La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, advirtió este lunes que el aumento de aranceles a los productos importados a Colombia tendrá "una réplica" de EE.UU. y dificultará la reducción de la inflación."Colombia hoy tiene de las mejores condiciones de acceso para llegar al mercado de los EE.UU.", recordó Lacouture tras referirse, en rueda de prensa en Bogotá, a la importancia del Tratado de Libre Comercio (TLC) de ambos países que entró en vigor hace 11 años.Convencida de que "cualquier medida arancelaria" de Colombia a EE.UU. puede traer consigo una "réplica sin pedir permiso porque está establecido", Lacouture llamó a analizar los requerimientos del país para "tener una proveeduría competitiva que permita al tejido empresarial y a Colombia crecer con productividad"."De lo contrario, estaríamos haciendo presión en el costo de los productos para los colombianos", agregó la ejecutiva sobre la propuesta del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de aumentar los aranceles para proteger la economía y producción local.Asimismo, Lacouture insistió en que el 70 % de las importaciones desde Estados Unidos responden a bienes que no produce Colombia o que lo hace en cantidades insuficientes.LA IMPORTANCIA DEL TLC PARA COLOMBIAPara la Cámara, el incremento de los aranceles se traduciría en la eliminación de la competitividad de los productos colombianos y en la pérdida de la estabilidad del mercado, ya que los compradores buscarán proveedores que ofrezcan mejores precios.En consecuencia, la pérdida de los beneficios del TLC supondría que productos como las fajas colombianas que tendrían que asumir un pago arancelario del 20 % a Estados Unidos.Entre los principales beneficios del TLC a Colombia, Lacouture destacó el aumento del 101 % en el capital inyectado por EE.UU. en 2022 y una inversión estadounidense en el país suramericano de 4.975 millones de dólares, lo que supone un 1,4 % del PIB colombiano.OPORTUNIDADES PARA TRANSICIÓN Y SECTOR AGRÍCOLATras asegurar que "el acuerdo comercial funciona" y que es una herramienta "muy poderosa" que brinda "estabilidad al país", la presidenta de AmCham apuntó al potencial de Colombia en la generación de energías limpias y en el sector agrícola para aumentar las exportaciones no minero energéticas al mercado estadounidense.Lacouture recordó que para poner en marcha la transición energética (meta común a ambas naciones) serán necesarios minerales críticos de los que dispone Colombia, como el cobre o el níquel, lo que abre la posibilidad de que el país se consolide como una "pieza clave en la cadena de suministros"."No tenemos la posibilidad de saber con qué más contamos porque no se ha permitido generar ese proceso de extracción de los minerales", dijo.Aunque al sector agrícola Amcham le augura un potencial de crecimiento del 250 % en los próximos 4 años, la Cámara insistió en la necesidad de fortalecer la dotación de bienes públicos rurales, garantizar la seguridad física en los territorios y la jurídica para la inversión, así como la importancia de avanzar en "reformas estructurales necesarias" como el Acuerdo de Doble Tributación en EE.UU.Le puede interesar: 'Lo más relevante esta semana en el FPC'
De inmediato el juzgado solicitó a las autoridades pertinentes se libre orden de captura en su contra para hacer efectiva la pena la cual oscila entre 96 a 270 meses de prisión, montó que será dado a conocer el 11 de marzo de 2016. Los hechos materia de la decisión se fundamenta en la investigación que dio como resultado que los hermanos fraccionaron sus predios en el departamento del Magdalena para recibir subsidios de manera irregular dentro del programa del gobierno Agro Ingreso Seguro, (AIS) el cual pretendía favorecer a los Agricultores frente al Tratado de Libre Comercio. Según la investigación de la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada contra la Corrupción, los Vives Lacouture, obrando en nombre propio o en nombre y representación de Inversiones Santa Inés S.A., presentaron varios proyectos en el municipio de Zona Bananera (Magdalena) proyectos que terminaron con unos acuerdos de financiamiento por medio de los cuales obtuvieron, ilegalmente, varios beneficios eco0nomicos del Programa AIS, que ascienden a cerca de 1.776 millones de pesos los cuales se pretende que sean devueltos al Estado colombiano.
El himno de la Liga de Campeones no sonó este martes en el Spotify Camp Nou ni en el estadio Metropolitano de Madrid antes del inicio de los partidos de la cuarta jornada de la Champions League entre el Barcelona vs. el Aston Villa y el Atlético de Madrid vs. Bayern Múnichs, como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y al fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel."La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la 'UEFA Champions League' de esta noche excepcionalmente no sonará", informó el club azulgrana.De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde el lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra.En los otros países donde se jugó la cuarta fecha de la Liga de Campeones sí sonó el himno cuando salen del túnel y luego se forman los equipos en la cancha, pero después realizaron un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador de Tenerife.
Un operativo policial de película se vivió en la mañana de este martes, en la diagonal 21 del barrio Primero de Mayo, de Valledupar, donde se protagonizó el homicidio de una persona llamada como Juan Alfredo Niño Trillos, alias ‘Águila’, de 34 años, mientras hacía un cruce de carretera en un camión aparentemente de su propiedad. Lo que inició siendo un atentado, terminó con una suma total de tres personas muertas y dos policías heridos.La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial por las personas que presenciaron el ataque, sin embargo, allí se confirmó su fallecimiento por la gravedad de los múltiples disparos en el tórax y en el antebrazo izquierdo. Fueron al menos siete heridas de bala las que había en su cuerpo.El atentado Fue perpetrado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Según los reportes, estos le intimidaron y se dieron a la huida tras presuntamente ocasionar las heridas. De inmediato, la Policía activó un plan candado para interceptar a los criminales, quienes generaron un intercambio de disparos en el que ambos resultaron heridos.Las personas fueron identificadas como Heider Enrique Areiza Olivella, de 27 años, quien presentaba heridas por arma de fuego en el tórax posterior, región intercostal izquierda y brazo izquierdo; y Andrés Ramón Ramos González, quien registraba lesiones en la región abdominal, con orificio de salida en el tórax posterior. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales, donde minutos después se dio su fallecimiento.Como resultado del procedimiento, la Policía logró la incautación de una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, con cinco cartuchos, y una motocicleta marca Boxer, color gris, elementos que serán puestos a disposición de las autoridades competentes.Además, dos uniformados resultaron lesionados: uno presentó una herida por arma de fuego en la entrepierna derecha, con orificios de entrada y salida; mientras que otro sufrió golpes en una rodilla tras una caída. Asimismo, otro agente recibió un impacto en su chaleco balístico, sin que se registraran lesiones.“De igual manera, durante la persecución se presentó la colisión de una motocicleta policial, dejando afectaciones físicas que no revisten gravedad”, expresó la institución armada en un comunicado.Es importante señalar que, de acuerdo con los registros policiales, la víctima Juan Alfredo Niño Trillos registraba anotaciones por concierto para delinquir y violencia intrafamiliar; Heider Enrique Areiza Olivella, por homicidio y dos por violencia intrafamiliar; y Andrés Ramón Ramos González, por receptación.“La Policía Metropolitana de Valledupar continuará adelantando las actuaciones correspondientes, en coordinación con las autoridades judiciales, para esclarecer integralmente estos hechos y reitera su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos”, finaliza la misiva.
El Sudamericano Sub 20 regresa a Colombia en 2027, según confirmó en sus canales oficiales la Conmebol tras el reciente éxito de la edición 2023 y el gran trabajo que ha hecho la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) con torneos de la confederación, por ejemplo, la inminente final de la Sudamericana en Barranquilla.“La competencia reunirá a las selecciones juveniles de las Asociaciones Miembro de la CONMEBOL, en una nueva edición que permitirá a las jóvenes promesas del fútbol sudamericano demostrar su talento y continuar su camino de desarrollo deportivo”, expresaron”.A diferencia de 2023, esta vez a la sede será Medellín y Envigado durante el 22 de enero y el 7 de febrero. Los prospectos de las grandes selecciones del continente se reunirán en el Atanasio Girardot y el Polideportivo Sur buscando la clasificación al Mundial.“La CONMEBOL Sub20 constituye una plataforma fundamental para el crecimiento del fútbol juvenil continental, promoviendo la competencia de alto nivel y la proyección de futuras figuras del fútbol sudamericano”, puntualizaron.Esta será una gran oportunidad para que Colombia repita la hazaña que logró la sub 17 y se quede con el Sudamericano, aprovechando la ‘ventaja’ de tener al público de su lado y las condiciones a su favor en cuanto a materia deportiva se refiere.Sin embargo, al frente estará Brasi que es el vigente campeón de la CONMEBOL Sub20, tras consagrarse en Venezuela 2025. La Canarinha también conquistó las ediciones de 2023, 2011 y 2009, consolidándose como la selección más laureada de la competencia, con 13 títulos.Lo que promete que será un torneo apasionante y los cafeteros querrán conquistar por cuarta vez en la historia este importante torneo, jugadores que podrían luego entrar en el radar de Néstor Lorenzo y el proceso para el Mundial 2030, por lo tanto, deberán demostrar una gran calidad.
Cerca de 80.000 familias campesinas en 61 municipios de Colombia todavía esperan que el Estado cumpla los compromisos adquiridos en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analiza los resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y de RenHacemos, la estrategia impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro.El documento, titulado “Cerrar los compromisos de la sustitución gobernando el territorio”, plantea que uno de los principales desafíos para el Gobierno de Abelardo de la Espriella será completar las obligaciones pendientes con las comunidades y evitar que los procesos productivos que ya comenzaron queden inconclusos. De acuerdo con el análisis, el PNIS, creado en el marco del Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC en 2016, mantiene compromisos pendientes con 32.829 familias que todavía no han culminado su Plan de Atención Inmediata (PAI). Esto representa el 41,3 % de las 79.518 familias que permanecían activas en el programa a julio de 2026.El informe destaca que, aunque durante el Gobierno de Gustavo Petro se avanzó en el cumplimiento de estos compromisos, la FIP advierte que los resultados no son suficientes para garantizar la transformación económica de los territorios donde las comunidades dejaron de cultivar coca.De hecho, al cierre del Gobierno de Iván Duque, apenas el 3,5 % de las familias vinculadas al PNIS había completado la totalidad del plan. La administración Petro renegoció las obligaciones pendientes y, para julio de 2026, el porcentaje de familias activas que había culminado el PAI llegó al 58,7 %.La inversión acumulada del Estado en este programa se estima en cerca de $2,72 billones. Sin embargo, el informe advierte que no existe información suficiente para establecer en qué medida estos recursos se tradujeron en mejores ingresos para las familias, proyectos productivos sostenibles o una reducción duradera de su dependencia de la economía de la coca.El informe también revisó los resultados de RenHacemos, programa creado en abril de 2025 para promover la transición hacia economías legales mediante procesos productivos, asociativos y de comercialización.Durante el Gobierno Petro, esta estrategia llegó a 45.296 familias inscritas en 26 municipios de siete departamentos. De ese total, 32.121 fueron aprobadas y 28.944 se encontraban en etapa de implementación.Cabe destacar que uno de los cambios que trajo este programa fue permitir que las familias tuvieran un periodo de transición antes de erradicar sus cultivos, mientras recibían apoyo para desarrollar alternativas productivas. También buscó fortalecer las asociaciones campesinas y conectar sus productos con mercados nacionales e internacionales.Sin embargo, la FIP encontró que todavía existen dificultades para garantizar la sostenibilidad de estos procesos. A junio de 2026, aunque el 90 % de las familias aprobadas había recibido su primer pago, apenas 7.657 habían recibido la primera entrega correspondiente al establecimiento de sus proyectos productivos.Además, el informe señala que la vinculación de familias en predios dispersos, la falta de una estrategia territorial suficientemente articulada y las dificultades de coordinación entre entidades estatales limitaron el alcance de la intervención. Entre las principales conclusiones del informe está que la sustitución no puede limitarse a entregar recursos, insumos o asistencia técnica a las familias. Según la Fundación, para que los cultivos de coca no vuelvan a aparecer, se necesita una intervención estatal que garantice condiciones para que las actividades legales sean rentables y puedan mantenerse en el tiempo.Lo que implica mejorar la infraestructura vial y productiva, facilitar el acceso a tierras, fortalecer la asistencia técnica, garantizar canales de comercialización y coordinar las acciones de las entidades responsables de la seguridad y el desarrollo rural.Asimismo, advierte sobre la necesidad de contar con una estrategia de seguridad que proteja a las comunidades y a los funcionarios que participan en estos procesos, especialmente en territorios donde los grupos armados mantienen presencia y disputan el control de las economías ilegales.
La Fundación Santa Fe de Bogotá cumple 54 años de funcionamiento y anunció la ampliación de sus servicios de salud a nuevas regiones del país, con el inicio de operaciones de su sede Tatamá, ubicada en Cerritos, Pereira, Risaralda.La nueva sede prestará servicios ambulatorios y de diagnóstico, con el propósito de acercar la atención especializada a los habitantes del Eje Cafetero, el norte del Valle del Cauca y Chocó. El proyecto se desarrolla en alianza con la Fundación Santo Domingo y la Fundación Tatamá, y busca extender el modelo de atención de la institución a estas regiones.Esta expansión se suma a la presencia que la Fundación Santa Fe tiene en Cartagena, donde opera el Hospital Serena del Mar, y a sus servicios en Bogotá, ciudad en la que inició sus actividades en 1972.En medio de la conmemoración de su aniversario, la institución también presentó los resultados obtenidos en diferentes mediciones internacionales. En el ranking IntelLat 2026 de los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina ocupó el primer lugar en Colombia y el tercero en la región, con una puntuación de 85,1 entre 105 instituciones evaluadas de diez países.Por su parte, en la clasificación World’s Best Hospitals 2026, elaborada por Newsweek y Statista, ascendió 27 posiciones y llegó al puesto 212 entre los hospitales incluidos a nivel mundial. Esta es la tercera edición consecutiva en la que hace parte de los 250 primeros de esta medición.En cuanto a los servicios especializados, la edición 2027 de World’s Best Specialized Hospitals la ubicó en el primer lugar de Colombia en gastroenterología, nefrología y oncología. También obtuvo el primer puesto en Latinoamérica en cirugía y reemplazo de rodilla y cirugía de hombro, y el segundo en cirugía y reemplazo de cadera, según el ranking regional de hospitales privados elaborado por Newsweek y Statista.Otro de los resultados presentados corresponde al componente de sostenibilidad. La institución obtuvo una calificación de 96,98 % y recibió el sello ESG Verified Platino de ICONTEC. De acuerdo con la Fundación, es la primera entidad del sector salud colombiano en alcanzar este nivel desde su primera postulación.La organización está bajo la dirección de Henry Gallardo, quien también preside la Federación Internacional de Hospitales (IHF), cargo que lo convirtió en el primer colombiano en asumir esa responsabilidad.Con la apertura de la sede Tatamá y los resultados reportados durante 2026, la Fundación Santa Fe de Bogotá plantea continuar su expansión territorial y el fortalecimiento de sus servicios clínicos, de investigación, educación e innovación.
