Después de un trino y una declaración del presidente Gustavo Petro sobre el estancamiento de la apelación al archivo de la reforma al sistema de salud, el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó medidas frente a la inasistencia de congresistas a las sesiones.
Petro envió un mensaje a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para que remitan al Consejo de Estado los listados de ausencias en comisiones y plenarias, con el fin de aplicar las sanciones contempladas en la ley, porque según el mandatario, el Gobierno ha emitido mensajes de urgencia e insistencia sobre proyectos que deben avanzar conforme a las normas y no se han discutido.
Entre las iniciativas que requieren debate prioritario, para no hundirse por falta de trámite, antes del 20 de julio de 2026 cuando finaliza la legislatura, se encuentran la jurisdicción agraria y la reforma a la salud.
En línea con la directriz de Petro, Benedetti envió una solicitud formal a los presidentes del Senado, Lidio García Turbay, y de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio. En la carta, el ministro expresó la preocupación del Gobierno por un “creciente fenómeno de inasistencia” en sesiones de comisiones constitucionales y plenarias.
El documento solicita entregar al Consejo de Estado los registros de inasistencia durante los periodos 2025-2026, con el objetivo de evaluar posibles procesos de pérdida de investidura y aplicar sanciones correspondientes.
Además, Benedetti pidió trasladar copias a las comisiones de Ética del Congreso para eventuales acciones disciplinarias, así como a las áreas administrativas de Senado y Cámara, con el fin de que se apliquen descuentos salariales cuando corresponda.
La razón de la discordia y el desatino del presidente
En medio de la controversia, Petro afirmó que la apelación al archivo de la reforma a la salud permanece sin trámite porque el proyecto estaría “guardado” en el despacho del secretario del presidente del Senado, sin que se haya convocado a plenaria para discutirlo.
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Sin embargo, el avance del proceso depende de un informe que debe presentar una comisión accidental encargada de sustentar los conceptos de varios congresistas sobre la apelación y conformada por por los presidentes de las comisiones constitucionales.
Dicho documento, que aún no ha sido entregado es requisito previo para que la plenaria decida si aprueba o no reabrir el debate de la reforma.
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