El cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, uno de los padres de la Nouvelle Vague, murió este martes a los 91 años, anunció el diario Libération, que cita fuentes de sus allegados.La información no divulgó las causas del fallecimiento de este "cineasta total de las mil vidas", que deja "una carrera sembrada de obras maestras e incomprensiones".Su filmografía incluye 131 títulos como director (buena parte de ellos cortos y documentales) entre 1955 y 2018, en una larga y brillante carrera cinematográfica que incluye 76 nominaciones a premios, con 51 galardones.Godard, nacido en París en diciembre de 1930, comenzó en el mundo del cine como crítico en la década de 1950 en varias revistas especializadas.En paralelo, empezó a rodar algunas películas cortas, en las que tuvo como colaboradores a otros jóvenes como Éric Rohmer o François Truffaut, que iban a crear lo que se conocería como la Nouvelle Vague.Pero fue "À bout de souffle" en 1959, con Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo como protagonistas, el filme que le lanzó a la fama para convertirse en una de las obras fundadoras de este movimiento.A partir de entonces alternó éxitos y fracasos de taquilla, aunque siempre fue muy respetado por los críticos y sus actores, y muy frecuente en las candidaturas a premios cinematográficos. Desde mediados de los 60 se adentró en un cine muy político y experimental.Durante unos años también se centró en los documentales hasta que volvió al cine comercial con "Prénom, Carmen", en 1983.Sus últimas obras fueron dos cortometrajes y un documental, "The Image Book", todas de 2018.Entre los premios que recibió destacan un Oscar honorario, una Palma de Oro especial y dos César de honor franceses, galardones que rindieron homenaje a una carrera muy especial.Godard trabajó con los mejores actores de la época, como Belmondo, Alain Delon, Eddie Constantine, Jean-Pierre Léaud o Anna Karina, su musa durante la primera mitad de los años 60 y con la que estuvo casado durante algunos años.
El exjugador Dani Alves, quien pasó por el Barcelona compartiendo camerino con figuras como Lionel Messi y Gerard Piqué, para luego defender los colores de Pumas de México y, posteriormente, estar en prisión enfrentando acusaciones por abuso sexual en España, ahora enfrenta una nueva realidad enfocada en la religión.El astro brasileño vivió una compleja y polémica situación judicial por un caso de abuso sexual. En enero de 2023 fue arrestado en Barcelona, tras ser denunciado por una presunta agresión sexual ocurrida la noche del 30 de diciembre de 2022 en los baños de la discoteca Sutton. Según la denunciante, el exfutbolista la obligó a sostener relaciones sexuales. La justicia española lo condenó inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión; sin embargo, en marzo de 2025 fue absuelto.Tras esa difícil experiencia, el exjugador enfocó sus esfuerzos en la fe, encontrando en Dios una nueva oportunidad y un motivo para seguir adelante, por lo que decidió convertirse en pastor para predicar.Dani Alves asegura que era más feliz en prisiónDani Alves se ha dedicado a ofrecer conferencias y reunir feligreses. En esta nueva faceta como pastor ha captado la atención de miles de personas; sin embargo, recientemente una de sus declaraciones dio de qué hablar.Ante la mirada de centenares de asistentes, Alves aseguró que se sintió más feliz tras las rejas que durante la época en la que ganaba millones de euros como futbolista profesional, cuando vestía la camiseta del Barcelona."Yo ganaba millones de euros, gracias a Dios y al fútbol, pero, en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones. Antes yo jugaba fútbol y ahora estaba en la prisión limpiando la casa, pero tenía a mi padre [Dios] conmigo. Yo decía: '¿Qué valen millones de euros sin padre?’”, comentó el exjugador brasileño.Caso de Dani Alves: así avanzó el proceso por agresión sexualTras la denuncia presentada por la presunta víctima, en febrero de 2024 la Audiencia de Barcelona condenó a Alves a cuatro años y seis meses de prisión. La decisión se sustentó en la credibilidad del testimonio de la víctima y en pruebas que demostraban lesiones físicas y secuelas psicológicas. Además, Dani debió consignar una indemnización de 150.000 euros para reparar el daño y, semanas después, pagó un millón de euros para recuperar la libertad bajo fianza.No obstante, en 2025 el caso dio un giro cuando, en marzo de ese año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó la condena y absolvió al exjugador. Según el tribunal, durante el proceso no se respetó plenamente la presunción de inocencia debido a inconsistencias y deficiencias en la valoración de las pruebas realizadas en la primera sentencia.
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó con la muerte del colombiano de 26 años, identificado por organizaciones defensoras de derechos humanos como Joan Sebastián Guerrero. El hecho ocurrió este lunes en Biddeford, una ciudad de cerca de 22.000 habitantes en el estado de Maine, y ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump.Guerrero trabajaba como conductor de entregas a domicilio y residía en Biddeford junto a su esposa y su hija de tres años. Momento del incidenteSegún informó un portavoz del ICE, el fallecido era "un extranjero en situación migratoria irregular con una orden definitiva de expulsión". La entidad explicó que los agentes realizaban labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con orden de deportación cuando, hacia las 7:00 a. m. (hora local), intentaron detener un vehículo.El momento se dio cuando lo abordaron y le dispararon; el video que circula en redes sociales revela cómo los agentes lo sacan del vehículo a rastras y además le ponen las esposas. La versión oficial señala que el conductor intentó escapar del lugar y que, ante un supuesto riesgo para la seguridad pública, uno de los agentes accionó su arma de fuego. El hombre recibió un impacto de bala y, aunque se solicitó asistencia médica de inmediato, murió debido a la gravedad de las heridas.Sin embargo, un testigo identificado como Daniel Boucher aseguró que escuchó varios disparos antes de observar a agentes del ICE sacar del automóvil blanco a un hombre con sangre en la cabeza y el rostro. Según su relato, la víctima alcanzó a decir: "Intenté detenerme", antes de desplomarse. Boucher afirmó que, poco después, notó que el hombre dejó de respirar.Tras conocerse el caso, la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó mediante un comunicado que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una explicación oficial sobre las circunstancias en las que murió el ciudadano colombiano.
La indignación y el dolor cruzan las fronteras tras la trágica muerte de Johan Sebastián Durán, un joven colombiano de 26 años originario de Bucaramanga (Santander), quien perdió la vida en un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Biddeford, al sur de Maine, Estados Unidos.Mientras en las calles de Maine la ciudadanía se moviliza bajo el cántico de "¡ICE por fuera de las calles!", los padres de la víctima arribaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá para ponerse al frente del doloroso trámite de repatriación del cuerpo. Desde allí, su padre, Omar Durán, rompió el silencio en un testimonio desgarrador."Tenía sus documentos legales y dos trabajos"Frente a las especulaciones sobre el estatus migratorio de su hijo, Omar Durán fue enfático en aclarar que Johan Sebastián se encontraba de manera legal en los Estados Unidos, contando con su permiso de trabajo, seguro social y tarjetas de identificación correspondientes."Mi hijo era una persona realmente que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de 3 años. Trabajaba por ellos... Tenía sus documentos legales, tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo", relató el padre a Noticias CaracolSegún el testimonio familiar, el joven santandereano era un hombre entregado a su hogar que se dividía en dos jornadas laborales para salir adelante: en las mañanas realizaba labores de aseo en una clínica veterinaria y, posteriormente, trabajaba con su vehículo haciendo entregas a domicilio (delivery)."No sé por qué le hicieron eso... realmente es un dolor muy grande que nos han causado con haberle hecho eso, esa muerte que le causaron injusta", lamentó el señor Durán.Crecen las protestas y la presión diplomáticaEl caso ha despertado una ola de protestas comunitarias. Organizaciones como la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la plataforma ¡Presente! calificaron el hecho como un acto de "violencia estatal" profundamente inquietante y devastador. Asimismo, exigieron que la investigación sea rápida, independiente y transparente, advirtiendo que no se debe permitir que ICE se investigue a sí mismo.Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el fallecimiento de Johan Sebastián. La delegación diplomática confirmó que se encuentra acompañando a la familia y que ya ha solicitado claridades urgentes al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) sobre las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.Un patrón preocupante en las fronteras y estados de EE.UU.El deceso de Durán no es un hecho aislado. Su muerte ocurre apenas días después de que el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo también falleciera a manos de agentes de ICE en Texas. En lo que va del año, al menos seis personas han muerto en incidentes que involucran disparos de agentes migratorios en territorio estadounidense.La policía estatal de Maine, el Departamento de Seguridad Pública y el FBI ya se encuentran coordinando las pesquisas para esclarecer el caso, mientras una esposa y una pequeña de tres años esperan respuestas en Maine, y unos padres lloran la pérdida de su hijo en Colombia.
Con una agenda enfocada en infraestructura, seguridad y conectividad, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, presentarán este martes 14 de julio al presidente electo, Abelardo De La Espriella, un paquete de proyectos estratégicos que buscan respaldo del Gobierno Nacional durante la jornada de empalme con los territorios que se realizará en la capital santandereana.El alcalde Cristian Portilla aseguró que el propósito del encuentro es exponer las principales necesidades de las regiones y gestionar el apoyo económico del Gobierno entrante para sacar adelante iniciativas que, según dijo, superan la capacidad financiera de los entes territoriales.Portilla afirmó que Bucaramanga requiere una relación permanente con la Nación para afrontar retos que, en muchos casos, corresponden al nivel central. En ese sentido, anunció que entregará un informe sobre la situación de seguridad de la ciudad con cifras, estrategias y planes de acción, como parte del llamado para integrar el bloque de defensa y seguridad urbana promovido por el presidente electo."Los territorios no salen adelante únicamente con recursos propios. Necesitamos el respaldo del Gobierno Nacional para resolver problemáticas que no podemos asumir solos", señaló el mandatario local.Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz explicó que la Presidencia entrante definió que cada departamento presentará tres proyectos en fase III y tres necesidades prioritarias, mientras que cada provincia expondrá tres iniciativas de impacto regional a través de alcaldes previamente designados.En el caso de Santander, las prioridades estarán concentradas en tres grandes frentes. El primero corresponde al proyecto integral de infraestructura turística y deportiva, que contempla nuevas fases para el centro de espectáculos la Arena Bonita, el desarrollo de Topocoro y la Aldea Guané, en el municipio de Los Santos, obras que ya se encuentran en ejecución y requieren recursos adicionales para continuar.La segunda apuesta busca ampliar la conectividad de las instituciones educativas rurales. Según el gobernador, actualmente el departamento destina más de 55.000 millones de pesos al sostenimiento del servicio de internet en escuelas y colegios, por lo que se plantea una inversión cercana a los 140.000 millones de pesos para construir infraestructura propia que garantice el servicio y reduzca esos costos de operación.El tercer proyecto corresponde al Anillo Vial Externo Metropolitano, iniciativa que ya avanza en su fase de ejecución y está a la espera de la licencia ambiental. La Gobernación espera obtener respaldo del Gobierno Nacional para acelerar las obras y dejar al menos 16 kilómetros pavimentados durante la actual administración y el primer año del nuevo gobierno.Además de las iniciativas departamentales, cada una de las provincias de Santander presentará proyectos priorizados junto con sus alcaldes, enfocados principalmente en cultura, turismo e infraestructura, sectores definidos como prioritarios por el equipo del presidente electo para esta primera jornada de empalme con las regiones.
A las 4:00 de la mañana de este martes, 14 de julio, comenzaron los bloqueos de las comunidades campesinas y pequeños mineros del Norte y Nordeste antioqueño con el propósito de exigir respuestas a un pliego de peticiones que, según los convocantes, ha sido presentado previamente a las autoridades y a Empresas Públicas de Medellín.La concentración estará en los sectores de Puente El Machete y Puente Acacia, con una participación estimada de 500 personas, mientras que aseguran que la protesta será pacífica y que busca ejercer el derecho constitucional a la protesta.No obstante, EPM denunció que estas acciones podrían afectar la operación de centrales hidroeléctricas como Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras. Las cinco centrales hidroeléctricas representan el 16 % de la demanda energética nacional, y de presentarse los bloqueos, advierte EPM que podría poner en riesgo la energía del país.Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM, explicó la situación que hoy tiene en máxima alerta a las autoridades en el departamento de Antioquia."En esta zona tenemos, entonces, más de 1600 megavatios de capacidad de generación hidroeléctrica, que es infraestructura crítica para el país, y es una zona que enfrenta unos desafíos importantes. Tenemos unos temas asociados a minería ilegal, a una serie de presiones que enfrentan nuestras operaciones en esta zona", aseguró el funcionario.A pesar de las advertencias, las comunidades de seis veredas de los municipios de Guadalupe y Carolina del Príncipe siguieron en firme e, incluso, emitieron un pliego y entre las principales exigencias figuran el reconocimiento de la minería artesanal y atención a las familias afectadas por la destrucción de maquinaria.Además, se ha pedido inversiones en agua potable, alcantarillado, electrificación, infraestructura comunitaria, salud, proyectos productivos, contratación de mano de obra local, legalización de predios y mayor inversión social."Están en unas áreas a donde sí son territorios de EPM, pero que no tienen ninguna afectación, y, entonces, ellos les hacen quemar la maquinaria por el Ejército a esas personas que se está rebuscando el día a día, que no tienen otras cosas qué hacer porque la empresa no les brinda las garantías y la seguridad alimentaria que necesita el territorio", explicó.Asimismo, los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa interinstitucional de concertación con participación de EPM, autoridades locales y representantes comunitarios para acordar un cronograma de cumplimiento.Ante esta situación y la preocupación por los posibles riesgos para la generación de energía de Antioquia y Colombia, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, aseguró que se han creado las estrategias para evitar alteraciones y afectaciones de consideración."No nos podemos dejar coger desprevenidos, y ahí tenemos un problema de minería ilegal bien delicado, como lo hay a lo largo y ancho del departamento. Cada que hay una intervención de la fuerza pública de cara a la minería ilegal, hay una respuesta por parte de los mineros ilegales", aeguró Martínez.Finalmente, los convocantes respondieron en el documento de pliegos que “en ningún momento” pretenden poner en riesgo la generación de energía, afectar la infraestructura eléctrica o promover actos de violencia o vandalismo, insistiendo en que la movilización tendrá un carácter pacífico.
