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Para analizar cómo es el proceso, se tomó como ejemplo las 3 mil hectáreas ubicadas en el municipio del Peñol, en el sur de Bolívar, específicamente en la Hacienda Las Pavas que se encuentra en litigio entre unos particulares que dicen tener derechos sobre la propiedad y unas familias campesinas que dicen haber explotados los predios y tener el derecho a que el Estado les reconozca esos predios que en últimas son bienes de la nación.
“El Estado ha recuperado unos predios para su patrimonio pero no puede disponer de ellos”, comentó el abogado.
Agregó además que quien debe defender los intereses del Estado es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (incoder).
Finalmente llamó la atención para que el Estado se busque la preparación técnica y defienda los bienes que hacen parte del patrimonio nacional y este no quede en manos de propietarios privados.
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“Hago un llamado de atención para que el Estado colombiano defienda los actos administrativos y diseñe una defensa técnica que pueda garantizar que el patrimonio quede en el Estado”, puntualizó García.
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