Los rostros de los delincuentes más buscados en Sincelejo no solo circulan en volantes o carteles impresos por la Policía, sino que ahora también se exhiben a gran escala en enormes vallas que se alzan en las esquinas más concurridas de la capital sucreña.Las vallas dejaron atrás los avisos publicitarios para mostrar las caras de los que han cometido asesinato, robos y otros delitos en Sincelejo, de modo que la ciudadanía pueda identificarlos, denunciarlos y ayudar a capturarlos, a cambio de recompensas que alcanzan hasta los 20 millones de pesos.La estrategia es muy similar a lo que se implementó en los años 80 en Colombia para perseguir a los cabecillas de los principales carteles de la droga. Pero esta vez las vallas muestran las imágenes de los delincuentes captados por cámaras de seguridad en momentos en que roban o cometen cualquier crimen.El coronel Néstor Pineda, comandante de la Policía de Sucre, asegura que la estrategia está dando resultados, pues la comunidad está respondiendo a estas vallas."Seguimos con el llamado constantemente a darnos datos constantes y con información para hacer la corroboración. Lo importante es que la gente responda para buscar la ciudad que queremos", indicó el alto oficial. Según la Alcaldía, “este nuevo enfoque contra los delincuentes tendrá un monitoreo semanal, que permita realizar los ajustes necesarios con el propósito de tener a la mayor brevedad, resultados contundentes”.Las autoridades destacan que en Sincelejo “el homicidio registró una reducción del 65%, el hurto a comercio bajó un 44%, hurto a residencias disminuyó un 34%, los hurtos a personas registraron 439 casos menos, la extorsión lleva un 13% de reducción y el robo de vehículos un 88% menos en los casos”.
Se trata del abogado Jairo Acuña, defensor del patrullero Nelson Tovar, quien también denunció amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia. “Se han intensificado los seguimientos a mis hijos y a mí. Esta madrugada se han entrado a la casa y se me han llevado los documentos, todos pertenecientes al proceso de Tovar, me dejaron arengas de que me iban a matar por ayudar al sapo y que me tenía que morir antes del 5 de enero”, denunció. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -En total 1,2 millones de personas han sido sancionadas en el país por el derroche de agua en época de sequía, informó el ministro de vivienda, Luis Felipe Henao quien reiteró que entre enero y marzo del 2016 se espera el mayor impacto del Fenómeno del Niño con un aumento del promedio en la temperatura y una diminución de las precipitaciones. -Cerca de dos millones y medio de vehículos transitarán por las principales vías del país entre hoy y mañana 31 de diciembre de acuerdo con las autoridades de tránsito que reiteran el llamado a los colombianos a no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en curva y no exceder los límites de seguridad. -La Procuraduría en decisión de primera instancia, suspendió del cargo por 11 meses a Gerardo Ignacio Ardila, Secretario Distrital de Planeación, por haber expedido irregularmente un oficio mediante el cual impartió directrices puntuales a los curadores urbanos de la capital del país, sobre un predio en particular. -Las fuertes lluvias e inundaciones que desde hace días azotan a Estados Unidos ya han dejado 22 muertos y amenazan a millones de personas en el centro y sur del país, especialmente en la cuenca del río Misisipi, donde amplias zonas han sido desalojadas por el peligro de que algunos diques colapsen. -Independiente Santa Fe fue escogido por el portal “Footbal Club World Ranking” como uno de los mejores 100 equipos del 2015. El equipo cardenal que ganó la copa Sudamericana y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, se ubica en el puesto 30 del escalafón que lidera el Barcelona.
Varias personas fueron heridas durante un tiroteo este jueves en el vecindario de Logan Circle, en la capital Washington, según informes preliminares de la policía, que se encuentra en búsqueda del sospechoso."Se han producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle. Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso", escribió en X la concejal Brooke Pinto.Medios locales informan que al menos cuatro personas recibieron disparos durante el incidente.Poco después de las 8:00 hora local (13:00 GMT), las autoridades alertaron sobre un "tirador activo" en esa zona del noroeste de la ciudad y advirtieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al área, ubicada a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca.Decenas de autos policiales, de bomberos y coches blindados fueron movilizados en la ciudad, mientras varios videos publicados en redes sociales muestran una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas.Reportes en redes afirman que, de acuerdo con testigos presenciales, el sospechoso se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta.Los tiroteos masivos son uno de las mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 408 en todo el país.
La crisis de hacinamiento y las condiciones de reclusión en las cárceles y estaciones de Policía del país siguen sin resolverse, pese a más de 13 años de seguimiento de la Corte Constitucional.Ante este panorama, la Sala Especial de Seguimiento ordenó al INPEC, la USPEC y la Policía Nacional presentar, en dos meses, un plan para trasladar a 2.615 personas que llevan más de un año en centros de detención transitoria, y dispuso nuevas medidas para buscar soluciones al déficit de infraestructura carcelaria y reducir la sobrepoblación.La decisión, contenida en el Auto 1460 de 2026, establece que el plan deberá identificar a las 2.567 personas imputadas y 48 condenadas, precisar los establecimientos de destino, los cupos disponibles y fijar metas mensuales de traslado, sin generar hacinamiento en las cárceles receptoras.Según las cifras analizadas por la Corte, con corte al 6 de abril de 2026, el sistema penitenciario y carcelario tenía 124.104 personas privadas de la libertad en establecimientos con capacidad para 93.654, lo que representa un hacinamiento global del 33 %, equivalente a 30.450 personas por encima de los cupos disponibles.En los centros de detención transitoria la situación también es crítica. En 1.155 instalaciones, entre estaciones de Policía y URI, permanecían 18.908 personas, pese a que estos lugares tienen capacidad para 9.711, lo que representa un hacinamiento del 95 %. La Corte recordó que estos espacios están destinados a detenciones de máximo 36 horas y no a mantener personas durante meses o años.Ante este panorama, la Corte ordenó al Ministerio de Justicia y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) conformar, en un plazo de dos meses, una mesa técnica interinstitucional para buscar soluciones al déficit de infraestructura carcelaria. En este espacio también deberán participar los ministerios de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el INPEC, la USPEC, la Sociedad de Activos Especiales y los organismos de control.La mesa tendrá que identificar las razones técnicas, jurídicas, fiscales y administrativas que han impedido avanzar en la construcción y adecuación de cárceles, evaluar las diferentes alternativas de financiación y contratación, incluidas las asociaciones público-privadas (APP), y recomendar cuál es la más adecuada para cada proyecto.Como parte de las órdenes, la mesa tendrá tres meses desde su instalación para entregar un primer diagnóstico sobre las dificultades del sistema y priorizar los establecimientos con mayores necesidades de infraestructura.Además, en seis meses deberá presentar un informe técnico con los proyectos priorizados, sus costos, las fuentes de financiación, los responsables y un cronograma con metas verificables para su ejecución.La decisión también establece límites frente a una eventual participación de empresas privadas en la construcción y administración de la infraestructura.Por otra parte, la Corte exhortó al Congreso de la República a evaluar y regular mecanismos de financiación, construcción, adecuación y mantenimiento de los centros de detención transitoria, en el marco de su desmonte progresivo.También pidió al Consejo Superior de Política Criminal y al Legislativo estudiar alternativas para reducir la población carcelaria, como medidas distintas a la prisión, mecanismos de libertad anticipada y programas de prevención y resocialización.Finalmente, el alto tribunal advirtió que la ampliación de la infraestructura carcelaria, por sí sola, no resuelve el hacinamiento ni supera el Estado de Cosas Inconstitucional.Por esta razón, insistió en que se necesitan soluciones integrales que permitan mejorar las condiciones de reclusión, reducir la demanda de cupos y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
El área metropolitana de Bucaramanga fue escenario de un masivo despliegue de seguridad e inteligencia denominado Operación Mano de Hierro, el cual dejó un saldo preliminar de 136 capturas, 70 allanamientos y la expulsión de 70 ciudadanos extranjeros en situación irregular. Las intervenciones coordinadas buscan desmantelar las principales redes de narcotráfico y sicariato que inciden en la capital de Santander y sus municipios limítrofes.En declaraciones para Mañanas Blu, sobre los resultados de los procedimientos ejecutados desde la madrugada, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, resaltó la importancia de la ofensiva judicial y su impacto en la percepción de seguridad ciudadana. "136 capturas, 70 allanamientos. Además, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, hace la expulsión de 70 ciudadanos que no estaban legalmente acá en Bucaramanga", precisó el mandatario departamental, agregando que "esto nos ayuda a mejorar la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga y envía un mensaje también de apoyo a la opinión pública".Ofensiva contra 'Los del Sur', 'Los Claverianos' y nexos con el Tren de AraguaLa acción de las autoridades afectó a diversas estructuras delictivas radicadas en la región. Entre los grupos impactados se destaca la banda conocida como 'Los del Sur', una organización con entre 70 y 80 integrantes dedicada al microtráfico y los homicidios selectivos, con nexos con redes trasnacionales.Al describir el prontuario de este grupo, el gobernador Díaz explicó: "Esta es una banda que lleva muchos años delinquiendo acá en el área metropolitana de Bucaramanga. Es una banda que ha cometido muchos asesinatos, dedicada totalmente al tráfico de estupefacientes" y confirmó que mantiene "vasos comunicantes con el Tren de Aragua". El jefe del ejecutivo departamental sostuvo que aunque sus cabecillas principales, entre ellos alias 'Poporro' y alias 'Carnal', se encuentran privados de la libertad, continuaban emitiendo órdenes violentas hacia la zona.Por otra parte, se reportó la detención de presuntos mandos de la banda 'Los Claverianos', identificados con los alias de 'Rulos', 'Wilson' y 'Carpintero', facción vinculada históricamente a disputas por el control territorial de alucinógenos. "Los Claverianos es una banda peligrosa... como producto de su tráfico de estupefacientes, de querer manejar las plazas, de querer manejar los barrios, pues se producen confrontaciones, se producen asesinatos", aseveró Díaz.Control migratorio y expulsión de extranjeros con antecedentesEl operativo incluyó una línea especial de control migratorio desarrollada por Migración Colombia, en conjunto con la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Nacional. Como resultado, 70 ciudadanos venezolanos sin estatus legal en el país fueron objeto de procesos de deportación y expulsión.El gobernador señaló que las expulsiones obedecen a motivos de seguridad e irregularidad, diferenciando claramente a quienes infringen la ley de los migrantes trabajadores. "Están de manera irregular en Bucaramanga y algunos con antecedentes", afirmó el mandatario. Asimismo, enfatizó: "Los que están cumpliendo, las personas de Venezuela, de otros países que están acá y que están ayudando a la economía, que están trabajando, pues no tienen ningún problema, pero aquellos que están en la calle cometiendo delitos, generando amenazas contra la seguridad o están en forma irregular, pues se va a seguir con la actividad de expulsarlos".Escuche aquí la entrevista:
El 19 de noviembre saldrá al mercado el Grand Theft Auto VI (GTA 6), de Rockstar Games, al mercado de manera oficial tras 13 años de espera por los fanáticos de esta popular saga de videojuegos. Si bien ya logró vender más de 9 millones de copias, muchos aún no se deciden por obtenerlo.Las reservas de GTA 6 superan ya los 10,3 millones y el juego aún no está en las tiendas. Pero la duda de muchos usuarios es saber si es realmente rentable comprarlo ahora y si vale la pena la versión de ultimate que se encuentra sobre los 100 dólares (más de 400.000 pesos colombianos).¿Qué trae la versión ultimate de GTA 6? ¿Vale la pena comprarla?A diferencia de la edición standard, las personas que tengan esta versión tendrán acceso a muchas más cosas que ofrecerá el mapa de Vice City desde el primer día, desde vehículos hasta armas, entre otras cosas.Esto trae esta versión del videojuego:95 Grotti CheetahMotocicleta Dinka EnduroCrest KayakLancha Shitzu Squalo67 Vapid Dominator BuggyRevólveres Hawk & Little MorganVersiones personalizadas de las pistolas de Jason y LuciaAtuendos exclusivosPeinados adicionalesTatuajesMaquillajeDiseños de uñasVello facialMás opciones de ropa urbanaPersonalización avanzada para vehículosToques RetroRideout CustomsOne-Eyed Willie'sParadise GaragePTT Youngin$ CompoundSara's Unisex SalonStock 305Lo cierto es que más allá de todos estos extras, los usuarios no tendrán mayor diferencia a los de la versión standard y la historia, misiones, mapa, entre otras cosas, estarán disponibles para ambos públicos que adquieran el videojuego.Según tiendas oficiales como Gameplay o Sony Colombia, la edición estándar ronda los $359.900 a $369.900 COP, mientras que la Ultimate Edition alcanza los 424.900 pesos. Por ende, dependerá lo que busca el usuario en su experiencia para así mismo gastar.
La posibilidad de que más de 100 viviendas colapsen por una falla geológica encendió las alarmas en el barrio Villas de San Ignacio, en el norte de Bucaramanga. Ante la gravedad de las afectaciones, la Administración Municipal declaró la calamidad pública para atender la emergencia y brindar apoyo a las familias que habitan en este sector, especialmente en la zona conocida como Paso Malo.Las grietas en paredes, pisos y otros daños estructurales mantienen en riesgo a cerca de 100 familias. Algunas personas han tenido que abandonar sus viviendas de manera preventiva ante el temor de que las estructuras pierdan estabilidad y puedan colapsar.Tras un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el que se analizaron los informes de las visitas técnicas y el seguimiento a la situación, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció la firma de la declaratoria de calamidad pública."Esta medida permitirá entregar subsidios de arrendamiento a las familias afectadas, avanzar en las labores de limpieza y gestionar recursos ante el Gobierno Nacional para encontrar una solución definitiva a la emergencia", señaló el alcalde. Por su parte, Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, explicó que la complejidad de la situación hace necesario realizar estudios especializados que permitan establecer las causas de las afectaciones y determinar las intervenciones que se requieren para evitar que el riesgo aumente.“Se requiere un estudio que permita determinar realmente las situaciones que están generando estas afectaciones, pero no solamente eso, sino también determinar cuál es la solución de fondo”, señaló el funcionario.La situación genera especial preocupación porque varias de las familias que hoy enfrentan el riesgo en Villas de San Ignacio llegaron al sector hace más de 15 años, después de resultar damnificadas por la avalancha del río de Oro y ser reubicadas en un proyecto de vivienda desarrollado por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga (Invisbu).Ahora, estas familias vuelven a enfrentar la incertidumbre por las condiciones de sus viviendas y esperan que la declaratoria de calamidad pública permita acelerar las ayudas y, especialmente, encontrar una solución que garantice su seguridad.
