Hamilton Hernández, comerciante en bancarrota santandereano que fue condenado por una deuda de 312.000 pesos a la DIAN, habló sobre el drama que vive tras ser sentenciado a cuatro años de cárcel. El fabricante de zapatos culpó de lo sucedido al contador, que minimizó la acreencia y le hizo incurrir en el error. "No los dejé de pagar porque quisiera, sino porque no los tenía. Estábamos en una situación difícil, no fue la única deuda, había otras obligaciones. Algunas todavía persisten. Yo consulto con el contador y me dice que no es una cifra importante, que eso no acarrea problema”, explicó. De acuerdo con el comerciante, su calvario empezó en 2020, en víspera de la cuarentena por la pandemia, cuando fue capturado en Rionegro (Santander). "Me dijeron que me capturaban por peculado por apropiación. Ellos después corrigen en el juzgado y cambiaron a omisión de agente retenedor", añadió Hernández. El comerciante pidió una oportunidad y una ayuda para poner las cosas en regla. Aseguró que tenía claro que debía pagar, pero que necesita laborar para el sostenimiento de su familia. "Yo saliendo de esto y pudiendo volver a trabajar, hago lo posible por dejar eso en ceros. Es una cuestión de impuestos, ya lo tengo claro que debo pagarlo, pero necesito salir nuevamente a desempeñarme para mantener a mi familia y a mi mamá. No pido comprensión sobre lo que me sucedió, sino una solución para poderme encargar de mi familia", aseguró. Escuche a Hamilton Hernández en Mañanas BLU:
El director de la DIAN, Lisandro Junco, explicó en Mañanas BLU la razón por la que un hombre terminó condenado a 4 años de cárcel por quedarse con plata del pago del IVA de sus clientes, por una suma de 312.000.De acuerdo con el funcionario, Hamilton Hernández nunca se acercó a buscar un acuerdo de pago y por eso la DIAN hizo lo que debía hacer: denunció.“La omisión de agente de retención es un delito. Quien condena es la Fiscalía y los jueces penales. La obligación de nosotros es hacer la denuncia penal. Lamentablemente eso no tiene cuantía porque la retención en la fuente, como usted bien lo sabe, es cuando se paga, de parte de un tercero, hay un agente retenedor, que es este sujeto y él no pagó lo que le pagaron. Se quedó con lo que el tercero le pagó al Estado”, dijo.Por su parte, Hernández explicó que pecó por ignorancia y, tras quebrar, su contador no le aconsejó que debía quedar al día con la DIAN.“En 2016 empiezan a comunicarme con el abogado que, entre comillas, me defendía, que tenía un saldo con la Dian de 280.000 pesos más 32.000, en total eran 312.000 pesos. Yo había quedado quebrado y no tenía manera de hacer un arreglo, estaba pasando por una situación económica difícil, si había para comer no tenía para otras cosas, como para pagarle a la DIAN”, contó.“El contador me dijo que dejara las cosas así, no se trataba de una cantidad irrisoria de dinero, que ahí no pasaba nada porque la DIAN perseguía a evasores de miles de millones. Yo le hice caso porque no tenía conocimiento de esas cosas, cometí ese error”, añadió.De acuerdo con el comerciante, su calvario empezó en 2020, en víspera de la cuarentena por la pandemia, cuando fue capturado en Rionegro (Santander)."Me dijeron que me capturaban por peculado por apropiación. Ellos después corrigen en el juzgado y cambiaron a omisión de agente retenedor", añadió Hernández.Explicó que, dado que no puede trabajar, hoy no puede pagar los más de 600.000 que ya le debe al organismo y que no tiene cómo pagar esa suma."No pido comprensión sobre lo que me sucedió, sino una solución para poderme encargar de mi familia", concluyó.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
A Hamilton Hernández la vida le dio un giro de 180 grados cuando la Policía, en medio de un fuerte operativo, llegó hasta el municipio de Rionegro, Santander, para llevárselo capturado por deberle 310.000 pesos a la DIAN.“En 2016 empiezan a comunicarme con el abogado que, entre comillas, me defendía, que tenía un saldo con la Dian de 280.000 pesos más 32.000, en total eran 312.000 pesos. Yo había quedado quebrado y no tenía manera de hacer un arreglo, estaba pasando por una situación económica difícil, si había para comer no tenía para otras cosas, como para pagarle a la DIAN”, contó.El tiempo pasó para Hamilton Hernández y en un mal consejo de su contador dejó las cosas tal y como estaban.“El contador me dijo que dejara las cosas así, no se trataba de una cantidad irrisoria de dinero, que ahí no pasaba nada porque la DIAN perseguía a evasores de miles de millones. Yo le hice caso porque no tenía conocimiento de esas cosas, cometí ese error”, agregó.Sin embargo, lo peor estaba por venir para este comerciante santandereano.“En 2020, en vísperas de la cuarentena que hubo, me capturan en Rionegro, cuando me capturan me dicen que estaba capturado por peculado por apropiación; sin embargo, después en el juzgado me dicen que estaba por omisión de agente retenedor (…) Me dijeron que si pagaba en la DIAN podía reversarlo, pero la deuda ya había prescrito en 2018, ahí empezó mi calvario”, indicó.Este comerciante había fundado su empresa en el calzado para dama; sin embargo, las bajas ventas y la falta de asesoría hicieron que esta persona y su familia quedaran en la quiebra.El comerciante señaló que, literalmente, está durmiendo en el piso porque tras la quiebra y la condena a cuatro años se quedó sin dinero y tuvo que empeñar lo poco que tenía.“Nunca he tenido problemas con nadie, siempre he trabajado toda la vida para tratar de tener algo y me hacen esto, me llevaron a una situación de pobreza extrema, he tenido que vender todo, estamos durmiendo con mis dos hijos en el piso”, afirmó.Esta es la entrevista completa:
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.
