Nuevas tensiones se viven entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de que el mandatario nacional hiciera una publicación en la que señaló que la 'actitud anticonsulta' de la gobernadora del Valle influyó en los senadores del Partido de la U, para dar su voto negativo a la consulta popular.La gobernadora le respondió a través de su cuenta de X, donde le indica a Petro que ella también ha trabajado por los derechos de los trabajadores, casi durante la misma cantidad de tiempo, y que el único deseo que tiene es que ahora que el Congreso ha vuelto a tramitar la reforma laboral, este proceso resulte en una verdadera protección de los derechos laborales."Ahora bien, presidente, le pregunto ¿qué está usted queriendo decir, cuando afirma que el Valle del Cauca se va a quedar sin gobernadora? ¿Está usted publicando la nota en la que hay unos supuestos chats ordenando que le frenen todo a la gobernadora del Valle del Cauca, avala usted esa orden?", cuestionó la mandataria vallecaucana.Dilian Francisca Toro aseguró que en varias oportunidades, tanto en público como de manera privada, le ha pedido a Petro y su gabinete ejecutar grandes obras que el Valle del Cauca lleva esperando, "esas obras son de los ciudadanos, ni suyas ni mías ¿las va a frenar porque, equivocadamente, piensa usted que yo soy su oposición? Demos el debate", finalizó Toro.
Como Marcos Antonio Guevara Jusayu, de 21 años de edad, fue identificado en las últimas horas el joven que fue capturado en el barrio El Manantial de Riohacha, en el departamento de La Guajira, por incendiar una casa en la que minutos antes había llegado, según él, pidiendo $2.000 pesos para consumir drogas.De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hecho sucedió a la altura de la calle 14K con la carrera 27, del barrio mencionado, en horas de la tarde de este sábado 17 de mayo.Al parecer, la persona se molestó cuando fue negada su solicitud y aprovechó una desatención de los dueños del domicilio para entrar. Buscando cosas, encontró un bolso y empezó a guardar ropa de uno de los residentes, mientras que al salir utilizó una mechera para prender fuego a las sabanas que estaban en uno de los cuartos con la intención de distraer a la comunidad y borrar sus huellas.Sin embargo, gracias a la rápida reacción tanto de la Policía, comunidad como bomberos, se logró apaciguar las llamas y encontrar al responsable metros más adelante, portando un bolso marrón que en su interior tenía dos pares de zapatos, camisas y pantalones que no era de su propiedad.“Yo tengo un problema de drogas y antes de meterme yo le pedí 2.000 a la esposa, era para eso. Utilicé una mechera”, fueron las palabras que mencionó Guevara Jusayu cuando la Policía lo salvó de ser golpeado por la comunidad.La persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que las llamas fueron controladas por los bomberos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al Senado para que, en la elección de la persona que reemplazará a la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional, se priorice la “representación femenina, la independencia judicial y la meritocracia”. Este pronunciamiento se dio a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que pidió que la decisión no signifique un retroceso en la paridad de género en las altas cortes del país.Actualmente, la Corte Constitucional cuenta con 4 magistradas y 5 magistrados. Si el Senado elige a un hombre, esa proporción se desequilibraría, pasando a 3 magistradas y 6 magistrados. Según Marín, esto representaría un claro retroceso en el camino hacia una mayor participación de las mujeres en los espacios de poder judicial, donde ya existe una marcada subrepresentación femenina.La defensora fue enfática en señalar que la discusión no se limita solamente a la paridad. También subrayó que quien ocupe esta importante posición debe cumplir con dos condiciones fundamentales: independencia frente al Gobierno y un perfil que refleje criterios de mérito, es decir, experiencia y formación jurídica sólida. Para Marín, una persona cercana al poder ejecutivo podría afectar la autonomía judicial, lo que comprometería los principios del Estado de derecho.“La decisión del Senado es discrecional y política, pero también es una responsabilidad”, afirmó Marín. En su opinión, esta elección es clave para asegurar que la justicia no contribuya a profundizar la discriminación contra la mujer y logre representar mejor la diversidad poblacional del país.
La defensora del pueblo, Iris Marín, invitó al Gobierno a plantearse varias preguntas en torno a esto y a la zona de ubicación temporal en la que se concentraría este frente, según lo acordado. Cabe mencionar que el plazo que había establecido un decreto del Gobierno nacional vence este domingo 18 de mayo.“De qué manera la protección del Estado a la zona de ubicación en la que se concentrarían miembros en armas no representará una ventaja militar para el frente 33 frente al ELN? El Estado debe proteger a la población frente al accionar armado de ambos grupos”, escribió Marín a través de su cuenta de X.También planteó otra pregunta relacionada con el accionar criminal de este grupo, que según la defensora no se enmarca en un cese bilateral de hostilidades ni en compromisos del grupo armando de respeto a la población civil. Lo evidencia, por ejemplo, el reciente ataque con drones en Tibú que dejó a un menor de 12 años muerto y a más de 12 heridos, entre ellos cinco niños.“¿Cómo se verificará que el frente 33 no utilice esta zona para (I) ganar control territorial y poblacional en la región y para (II) continuar los ataques contra la población civil, a la que señala de ser simpatizante del ELN o prestarles apoyo?”, planteó Marín.La funcionaria cuestionó al Gobierno sobre cómo va a evitar el riesgo para la población civil con el establecimiento de dicha zona de ubicación temporal, esto teniendo en cuenta el conflicto que tienen con el ELN. A esto respondió el comisionado de paz en Blu Radio.La protección de esta zona del ELN se dará, según el comisionado, en Parte por acción de la Policía, del Ejército y parte de las características del terreno, “pero también por la conveniencia que tenga la población de estar en esas zonas y desde luego minimizar al máximo los riesgos de que sufran ataques por parte del ELN que ha mantenido una actitud agresiva con El Catatumbo”.
Los comerciantes de plátano de la plaza de mercado de Tuluá, Valle del Cauca, quedaron consternados al encontrar en uno de los pasillos entre sus locales el cuerpo sin vida de un hombre, el cual estaba decapitado, y su cabeza dejada a un lado del resto del cadáver.Una vez las autoridades llegaron al lugar para realizar las respectivas verificaciones la víctima fue identificada como Carlos Alberto Mondragón, conocido como alias 'Mugre', una persona muy reconocida en esa zona.De inmediato se dispuso un grupo especial de investigadores e inteligencia para esclarecer el caso, teniendo en cuenta que esta es la tercera persona asesinada bajo estas mismas condiciones en Tuluá este año, se trata de establecer si los tres casos estarían relacionados."Lo que nosotros analizamos de manera inicial es que es una manera de buscar sembrar zozobra y terror en personas en condición de vulnerabilidad, que no tienen capacidad de responder al atacante. Y la disposición de los cuerpos se da precisamente para generar un impacto y no seguir perdiendo el dominio sobre la ciudadanía a partir de la extorsión y la intimidación", dijo el secretario de gobierno de Tuluá, Martín Hincapié.Cabe recordar que en el municipio de Tuluá delinque la banda criminal la inmaculada, a la que se le atribuyen la mayoría de homicidios que se registran en el municipio, las autoridades tratan de esclarecer si sería la responsable de este último crimen.
“Esta es una decisión judicial peligrosa porque transmite el mensaje de tolerancia a la violencia contra las mujeres”, indicó. (Vea También: 9 años de cárcel al ‘Monstruo de Monserrate’ por uno de los homicidios imputados) Agregó que el juez desconoció el dictaminen de Medicina Legal, según el cual Valencia es un asesino serial. Además, rechazó los argumentos del funcionario judicial para tomar la decisión: “Tuvo en cuenta que Valencia no tenía antecedentes penales, que colaboró con la justicia y su condición de habitante de calle”. Esta primera condena se da por la muerte, en noviembre de 2014, de Pilar Rincón, de 26 años. Contra Valencia cursan otros 10 procesos por el asesinato de igual número de mujeres en los cerros orientales de Bogotá.