible gracias a una alerta generada en los sistemas de información de la entidad. Durante el procedimiento se estableció además que el extranjero permanecía en Colombia en condición migratoria irregular. Fue dejado a disposición de las autoridades competentes en el marco de los protocolos de cooperación internacional”, expresó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia- Chocó de Migración Colombia.Le puede interesar: Interpol activa circular roja contra ‘Papá Pitufo’, el zar del contrabandoAsí las cosas, serán las autoridades internacionales las que procedan con su captura de manera oficial, al tratarse de una circular roja por un delito cometido en otro país.Desde la entidad destacaron que las alertas generadas en sus sistemas en Antioquia han permitido detectar y poner a disposición de las autoridades ciudadanos extranjeros requeridos por la justicia de diferentes países, entre ellos México, Países Bajos, Curazao y otras nacionalidades. Desde agosto de 2022, más de 230 personas han sido dejadas a disposición de las autoridades en esta región.
El confinamiento supera en un 400 % al desplazamiento en al menos tres subregiones de Antioquia. En lo que va del año se han registrado más de 1.200 familias afectadas según la Fundación SumapazEl confinamiento de poblaciones civiles continúa siendo una problemática crítica en Antioquia. Según datos recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en lo corrido de 2026 se han registrado 5.446 personas confinadas en cuatro subregiones del departamento, cifra que equivale a 1.573 familias afectadas por esta vulneración a los derechos humanos.Al contrastar estas cifras con las proyecciones iniciales de la Fundación Sumapaz, se observa una diferencia significativa en la magnitud del impactoMientras las estimaciones de la organización apuntaban a cerca de 4.000 personas afectadas y 1.200 familias, las cifras actuales consolidan un panorama más complejo con 5.446 personas confinadas. El promedio registrado es de aproximadamente 450 personas y 140 familias por cada evento de confinamiento.“En total fueron cerca de 1200 familias las que este año lamentablemente se vieron inmersas en esa vulneración a los derechos humanos. Creemos que las subregiones con más impactos son aquellas subregiones donde hemos denunciado esas disputas o focos de violencia territorial”, aseguró Oscar Yesid Zapata, Defensor de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz de Antioquia.¿Dónde hay mayor desplazamiento forzado en Antioquia?Las subregiones con mayor incidencia son el Nordeste, con municipios como Remedios (1.316 personas) y Segovia (424); el Occidente, con Frontino (954); y el Bajo Cauca, con El Bagre (741). A este listado se suma el municipio de Briceño, que registra 2.011 personas confinadas. Las principales causas reportadas para este fenómeno son los enfrentamientos (29 %), las amenazas generalizadas (21 %) y los combates (21 %).El impacto de este fenómeno trasciende la seguridad física, ya que el confinamiento restringe el acceso a derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación y la vivienda. Además, esta situación afecta directamente la relación de las comunidades con sus territorios y vulnera sus prácticas ancestrales de subsistencia.