La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, contra la condena de 60 años de prisión por su responsabilidad en la masacre ocurrida en el corregimiento de Media Luna, en San Diego, Cesar.El alto tribunal determinó que la defensa no logró demostrar errores sustanciales en las decisiones judiciales que lo condenaron por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada, hechos ocurridos el 27 de octubre de 1996 durante una incursión de las Autodefensas de la Costa Norte.Según el expediente, en esa acción armada murieron siete personas y otras cuatro fueron desaparecidas, en un operativo en el que también participó el entonces comandante paramilitar Salvatore Mancuso.La defensa de ‘Jorge 40’ alegó que durante el proceso se vulneró su derecho a la defensa técnica, al considerar que su abogado de oficio fue pasivo y no ejerció una estrategia adecuada. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó que no existió un abandono absoluto de la defensa, sino diferencias de criterio frente a la estrategia jurídica adoptada.Además, el alto tribunal señaló que el propio procesado se negó en repetidas ocasiones a notificarse de las decisiones judiciales, pese a encontrarse detenido en Estados Unidos, lo que obligó a las autoridades a declararlo persona ausente y continuar el proceso con un defensor público.Para la Corte Suprema, los testimonios de exintegrantes de las AUC fueron consistentes y permitieron establecer la participación directa de alias Jorge 40 en la planeación y ejecución de la masacre, actuando junto a otros comandantes del grupo armado.
La ausencia del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, llevó al vicepresidente Jorge Tovar a asumir la conducción de la plenaria. Sin embargo, su presencia al frente de la sesión generó malestar entre varios congresistas, quienes consideraron inapropiado que él, hijo de Jorge 40, exjefe paramilitar señalado de graves crímenes, ocupara ese rol.Una de las críticas más contundentes vino de la senadora María José Pizarro, quien expresó su rechazo de manera enfática. Su intervención fue respondida con dureza por la representante Katherine Miranda, quien la calificó de “hipócrita” por su postura, pues su padre Carlos Pizarro perteneció a la guerrilla del M-19.Jorge Tovar también se pronunció, defendiendo su derecho a ejercer cargos públicos pese al historial de su padre; en diálogo con Mañanas Blu, aseguró que le parece injusto que lo señalen por los crímenes de su padre. En ese sentido, calificó de lamentable lo que sucedió ayer en la plenaria, hecho que opacó lo que era un día histórico para las víctimas. "La senadora Pizarro, que lo tengo que decir con dolor, además en una actitud hipócrita pretendieron evitar que yo estuviera sentado en la mesa directiva y que yo presidiera el Congreso en pleno en conmemoración de la víctima, algo que no sucedió porque debo decirlo, fueron dos voces de rechazo, fueron más de 15 congresistas de todos los partidos políticos, de todas las bancadas las que salieron a respaldar que yo estuviera ahí, a exigirle respeto a las dos senadoras", contó.Tovar aseguró que él representa a las víctimas del conflicto armado, los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, que "fueron quienes me eligieron"."Es que yo estaba ayer sentado ahí porque las mismas víctimas, los campesinos, las comunidades indígenas de esos departamentos me eligieron. Yo soy víctima porque fui desplazado por la violencia, yo soy víctima porque me tocó irme al exilio, yo soy víctima porque familiares estuvieron secuestrados por la guerrilla, yo soy víctima porque me asesinaron familiares, uno de ellos Sergio Tobar Pupo, mi tío, un 24 de diciembre en la ciudad de Valledupar. ¿Es que si eso no me hace víctima, qué es la victimización en este país? Lo que sucedió ayer fue una revictimización de estas dos senadoras en contra de una víctima del conflicto armado", sentenció.Finalmente, Tovar hizo un llamado a que no lo juzguen y reiteró que no puede responder por los delitos que cometió su padre, pero sí cambiar la historia. "Las responsabilidades penales en este país son individuales. Yo no puedo responder por lo que hizo mi papá. Él está respondiendo, lleva más de 20 años preso. No me pueden pedir a mí que responda por las responsabilidades de él. Ahora, yo que sí puedo hacer lo que he hecho, que es cambiar mi historia, que es poner a disposición del país de la paz, del país de la reconciliación, del país, mi experiencia de vida para trabajar porque este país cambie", expresó. Escuche aquí la entrevista:
En una sesión del Congreso destinada a honrar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, la presencia de Jorge Tovar —hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'— como presidente accidental de la plenaria desató una oleada de polémicas y confrontaciones entre congresistas. La senadora María José Pizarro, una de las voces más críticas, calificó la situación como “una falta de respeto hacia las víctimas presentes”.El evento, que debía ser un espacio de memoria, se convirtió en un escenario de debate sobre la legitimidad moral y política de quienes ocupan cargos de representación en nombre de las víctimas. La polémica estalló cuando, por ausencia del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, Tovar —quien ocupa una curul de víctimas— asumió la presidencia junto con el senador Efraín Cepeda.“No es en términos de formas lo más oportuno que el hijo de un exparamilitar presida una sesión tan simbólica”, sostuvo Pizarro en entrevista con Blu Radio, recalcando que se trata de un momento de alto valor simbólico para quienes han sufrido directamente los horrores del conflicto.El choque con Katherine Miranda y el debate sobre los “delitos de sangre”Las tensiones se intensificaron cuando la representante Katherine Miranda acusó a Pizarro de hipocresía, haciendo referencia al pasado de su padre, el excomandante del M-19, Carlos Pizarro. “Si vamos a juzgar a Tovar por su padre, entonces usted tampoco debería estar sentada aquí”, espetó Miranda, desatando una respuesta firme por parte de Pizarro, quien se negó a convertir el episodio en un enfrentamiento personal, pero insistió en la importancia del tacto político.“Yo nunca he pretendido presidir una sesión como la del 9 de abril porque considero que se superponen distintas verdades”, explicó. Para la senadora, el Congreso refleja una realidad nacional compleja, donde las víctimas no son un bloque homogéneo y los recuerdos del conflicto aún duelen desde múltiples ángulos.A pesar de la controversia, el representante de la curul de paz William Aljure propuso un acto de reconciliación simbólica entre Jorge Tovar, María José Pizarro y miembros del partido Comunes, gesto que fue recibido con aplausos. Sin embargo, el trasfondo del debate dejó al descubierto las heridas aún abiertas de un país que no ha logrado cerrar el capítulo del conflicto armado.“Estamos en un país que no ha podido generar espacios reales de reconciliación. La verdad ha sido negada en muchos casos y seguimos arrastrando resentimientos”, lamentó Pizarro, quien además recordó que muchos congresistas actuales también son víctimas del conflicto, incluidos miembros de su bancada como Aída Avella, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica.¿Quién puede hablar por las víctimas?La discusión también trajo al centro el cuestionamiento sobre quién puede, o debe, representar a las víctimas. Aunque Jorge Tovar no tiene ninguna acusación penal en su contra, su papel como hijo de 'Jorge 40' genera resistencia entre quienes consideran que su presencia puede reabrir heridas. No obstante, Pizarro reconoció la legitimidad democrática de su elección: “Seguramente el señor Tovar ha pasado también por episodios de victimización y tiene la legitimidad de estar en el Congreso”.Con esta afirmación, la senadora introdujo un matiz importante al debate: la legitimidad de las curules de víctimas no puede depender exclusivamente de los antecedentes familiares. Pero sí subrayó la necesidad de que la Mesa Directiva del Congreso tenga más sensibilidad al momento de asignar roles simbólicos en fechas conmemorativas.La senadora María José Pizarro cerró su intervención llamando a una comprensión más profunda de la verdad y la justicia para las víctimas: “Ojalá le podamos entregar a las futuras generaciones un escenario distinto, con mayor justicia social y mayor respeto entre los colombianos”.
La ausencia del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, obligó al vicepresidente Jorge Tovar a asumir la presidencia de la plenaria. Sin embargo, su papel generó incomodidad entre varios congresistas, quienes señalaron que era una ofensa a las víctimas que el hijo de ‘Jorge 40’, exjefe paramilitar acusado de crímenes atroces, dirigiera dicha sesión.La senadora María José Pizarro fue una de las voces que expresó su rechazo, lo que provocó una dura respuesta por parte de la representante Katherine Miranda, quien la acusó de “hipocresía” por su postura.Tovar, por su parte, también se pronunció, defendiendo su derecho a ejercer funciones públicas pese al pasado de su padre.En medio del tenso ambiente, el representante por las curules de paz William Aljure propuso un acto simbólico de reconciliación, invitando a Tovar, Pizarro y miembros del Partido Comunes a unirse.El gesto fue aplaudido por varios presentes, aunque no logró calmar del todo los ánimos.Durante la sesión, varias víctimas tomaron la palabra y denunciaron el abandono del Estado. Eiber Rodríguez, soldado y víctima de minas antipersona, aseguró haber sido olvidado.“Nosotros, los miembros de la fuerza pública, no hemos sido tratados con respeto. Este oficio con nosotros ha sido miserable y desagradecido. Es desafortunado ver a exguerrilleros ocupando curules mientras a nosotros nos dan la espalda”, expresó, haciendo un llamado directo al presidente Gustavo Petro.Por su parte, Marta Cecilia López, víctima de las Farc y el ELN, lanzó duras palabras contra la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez.“Tenga un poquito de respeto. Usted es una proxeneta y una asesina. No sé qué pruebas nos pide si a ninguna mujer violada nos daban una cámara para grabar semejantes horrores”, dijo.Las denuncias continuaron con reclamos hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) por múltiples trabas en medidas de seguridad y hacia la Unidad de Víctimas por no brindar garantías.Incluso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue señalada por no haber entregado, según ellos, ni siquiera la verdad completa de lo ocurrido en el conflicto armado.
Hace 18 meses, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación para expulsar al exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, del proceso de justicia y paz.Esta ley fue creada tras la desmovilización de los paramilitares con el propósito de facilitar su reincorporación a la vida civil y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos entre la década de 1990 y principios de los 2000.La Fiscalía argumenta que alias ‘Don Berna’ debe ser expulsado de justicia y paz y, juzgado por la justicia ordinaria debido a su reiterada negativa de atender los llamados para esclarecer los crímenes en los que estuvo involucrado.Hace unas semanas fue enviada una carta por familias de las víctimas, en la que piden al alto tribunal acelerar el proceso. El expediente ya cumple casi dos años en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y el magistrado encargado de estudiarlo es Hugo Quintero Bernate.“Actualmente se encuentra en su despacho el recurso sobre la exclusión de Diego Fernando Murillo Bejarano, máximo excomandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, del proceso de justicia y paz, según solicitud que hizo la Fiscalía hace aproximadamente siete años. Si bien entendemos la alta carga laboral y la cantidad de procesos que enfrenta la Corte, es importante resaltar que la congestión judicial no puede prevalecer sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Es responsabilidad del Estado garantizar estos derechos, que han sido negados por años”, señala la misiva.En diálogo con Blu Radio, la abogada María Fernanda Torres explicó las repercusiones de esa decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia de expulsar o no a ´Don Berna´“Se ha dilatado la situación jurídica de varias víctimas, si cada hecho corresponde a una víctima fallecida o asesinada hablamos de cerca de 500 personas a la espera de una decisión que permita llegar a la verdad y reparación que claman las víctimas (…) Más allá de que se eche a la basura lo que se ha avanzado en justicia y paz en Medellín, si el proceso cae en la justicia ordinaria la Fiscalía tendría que volver a organizar una estructura metodológica del caso, arañarlo y así posiblemente llevarlo a juicio. Esto demora más tiempo frente a los años en que se puede demorar justicia y paz”, dice la abogada.La representación de las familias Calderón y Alvarado advierte que, en caso de que la Corte decida expulsar a ‘Don Berna’ de justicia y paz, esto podría generar retrasos en las investigaciones debido a la nueva metodología que debería implementarse en múltiples expedientes, lo que consideran preocupante.
En un reciente anuncio, el presidente Gustavo Petro designó a 17 exlíderes paramilitares como gestores de paz. Entre ellos se encuentran reconocidos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar (alias Jorge ‘40’), Diego Fernando Murillo y Carlos Mario Jiménez. Según el Gobierno, la medida busca que estos exparamilitares contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y desmovilización. Sin embargo, esta decisión ha causado consternación y rechazo en diversas esferas de la sociedad colombiana, especialmente entre las víctimas de estos actores armados.Rossi Pérez, una víctima de Jorge ‘40’ y sobreviviente de múltiples abusos a manos de grupos armados ilegales, expresó su indignación en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales. “Es un irrespeto del Gobierno,” afirmó Rossi, al conocer la designación de los paramilitares, quienes cometieron crímenes atroces contra ella y su familia."La marca imborrable de la violencia": el testimonio de Rossi PérezRossi Pérez no solo ha sido víctima directa de Jorge ‘40’, sino que también ha soportado múltiples formas de violencia en carne propia, incluida la agresión sexual y el desplazamiento forzado. En su testimonio, cuenta que su hermano fue reclutado a la fuerza por los paramilitares y posteriormente asesinado brutalmente por orden de Jorge ‘40’. “Lo asesinaron de una manera tan cruel, hasta lo desmembraron”, relató, evidenciando el dolor imborrable que este hecho ha dejado en su vida y en su memoria.Pérez también sufrió agresiones sexuales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. Con un tono marcado por la indignación y el dolor, recordó cómo fue abusada por tres paramilitares cuando tenía solo 15 años y luego nuevamente violentada por guerrilleros de las FARC. “El ser abusado sexualmente es algo que marca, realmente marca mucho a la persona,” expresó Rossi, tras subrayar la gravedad de la situación al referirse a Hernán Giraldo Sierra, otro de los nombrados gestores de paz, conocido por haber cometido abusos sexuales contra niñas en la Sierra Nevada.Una esperanza de cambio traicionadaRossi, quien votó por el presidente Petro impulsada por la promesa de un cambio profundo en favor de las víctimas, expresó su decepción al ver que en lugar de otorgar un protagonismo real a quienes han sufrido los estragos de la guerra, el gobierno ha dado relevancia a quienes perpetraron la violencia. “Nosotras las víctimas esperábamos un capítulo especial para víctimas, no que nos dijeran está el artículo 294, está eso. No,” afirmó.Con pesar, Rossi denunció la falta de representación de las víctimas en los espacios de negociación: “Se sientan gobiernos y victimarios, pero las víctimas a dónde están? Las víctimas no son escuchadas, entonces seguimos igual.”La polémica de los gestores de paz: ¿Reparación o revictimización?El concepto de “gestores de paz” permite que actores antes involucrados en actividades ilícitas, como los paramilitares, puedan actuar como intermediarios en procesos de desmovilización y sometimiento de grupos criminales. Esta iniciativa, que ha sido promovida bajo el liderazgo de la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, establece una temporalidad de seis meses para que estos gestores contribuyan en actividades que promuevan la paz en el país.Sin embargo, no es la primera vez que exparamilitares asumen roles en procesos de paz. En el pasado, algunos se acogieron al sistema de Justicia y Paz, aunque varios de ellos reincidieron en actividades criminales. Por eso, para Rossi Pérez y otras víctimas, este tipo de nombramientos representan una suerte de revictimización, al poner a sus victimarios en posiciones de poder e influencia dentro del proceso de paz. Rossi cuestionó cómo se supone que alguien que fue abusado y marcado de por vida pueda “mirar a la cara a la persona que le hizo tanto daño”.
Este martes, el presidente Gustavo Petro nombró como gestores de paz a 17 exmandos paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, lo que desató una serie de reacciones en contra de la decisión, la cual hace parte del proceso de paz total que adelanta el Gobierno.El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, respondió a las críticas y aseguró que los beneficios que recibirán estos exparamiliares, como servicios de traslado y comunicaciones, son parte de los compromisos para ese aporte de verdad que tendrán que cumplir.Además, aclaró que “no son caramelos”, sino recursos que se usarán de ser necesarios y requeridos en el proceso que ahora se desarrolla. En ese sentido, dijo que “no hay ninguna negociación” y se evaluará caso por caso.“No hay caramelos. De alguna manera toca escucharlos, valorar lo que ellos están haciendo. Valorar cada una de las actitudes de ellos, por eso no podemos meter todo en un mismo costal. Entonces, toca valorar a cada uno de ellos, si su aporte será real y verdadero. No hay ninguna negociación, solamente ellos quieres descargar algunas cosas que no fueron bien oídas, según ellos, en el anterior proceso”, precisó el alto comisionado.Otty Patiño insistió que los beneficios a los que hacen referencia tienen que ver solo con su labor como gestores de paz. Habló de celulares, tablets y otros elementos.“Beneficios en el sentido de que puedan hacer ejercicio de su gestión de paz (…) Que en lugar de sacarlos, de excarcelarlos, puedan ellos comunicarse a través de celular o Tablet para poder indagarles, que cuenten cosas que hasta el momento no han contado o no han sido tenidas en cuenta”, añadió.El alto comisionado para la Paz explicó que esto busca que “haya mayores contribuciones a la verdad, a las víctimas y al proceso”, pero, enfatizó, que, de no funcionar, se suspenderá inmediatamente a decisión del Gobierno.“No es una graduación, es un compromiso y desde luego su eso no funciona, inmediatamente se suspende. El Gobierno tiene toda la potestad de nombrar, pero también de quitarle esa posibilidad de que aporten a la verdad. Hay cimentes que no entran en justicia y paz y son tarea de la justicia ordinaria y tiene que pagar esos delitos”, detalló.
El presidente Gustavo Petro aseguró que el proceso de paz que se desarrolló durante el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares no había tenido un cierre y por eso anunció una mesa de paz con los exAUC para culminar esas negociaciones. Asimismo, anunció a quienes serían los gestores de paz.“El proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso le propongo instalar una mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, le dijo Petro al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.Además el presidente Gustavo Petro se refirió a los exjefes paramilitares que serían gestores de paz en este proceso. Señalando a Carlos Mario Jiménez, conocido como alias 'Macaco', y a Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40'.“Nosotros nombraremos una representación del Gobierno para mirar cuáles son los vacíos y los incumplimientos del acuerdo que establecieron entre paramilitares y Uribe Vélez”, agregó Petro.Por su parte Salvatore Mancuso aseguró que aunque hace 20 años se entregaron las armas el proceso de las autodefensas no culminó como debería.“Es un proceso inconcluso, se entregaron las armas, pero jamás se cerró el ciclo, es un proceso que lleva más de 20 años sin cerrarse y apenas en este Gobierno se va a cerrar a través de este Gobierno que ha tenido la voluntad para hacerlo”, señaló Mancuso.
En la región Caribe crece el inconformismo entre las víctimas del conflicto con la designación de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, conocido como ‘Yoyo’ Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, como el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes.En el departamento del Cesar donde las víctimas del conflicto han venido denunciando presuntas alianzas entre instituciones públicas con el paramilitarismo, rechazan de manera tajante esta elección.Lui Fernando Lara, líder campesino, quien además hace parte de la corporación constructores de paz, dice que ‘Yoyo’ Tovar no representa las víctimas y que por el contrario insisten en el llamado a la Fiscalía y la Corte Suprema a que se siga profundizando en la investigación sobre su elección como representante a la Cámara por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.Gobierno del Valle firmó convenio con la JEP para garantizar reparación de las victimas de las Farc“Vemos con profunda preocupación que llega como vicepresidente de la Cámara de Representante. ‘Yoyo’ Tovar no representa a las víctimas, él representa al sector e los victimarios y hacemos un llamado a la Fiscalía y la Corte Suprema de justicia en donde hay unos procesos en curso, a que se siga profundizando en la investigación porque yo sé que el trascurso de ella determinará que el hijo de Jorge 40 fue elegido Representante a la Cámara debido exclusivamente al temor que se ha infundido por los paramilitares en esta región”, dijo Lara.Señala que han venido aportando a las autoridades pruebas de que en el departamento del Cesar existen presuntas irregularidades en instituciones públicas por la cooptación de sectores que representan el paramilitarismo.
Blu Radio conoció que desde hace meses se han realizado encuentros entre varios exjefes paramilitares, sus abogados y delegados de la oficina del alto comisionado para la Paz para explorar las vías que permitan instalar una mesa, con el fin de revisar el proceso de paz con las AUC. Hasta el momento lo que se sabe, es que todas las reuniones han contado con testigos y se han logrado avances tan importantes como que dicha mesa técnica podría instalarse en las próximas semanas.La antesala de estas reuniones fue un encuentro entre varios exjefes paramilitares y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá. Desde esa zona del país, Rueda dijo en su momento que el Gobierno retomaría el proceso de paz con las AUC.Blu Radio tiene en su poder una carta de siete páginas que los exjefes paramilitares radicaron ante la oficina del alto comisionado para la Paz en la que explican cómo funcionaría la mesa técnica, quiénes serían los delegados de las AUC en los diálogos e incluyen algunas peticiones para poder iniciar el proceso.Justamente, los exjefes paramilitares plantean que la mesa esté integrada por excomandantes de los diferentes bloques regionales de las autodefensas, y en este sentido, entregan una lista de 17 nombres de personas que consideran podrían ser los delegados entre los que aparecen Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’.1.- RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO – alias ‘El viejo’2.- ARNUBIO TRIANA MAHECHA3.- HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ4.- RAMIRO VANOY MURILLO5.- HERNÁN GIRALDO SERNA6.- LUIS EDUARDO CIFUENTES GALINDO7.- MANUEL DE JESÚS PIRABAN8.- JUAN FRANCISCO PRADA9.- JOSÉ BALDOMERO LINARES10.- SALVATORE MANCUSO GÓMEZ11.- CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO12.- DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO13.- HEBERT VELOZA GARCÍA14.- RODRIGO TOVAR PUPO15.- RODRIGO PÉREZ ALZATE16.- FREDY RENDÓN HERRERA17.- EDWAR COBOS TÉLLEZAdemás, señalan que están a la espera de que el Gobierno nombre a sus delegados. Eso sí, aclaran que es importante que las mesas temáticas estén integradas por excomandantes y excombatientes.De acuerdo con el documento, una vez se instale la mesa técnica, se construiría un "informe balance" sobre los resultados, logros, incumplimientos y errores del proceso que se realizó durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez."A partir del informe, actualizar los acuerdos y compromisos adquiridos por las partes en el marco de dicho proceso de negociación, definir una ruta de cumplimiento y suscribir un acuerdo final que cierre satisfactoriamente el Proceso Político de Paz inconcluso entre las autodefensas y el Estado colombiano. El segundo propósito de este documento consiste en formular técnicamente este diálogo, a fin de identificar mecanismos, tiempos y resultados concretos entre el inicio de la elaboración del balance y la firma del acuerdo final", señala la carta.Por otra parte, los exjefes paramilitares le plantean al Gobierno cómo funcionarían la mesa técnica y las mesas temáticas:En cuanto a la mesa técnica, esta tendría una secretaría y cinco mesas temáticas.La mesa jurídica se encargaría de la ley de justicia y paz, los paramilitares que se encuentran en las cárceles y la justicia ordinaria.La mesa temática de políticas de reincorporación se encargaría de "la integración política, económica, social y las garantías de seguridad de los excombatientes", en este punto es importante recordar que los exjefes de las AUC han denunciado que al menos 4.000 personas que hicieron parte de este proceso han sido asesinadas.Otra mesa sería la de "reparación a víctimas y búsqueda de personas dadas por desaparecidas" y se encargaría del cumplimiento del régimen de condicionalidad, la extinción de bienes y los aportes a la verdad.La mesa temática de políticas del desarrollo regional buscaría implementar algunos proyectos productivos en las zonas donde las AUC tuvieron presencia.En la última mesa, llamada agenda de paz, plantean que se traten temas relacionados con los diálogos con las comunidades y un acuerdo nacional, el acompañamiento, proponen en la carta, lo haría la ONU y la MAP OEA."Con respecto a la participación de los exintegrantes de las Autodefensas Campesinas de Colombia, también conocidas como AUC, es preciso advertir que esta mesa técnica tiene una vocación participativa, queremos que los exintegrantes de las autodefensas tengan la oportunidad de aportar sus insumos a las mesas y se sientan parte del proceso. Para este fin es preciso contar con las garantías de participación tanto de las personas en libertad, en el exilio, presos políticos y asesores", señala el documento.Ya refiriéndose al proceso, piden que sea participativo y público, incluso transmitido por los medios, además de implementar una pedagogía sobre el proceso de paz en todo el país, especialmente en las regiones.Finalmente, la carta tiene un apartado en el que hacen unas "solicitudes y requerimientos" y mencionan al menos seis puntos que consideran son importantes para empezar el proceso."Facilitación para que los excomandantes en libertad y los que se encuentren en condición de presos políticos que hagan parte de la mesa técnica, puedan tener reuniones internas como prioridad fundamental para el inicio de las discusiones del trabajo temático a desarrollar", se lee en el documento.En el mismo sentido solicitan la concentración de los exparamilitares que van a participar en el proceso y se encuentran en diferentes cárceles, la idea es que estén en sitios especiales donde puedan reunirse y realizar las labores de la mesa. Otra de las solicitudes es que se destinen los recursos necesarios para el funcionamiento de la mesa y garantizar que los asesores del proceso puedan reunirse con los exAUC en las cárceles.En el documento, se lee la siguiente petición: "Solicitar vía cooperación judicial y conforme a los acuerdos bilaterales vigentes, la conexión de los excomandantes que como presos políticos se encuentran en prisiones de EEUU".En la lista, nuevamente aparecen exjefes paramilitares como alias ‘Cuco Vanoy’, ‘Don Berna’, Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’.1.- RAMIRO VANOY MURILLO - Prisión EEUU2.- DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO - Prisión EEUU3.- SALVATORE MANCUSO GÓMEZ - Prisión EEUU4.- HÉCTOR JOSÉ BUITRAGO RODRÍGUEZ - Cárcel Picota5.- HERNÁN GIRALDO SERNA - Cárcel de Itagüí6.- CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO - Cárcel de Itagüí7.- HEBERT VELOZA GARCÍA - Cárcel de Itagüí8.- RODRIGO TOVAR PUPO - Cárcel Picaleña" dice el documento.La carta está firmada por varios exAUC, entre los que se encuentran algunos de los jefes de bloque como Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, Hebert Veloza, alias ‘HH’, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido bajo los alias de ‘Don Berna’, entre algunos otros.Escuche el audio completo aquí:
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.