Tras las afirmaciones de la compra de 8.000 hectáreas en Carmen de Atrato, Chocó, que no han podido ser documentadas y hacen parte de casi 50 folios ofertados a la ANT, Blu Radio conoció el documento en el que se aclara el porqué la agencia no podría adquirir los terrenos que hacen parte de la postulación de compras al entonces Incoder en el año 2017 solicitados por el resguardo indígena Wiwa Arzario de Campo Alegre.Dentro del documento, la ANT, confirma que los folios radicados en el 2017 se encuentran cerrados por un englobe realizado en el mismo año que prohíben la adquisición de los terrenos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Por otro lado, se aclara que en el 2022 la ANT solicitó información para confirmar la procedencia y titulación de los terrenos para confirmar si son o no baldíos.“Los procedimientos de compra de la Agencia, tanto para campesinos como para comunidades étnicas, incluyen el análisis de viabilidades jurídicas, mediante el cual se determina la naturaleza de los precios para evitar comprar baldíos. Las viabilidades se adelantan en estricto apego al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estas verificaciones se hacen para las ofertas presentadas en todas las regiones del país, sin excepción” menciona el documento.Ante esto, en el documento conocido por Blu Radio, se confirma que la Agencia Nacional de Tierras aún está en proceso de análisis técnico - jurídico para determinar la naturaleza de los predios para así evitar la compra de terrenos baldíos. Así mismo, fuentes confirman que una vez se conozca el resultado del estudio, el Estado decidirá si toma posesión de los terrenos para que queden bajo título de la Nación.
“Será el edificio más grande de la ciudad de Bogotá que estará ubicado en la calle 26 y que albergará al Invías, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Superintendencia y al Incoder”, dijo Vargas Lleras. El nuevo edificio se hará mediante Asociación Público Privada de iniciativa pública a partir del 2016, con una inversión estimada de $376 mil millones de pesos y estará destinado a oficinas de algunas entidades que se encuentran en el Centro Administrativo Nacional (CAN), así como comercio, servicios y espacio para atención ciudadana. La edificación será de tres torres de 16 pisos con un área de construcción de 102.000 metros cuadrados, según el cronograma de la Vicepresidencia se espera que este proyecto sea adjudicado a finales de 2016 de manera que las obras empiecen en el primer semestre de 2017 y la construcción esté finalizada en el segundo semestre de 2019 para albergar a los funcionarios de las cuatro entidades. “Al igual que el segundo gran edificio que estará localizado detrás del min hacienda y que tendrá como propósito recibir al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Justicia y nos ha manifestado el alcalde en trasladar la Alcaldía", agregó Vargas Lleras.
Para analizar cómo es el proceso, se tomó como ejemplo las 3 mil hectáreas ubicadas en el municipio del Peñol, en el sur de Bolívar, específicamente en la Hacienda Las Pavas que se encuentra en litigio entre unos particulares que dicen tener derechos sobre la propiedad y unas familias campesinas que dicen haber explotados los predios y tener el derecho a que el Estado les reconozca esos predios que en últimas son bienes de la nación. “El Estado ha recuperado unos predios para su patrimonio pero no puede disponer de ellos”, comentó el abogado. Agregó además que quien debe defender los intereses del Estado es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (incoder). Finalmente llamó la atención para que el Estado se busque la preparación técnica y defienda los bienes que hacen parte del patrimonio nacional y este no quede en manos de propietarios privados. “Hago un llamado de atención para que el Estado colombiano defienda los actos administrativos y diseñe una defensa técnica que pueda garantizar que el patrimonio quede en el Estado”, puntualizó García.
El Deportivo Independiente Medellín confirmó este miércoles la llegada de dos nuevos refuerzos para afrontar los retos deportivos del segundo semestre de la temporada. Se trata del delantero Jeison Medina y el defensor Alfonso Simarra, quienes se incorporan al plantel poderoso con el objetivo de fortalecer el ataque y la zona defensiva.Jeison Medina, delantero antioqueño nacido en Medellín, regresa a su ciudad para vestir la camiseta del DIM tras su paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito. El atacante se ha consolidado en los últimos años como uno de los goleadores colombianos más regulares, gracias a su capacidad para definir y su constante aporte ofensivo.El club informó que Medina llega al Deportivo Independiente Medellín en condición de préstamo por un año, con opción de compra. Desde ahora integrará el plantel profesional y estará disponible para competir en los diferentes torneos que disputará el equipo durante la presente temporada."Con su olfato goleador, experiencia y compromiso, inicia una nueva etapa defendiendo los colores del Equipo del Pueblo", destacó el Medellín al oficializar la incorporación del atacante, a quien también le dio la bienvenida con el mensaje: "Que este sea el comienzo de muchos goles y alegrías junto a la Familia Roja".El segundo fichaje anunciado por el DIM fue el del defensor colombiano Alfonso Simarra, quien llega procedente de UCV de Venezuela para reforzar la última línea del conjunto antioqueño. El zaguero se suma al proyecto deportivo con la misión de aportar seguridad, fortaleza y solidez defensiva.A diferencia de Medina, Simarra firmó un contrato por las próximas dos temporadas con el Deportivo Independiente Medellín. El defensor ya hace parte del plantel profesional y comenzará de inmediato su proceso de adaptación para competir en el segundo semestre del año."Con ilusión y la responsabilidad que representa vestir esta camiseta, Simarra inicia una nueva etapa en su carrera defendiendo los colores del Poderoso", señaló el club en el anuncio oficial, en el que también le deseó éxitos en esta nueva etapa junto a la Familia Roja.Con la llegada de Jeison Medina y Alfonso Simarra, el Deportivo Independiente Medellín continúa reforzando su plantilla de cara a los desafíos del segundo semestre. La institución espera que ambos futbolistas aporten experiencia, rendimiento y competitividad para luchar por los objetivos deportivos en la Liga y las demás competencias del calendario.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 0742 de 2026, con el que reglamenta por primera vez el cierre de minas en Colombia. La norma establece un marco para que la finalización de los proyectos mineros se realice bajo criterios ambientales, laborales, sociales, técnicos y financieros, e incorpora esta etapa como un requisito obligatorio dentro del ciclo de vida de la actividad minera.El decreto define cinco modalidades de cierre: progresivo, temporal, anticipado, final y cierre técnico gradual para la pequeña minería y los procesos de formalización. También determina que las medidas para el cierre deberán planearse desde la etapa de explotación y mantenerse durante el seguimiento posterior al cierre de cada proyecto.En materia laboral, la reglamentación exige la implementación de planes de transición para los trabajadores, procesos de concertación con organizaciones sindicales, programas de reconversión productiva, capacitación con el SENA y mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social durante el proceso de cierre.La norma también establece que los terrenos donde concluya la actividad minera podrán destinarse a proyectos de restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, producción agropecuaria sostenible, generación de energías renovables, turismo, infraestructura comunitaria y otras actividades compatibles con el desarrollo territorial.De acuerdo con el Gobierno, el decreto articula las competencias de los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Trabajo para regular el cierre de minas y definir responsabilidades durante esta etapa. La reglamentación busca establecer procedimientos para prevenir pasivos ambientales y sociales, así como brindar un marco de actuación para las autoridades y los titulares mineros.
El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 4.829, luego de que las autoridades sumaran 95 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17.907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Asimismo, hay 20.857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado 24 de junio, se han presentado 1.284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una de magnitud 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos.Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000. Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor -encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera- han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el "fortalecimiento de la democracia" y para enfrentar "las consecuencias del doblete sísmico".
Un venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Georgia, en el sur de Estados Unidos, según informó este miércoles dicha dependencia, con lo que suman 22 migrantes fallecidos en condiciones similares en lo que va de 2026.El hombre, identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, murió el lunes de un supuesto paro cardíaco mientras las autoridades lo trasladaban entre centros de detención en Georgia, reveló el ICE en un comunicado.Los agentes encontraron inconsciente a Arenas Silvas cerca de las 7:46 horas (11:46 GMT) cuando iba en un autobús del Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla hacia el Centro de Procesamiento de Folkston D. Ray, por lo que pidieron asistencia médica, de acuerdo con el relato de ICE.Los servicios de emergencia transportaron al venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde lo declararon muerto menos de una hora después, a las 8:31 horas (14:31 GMT)."Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior", señaló el ICE.Con este deceso, suman 22 migrantes muertos bajo custodia del ICE en lo que va del año tras los 33 decesos de 2025, la mayor cifra en dos décadas, con base en el recuento de la organización National Immigration Project.En este contexto, la tasa de mortalidad de migrantes detenidos por el ICE está en su nivel más alto en más de una década y se ha más que duplicado desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump, afirmó la asociación Human Rights Watch en un reciente informe.El fallecimiento del venezolano trasciende en medio protestas por las muertes de la última semana de dos hombres por disparos de agentes del ICE cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.Además, un mexicano murió este martes atropellado tras huir de un operativo migratorio en Florida.El ICE sostuvo que Arenas Silva recibió atención médica y revisiones de salud mientras estuvo en custodia, además de indicar que entró a Estados Unidos "de manera ilegal y sin inspección" en octubre de 2021 bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025) por la frontera.Un juez de inmigración en Atlanta había ordenado en abril pasado su expulsión a Venezuela.
La tranquilidad del municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca, se vio interrumpida este miércoles luego de que se registraran intensos enfrentamientos entre presuntos integrantes del ELN y otra estructura armada ilegal que opera en la región. Los combates, ocurridos hacia el mediodía, generaron momentos de angustia entre los habitantes y motivaron una rápida reacción de la Fuerza Pública para evitar que la confrontación se extendiera.De acuerdo con información preliminar, la disputa estaría relacionada con el control territorial y las rutas utilizadas para el narcotráfico, una problemática que desde hace varios años alimenta la presencia y el accionar de diferentes organizaciones armadas en esta zona estratégica del departamento del Cauca.A través de un comunicado, el Ejército Nacional confirmó que desplegó tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para fortalecer la presencia institucional en el sector y adelantar operaciones militares orientadas a restablecer la seguridad y proteger a la población civil.Las operaciones continúan en el área mientras las autoridades mantienen un dispositivo de control para evitar nuevos enfrentamientos y verificar posibles afectaciones derivadas de los combates. Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre víctimas o personas lesionadas, mientras avanzan las labores de verificación en la zona.
