La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, aseguró en una entrevista concedida a con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que el inicio del deterioro de su relación con el presidente Gustavo Petro estuvo relacionado con su oposición al nombramiento de Juliana Guerrero Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes y con la influencia que, según afirmó, esta ejercía dentro del Gobierno Nacional.Rodríguez, quien permanece vinculada al Ejecutivo debido a una incapacidad médica, sostuvo que fue una de las pocas funcionarias que manifestó desacuerdos frente a decisiones presidenciales y afirmó que esa postura terminó convirtiéndola en un obstáculo para sectores cercanos al mandatario.“Yo era prácticamente la única que le revertía algo que él dijera, porque la gente lo tenía tan idealizado que nadie le levantaba la mano. Yo sí lo hacía”, aseguró durante la entrevista.La oposición al nombramiento de Juliana GuerreroUno de los principales episodios narrados por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) fue su desacuerdo con el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.Según Rodríguez, advirtió al presidente que la entonces aspirante no cumplía con los requisitos profesionales exigidos para el cargo.“Yo le dije: ‘No, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar’”, recordó. La funcionaria aseguró que, tras expresar su posición, recibió una fuerte reprimenda del mandatario.“Me dijo que lo mío era envidia con ella”, relató Rodríguez, quien agregó que el comentario incluyó referencias a su aspecto físico, situación que calificó como un episodio de violencia de género. De acuerdo con su versión, ese momento marcó un antes y un después en la relación laboral con el jefe de Estado.“La influencia que tenía era desproporcionada”Durante la conversación con Blu Radio, Rodríguez afirmó que Juliana Guerrero ejercía una influencia superior a la de otros funcionarios del Gobierno. Asimismo, sostuvo que Guerrero acudía constantemente a la Casa de Nariño y promovía nombramientos en distintas entidades del Estado.“Ella llegaba con listas de hojas de vida diciendo: ‘Ya hablé con el presidente, nómbrame este secretario general’. Yo le respondía que no lo iba a hacer”, afirmó.La exfuncionaria aseguró además que existía una “red” de mujeres con capacidad de incidencia en decisiones administrativas: “La influencia que ella tenía en el Gobierno era una cosa desproporcionada”, expresó. Salud mental y críticas al presidenteOtro de los ejes centrales de la entrevista fue el estado de salud de Angie Rodríguez.La directora del Fondo de Adaptación confirmó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad mientras ejercía como directora del DAPRE y rechazó que esa condición haya sido utilizada para desacreditar su trabajo: “Tener depresión no significa estar loco ni mucho menos ser incapaz”, afirmó. Rodríguez sostuvo que las declaraciones públicas del presidente Petro sobre su incapacidad médica contribuyen a estigmatizar los problemas de salud mental.“Son declaraciones desafortunadas y estigmatizantes que repudio con toda contundencia”, señaló. La funcionaria también aseguró que las presiones vividas durante su paso por la Presidencia fueron determinantes en el deterioro de su salud emocional.Diferencias por recursos para La MojanaAdemás del caso Juliana Guerrero, Rodríguez manifestó que otro de los puntos de ruptura con el Gobierno ocurrió cuando se opuso al traslado de recursos destinados a obras de adaptación climática en La Mojana.Según explicó, cuestionó la intención de mover cerca de un billón de pesos sin estudios técnicos previos. “No permití que se llevaran el billón de pesos que es de La Mojana”, afirmó. La directora sostuvo que, de concretarse cualquier modificación a esos recursos, promoverá las acciones legales correspondientes.Denuncias sobre presuntas presionesEn diferentes momentos de la entrevista, Rodríguez aseguró haber sido víctima de presiones políticas, amenazas y campañas para desacreditarla.También manifestó que teme por su seguridad y afirmó que decidió hablar públicamente porque considera necesario dejar constancia de sus denuncias.“Tengo un miedo profundo. Quiero que los colombianos oren por mí y por mi familia”, expresó. Durante la conversación, realizó otras acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades dentro del Gobierno. Sin embargo, dichas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas en la entrevista y corresponden exclusivamente a su versión de los hechos.Entrevista completa de Angie Rodríguez en Mañanas Blu
La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, contra la condena de 60 años de prisión por su responsabilidad en la masacre ocurrida en el corregimiento de Media Luna, en San Diego, Cesar.El alto tribunal determinó que la defensa no logró demostrar errores sustanciales en las decisiones judiciales que lo condenaron por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada, hechos ocurridos el 27 de octubre de 1996 durante una incursión de las Autodefensas de la Costa Norte.Según el expediente, en esa acción armada murieron siete personas y otras cuatro fueron desaparecidas, en un operativo en el que también participó el entonces comandante paramilitar Salvatore Mancuso.La defensa de ‘Jorge 40’ alegó que durante el proceso se vulneró su derecho a la defensa técnica, al considerar que su abogado de oficio fue pasivo y no ejerció una estrategia adecuada. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó que no existió un abandono absoluto de la defensa, sino diferencias de criterio frente a la estrategia jurídica adoptada.Además, el alto tribunal señaló que el propio procesado se negó en repetidas ocasiones a notificarse de las decisiones judiciales, pese a encontrarse detenido en Estados Unidos, lo que obligó a las autoridades a declararlo persona ausente y continuar el proceso con un defensor público.Para la Corte Suprema, los testimonios de exintegrantes de las AUC fueron consistentes y permitieron establecer la participación directa de alias Jorge 40 en la planeación y ejecución de la masacre, actuando junto a otros comandantes del grupo armado.
La ausencia del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, llevó al vicepresidente Jorge Tovar a asumir la conducción de la plenaria. Sin embargo, su presencia al frente de la sesión generó malestar entre varios congresistas, quienes consideraron inapropiado que él, hijo de Jorge 40, exjefe paramilitar señalado de graves crímenes, ocupara ese rol.Una de las críticas más contundentes vino de la senadora María José Pizarro, quien expresó su rechazo de manera enfática. Su intervención fue respondida con dureza por la representante Katherine Miranda, quien la calificó de “hipócrita” por su postura, pues su padre Carlos Pizarro perteneció a la guerrilla del M-19.Jorge Tovar también se pronunció, defendiendo su derecho a ejercer cargos públicos pese al historial de su padre; en diálogo con Mañanas Blu, aseguró que le parece injusto que lo señalen por los crímenes de su padre. En ese sentido, calificó de lamentable lo que sucedió ayer en la plenaria, hecho que opacó lo que era un día histórico para las víctimas. "La senadora Pizarro, que lo tengo que decir con dolor, además en una actitud hipócrita pretendieron evitar que yo estuviera sentado en la mesa directiva y que yo presidiera el Congreso en pleno en conmemoración de la víctima, algo que no sucedió porque debo decirlo, fueron dos voces de rechazo, fueron más de 15 congresistas de todos los partidos políticos, de todas las bancadas las que salieron a respaldar que yo estuviera ahí, a exigirle respeto a las dos senadoras", contó.Tovar aseguró que él representa a las víctimas del conflicto armado, los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, que "fueron quienes me eligieron"."Es que yo estaba ayer sentado ahí porque las mismas víctimas, los campesinos, las comunidades indígenas de esos departamentos me eligieron. Yo soy víctima porque fui desplazado por la violencia, yo soy víctima porque me tocó irme al exilio, yo soy víctima porque familiares estuvieron secuestrados por la guerrilla, yo soy víctima porque me asesinaron familiares, uno de ellos Sergio Tobar Pupo, mi tío, un 24 de diciembre en la ciudad de Valledupar. ¿Es que si eso no me hace víctima, qué es la victimización en este país? Lo que sucedió ayer fue una revictimización de estas dos senadoras en contra de una víctima del conflicto armado", sentenció.Finalmente, Tovar hizo un llamado a que no lo juzguen y reiteró que no puede responder por los delitos que cometió su padre, pero sí cambiar la historia. "Las responsabilidades penales en este país son individuales. Yo no puedo responder por lo que hizo mi papá. Él está respondiendo, lleva más de 20 años preso. No me pueden pedir a mí que responda por las responsabilidades de él. Ahora, yo que sí puedo hacer lo que he hecho, que es cambiar mi historia, que es poner a disposición del país de la paz, del país de la reconciliación, del país, mi experiencia de vida para trabajar porque este país cambie", expresó. Escuche aquí la entrevista:
En una sesión del Congreso destinada a honrar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, la presencia de Jorge Tovar —hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'— como presidente accidental de la plenaria desató una oleada de polémicas y confrontaciones entre congresistas. La senadora María José Pizarro, una de las voces más críticas, calificó la situación como “una falta de respeto hacia las víctimas presentes”.El evento, que debía ser un espacio de memoria, se convirtió en un escenario de debate sobre la legitimidad moral y política de quienes ocupan cargos de representación en nombre de las víctimas. La polémica estalló cuando, por ausencia del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, Tovar —quien ocupa una curul de víctimas— asumió la presidencia junto con el senador Efraín Cepeda.“No es en términos de formas lo más oportuno que el hijo de un exparamilitar presida una sesión tan simbólica”, sostuvo Pizarro en entrevista con Blu Radio, recalcando que se trata de un momento de alto valor simbólico para quienes han sufrido directamente los horrores del conflicto.El choque con Katherine Miranda y el debate sobre los “delitos de sangre”Las tensiones se intensificaron cuando la representante Katherine Miranda acusó a Pizarro de hipocresía, haciendo referencia al pasado de su padre, el excomandante del M-19, Carlos Pizarro. “Si vamos a juzgar a Tovar por su padre, entonces usted tampoco debería estar sentada aquí”, espetó Miranda, desatando una respuesta firme por parte de Pizarro, quien se negó a convertir el episodio en un enfrentamiento personal, pero insistió en la importancia del tacto político.“Yo nunca he pretendido presidir una sesión como la del 9 de abril porque considero que se superponen distintas verdades”, explicó. Para la senadora, el Congreso refleja una realidad nacional compleja, donde las víctimas no son un bloque homogéneo y los recuerdos del conflicto aún duelen desde múltiples ángulos.A pesar de la controversia, el representante de la curul de paz William Aljure propuso un acto de reconciliación simbólica entre Jorge Tovar, María José Pizarro y miembros del partido Comunes, gesto que fue recibido con aplausos. Sin embargo, el trasfondo del debate dejó al descubierto las heridas aún abiertas de un país que no ha logrado cerrar el capítulo del conflicto armado.“Estamos en un país que no ha podido generar espacios reales de reconciliación. La verdad ha sido negada en muchos casos y seguimos arrastrando resentimientos”, lamentó Pizarro, quien además recordó que muchos congresistas actuales también son víctimas del conflicto, incluidos miembros de su bancada como Aída Avella, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica.¿Quién puede hablar por las víctimas?La discusión también trajo al centro el cuestionamiento sobre quién puede, o debe, representar a las víctimas. Aunque Jorge Tovar no tiene ninguna acusación penal en su contra, su papel como hijo de 'Jorge 40' genera resistencia entre quienes consideran que su presencia puede reabrir heridas. No obstante, Pizarro reconoció la legitimidad democrática de su elección: “Seguramente el señor Tovar ha pasado también por episodios de victimización y tiene la legitimidad de estar en el Congreso”.Con esta afirmación, la senadora introdujo un matiz importante al debate: la legitimidad de las curules de víctimas no puede depender exclusivamente de los antecedentes familiares. Pero sí subrayó la necesidad de que la Mesa Directiva del Congreso tenga más sensibilidad al momento de asignar roles simbólicos en fechas conmemorativas.La senadora María José Pizarro cerró su intervención llamando a una comprensión más profunda de la verdad y la justicia para las víctimas: “Ojalá le podamos entregar a las futuras generaciones un escenario distinto, con mayor justicia social y mayor respeto entre los colombianos”.
La ausencia del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, obligó al vicepresidente Jorge Tovar a asumir la presidencia de la plenaria. Sin embargo, su papel generó incomodidad entre varios congresistas, quienes señalaron que era una ofensa a las víctimas que el hijo de ‘Jorge 40’, exjefe paramilitar acusado de crímenes atroces, dirigiera dicha sesión.La senadora María José Pizarro fue una de las voces que expresó su rechazo, lo que provocó una dura respuesta por parte de la representante Katherine Miranda, quien la acusó de “hipocresía” por su postura.Tovar, por su parte, también se pronunció, defendiendo su derecho a ejercer funciones públicas pese al pasado de su padre.En medio del tenso ambiente, el representante por las curules de paz William Aljure propuso un acto simbólico de reconciliación, invitando a Tovar, Pizarro y miembros del Partido Comunes a unirse.El gesto fue aplaudido por varios presentes, aunque no logró calmar del todo los ánimos.Durante la sesión, varias víctimas tomaron la palabra y denunciaron el abandono del Estado. Eiber Rodríguez, soldado y víctima de minas antipersona, aseguró haber sido olvidado.“Nosotros, los miembros de la fuerza pública, no hemos sido tratados con respeto. Este oficio con nosotros ha sido miserable y desagradecido. Es desafortunado ver a exguerrilleros ocupando curules mientras a nosotros nos dan la espalda”, expresó, haciendo un llamado directo al presidente Gustavo Petro.Por su parte, Marta Cecilia López, víctima de las Farc y el ELN, lanzó duras palabras contra la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez.“Tenga un poquito de respeto. Usted es una proxeneta y una asesina. No sé qué pruebas nos pide si a ninguna mujer violada nos daban una cámara para grabar semejantes horrores”, dijo.Las denuncias continuaron con reclamos hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) por múltiples trabas en medidas de seguridad y hacia la Unidad de Víctimas por no brindar garantías.Incluso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue señalada por no haber entregado, según ellos, ni siquiera la verdad completa de lo ocurrido en el conflicto armado.
Hace 18 meses, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación para expulsar al exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, del proceso de justicia y paz.Esta ley fue creada tras la desmovilización de los paramilitares con el propósito de facilitar su reincorporación a la vida civil y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos entre la década de 1990 y principios de los 2000.La Fiscalía argumenta que alias ‘Don Berna’ debe ser expulsado de justicia y paz y, juzgado por la justicia ordinaria debido a su reiterada negativa de atender los llamados para esclarecer los crímenes en los que estuvo involucrado.Hace unas semanas fue enviada una carta por familias de las víctimas, en la que piden al alto tribunal acelerar el proceso. El expediente ya cumple casi dos años en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y el magistrado encargado de estudiarlo es Hugo Quintero Bernate.“Actualmente se encuentra en su despacho el recurso sobre la exclusión de Diego Fernando Murillo Bejarano, máximo excomandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, del proceso de justicia y paz, según solicitud que hizo la Fiscalía hace aproximadamente siete años. Si bien entendemos la alta carga laboral y la cantidad de procesos que enfrenta la Corte, es importante resaltar que la congestión judicial no puede prevalecer sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Es responsabilidad del Estado garantizar estos derechos, que han sido negados por años”, señala la misiva.En diálogo con Blu Radio, la abogada María Fernanda Torres explicó las repercusiones de esa decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia de expulsar o no a ´Don Berna´“Se ha dilatado la situación jurídica de varias víctimas, si cada hecho corresponde a una víctima fallecida o asesinada hablamos de cerca de 500 personas a la espera de una decisión que permita llegar a la verdad y reparación que claman las víctimas (…) Más allá de que se eche a la basura lo que se ha avanzado en justicia y paz en Medellín, si el proceso cae en la justicia ordinaria la Fiscalía tendría que volver a organizar una estructura metodológica del caso, arañarlo y así posiblemente llevarlo a juicio. Esto demora más tiempo frente a los años en que se puede demorar justicia y paz”, dice la abogada.La representación de las familias Calderón y Alvarado advierte que, en caso de que la Corte decida expulsar a ‘Don Berna’ de justicia y paz, esto podría generar retrasos en las investigaciones debido a la nueva metodología que debería implementarse en múltiples expedientes, lo que consideran preocupante.
En un reciente anuncio, el presidente Gustavo Petro designó a 17 exlíderes paramilitares como gestores de paz. Entre ellos se encuentran reconocidos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar (alias Jorge ‘40’), Diego Fernando Murillo y Carlos Mario Jiménez. Según el Gobierno, la medida busca que estos exparamilitares contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y desmovilización. Sin embargo, esta decisión ha causado consternación y rechazo en diversas esferas de la sociedad colombiana, especialmente entre las víctimas de estos actores armados.Rossi Pérez, una víctima de Jorge ‘40’ y sobreviviente de múltiples abusos a manos de grupos armados ilegales, expresó su indignación en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales. “Es un irrespeto del Gobierno,” afirmó Rossi, al conocer la designación de los paramilitares, quienes cometieron crímenes atroces contra ella y su familia."La marca imborrable de la violencia": el testimonio de Rossi PérezRossi Pérez no solo ha sido víctima directa de Jorge ‘40’, sino que también ha soportado múltiples formas de violencia en carne propia, incluida la agresión sexual y el desplazamiento forzado. En su testimonio, cuenta que su hermano fue reclutado a la fuerza por los paramilitares y posteriormente asesinado brutalmente por orden de Jorge ‘40’. “Lo asesinaron de una manera tan cruel, hasta lo desmembraron”, relató, evidenciando el dolor imborrable que este hecho ha dejado en su vida y en su memoria.Pérez también sufrió agresiones sexuales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. Con un tono marcado por la indignación y el dolor, recordó cómo fue abusada por tres paramilitares cuando tenía solo 15 años y luego nuevamente violentada por guerrilleros de las FARC. “El ser abusado sexualmente es algo que marca, realmente marca mucho a la persona,” expresó Rossi, tras subrayar la gravedad de la situación al referirse a Hernán Giraldo Sierra, otro de los nombrados gestores de paz, conocido por haber cometido abusos sexuales contra niñas en la Sierra Nevada.Una esperanza de cambio traicionadaRossi, quien votó por el presidente Petro impulsada por la promesa de un cambio profundo en favor de las víctimas, expresó su decepción al ver que en lugar de otorgar un protagonismo real a quienes han sufrido los estragos de la guerra, el gobierno ha dado relevancia a quienes perpetraron la violencia. “Nosotras las víctimas esperábamos un capítulo especial para víctimas, no que nos dijeran está el artículo 294, está eso. No,” afirmó.Con pesar, Rossi denunció la falta de representación de las víctimas en los espacios de negociación: “Se sientan gobiernos y victimarios, pero las víctimas a dónde están? Las víctimas no son escuchadas, entonces seguimos igual.”La polémica de los gestores de paz: ¿Reparación o revictimización?El concepto de “gestores de paz” permite que actores antes involucrados en actividades ilícitas, como los paramilitares, puedan actuar como intermediarios en procesos de desmovilización y sometimiento de grupos criminales. Esta iniciativa, que ha sido promovida bajo el liderazgo de la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, establece una temporalidad de seis meses para que estos gestores contribuyan en actividades que promuevan la paz en el país.Sin embargo, no es la primera vez que exparamilitares asumen roles en procesos de paz. En el pasado, algunos se acogieron al sistema de Justicia y Paz, aunque varios de ellos reincidieron en actividades criminales. Por eso, para Rossi Pérez y otras víctimas, este tipo de nombramientos representan una suerte de revictimización, al poner a sus victimarios en posiciones de poder e influencia dentro del proceso de paz. Rossi cuestionó cómo se supone que alguien que fue abusado y marcado de por vida pueda “mirar a la cara a la persona que le hizo tanto daño”.
Este martes, el presidente Gustavo Petro nombró como gestores de paz a 17 exmandos paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, lo que desató una serie de reacciones en contra de la decisión, la cual hace parte del proceso de paz total que adelanta el Gobierno.El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, respondió a las críticas y aseguró que los beneficios que recibirán estos exparamiliares, como servicios de traslado y comunicaciones, son parte de los compromisos para ese aporte de verdad que tendrán que cumplir.Además, aclaró que “no son caramelos”, sino recursos que se usarán de ser necesarios y requeridos en el proceso que ahora se desarrolla. En ese sentido, dijo que “no hay ninguna negociación” y se evaluará caso por caso.“No hay caramelos. De alguna manera toca escucharlos, valorar lo que ellos están haciendo. Valorar cada una de las actitudes de ellos, por eso no podemos meter todo en un mismo costal. Entonces, toca valorar a cada uno de ellos, si su aporte será real y verdadero. No hay ninguna negociación, solamente ellos quieres descargar algunas cosas que no fueron bien oídas, según ellos, en el anterior proceso”, precisó el alto comisionado.Otty Patiño insistió que los beneficios a los que hacen referencia tienen que ver solo con su labor como gestores de paz. Habló de celulares, tablets y otros elementos.“Beneficios en el sentido de que puedan hacer ejercicio de su gestión de paz (…) Que en lugar de sacarlos, de excarcelarlos, puedan ellos comunicarse a través de celular o Tablet para poder indagarles, que cuenten cosas que hasta el momento no han contado o no han sido tenidas en cuenta”, añadió.El alto comisionado para la Paz explicó que esto busca que “haya mayores contribuciones a la verdad, a las víctimas y al proceso”, pero, enfatizó, que, de no funcionar, se suspenderá inmediatamente a decisión del Gobierno.“No es una graduación, es un compromiso y desde luego su eso no funciona, inmediatamente se suspende. El Gobierno tiene toda la potestad de nombrar, pero también de quitarle esa posibilidad de que aporten a la verdad. Hay cimentes que no entran en justicia y paz y son tarea de la justicia ordinaria y tiene que pagar esos delitos”, detalló.
El presidente Gustavo Petro aseguró que el proceso de paz que se desarrolló durante el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares no había tenido un cierre y por eso anunció una mesa de paz con los exAUC para culminar esas negociaciones. Asimismo, anunció a quienes serían los gestores de paz.“El proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso le propongo instalar una mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, le dijo Petro al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.Además el presidente Gustavo Petro se refirió a los exjefes paramilitares que serían gestores de paz en este proceso. Señalando a Carlos Mario Jiménez, conocido como alias 'Macaco', y a Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40'.“Nosotros nombraremos una representación del Gobierno para mirar cuáles son los vacíos y los incumplimientos del acuerdo que establecieron entre paramilitares y Uribe Vélez”, agregó Petro.Por su parte Salvatore Mancuso aseguró que aunque hace 20 años se entregaron las armas el proceso de las autodefensas no culminó como debería.“Es un proceso inconcluso, se entregaron las armas, pero jamás se cerró el ciclo, es un proceso que lleva más de 20 años sin cerrarse y apenas en este Gobierno se va a cerrar a través de este Gobierno que ha tenido la voluntad para hacerlo”, señaló Mancuso.
En la región Caribe crece el inconformismo entre las víctimas del conflicto con la designación de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, conocido como ‘Yoyo’ Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, como el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes.En el departamento del Cesar donde las víctimas del conflicto han venido denunciando presuntas alianzas entre instituciones públicas con el paramilitarismo, rechazan de manera tajante esta elección.Lui Fernando Lara, líder campesino, quien además hace parte de la corporación constructores de paz, dice que ‘Yoyo’ Tovar no representa las víctimas y que por el contrario insisten en el llamado a la Fiscalía y la Corte Suprema a que se siga profundizando en la investigación sobre su elección como representante a la Cámara por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.Gobierno del Valle firmó convenio con la JEP para garantizar reparación de las victimas de las Farc“Vemos con profunda preocupación que llega como vicepresidente de la Cámara de Representante. ‘Yoyo’ Tovar no representa a las víctimas, él representa al sector e los victimarios y hacemos un llamado a la Fiscalía y la Corte Suprema de justicia en donde hay unos procesos en curso, a que se siga profundizando en la investigación porque yo sé que el trascurso de ella determinará que el hijo de Jorge 40 fue elegido Representante a la Cámara debido exclusivamente al temor que se ha infundido por los paramilitares en esta región”, dijo Lara.Señala que han venido aportando a las autoridades pruebas de que en el departamento del Cesar existen presuntas irregularidades en instituciones públicas por la cooptación de sectores que representan el paramilitarismo.
Para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja le apuesta a la energía limpia. Con una inversión de 800 millones de pesos, el municipio instaló 218 paneles solares en su acueducto, una medida que busca reducir los costos operativos y el consumo energéticoComo parte de las medidas de preparación ante la llegada del fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja inauguró 218 paneles solares en la planta de bombeo Pantanillo ubicada en El Retiro, una infraestructura clave para la captación del agua del acueducto municipal.El nuevo sistema solar fotovoltaico garantizará al menos el 20 % de la energía que consume la planta en sus picos más altos, reduciendo en un 19 % el consumo eléctrico total destinado al bombeo de agua para la comunidad."En gastos operacionales de las Empresas Públicas de La Ceja, nos va a permitir redistribuir ese ingreso para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos. Nosotros prestamos acueducto, alcantarillado, aseo, y tenemos que seguir fortaleciendo también la transformación de residuos sólidos. Entonces, ese recurso nos va a servir mucho para ese propósito", así lo dijo María Ilbed Santa, alcaldesa del municipio de La Ceja.El gerente de Empresas Públicas de La Ceja, Andrés Felipe Álvarez, destacó que esta iniciativa materializada con una inversión cercana a los 800 millones de pesos y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) le permitirá al municipio un ahorro estimado en más de 2.300 millones de pesos durante los próximos 20 años.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
El alcalde de Unión Panamericana, Chocó, Geyson Copete, entregó un balance de la emergencia provocada por el terremoto registrado este lunes y confirmó que el municipio enfrenta una situación crítica por los daños ocasionados.Según el mandatario, hasta el último reporte se contabilizaban tres personas fallecidas y una herida. Las víctimas mortales fueron reportadas en el corregimiento de La Y, mientras que el lesionado se encontraba en Salero.“Las Lastimosamente tuvimos pérdidas humanas en el corregimiento de La Y. Allí perdimos tres personas, dos mujeres y un hombre”, explicó Copete al referirse al impacto del movimiento telúrico.El alcalde detalló que los tres fallecimientos ocurrieron en dos lugares diferentes. Una de las víctimas estaba en un negocio dedicado al expendio de pollo, mientras que las otras dos se encontraban en una vivienda familiar.En el corregimiento de Salero, una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada hasta Quibdó, capital del Chocó, para recibir atención médica en un centro asistencial.Además de las víctimas, Copete reportó numerosas viviendas destruidas y señaló que los organismos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para establecer la totalidad de los daños.“La capacidad nuestra en el tema de socorro es muy pequeña, pero hemos logrado ya verificar muchas viviendas”, afirmó el mandatario, quien explicó que también se adelantan labores de remoción de escombros.El alcalde advirtió que todavía no se puede descartar que haya más personas afectadas, debido a que continúan las labores de búsqueda y verificación en estructuras que resultaron destruidas o seriamente comprometidas.Finalmente, Geyson Copete calificó el terremoto como un hecho sin precedentes para Unión Panamericana y manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el municipio tras el fuerte movimiento telúrico registrado este lunes.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exviceministro del Interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento agravado, dentro de la investigación por la denuncia presentada por la contratista Viviana Vargas, por hechos que, según el ente acusador, ocurrieron el 9 de octubre de 2024.De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, cuando Cancino ya no ocupaba el cargo de viceministro, Vargas le presentó su hoja de vida. Según el ente acusador, él la invitó a un almuerzo en su vivienda para hablar sobre oportunidades laborales y fue durante ese encuentro cuando se habrían presentado los hechos denunciados. “Usted, señor Diego Andrés Cancino, realizó en contra de la señora Yuli Viviana Vargas actos de contenido sexual distintos al acceso carnal, consistentes en abrazarla por la espalda, con connotación sexual; tocarle sus senos por debajo de la blusa; intentar besarla en varias oportunidades y sujetarla de los brazos y las manos usando la fuerza”, afirmó el fiscal durante la audiencia.El ente acusador sostuvo que Cancino habría realizado estos actos de carácter sexual pese a que Vargas habría manifestado su incomodidad y su intención de retirarse del lugar. La Fiscalía también argumentó que el exviceministro se habría valido de su posición de autoridad y del vínculo laboral que había tenido con la denunciante en el Ministerio del Interior.Según la Fiscalía, Vargas se desempeñaba como asesora de Derechos Humanos y de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio. En ese contexto, de acuerdo con el ente acusador, se habría generado un vínculo de confianza entre la denunciante y Cancino.Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito con la circunstancia de agravación correspondiente. La conducta tiene una pena base de entre 8 y 16 años de prisión y, con el agravante planteado por el ente acusador, la pena podría estar entre 10 y 24 años, en caso de una eventual condena.Durante la audiencia de imputación, Diego Cancino no aceptó los cargos. El proceso penal continuará y será la justicia la encargada de determinar, con base en las pruebas, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.