La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, cerró la puerta de la Alcaldía a los funcionarios que llegaron tarde a trabajar el pasado 9 de enero. La mandataria, quien llegó a la oficina a las 7:30 a.m., como lo establece el horario laboral, advirtió a los trabajadores que si llegaban después de las 7:35 a.m. no serían admitidos."Yo creo que, para recuperar la confianza en una ciudad en lo público, debemos iniciar por eso, el respeto por los horarios, un pacto por la puntualidad", dijo Aranda en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.La alcaldesa aseguró que la falta de puntualidad entre los funcionarios es una queja recurrente de los ciudadanos de Ibagué."Los ibaguereños llegan a las 7:30 a buscar a los funcionarios y los funcionarios no están", dijo.En el operativo de puntualidad del pasado 9 de enero, más de 50 funcionarios no pudieron ingresar a la Alcaldía. La alcaldesa dijo que la mayoría de ellos dieron excusas como el tráfico o problemas familiares."Hay eventos excepcionales, situaciones que se nos presentan a todos, pero no podemos volver cotidianos el respeto a la puntualidad", dijo Aranda.La alcaldesa aseguró que la medida de cerrar la puerta a los funcionarios impuntuales tendrá continuidad. "Todos han dicho hacía falta esto", dijo.La medida de la alcaldesa Aranda ha generado reacciones positivas y negativas. Algunos ciudadanos la han aplaudido por su compromiso con la puntualidad, mientras que otros la han criticado por considerarla una medida autoritaria.
Una mujer francesa de 53 años creyó que mantenía una relación sentimental con el actor estadounidense Brad Pitt. La víctima, identificada como Anne, se divorció de su esposo y entregó sus ahorros a personas que se hicieron pasar por el artista mediante perfiles falsos, fotografías y videos creados con inteligencia artificial.El engaño comenzó en febrero de 2023 y se prolongó durante aproximadamente un año y medio. Durante ese tiempo, los estafadores construyeron una relación virtual con la mujer, le enviaron mensajes románticos y utilizaron supuestas dificultades personales y médicas del actor para convencerla de que necesitaba ayuda económica.En total, Anne transfirió cerca de 830.000 euros, equivalentes a aproximadamente $3.045.104.000 colombianos, después de utilizar parte de la indemnización que recibió tras su divorcio y los ahorros que había acumulado. El caso, conocido a través de medios internacionales, muestra cómo los delincuentes recurren a herramientas de inteligencia artificial para fabricar pruebas audiovisuales y suplantar la identidad de figuras públicas.¿Cómo comenzó la estafa en la que una mujer creyó hablar con Brad Pitt?Anne se había registrado en Instagram en febrero de 2023, cuando atravesaba un periodo de distanciamiento matrimonial. Poco después, recibió un mensaje de una cuenta que decía pertenecer a Jane Etta, madre del actor.La persona detrás del perfil le aseguró que había visto sus fotografías y consideraba que su hijo debía conocerla. Posteriormente, otra cuenta que simulaba ser Brad Pitt inició una conversación con ella y mencionó el supuesto respaldo de su madre.La comunicación se volvió frecuente. El falso actor le escribía a diario, le preguntaba por su trabajo y su rutina, y le enviaba poemas y mensajes de amor. Cuando Anne comenzó a dudar de su identidad, los delincuentes recurrieron a imágenes y videos generados con inteligencia artificial.En uno de esos contenidos, el supuesto Brad Pitt aparecía en una cama de hospital y afirmaba que recibía tratamiento contra un cáncer de riñón. El material estaba diseñado para convencerla de que el actor atravesaba una situación médica que requería apoyo económico.¿Cómo terminó en un psiquiátrico?Los estafadores también le hicieron creer que el actor quería enviarle regalos de lujo, pero que estos permanecían retenidos en aduanas o estaban bloqueados por sus trámites de separación. Con ese argumento, comenzaron a pedirle dinero.Anne aceptó realizar varias transferencias. Durante ese periodo se divorció y recibió una indemnización económica. También utilizó los ahorros que había acumulado.En la etapa final del engaño, otros perfiles falsos se hicieron pasar por agentes del FBI para exigirle más dinero. Fue entonces cuando decidió acudir a las autoridades.Al descubrir que la relación nunca había existido y que había sido víctima de una estafa, Anne sufrió una crisis psicológica y fue internada en una clínica psiquiátrica. Posteriormente, también enfrentó burlas y comentarios en redes sociales tras la difusión pública de su caso.La historia muestra cómo los delincuentes pueden utilizar imágenes y videos manipulados para suplantar identidades. Por eso, las solicitudes de dinero de personas conocidas únicamente por internet deben verificarse antes de realizar cualquier transferencia.
Bucaramanga contará por primera vez con un Observatorio del Delito, una herramienta tecnológica que permitirá monitorear el comportamiento de la criminalidad en la ciudad y orientar las acciones de las autoridades para prevenir y combatir los hechos delictivos.El anuncio lo hizo el alcalde Cristian Portilla, quien explicó que este centro funcionará en el tercer piso de la Alcaldía, en las instalaciones de la Secretaría del Interior, y tendrá operación permanente, las 24 horas del día, durante los 365 días del año.El observatorio contará con un equipo interdisciplinario que analizará en tiempo real la información sobre los delitos, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y un sistema de monitoreo de gran formato. Además, estará articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército, las unidades de inteligencia y la Policía Judicial, para coordinar las acciones frente a las diferentes modalidades delictivas.Según explicó el mandatario, "esta tecnología permitirá identificar los sectores con mayor incidencia de delitos y los horarios en los que se presentan, con el propósito de orientar los patrullajes y operativos de la fuerza pública".La puesta en funcionamiento del observatorio estará acompañada de la renovación del sistema de videovigilancia de la ciudad. El alcalde anunció la incorporación de más de 200 cámaras nuevas, entre ellas dispositivos de reconocimiento facial y lectura automática de placas vehiculares (LPR), además de la reposición de 93 equipos que actualmente están fuera de servicio por fallas en el circuito cerrado de televisión.A esta estrategia se sumará la llegada, prevista para diciembre, de tres torres móviles de vigilancia que podrán instalarse de manera itinerante en puntos estratégicos de Bucaramanga. Estos equipos tendrán cámaras con movimiento y acercamiento (PTZ), reconocimiento facial, lectura de placas y sistemas de perifoneo. También estarán conectados con el comando de la Policía y el Observatorio del Delito.El alcalde señaló que: "estas medidas buscan fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades. Como parte de los resultados recientes, durante septiembre se registró una reducción del 50 % en los homicidios y en octubre la disminución fue del 33 %".Además de los homicidios, la Administración Municipal busca concentrar esfuerzos en combatir el hurto, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, problemáticas que también representan retos para la seguridad de la capital santandereana.
La revista británica The Economist publicó este 9 de noviembre un análisis crítico sobre los primeros cerca de 100 días del presidente Abelardo de la Espriella, a quien describe como un populista de derecha de estilo “trumpista” que no está dispuesto a tomar prisioneros, ni frente a los narcotraficantes ni frente a sus críticos.Según el medio, el mandatario que se hace llamar ‘El Tigre’ prometió mano dura y un crecimiento económico acelerado, y ya comenzó a avanzar en ambos frentes. Sin embargo, advierte que sus instintos “iliberales” lo han puesto en ruta de colisión con el Congreso y las cortes.Seguridad: más espectáculo que cambio de estrategiaThe Economist señala que la seguridad se ha convertido en la principal prioridad del Gobierno. De la Espriella puso fin a los diálogos de paz iniciados durante el mandato de Gustavo Petro, intensificó los bombardeos contra grupos armados, abatió a varios objetivos de alto valor y aprobó extradiciones a Estados Unidos.La publicación describe cómo el presidente acompaña operativos nocturnos con pistola al cinto y difunde en redes sociales videos de capturas con su frase “Bienvenido a la Patria Milagro”. Parte de ese contenido, según el semanario, resulta autocomplaciente e incluso grotesco.Aun así, el medio cita a Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, quien calificó de “modesto” el aumento de operaciones y aseguró que en esencia se mantiene la misma fórmula de capturas, muertes e incautaciones. Como ejemplo de los límites de esta estrategia, The Economist recuerda el paro armado que una banda impuso en Santa Marta en septiembre tras la muerte de su cabecilla: pese al sobrevuelo de aviones de combate ordenado por el presidente, los habitantes permanecieron encerrados.El Gobierno también impulsa una “ley de sometimiento”, que ofrece rebajas de penas a criminales que confiesen y colaboren, y un estatuto antiterrorista que permitiría congelar bienes de presuntos colaboradores. Organizaciones de derechos humanos temen que esta herramienta se use para intimidar a la sociedad civil.Crisis fiscal y una reforma tributaria que sorprendióEl semanario subraya que el margen de maniobra es estrecho: la deuda pública ronda el 60 % del PIB, el déficit fiscal proyectado para 2027 es de 9,4 % y el servicio de la deuda consumiría casi una cuarta parte del presupuesto. Por eso, el Gobierno negocia con el FMI un posible préstamo de hasta 20.000 millones de dólares.La reforma tributaria y de gasto presentada a finales de octubre reduce los bienes con IVA preferencial, amplía la base del impuesto de renta, recorta en una quinta parte la nómina estatal y baja la tarifa corporativa del 35 % al 31 %. Según The Economist, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas la consideró inesperada viniendo de un populista.Choque con el CongresoEl medio advierte que aprobarla no será fácil: el partido del presidente tiene pocas curules y él asegura no querer negociar cargos a cambio de apoyos. El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, sostuvo que el Gobierno busca imponer proyectos sin debatirlos. El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó a advertir sobre un posible impago de la deuda si la reforma no prospera.La designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, según la revista, encaja con la “contrarrevolución cultural” que promueve el mandatario, que incluyó el retiro de decenas de obras del Museo Nacional sobre feminismo, diversidad sexual y procesos de paz.Alineación con Trump y críticas por autoritarismoThe Economist destaca que Colombia se sumó al Escudo de las Américas, la coalición militar antidrogas liderada por Washington, y retiró a su candidato a la Corte Penal Internacional. Además, señala que el presidente comparte con Trump una “piel delgada”: habría despedido al director del DANE, mientras que el presidente de la ANDI renunció tras un supuesto veto a reuniones con ministros, y varios periodistas críticos han perdido sus empleos.Paro nacional del 19 de noviembreFinalmente, el semanario anticipa que la tensión crecerá en las calles: el Pacto Histórico, sindicatos y estudiantes convocaron un paro nacional para el 19 de noviembre. Las protestas de octubre reunieron unas 60.000 personas, que el mandatario calificó como una pequeña minoría.
La Fiscalía General de la Nación informó que 33 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Puentes II’ fueron judicializados, luego de ser presentados ante jueces de control de garantías por hechos relacionados con el tráfico local de estupefacientes, homicidios y desaparición forzada en el sur de Bogotá.De acuerdo con la investigación, ‘Puentes II’ habría surgido en 2018 a partir de la unión de dos estructuras delincuenciales que anteriormente se disputaban las rentas derivadas del tráfico de estupefacientes: ‘El Mesa o Paisas’, originaria del Valle de Aburrá, en Antioquia, y ‘Los del Compa o El Viejo’. La Fiscalía sostiene que, después de esa unión, la organización habría establecido dos componentes para desarrollar sus actividades. Uno estaría dedicado al almacenamiento y distribución de bazuco, marihuana y cocaína, mientras que el otro tendría como función la ejecución de homicidios para controlar los puntos de expendio de estupefacientes.La investigación señala que las actividades del grupo se habrían concentrado en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle, en el sur de Bogotá. En esos sectores, algunos de sus integrantes estarían encargados de la venta de estupefacientes al menudeo en entornos académicos, parques y otros lugares de alta concurrencia, mientras que otros cumplirían labores de vigilancia, coordinación logística y participación en ataques con armas de fuego.La Fiscalía también atribuye a esta estructura al menos ocho homicidios y una desaparición forzada. Entre los hechos investigados está la desaparición de un hombre ocurrida en octubre de 2024. La víctima habría sido citada porque supuestamente conocía la ubicación de varias dosis de sustancias ilícitas que se encontraban perdidas y, desde ese momento, se desconoce su paradero.Dentro de los casos relacionados con los homicidios está el asesinato de una mujer ocurrido el pasado primero de febrero en el barrio Diana Turbay. A este hecho se suman la muerte de un joven cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del sector conocido como San Martín, en abril; un doble homicidio registrado en Molinos durante ese mismo mes, y el asesinato de un taxista ocurrido en agosto.En diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron capturadas o notificadas en centros carcelarios 33 personas que serían integrantes de ‘Puentes II’. Entre ellas se encuentra José Orlando Lancheros Ramírez, alias El Compa o El Viejo, quien ya fue condenado y es señalado como uno de los cabecillas y determinadores de varios homicidios.Los fiscales les imputaron, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
La Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional cumplir nuevas órdenes para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas. El alto tribunal estableció plazos de 20 y 30 días hábiles para que distintas entidades demuestren qué están haciendo y cómo garantizarán el cumplimiento de los compromisos."Para la Corte, la exigencia de la implementación normativa del Acuerdo no es una simple formalidad, sino que “(…) representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico", se lee en la decisión. Entre las principales exigencias está incluir un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, con recursos, proyectos y acciones concretas para cumplir lo pactado."En primer lugar, la Sala reitera que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado y que su implementación, desarrollo y seguimiento vinculan de buena fe a todas las autoridades. También explica que el Gobierno nacional cuenta con un amplio margen de apreciación para adoptar las acciones necesarias y para definir los medios de cumplimiento", señala la alta Corte.Además, pidió incorporar medidas para superar las fallas en las garantías de seguridad de los firmantes, situación que fue declarada como un estado de cosas inconstitucional en 2022. Para este punto, el Gobierno tendrá 30 días hábiles para entregar un informe detallado. Asimismo, la Corte requirió garantizar el funcionamiento efectivo de una entidad encargada de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Gobierno. Esta instancia deberá contar con presupuesto, personal, capacidad institucional y suficiente autoridad para coordinar a las diferentes entidades.En cuanto al seguimiento de los compromisos, el alto tribunal exigió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) garantizar la continuidad de esta instancia y su trabajo conjunto con los representantes de los firmantes. Para demostrar cómo se hará ese seguimiento, deberán presentar un informe en un plazo de 20 días hábiles. De igual forma, les pidió a los ministros del Interior, Defensa y Justicia, junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la Unidad Nacional de Protección y otros funcionarios, poner en funcionamiento el sistema encargado de planear, recopilar información y medir los avances en materia de seguridad. También deberán definir y entregar indicadores que permitan establecer si las medidas de protección están dando resultados. El plazo es de 20 días hábiles.Por otra parte, la Corte requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla medidas para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Esta instancia deberá demostrar en 20 días cómo está verificando que las medidas se cumplan efectivamente. A estas exigencias se suma la orden al Ministerio del Interior de presentar un balance sobre la Política Pública Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. El Gobierno deberá explicar en 20 días qué acciones adelanta para evitar la discriminación y los señalamientos contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz y cómo está haciendo seguimiento a su implementación.La Corte también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz. Esto implica demostrar qué acciones se están ejecutando para combatir las estructuras ilegales que amenazan a los firmantes y otros sectores protegidos por el Acuerdo. Finalmente, el alto tribunal requirió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que encabeza el Sistema Nacional de Reincorporación, garantizar el funcionamiento efectivo del subcomité encargado de coordinar, planificar y hacer seguimiento al Programa de Reincorporación Integral. La entidad deberá explicar cómo está articulando las acciones para que los excombatientes avancen en su reincorporación económica y social.La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que se aprobara un recorte de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La reducción obligó a la entidad a anunciar medidas de austeridad que incluyen entregar, en marzo del próximo año, su actual sede en Bogotá, trasladarse a un edificio más pequeño y convertir la virtualidad en la principal modalidad de trabajo.Además, el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, anunció una reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios y ajustes en los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes.
