Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, excabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad en 22 hechos delictivos que dejaron 145 víctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar. El procesado se acogió a sentencia anticipada ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.La aceptación de cargos comprende los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. La actuación hace parte de la estrategia para terminar anticipadamente procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal. Entre los hechos reconocidos se encuentran cinco homicidios colectivos. Uno ocurrió el 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento La Meza, en Valledupar, donde fueron asesinadas cinco personas. Otro se registró el 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes, en San Diego, y dejó seis víctimas.También están incluidos los ataques armados perpetrados el 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, que causaron nueve muertes. A estos hechos se suman las incursiones armadas ocurridas entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005 en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, donde fueron asesinadas 20 personas.La investigación también documentó los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad. La Fiscalía señaló que, mediante un enfoque diferencial, se evidenciaron las graves afectaciones causadas a estas comunidades, sus territorios, sus formas de vida y sus prácticas culturales y espirituales. De acuerdo con la investigación, las conductas atribuidas a Tovar Pupo habrían respondido a un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia paramilitar en la región.La aceptación de responsabilidad será remitida a un juzgado especializado, que tendrá a su cargo determinar la pena correspondiente. Por ahora, el trámite de sentencia anticipada permite avanzar hacia la definición judicial de los hechos y las conductas reconocidas por el exjefe paramilitar.
La defensa del empresario Rafael Antonio Matera Lajud rechazó los señalamientos realizados por el excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con un supuesto vínculo entre el empresario y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Severini Caballero, quien fue condenado a 30 años de prisión por homicidio y ahora llega a la JEP, ha entregado declaraciones ante esa jurisdicción en las que se refiere a presuntos vínculos de empresarios y otras personas con estructuras paramilitares.En el caso de Matera Lajud, quien fue socio y representante legal de Camagüey, los señalamientos están relacionados con el supuesto ingreso al frigorífico de ganado que, según Severini, habría sido robado por integrantes de las AUC a finqueros y hacendados de la Costa. De acuerdo con esa versión, los animales eran sacrificados y comercializados para obtener recursos destinados a financiar a los grupos paramilitares.Estas afirmaciones hacen parte de las declaraciones que Severini está entregando ante la JEP y que son rechazadas por la defensa de Matera Lajud.El abogado Rubén Darío Henao, representante del empresario, cuestionó los señalamientos y aseguró en entrevista con Blu Radio que su cliente fue víctima de las estructuras paramilitares y no integrante o colaborador de estas.“Rafael Matera siempre fue un hombre, un empresario agroindustrial que, en su vida, lo único que supo hacer fue trabajar, proporcionar empleo y estar apoyando a la fuerza pública”, afirmó Henao.El abogado también sostuvo que las acusaciones contra Matera Lajud se han presentado desde diferentes momentos y que posteriormente llegaron a declaraciones de antiguos comandantes de las AUC.“Los señalamientos empiezan con paramilitares rasos que buscaban extorsionar, y después esos señalamientos llegaron hasta el Mono Mancuso”, señaló Henao.Según el abogado, la Fiscalía 145 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Valledupar ”emitió el pasado 10 de junio una resolución inhibitoria a favor de Rafael Antonio Matera, por concierto para delinquir agravado, debido a que ya existen resoluciones de preclusión por los mismos hechos ante diferentes fiscalías de Valledupar”.La resolución destaca que “la sala encontró una posible vulneración al derecho y al principio del non bis in ídem (juzgado dos veces por un mismo hecho) que le asiste a Matera Lajud, con la existencia una investigación, pues, hubo otro proceso en su contra donde ya fueron investigados por la presunta financiación a las AUC, que terminó con la preclusión de ese expediente en 2020”.Henao también cuestionó el contenido de los nuevos señalamientos y aseguró que estos no establecen circunstancias concretas sobre una eventual financiación de las estructuras paramilitares por parte de su representado. “Los señalamientos no determinan ni el lugar ni el modo ni el tiempo en que se dice que Rafael Matera financió a los paramilitares”, sostuvo el abogado.Como parte de su defensa, Henao también hizo referencia a declaraciones entregadas por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC, estructura a la que perteneció Severini. En una declaración rendida por Tovar Pupo a la oficina de Investigación y Defensa Judicial contratada por la defensa de Matera, el exjefe paramilitar afirmó conocer al empresario, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con él.'Jorge 40' agregó que sabía que Matera era propietario de un matadero que compraba ganado en el norte del Cesar y explicó que este último habría sido víctima de extorsiones por parte de las AUC.Frente a la operación de Camagüey, Henao defendió los procedimientos que, según explicó, eran aplicados para el ingreso y recepción del ganado. “Llevaron los controles exigidos por las autoridades de Policía, las autoridades sanitarias y las mismas autoridades penales para el recibimiento de ganado, de reses de todo tipo en estos frigoríficos”, afirmó.La defensa anunció que continuará adelantando acciones para controvertir los señalamientos realizados contra Matera Lajud y buscar demostrar su versión sobre los hechos. “Demostrar una vez más la inocencia de Rafael y que fue una víctima de las autodefensas y nunca un auxiliar de ellas”, afirmó Henao al referirse a las actuaciones que prepara la defensa.
La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, aseguró en una entrevista concedida a con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que el inicio del deterioro de su relación con el presidente Gustavo Petro estuvo relacionado con su oposición al nombramiento de Juliana Guerrero Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes y con la influencia que, según afirmó, esta ejercía dentro del Gobierno Nacional.Rodríguez, quien permanece vinculada al Ejecutivo debido a una incapacidad médica, sostuvo que fue una de las pocas funcionarias que manifestó desacuerdos frente a decisiones presidenciales y afirmó que esa postura terminó convirtiéndola en un obstáculo para sectores cercanos al mandatario.“Yo era prácticamente la única que le revertía algo que él dijera, porque la gente lo tenía tan idealizado que nadie le levantaba la mano. Yo sí lo hacía”, aseguró durante la entrevista.La oposición al nombramiento de Juliana GuerreroUno de los principales episodios narrados por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) fue su desacuerdo con el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.Según Rodríguez, advirtió al presidente que la entonces aspirante no cumplía con los requisitos profesionales exigidos para el cargo.“Yo le dije: ‘No, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar’”, recordó. La funcionaria aseguró que, tras expresar su posición, recibió una fuerte reprimenda del mandatario.“Me dijo que lo mío era envidia con ella”, relató Rodríguez, quien agregó que el comentario incluyó referencias a su aspecto físico, situación que calificó como un episodio de violencia de género. De acuerdo con su versión, ese momento marcó un antes y un después en la relación laboral con el jefe de Estado.“La influencia que tenía era desproporcionada”Durante la conversación con Blu Radio, Rodríguez afirmó que Juliana Guerrero ejercía una influencia superior a la de otros funcionarios del Gobierno. Asimismo, sostuvo que Guerrero acudía constantemente a la Casa de Nariño y promovía nombramientos en distintas entidades del Estado.“Ella llegaba con listas de hojas de vida diciendo: ‘Ya hablé con el presidente, nómbrame este secretario general’. Yo le respondía que no lo iba a hacer”, afirmó.La exfuncionaria aseguró además que existía una “red” de mujeres con capacidad de incidencia en decisiones administrativas: “La influencia que ella tenía en el Gobierno era una cosa desproporcionada”, expresó. Salud mental y críticas al presidenteOtro de los ejes centrales de la entrevista fue el estado de salud de Angie Rodríguez.La directora del Fondo de Adaptación confirmó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad mientras ejercía como directora del DAPRE y rechazó que esa condición haya sido utilizada para desacreditar su trabajo: “Tener depresión no significa estar loco ni mucho menos ser incapaz”, afirmó. Rodríguez sostuvo que las declaraciones públicas del presidente Petro sobre su incapacidad médica contribuyen a estigmatizar los problemas de salud mental.“Son declaraciones desafortunadas y estigmatizantes que repudio con toda contundencia”, señaló. La funcionaria también aseguró que las presiones vividas durante su paso por la Presidencia fueron determinantes en el deterioro de su salud emocional.Diferencias por recursos para La MojanaAdemás del caso Juliana Guerrero, Rodríguez manifestó que otro de los puntos de ruptura con el Gobierno ocurrió cuando se opuso al traslado de recursos destinados a obras de adaptación climática en La Mojana.Según explicó, cuestionó la intención de mover cerca de un billón de pesos sin estudios técnicos previos. “No permití que se llevaran el billón de pesos que es de La Mojana”, afirmó. La directora sostuvo que, de concretarse cualquier modificación a esos recursos, promoverá las acciones legales correspondientes.Denuncias sobre presuntas presionesEn diferentes momentos de la entrevista, Rodríguez aseguró haber sido víctima de presiones políticas, amenazas y campañas para desacreditarla.También manifestó que teme por su seguridad y afirmó que decidió hablar públicamente porque considera necesario dejar constancia de sus denuncias.“Tengo un miedo profundo. Quiero que los colombianos oren por mí y por mi familia”, expresó. Durante la conversación, realizó otras acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades dentro del Gobierno. Sin embargo, dichas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas en la entrevista y corresponden exclusivamente a su versión de los hechos.Entrevista completa de Angie Rodríguez en Mañanas Blu
La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, contra la condena de 60 años de prisión por su responsabilidad en la masacre ocurrida en el corregimiento de Media Luna, en San Diego, Cesar.El alto tribunal determinó que la defensa no logró demostrar errores sustanciales en las decisiones judiciales que lo condenaron por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada, hechos ocurridos el 27 de octubre de 1996 durante una incursión de las Autodefensas de la Costa Norte.Según el expediente, en esa acción armada murieron siete personas y otras cuatro fueron desaparecidas, en un operativo en el que también participó el entonces comandante paramilitar Salvatore Mancuso.La defensa de ‘Jorge 40’ alegó que durante el proceso se vulneró su derecho a la defensa técnica, al considerar que su abogado de oficio fue pasivo y no ejerció una estrategia adecuada. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó que no existió un abandono absoluto de la defensa, sino diferencias de criterio frente a la estrategia jurídica adoptada.Además, el alto tribunal señaló que el propio procesado se negó en repetidas ocasiones a notificarse de las decisiones judiciales, pese a encontrarse detenido en Estados Unidos, lo que obligó a las autoridades a declararlo persona ausente y continuar el proceso con un defensor público.Para la Corte Suprema, los testimonios de exintegrantes de las AUC fueron consistentes y permitieron establecer la participación directa de alias Jorge 40 en la planeación y ejecución de la masacre, actuando junto a otros comandantes del grupo armado.
La ausencia del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, llevó al vicepresidente Jorge Tovar a asumir la conducción de la plenaria. Sin embargo, su presencia al frente de la sesión generó malestar entre varios congresistas, quienes consideraron inapropiado que él, hijo de Jorge 40, exjefe paramilitar señalado de graves crímenes, ocupara ese rol.Una de las críticas más contundentes vino de la senadora María José Pizarro, quien expresó su rechazo de manera enfática. Su intervención fue respondida con dureza por la representante Katherine Miranda, quien la calificó de “hipócrita” por su postura, pues su padre Carlos Pizarro perteneció a la guerrilla del M-19.Jorge Tovar también se pronunció, defendiendo su derecho a ejercer cargos públicos pese al historial de su padre; en diálogo con Mañanas Blu, aseguró que le parece injusto que lo señalen por los crímenes de su padre. En ese sentido, calificó de lamentable lo que sucedió ayer en la plenaria, hecho que opacó lo que era un día histórico para las víctimas. "La senadora Pizarro, que lo tengo que decir con dolor, además en una actitud hipócrita pretendieron evitar que yo estuviera sentado en la mesa directiva y que yo presidiera el Congreso en pleno en conmemoración de la víctima, algo que no sucedió porque debo decirlo, fueron dos voces de rechazo, fueron más de 15 congresistas de todos los partidos políticos, de todas las bancadas las que salieron a respaldar que yo estuviera ahí, a exigirle respeto a las dos senadoras", contó.Tovar aseguró que él representa a las víctimas del conflicto armado, los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, que "fueron quienes me eligieron"."Es que yo estaba ayer sentado ahí porque las mismas víctimas, los campesinos, las comunidades indígenas de esos departamentos me eligieron. Yo soy víctima porque fui desplazado por la violencia, yo soy víctima porque me tocó irme al exilio, yo soy víctima porque familiares estuvieron secuestrados por la guerrilla, yo soy víctima porque me asesinaron familiares, uno de ellos Sergio Tobar Pupo, mi tío, un 24 de diciembre en la ciudad de Valledupar. ¿Es que si eso no me hace víctima, qué es la victimización en este país? Lo que sucedió ayer fue una revictimización de estas dos senadoras en contra de una víctima del conflicto armado", sentenció.Finalmente, Tovar hizo un llamado a que no lo juzguen y reiteró que no puede responder por los delitos que cometió su padre, pero sí cambiar la historia. "Las responsabilidades penales en este país son individuales. Yo no puedo responder por lo que hizo mi papá. Él está respondiendo, lleva más de 20 años preso. No me pueden pedir a mí que responda por las responsabilidades de él. Ahora, yo que sí puedo hacer lo que he hecho, que es cambiar mi historia, que es poner a disposición del país de la paz, del país de la reconciliación, del país, mi experiencia de vida para trabajar porque este país cambie", expresó. Escuche aquí la entrevista:
En una sesión del Congreso destinada a honrar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, la presencia de Jorge Tovar —hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'— como presidente accidental de la plenaria desató una oleada de polémicas y confrontaciones entre congresistas. La senadora María José Pizarro, una de las voces más críticas, calificó la situación como “una falta de respeto hacia las víctimas presentes”.El evento, que debía ser un espacio de memoria, se convirtió en un escenario de debate sobre la legitimidad moral y política de quienes ocupan cargos de representación en nombre de las víctimas. La polémica estalló cuando, por ausencia del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, Tovar —quien ocupa una curul de víctimas— asumió la presidencia junto con el senador Efraín Cepeda.“No es en términos de formas lo más oportuno que el hijo de un exparamilitar presida una sesión tan simbólica”, sostuvo Pizarro en entrevista con Blu Radio, recalcando que se trata de un momento de alto valor simbólico para quienes han sufrido directamente los horrores del conflicto.El choque con Katherine Miranda y el debate sobre los “delitos de sangre”Las tensiones se intensificaron cuando la representante Katherine Miranda acusó a Pizarro de hipocresía, haciendo referencia al pasado de su padre, el excomandante del M-19, Carlos Pizarro. “Si vamos a juzgar a Tovar por su padre, entonces usted tampoco debería estar sentada aquí”, espetó Miranda, desatando una respuesta firme por parte de Pizarro, quien se negó a convertir el episodio en un enfrentamiento personal, pero insistió en la importancia del tacto político.“Yo nunca he pretendido presidir una sesión como la del 9 de abril porque considero que se superponen distintas verdades”, explicó. Para la senadora, el Congreso refleja una realidad nacional compleja, donde las víctimas no son un bloque homogéneo y los recuerdos del conflicto aún duelen desde múltiples ángulos.A pesar de la controversia, el representante de la curul de paz William Aljure propuso un acto de reconciliación simbólica entre Jorge Tovar, María José Pizarro y miembros del partido Comunes, gesto que fue recibido con aplausos. Sin embargo, el trasfondo del debate dejó al descubierto las heridas aún abiertas de un país que no ha logrado cerrar el capítulo del conflicto armado.“Estamos en un país que no ha podido generar espacios reales de reconciliación. La verdad ha sido negada en muchos casos y seguimos arrastrando resentimientos”, lamentó Pizarro, quien además recordó que muchos congresistas actuales también son víctimas del conflicto, incluidos miembros de su bancada como Aída Avella, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica.¿Quién puede hablar por las víctimas?La discusión también trajo al centro el cuestionamiento sobre quién puede, o debe, representar a las víctimas. Aunque Jorge Tovar no tiene ninguna acusación penal en su contra, su papel como hijo de 'Jorge 40' genera resistencia entre quienes consideran que su presencia puede reabrir heridas. No obstante, Pizarro reconoció la legitimidad democrática de su elección: “Seguramente el señor Tovar ha pasado también por episodios de victimización y tiene la legitimidad de estar en el Congreso”.Con esta afirmación, la senadora introdujo un matiz importante al debate: la legitimidad de las curules de víctimas no puede depender exclusivamente de los antecedentes familiares. Pero sí subrayó la necesidad de que la Mesa Directiva del Congreso tenga más sensibilidad al momento de asignar roles simbólicos en fechas conmemorativas.La senadora María José Pizarro cerró su intervención llamando a una comprensión más profunda de la verdad y la justicia para las víctimas: “Ojalá le podamos entregar a las futuras generaciones un escenario distinto, con mayor justicia social y mayor respeto entre los colombianos”.
La ausencia del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, obligó al vicepresidente Jorge Tovar a asumir la presidencia de la plenaria. Sin embargo, su papel generó incomodidad entre varios congresistas, quienes señalaron que era una ofensa a las víctimas que el hijo de ‘Jorge 40’, exjefe paramilitar acusado de crímenes atroces, dirigiera dicha sesión.La senadora María José Pizarro fue una de las voces que expresó su rechazo, lo que provocó una dura respuesta por parte de la representante Katherine Miranda, quien la acusó de “hipocresía” por su postura.Tovar, por su parte, también se pronunció, defendiendo su derecho a ejercer funciones públicas pese al pasado de su padre.En medio del tenso ambiente, el representante por las curules de paz William Aljure propuso un acto simbólico de reconciliación, invitando a Tovar, Pizarro y miembros del Partido Comunes a unirse.El gesto fue aplaudido por varios presentes, aunque no logró calmar del todo los ánimos.Durante la sesión, varias víctimas tomaron la palabra y denunciaron el abandono del Estado. Eiber Rodríguez, soldado y víctima de minas antipersona, aseguró haber sido olvidado.“Nosotros, los miembros de la fuerza pública, no hemos sido tratados con respeto. Este oficio con nosotros ha sido miserable y desagradecido. Es desafortunado ver a exguerrilleros ocupando curules mientras a nosotros nos dan la espalda”, expresó, haciendo un llamado directo al presidente Gustavo Petro.Por su parte, Marta Cecilia López, víctima de las Farc y el ELN, lanzó duras palabras contra la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez.“Tenga un poquito de respeto. Usted es una proxeneta y una asesina. No sé qué pruebas nos pide si a ninguna mujer violada nos daban una cámara para grabar semejantes horrores”, dijo.Las denuncias continuaron con reclamos hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) por múltiples trabas en medidas de seguridad y hacia la Unidad de Víctimas por no brindar garantías.Incluso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue señalada por no haber entregado, según ellos, ni siquiera la verdad completa de lo ocurrido en el conflicto armado.
Hace 18 meses, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación para expulsar al exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, del proceso de justicia y paz.Esta ley fue creada tras la desmovilización de los paramilitares con el propósito de facilitar su reincorporación a la vida civil y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos entre la década de 1990 y principios de los 2000.La Fiscalía argumenta que alias ‘Don Berna’ debe ser expulsado de justicia y paz y, juzgado por la justicia ordinaria debido a su reiterada negativa de atender los llamados para esclarecer los crímenes en los que estuvo involucrado.Hace unas semanas fue enviada una carta por familias de las víctimas, en la que piden al alto tribunal acelerar el proceso. El expediente ya cumple casi dos años en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y el magistrado encargado de estudiarlo es Hugo Quintero Bernate.“Actualmente se encuentra en su despacho el recurso sobre la exclusión de Diego Fernando Murillo Bejarano, máximo excomandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, del proceso de justicia y paz, según solicitud que hizo la Fiscalía hace aproximadamente siete años. Si bien entendemos la alta carga laboral y la cantidad de procesos que enfrenta la Corte, es importante resaltar que la congestión judicial no puede prevalecer sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Es responsabilidad del Estado garantizar estos derechos, que han sido negados por años”, señala la misiva.En diálogo con Blu Radio, la abogada María Fernanda Torres explicó las repercusiones de esa decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia de expulsar o no a ´Don Berna´“Se ha dilatado la situación jurídica de varias víctimas, si cada hecho corresponde a una víctima fallecida o asesinada hablamos de cerca de 500 personas a la espera de una decisión que permita llegar a la verdad y reparación que claman las víctimas (…) Más allá de que se eche a la basura lo que se ha avanzado en justicia y paz en Medellín, si el proceso cae en la justicia ordinaria la Fiscalía tendría que volver a organizar una estructura metodológica del caso, arañarlo y así posiblemente llevarlo a juicio. Esto demora más tiempo frente a los años en que se puede demorar justicia y paz”, dice la abogada.La representación de las familias Calderón y Alvarado advierte que, en caso de que la Corte decida expulsar a ‘Don Berna’ de justicia y paz, esto podría generar retrasos en las investigaciones debido a la nueva metodología que debería implementarse en múltiples expedientes, lo que consideran preocupante.
En un reciente anuncio, el presidente Gustavo Petro designó a 17 exlíderes paramilitares como gestores de paz. Entre ellos se encuentran reconocidos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar (alias Jorge ‘40’), Diego Fernando Murillo y Carlos Mario Jiménez. Según el Gobierno, la medida busca que estos exparamilitares contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y desmovilización. Sin embargo, esta decisión ha causado consternación y rechazo en diversas esferas de la sociedad colombiana, especialmente entre las víctimas de estos actores armados.Rossi Pérez, una víctima de Jorge ‘40’ y sobreviviente de múltiples abusos a manos de grupos armados ilegales, expresó su indignación en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales. “Es un irrespeto del Gobierno,” afirmó Rossi, al conocer la designación de los paramilitares, quienes cometieron crímenes atroces contra ella y su familia."La marca imborrable de la violencia": el testimonio de Rossi PérezRossi Pérez no solo ha sido víctima directa de Jorge ‘40’, sino que también ha soportado múltiples formas de violencia en carne propia, incluida la agresión sexual y el desplazamiento forzado. En su testimonio, cuenta que su hermano fue reclutado a la fuerza por los paramilitares y posteriormente asesinado brutalmente por orden de Jorge ‘40’. “Lo asesinaron de una manera tan cruel, hasta lo desmembraron”, relató, evidenciando el dolor imborrable que este hecho ha dejado en su vida y en su memoria.Pérez también sufrió agresiones sexuales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. Con un tono marcado por la indignación y el dolor, recordó cómo fue abusada por tres paramilitares cuando tenía solo 15 años y luego nuevamente violentada por guerrilleros de las FARC. “El ser abusado sexualmente es algo que marca, realmente marca mucho a la persona,” expresó Rossi, tras subrayar la gravedad de la situación al referirse a Hernán Giraldo Sierra, otro de los nombrados gestores de paz, conocido por haber cometido abusos sexuales contra niñas en la Sierra Nevada.Una esperanza de cambio traicionadaRossi, quien votó por el presidente Petro impulsada por la promesa de un cambio profundo en favor de las víctimas, expresó su decepción al ver que en lugar de otorgar un protagonismo real a quienes han sufrido los estragos de la guerra, el gobierno ha dado relevancia a quienes perpetraron la violencia. “Nosotras las víctimas esperábamos un capítulo especial para víctimas, no que nos dijeran está el artículo 294, está eso. No,” afirmó.Con pesar, Rossi denunció la falta de representación de las víctimas en los espacios de negociación: “Se sientan gobiernos y victimarios, pero las víctimas a dónde están? Las víctimas no son escuchadas, entonces seguimos igual.”La polémica de los gestores de paz: ¿Reparación o revictimización?El concepto de “gestores de paz” permite que actores antes involucrados en actividades ilícitas, como los paramilitares, puedan actuar como intermediarios en procesos de desmovilización y sometimiento de grupos criminales. Esta iniciativa, que ha sido promovida bajo el liderazgo de la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, establece una temporalidad de seis meses para que estos gestores contribuyan en actividades que promuevan la paz en el país.Sin embargo, no es la primera vez que exparamilitares asumen roles en procesos de paz. En el pasado, algunos se acogieron al sistema de Justicia y Paz, aunque varios de ellos reincidieron en actividades criminales. Por eso, para Rossi Pérez y otras víctimas, este tipo de nombramientos representan una suerte de revictimización, al poner a sus victimarios en posiciones de poder e influencia dentro del proceso de paz. Rossi cuestionó cómo se supone que alguien que fue abusado y marcado de por vida pueda “mirar a la cara a la persona que le hizo tanto daño”.
Este martes, el presidente Gustavo Petro nombró como gestores de paz a 17 exmandos paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, lo que desató una serie de reacciones en contra de la decisión, la cual hace parte del proceso de paz total que adelanta el Gobierno.El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, respondió a las críticas y aseguró que los beneficios que recibirán estos exparamiliares, como servicios de traslado y comunicaciones, son parte de los compromisos para ese aporte de verdad que tendrán que cumplir.Además, aclaró que “no son caramelos”, sino recursos que se usarán de ser necesarios y requeridos en el proceso que ahora se desarrolla. En ese sentido, dijo que “no hay ninguna negociación” y se evaluará caso por caso.“No hay caramelos. De alguna manera toca escucharlos, valorar lo que ellos están haciendo. Valorar cada una de las actitudes de ellos, por eso no podemos meter todo en un mismo costal. Entonces, toca valorar a cada uno de ellos, si su aporte será real y verdadero. No hay ninguna negociación, solamente ellos quieres descargar algunas cosas que no fueron bien oídas, según ellos, en el anterior proceso”, precisó el alto comisionado.Otty Patiño insistió que los beneficios a los que hacen referencia tienen que ver solo con su labor como gestores de paz. Habló de celulares, tablets y otros elementos.“Beneficios en el sentido de que puedan hacer ejercicio de su gestión de paz (…) Que en lugar de sacarlos, de excarcelarlos, puedan ellos comunicarse a través de celular o Tablet para poder indagarles, que cuenten cosas que hasta el momento no han contado o no han sido tenidas en cuenta”, añadió.El alto comisionado para la Paz explicó que esto busca que “haya mayores contribuciones a la verdad, a las víctimas y al proceso”, pero, enfatizó, que, de no funcionar, se suspenderá inmediatamente a decisión del Gobierno.“No es una graduación, es un compromiso y desde luego su eso no funciona, inmediatamente se suspende. El Gobierno tiene toda la potestad de nombrar, pero también de quitarle esa posibilidad de que aporten a la verdad. Hay cimentes que no entran en justicia y paz y son tarea de la justicia ordinaria y tiene que pagar esos delitos”, detalló.
El departamento de Santander se convirtió en uno de los principales puntos de atención para los militares heridos tras el ataque con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.º 48.En total, 22 soldados fueron remitidos a centros hospitalarios de Santander para recibir atención médica especializada: 14 permanecen en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga; siete fueron trasladados a instituciones de salud de Barrancabermeja y uno más al Hospital Militar de la Segunda División.Desde Bucaramanga, el Hospital Universitario de Santander entregó un balance sobre la condición de los 14 uniformados que permanecen bajo atención médica en sus instalaciones. Según el reporte, con corte a la tarde de este domingo 8 de noviembre, los pacientes tienen edades entre los 18 y 32 años y presentan lesiones de diferente complejidad.Entre los diagnósticos se encuentran traumas craneoencefálicos, torácicos y abdominales, heridas penetrantes en el cuello, lesiones ocasionadas por cuerpos extraños, fracturas en extremidades y pelvis, además de afectaciones vasculares y oculares.Sobre la condición de los 14 militares atendidos en el HUS, el reporte médico señala que dos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), después de ser intervenidos quirúrgicamente, con pronóstico reservado.Otros cuatro soldados ya fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos y continúan bajo seguimiento especializado, mientras que uno permanece en cirugía. Los siete restantes están bajo observación médica, valoración de especialistas y estudios complementarios para definir los tratamientos que requieren.El hospital explicó que desde el ingreso de los heridos dispuso de su capacidad asistencial y de un equipo multidisciplinario para garantizar la atención de los militares, teniendo en cuenta la complejidad de las lesiones.Los primeros ocho pacientes llegaron al HUS el sábado 7 de noviembre, entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde. Los otros seis ingresaron este domingo, en la tarde.
Paisita Noche es uno de los chances más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Su oferta de diferentes combinaciones permite participar con distintas modalidades y verificar si el tiquete coincide con los números anunciados oficialmente.Resultado de Paisita Noche hoy domingo 8 de noviembre de 2026El resultado del sorteo de este domingo 8 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Cuando se conozca la información oficial, los jugadores podrán comprobar si sus apuestas coinciden con la combinación ganadora.Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Los resultados deben consultarse en los canales oficiales y puntos de venta autorizados. También se recomienda conservar el tiquete original en buen estado para facilitar su validación.¿A qué hora juega Paisita Noche?El horario del sorteo depende del día de la semana:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden anunciado en el sorteo oficial.¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Paisita Noche?El juego cuenta con seis alternativas, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el orden exacto.Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden anunciado.Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.¿Cómo funciona la quinta balota de Paisita Noche?La quinta balota se incorporó a Paisita Noche durante 2025. Consiste en una cifra adicional que acompaña al resultado principal y ofrece posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.Esta opción se suma a las seis modalidades disponibles para los participantes.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Noche?El proceso de cobro depende del monto obtenido. Para comenzar, los ganadores deben presentar los siguientes documentos:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.También deben cumplir requisitos adicionales según el valor del premio:Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación inicial, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVT: se necesita una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la opción de quinta balota, Paisita Noche mantiene una amplia participación entre los jugadores de Antioquia y otras zonas del país.
La nieve es uno de los fenómenos naturales que más despierta curiosidad, especialmente en lugares donde las temperaturas no permiten experimentarla con frecuencia. Aunque en países como Canadá, Suiza, Noruega, Finlandia y Estados Unidos es habitual encontrar paisajes cubiertos de nieve durante ciertas temporadas, en ciudades como Bogotá no es común tener la oportunidad de tocarla y sentir sus bajas temperaturas.Este fenómeno ocurre cuando el vapor de agua en la atmósfera se congela y forma cristales de hielo que se agrupan hasta caer al suelo en forma de copos. Por eso, experimentar la nieve implica mucho más que observar un paisaje blanco, pues también significa sentir el frío, caminar sobre superficies heladas y conocer de cerca un ambiente propio de las regiones invernales.Sin embargo, los habitantes de la capital colombiana tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia sin salir de la ciudad. Un centro comercial de Bogotá anunció la llegada de una atracción con nieve 100 % real, que estará disponible durante la temporada navideña y ofrecerá actividades para toda la familia.¿Dónde estará la experiencia de nieve real en Bogotá y cómo participar?Se trata de Imperial Ártico, una experiencia ubicada en el centro comercial Plaza Imperial en Suba, que abrió sus puertas al público desde el sábado 7 de noviembre de 2026. La atracción contará con un espacio de más de 180 metros cuadrados, ubicado en la entrada principal número 1, donde los visitantes podrán experimentar temperaturas de hasta -16 °C.La iniciativa busca combinar entretenimiento familiar con educación ambiental. Por eso, además de la nieve, tendrá diferentes escenarios y actividades interactivas para enseñar sobre el cuidado del planeta, el calentamiento global y la conservación de los ecosistemas. Entre los principales atractivos se encuentran:Árbol de la Vida: una estructura de más de 15 metros de altura, ubicada en la plaza central, cuyas decoraciones tendrán mensajes sobre acciones cotidianas para proteger el medioambiente, como ahorrar agua, utilizar responsablemente la energía y separar los residuos.Generación de energía limpia: dos bicicletas conectadas a un sistema de dinamo permitirán que los visitantes produzcan energía mediante el pedaleo y enciendan parte de la escenografía.Escuela Polar: una estación interactiva con pantalla táctil, preguntas y respuestas sobre el planeta y premios para los participantes.Huellas de Compromiso: un espacio para tomarse fotografías con avisos que representan compromisos personales con el cuidado de la Tierra.Escenografías animatrónicas: tres escenarios que complementarán el recorrido por el centro comercial.La campaña también busca generar conciencia sobre las consecuencias del calentamiento global, especialmente la pérdida de hielo en los polos y los glaciares, que afecta los hábitats de diferentes especies.¿Cómo visitar la atracción?La experiencia estará abierta al público desde el 7 de noviembre. Los visitantes que realicen compras en los establecimientos podrán acceder a descuentos en la boletería.Debido a que el recorrido se desarrolla a -16 °C, el centro comercial recomienda asistir con ropa adecuada para bajas temperaturas, como chaqueta, saco y bufanda, además de zapatos apropiados para este tipo de ambientes.Por otra parte, durante la temporada de fin de año, los clientes podrán participar en un sorteo con premios que superan los 50 millones de pesos. Para hacerlo, deberán realizar compras en los establecimientos y registrar sus facturas en los puntos de información.
La educación está cambiando y, con ella, los espacios donde se desarrolla el aprendizaje. Las aulas tradicionales comienzan a dar paso a ambientes flexibles que integran tecnología, creatividad y trabajo colaborativo, con el propósito de responder a las necesidades de las nuevas generaciones.Un ejemplo de esta transformación es el Colegio Santa María, que inauguró el pasado 16 de junio The Ignite Building, una construcción que articula arquitectura, innovación tecnológica y nuevas metodologías pedagógicas.La propuesta busca superar los modelos de enseñanza centrados en clases convencionales y asignaturas independientes. Para ello, adopta un enfoque socioconstructivista basado en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que promueve la investigación, la experimentación y la solución de problemas reales.El edificio dispone de aulas flexibles, zonas de encuentro y laboratorios que permiten desarrollar actividades individuales y grupales. La metodología busca fortalecer seis competencias: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, ciudadanía global y sostenibilidad, y autonomía.“Invertir en espacios para aprender es invertir en el futuro. Las nuevas generaciones necesitan ambientes que les permitan experimentar, crear, colaborar y desarrollar las competencias que les exigirá un mundo en constante transformación”, afirmó Hernando Rojas Leguízamo, rector del Colegio Santa María.Entre sus instalaciones se encuentran laboratorios de Química, Física y Biología, dotados con cámaras de flujo laminar, incubadoras, autoclaves y microscopios de nueva generación.También cuenta con cinco Makerspaces especializados en diseño, innovación, realidad virtual, inteligencia artificial, programación y robótica. Estos espacios incorporan herramientas como impresoras 3D, cortadoras láser, Arduino, Python y kits de Lego, que pueden utilizarse en proyectos de diferentes asignaturas.Otro punto destacado es el Ágora, un espacio con graderías que funciona como anfiteatro abierto y puede adaptarse para asambleas, debates, actividades grupales o zonas de descanso.La construcción también incorpora criterios bioclimáticos para favorecer la iluminación natural, la ventilación y el confort térmico y acústico. Sus jardines, zonas verdes y puntos de hidratación complementan la apuesta por el bienestar de las estudiantes.The Ignite Building es una de las intervenciones del Plan Maestro de Infraestructura, que también incluye la remodelación de los bloques 6 y 7, la renovación del Centro Francisco Spinelli y la intervención de los parques escolares.La estrategia contempla, además, iniciativas de sostenibilidad como el aprovechamiento de aguas lluvias y la incorporación de energía solar.Esta evolución refleja un cambio en la manera de entender la educación, en la que los espacios físicos, la tecnología y las metodologías de enseñanza deben avanzar de forma conjunta.
El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, respondió, por medio de un mensaje en la red social X, al expresidente Gustavo Petro, quien cuestionó, por ese mismo medio, que no se hayan comprado sistemas antidrones para proteger a las Fuerzas Militares, pese a que, según afirmó, se habían dejado los recursos para esa adquisición.El pronunciamiento del expresidente se produjo después del ataque terrorista con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, que dejó tres soldados asesinados y ocho heridos de gravedad. Frente a estos señalamientos, el ministro Mora aseguró que los registros oficiales desmienten que hubiera recursos apropiados para comprar los sistemas antidrones en 2026 o que se hubiera cancelado un contrato. “Los $800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026. Confundir anuncios con disponibilidad presupuestal no convierte una expectativa en realidad financiera”, aseguró Mora.El ministro también indicó que, al asumir la administración, no existía un proceso contractual o precontractual por 6,2 billones de pesos.Mora también se refirió a las visitas realizadas por el exministro y la exviceministra de Estrategia y Planeación a países como India, República Checa, Turquía, Catar, Reino Unido y Estados Unidos. Sobre estas, señaló que “fueron exploraciones comerciales que no culminaron en un contrato”. Además, sostuvo que las ofertas de empresas extranjeras no cumplían con los requisitos de integración técnica e interoperabilidad exigidos por las Fuerzas Militares. El jefe de la cartera de Defensa afirmó que las dificultades vienen de años atrás: “Las deficiencias de planeación anteriores impidieron consolidar la capacidad desde 2023, cuando grupos ilegales intensificaron el uso de drones”. Sin embargo, aseguró que actualmente la Fuerza Pública adelanta procesos de compra con presupuesto ordinario, impulsa la producción propia de estos sistemas y prepara un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para garantizar su financiación.