La Fiscalía especializada contra las violaciones de los Derechos Humanos tomó la decisión de imponer medida de aseguramiento contra los exparamilitares Adán Rojas Mendoza y su hijo José Gregorio Rojas Mendoza como presuntos responsables del homicidio del decano de educación de la Universidad de Magdalena, Roque Alfonso Morelli Zárate, perpetrado el 5 de septiembre de 2002.La decisión se toma después de casi 19 años después de los hechos. Incluso, tiempo después de que el denominado ‘clan de los Rojas’ confesó estar detrás de los asesinatos cometidos contra miembros de la Universidad del Magdalena que habrían sido ordenados por los jefes paramilitares Hernán Giraldo y 'Jorge 40'.El abogado Julián Quintana, que representa a las víctimas, anunció la decisión a través de su cuenta de Twitter.“La Fiscalía nos notifica que impuso medida de aseguramiento privativa de libertad contra el clan paramilitar Adán Rojas, presuntos socios de @carlosecaicedo en los homicidios de @Unimagdalena. Ojo, estos señalaron al gobernador como determinador de los asesinatos”, escribió.A través de su cuenta de Twitter, Carlos Morelli, hermano de la víctima, se pronunció sobre la medida.“Como víctima veo con buena luz el asomo de esa justicia que hemos esperado durante 20 años. Ya es hora que mi familia tenga una esperanza de justicia y que el verdadero asesino pague por todos sus delitos. Espero que no solamente se le destapen los asesinato de la U”, escribió.Según la investigación, Roque Morelli fue asesinado mientras esperaba un bus cerca al barrio “la ciudadela 20 de julio” en la ciudad de Santa Marta, frente al bulevar de la 19. En ese lugar, fue increpado por dos personas que se transportaban en una motocicleta, esperaban en una esquina de la avenida, uno de ellos cruzó la vía y le disparó en dos oportunidades al profesor.La Fiscalía unió la investigación por el homicidio del decano de la investigación a la que se llevaba por los homicidios del líder estudiantil de la misma universidad, Hugo Elías Maduro, y del vicerrector Julio Alberto Otero, asesinados en el 2000 y en el 2001, respectivamente.
BLU Radio conoció, en primicia, que la Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria a los exjefes paramilitares Hernán Giraldo y ‘Jorge 40’ por la investigación del asesinato de tres líderes estudiantiles en la Universidad del Magdalena.La citación para Hernán Giraldo Serna está prevista a realizarse el martes 23 y miércoles 24 de febrero de 2021 a las 9:00 de la mañana a través de la plataforma Teams.En el caso de Rodrigo Tovar Pupo se prevé que la indagatoria se realice el 25 de febrero y el 16 de marzo de 2021 a partir de las 9:00 de la mañana, también por la plataforma Teams.Otro de los citados a indagatoria es Adriano Sánchez Comas los días 29 y 30 de abril 2021a las 2:00 de la tarde y 9:00 de la mañana respectivamente en las instalaciones de la dirección seccional de Fiscalías del Magdalena.
El pasado 28 de octubre, la Corte Suprema le archivó la investigación por el escándalo de la parapolítica al senador Armando Benedetti. Sin embargo, dos magistrados de ese alto tribunal que no estuvieron de acuerdo con este archivo al proceso argumentaron en su salvamento de voto que sí existían razones y evidencias para continuar con esta investigación.Los magistrados Francisco Javier Farfán y Cristina Lombana señalaron en un documento de 42 páginas porqué están en desacuerdo con el archivo de la investigación contra el senador.En el salvamento de voto explicaron que el parlamentario tenía un conocimiento que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso iba a asistir a una reunión en la finca El Caramelo, propiedad de la exsenadora Eleonora Pineda, donde se iba adelantar una reunión entre políticos y paramilitares.Los dos magistrados manifestaron que si bien no había pruebas del apoyo de Benedetti para conformar grupos armados al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, sí existe una duda razonable, de acuerdo con los magistrados, en cuanto a si esos grupos pudieron apoyar electoral y financieramente a Benedetti para las elecciones a la Cámara de Representantes en el año 2002 y al Senado de la República en 2006.Pero los magistrados fueron más allá y manifestaron que se estaría cambiando la línea jurisprudencial de la Corte en materia de investigación dentro de la parapolítica, pues argumentaron que, con menos testimonios y declaraciones, se logró el juzgamiento en otros casos y dieron cinco ejemplos.El caso del senador Luis Eduardo Vives Lacoture, condenado a siete años de prisión y los excongresistas José María Inmbeth y Jorge Luis Feris Chadid, así como el exgobernador de Córdoba Jesús María López Gómez y el representante a la Cámara Vicente Blel.En todos esos casos hubo algo en común y fueron las declaraciones de los propios paramilitares y las pruebas de las reuniones para llegar a acuerdos y apoyos políticos entre las AUC y políticos de la costa Atlántica.En el salvamento de voto, los magistrados Farfán y Lombana concluyen diciendo que con la decisión inhibitoria de la corte, a favor de Benedetti, se prefirió “el camino fácil”, sin reparar en el esclarecimiento y en el esfuerzo investigativo.
Fuentes del Inpec confirmaron a BLU Radio que este miércoles, el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, fue trasladado a un pabellón especial de seguridad en la cárcel de Picaleña, que está bajo la custodia del equipo élite CRI, Comando de Reacción Inmediata, el cual fue creado para planear, ejecutar y apoyar operativos de seguridad especiales, tanto de orden preventivo como para afrontar situaciones que atenten contra el orden público penitenciario.Las medidas de seguridad fueron tomadas porque el exparamilitar aseguró que temía por su vida. Incluso, se conoció una carta que ‘Jorge 40’ envió al presidente de la República, Iván Duque, en la que pide que lo recluyan en un sitio que tenga todas las medidas de protección.El excomandante del Bloque Norte de las AUC, fue deportado a Colombia hace casi un mes, después de pagar una condena de 12 años de prisión por narcotráfico en los Estados Unidos.
El regreso al país del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’, sumado a los anuncios de contar “los secretos” de su accionar delictivo por parte de alias ‘Macaco’ y ‘Martín Llanos’, así como Carlos Moreno Tuberquia alias ‘Nicolás’ del Clan del Golfo, ponen a pensar sobre qué les espera a estos exdelincuentes en su retorno a Colombia.¿Podrían entrar estos procesados a la Justicia Especial de Paz (JEP)? Los abogados Diego Martínez y Enrique Santiago, junto al senador Roy Barreras, hablaron sobre los distintos escenarios jurídicos que plantea el regreso de exjefes paramilitares al país.De acuerdo con Enrique Santiago, el proceso de consolidación de la paz requiere de un acceso integral de la verdad y que los grupos paramilitares tienen una parte de ella.“Sería una buenísima noticia que integrantes de grupos paramilitares pudieran entrar a la JEP”, sostuvo.Según Santiago, el acto legislativo 001 de 2017 no impide la entrada de exparamilitares a la jurisdicción de paz. “Es un problema de ser coherentes con el acuerdo de paz”, afirmó.En concepto de Diego Martínez, el tema de la verdad es central en el acuerdo de paz.“La jurisdicción no es solo un instrumento para entregar beneficios, sino también para entregar verdad”, afirmó el jurista.Por su parte, el senador Roy Barreras dijo que la verdad la conocen los paramilitares y que las víctimas del conflicto merecen conocerla. El congresista dijo que no se busca el restablecimiento de los derechos políticos de los excabecillas de las AUC.“El proyecto que he presentado, para que quede claro, no le devuelve derechos políticos a ningún paramilitar porque los mantiene en la jurisdicción de Justicia y Paz, bajo la Ley 975 que ellos firmaron”, expuso el congresista.“Hay que recordar que en el referendo de Uribe, en 2002 que coincidía con los inicios de las conversaciones y luego con la firma del pacto de Ralito, él propuso a los colombianos, públicamente ahí están las preguntas para quien quiera volver a leerlas, que se dieran curules, no solo en el Congreso, en los concejos, asambleas, en Cámara y Senado a todos los que se subieran al proceso de paz, sin siquiera exigirles que dejaran las armas”, dijo Barreras.“Eso no pasó y ellos nunca tuvieron ese derecho”, acotó el senador.Escuche a Diego Martínez, Enrique Santiago y Roy Barreras en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
El ministro (e) de Justicia, Javier Sarmiento, habló en Mañanas BLU sobre los procesos en contra del excabecilla paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien regresó a Colombia tras cumplir una condena en EE.UU. por narcotráfico.Sarmiento se refirió a la posibilidad de que ‘Jorge 40’ pudiera recibir beneficios por estar cercano a cumplir 70 años.“Él tiene una sumatoria de bastantes condenas y no, la única opción que él tiene es quedar privado, pagar sus penas en la cárcel colombiana y también de cara a justamente que no contribuyó en la Ley de Justicia y Paz en el esclarecimiento de todos los delitos que él cometió”, declaró el funcionario.“El primer escenario procesal es el de la justicia ordinaria, él puede acudir a los mecanismos no judiciales, si tiene ese interés de contribuir con la verdad”, agregó.Según Sarmiento, en contra del exparamilitar pesan varias condenas.“De acuerdo a la verificación que hemos estado haciendo hemos encontrado tres condenas”, declaró.Alias "Jorge 40", uno de los más sanguinarios jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico, y se le condenó a 16 años de cárcel de los cuales pagó 12.Escuche a Javier Sarmiento, ministro (e) de Justicia, en Mañanas BLU:
Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', llegó este lunes a Colombia procedente de una cárcel de Estados Unidos, como estaba previsto y anunciado desde hace varios días.BLU Radio obtuvo la primera fotografía del exjefe paramilitar a su llegada al país. 'Jorge 40' tiene más de 1.400 investigaciones abiertas y 35 órdenes de captura vigentes, por las que deberá responder en Colombia.Tovar estaba recluido en una cárcel de Pensilvania. Vale recordar que el exjefe paramilitar fue expulsado de la JEP y sus crímenes serán procesados por la justicia ordinaria, como parte de las investigaciones por decenas de acciones de guerra que dejaron centenas de muertos en diferentes regiones del país.El Gobierno colombiano pidió oficialmente su deportación el pasado 2 de septiembre para que responda por las cuentas pendientes con la justicia en Colombia, teniendo en cuenta que fue expulsado de Justicia y Paz en 2015.QUE ‘JORGE 40’ RESPONDA SI HUBO SECTORES POLÍTICOS EN EL ASESINATO DE MI PADRE: VÍCTIMALa llegada a Colombia de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, generó en las víctimas una reacción general para que el exjefe paramilitar pague por sus delitos en Colombia y cuente la verdad.De acuerdo con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, 'Jorge 40' tiene 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y 1.450 procesos por los que tendrá que responder, tras ser expulsado de Justicia y Paz por no aceptar su participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad, y exigieron que responda por cada uno de los crímenes.De igual mamera, desde el Movice se indicó que esperan que al regresar Tovar a Colombia, así como otros jefes paramilitares, no sea una forma que propicie estructuras vigentes del paramilitarismo y que, al contrario, hagan sus aportes a la verdad y la justicia.
Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, reveló este lunes que Boca Juniors ha tenido contacto con el colombiano Carlos Bacca.“Carlos Bacca está en Barranquilla, pero está en comunicación permanente con Boca Juniors”, dijo Hernández Bonnet.Explicó que Bacca tiene dentro de las "cláusulas actuales de su contrato la posibilidad de deshacerlo".“Boca Juniors ha acelerado la comunicación, ellos han descartado a Roger Martínez y todo está apuntando a Carlos Bacca y la gestión se está haciendo a través de empresarios españoles”, afirmó.Además, agregaron que por Roger Martínez se ha pedido una alta suma de dinero por lo que Boca Juniors estaría buscando a Bacca.Escuche la información completa en Blog Deportivo:
Este lunes comenzó la recolección de firmas para el proceso de revocatoria del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que es promovido por un movimiento que fue denominado ‘Sáquele roja al traidor’.“Empezamos con la recolección, este jueves nos reunimos para saber cómo van estos primeros días de recolección, hoy desde las 5:00 a.m. muchas personas nos han llamado y que quieren participar del proceso”, dijo Pedro Nilson Amaya, promotor del proceso de revocatoria.Según los líderes de la revocatoria, esperan recolectar más de 120.000 firmas en dos meses.Entre tanto, este lunes fue confirmada la alcaldesa ad hoc de Bucaramanga, Silvia Juliana Corzo, designada por el Ministerio del Interior para la revocatoria.El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en un trino le dio la bienvenida.
El 5 de marzo de 2015, el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, representado legalmente por Juan Francisco Herrera Bojanini y su suplente Jaime Alfredo Massard Ballesteros y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, suscribieron el Contrato de Concesión 003 bajo el esquema de Asociación Publico Privadam(APP), para que ese concesionario administrara, operara, explotara comercialmente, adecuara, modernizara, mantuviera y restituyera tanto del lado Aire como del lado tierra, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz que sirve a la ciudad de Barranquilla.La APP acordó, bajo su cuenta y riesgo, ejecutar el contrato con una inversión cercana a los 610 .000 millones de pesos que contempla entre otros la repavimentación de la pista, la construcción de un nuevo terminal de carga así como de una terminal para aviación general, la adecuación del edificio para mantenimiento de aeronaves y la remodelación del edificio de pasajeros. El fin de la concesión está programado para 2035.Sin embargo, la APP presenta graves retrasos en los pagos a un alto número de sus proveedores. Muchos de ellos hablaron con Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, pero la mayor parte de ellos no quieren denunciar porque se trata de empresarios poderosos y casi intocables en Barranquilla y temen no volver a ser contratados en la región.Sin embargo Inés Elvira Brigard Rivas, gerente de la empresa “Regional Caribe Ecobaño SAS”, decidió hablar sobre los perjuicios sufridos por la compañía porque ya es mucho lo que han perdido estos años y su pequeña empresa, no da más.“Es una empresa familiar dedicada al alquiler, venta y aseo de equipos sanitarios portales y limpieza de pozos sépticos y trampas de grasa. Empezamos a trabajar con el nuevo aeropuerto desde el año 2015, pero desafortunadamente eso sumado a la crisis que se presentó en la pandemia el año pasado fue que empezamos a tener problemas serios de cartera con el nuevo aeropuerto”, declaró la ejecutiva.“Desde 2015 hasta 2020 los pagos habían sido demorados, al principio fueron 30 días, después mandaron una carta diciendo que iban a pagar a 60 y estos se prologaban hasta 90, 180 y prácticamente estábamos supeditados a recibir el pago cuando ellos recibían recursos”, agregó.Según Brigard Rivas, debido a los constantes incumplimientos, tuvieron que amenazar con centrales de riesgo.“Desde ya febrero de 2020, hasta más o menos octubre, cuando empezamos a presionar el pago, se quedaron callados. No resolvían absolutamente nada. Tuvimos que recurrir a centrales de riesgo y tener que amenazar con la suspensión del servicio. Razón por la cual nos fueron retirando baños hasta que ya en diciembre nos quitaron absolutamente todos los baños”, sostuvo.De acuerdo con la gerente de Regional Caribe Ecobaño, han buscado acercamientos con los deudores y con la firma interventora, pero hasta el momento no hay respuesta. Según Massard, solo han tenido una respuesta insatisfactoria por parte de Jaime Alfredo Massard, quien ha negado tener cualquier vínculo contractual con la APP.“A nosotros ni siquiera nos contestan el teléfono. De vez en cuanto el señor Massard contesta el teléfono y lo que dice es: ‘no soy representante de eso’, aunque de acuerdo con papeles sí lo es. Da unos teléfonos que nadie contesta. Así, sucesivamente, ni correos, ni teléfonos, ni nada”, sostuvo Brigard Rivas.Finalizó la señora Brigard “Ni siquiera nos contestan el teléfono. De vez en cuanto el señor Massard contesta y lo que dice es: ‘no soy representante de eso’”, sostuvo Inés Brigard.Mañanas Blu contactó a los representantes legales de los consorcios, pero no respondieron y por su parte la ANI se comprometió a solicitarle a la APP cumplirle a los proveedores con sus pagos.Escuche esta denuncia en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, informó que los directivos de los equipos asociados a la División Mayor del Fútbol Colombiano le están exigiendo al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, que inicie una investigación a Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, por calificar de "mafiosa" a la institución que regula los torneos del Futbol Profesional Colombiano."Entienden que si el presidente de la Dimayor no abre la investigación, es porque está en conflicto de intereses. Gustavo Serpa fue uno de los promotores a la presidencia (de Jaramillo) a la División Mayor del Fútbol Colombiano", comentó.También indicó que los dirigentes miembros de la Dimayor buscan una sanción ejemplar a Serpa o que en una asamblea muestre las pruebas de su denuncia sobre "comportamientos indebidos que llegaron involucrar situaciones arbitrales"."Al abrir la investigación se busca una sanción ejemplar para Gustavo Serpa (...) De no abrirse la investigación, le solicitarán la renuncia al presidente de la Dimayor", agregó.Asimismo, Blog Deportivo conoció que Gabriel Camargo, máximo accionista del Deportes Tolima, es quien está exponiendo en la reunión de la Dimayor la investigación a Serpa.Escuche la información completa en Blog Deportivo:
El superintendente del Transporte, Camilo Pabón, les pidió a los alcaldes de 31 ciudades del país “investigar y sancionar a las personas que sean sorprendidas en cada una de sus jurisdicciones realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares”.Así mismo, a través de un comunicado manifestaron que “se solicitó iniciar acciones judiciales y administrativas contra los sujetos que presten el servicio sin cumplir las normas, y contra quienes faciliten las operaciones de manera ilegal”.La Superintendencia de Transporte hizo un llamado a los alcaldes de estas ciudades para que vigilen el transporte ilegal en: Cúcuta, Barranquilla, Pasto, Cartagena, Cali, Ibagué, Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Medellín, Valledupar, Pereira, Neiva, Montería, Armenia, Villavicencio, Manizales y Santa Marta. También para los municipios: de Bello, Mosquera, Envigado, Yumbo, Funza, Barrancabermeja, Chía, Floridablanca, Soacha, Itagüí, Rionegro, Palmira y Sabaneta, en otros municipios. El superintendente del Transporte, Camilo Pabón, indicó que: “En estas 31 ciudades está la mitad de la población del país. Sus alcaldes y funcionarios deben ser responsables de aplicar la ley para atacar con severidad ese fenómeno de ilegalidad que afecta dichas jurisdicciones”.
