Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles del asesinato del empresario del sector de las esmeraldas y la seguridad privada Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’, quién fue asesinado sobre las 5:30 de la tarde, del miércoles 7 de agosto, a las afueras de su residencia en el conjunto residencial Bosques del Marqués, del sector de Usaquén en el Norte de Bogotá.¿La bala de 9 mm cambia la teoría del francotirador en muerte de Pedro Pechuga?Blu Radio pudo conocer que el hombre sufrió un impacto por una bala de una pistola 9 milímetros, que habría generado un orificio de ingreso por la espalda y de salida por el pecho, bala que se destruye con el impacto.Los primeros detalles que se conocieron hablan de un ataque generado por un francotirador desde una zona boscosa cercana, cuando se encontraba a las afueras de su vivienda después de compartir en una misa con algunos familiares, entre los que estaría su esposa, dos hijos y un nieto.Según información revelada por el diario El Tiempo, el empresario ingresó como cadáver no identificado (CNI) a la Clínica Los Cobos, dónde poco después fue identificado por sus familiares y guardaespaldas “falleció a las 18:28 horas…el proyectil le atravesó b”, se lee en el informe conocido por ese medio.Consultamos a Erich Saumeth, un investigador colombiano en temas de seguridad y experto en armas, para conocer más sobre las características del arma con la que se pudo cometer el ataque.“No creemos que para un disparo de alta precisión se emplee un arma, que a su vez utiliza munición de 9mm, primero con las características del disparo que se han venido conociendo, cuando se habla de una acción cometida de desde larga distancia, si se empleó un arma que utiliza esa munición, es muy probable que se haya hecho con una pistola o una subametralladora y a corta distancia”, señaló el experto.Además, resalta que, de haberse usado los servicios de un experto tirador de alta precisión, esta persona debió actuar apoyada en un equipo de vigilancia y alto reconocimiento que le estuviera informando en tiempo real los movimientos de la víctima.¿Quién era Juan Sebastián Aguilar?En sus primeros años, 'Pedro Pechuga' fue hombre de confianza del llamado “Zar de las Esmeraldas”, Víctor Carranza, uno de los más importantes esmeralderos del país e investigado en su momento por conspiraciones para financiar a los paramilitares y al cartel de Medellín en los años noventa.La relación de Pedro ‘Pechuga’ con Sandra OrtizEn las últimas horas de conoció que al parecer sostuvo una relación con la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, quien está siendo investigada por la Fiscalía por su presunta participación en los sobornos que salieron de contratos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.Actualmente se espera conocer el documento oficial dónde se revelen las precisiones sobre la forma, arma y móvil del asesinato de este importante empresario, que enciende las alarmas de un posible reinicio de la guerra del sector de las esmeraldas.
El equipo del CTI de la Fiscalía ha intensificado sus labores de investigación en Bosques de Márquez, El Puntoo, un conjunto residencial en Usaquén, tras el reciente asesinato del comerciante de esmeraldas Juan Sebastián Aguilar.Durante varias horas, desde la tarde hasta la noche, los investigadores han analizado minuciosamente los eventos que llevaron al fatal desenlace.Francotirador usó una colchonetaSegún información preliminar, el francotirador, aparentemente apostado en el exterior del conjunto residencial, habría permanecido en el lugar durante varios días, esperando el momento oportuno para llevar a cabo el atentado. Se encontraron colchonetas entre la vegetación circundante, lo que sugiere que el francotirador pudo haberse ocultado en el área por al menos una semana antes de actuar. Las autoridades también especulan que podría haber utilizado un animal para facilitar su escape a través del bosqueEl uso de drones por parte de los investigadores de la Fiscalía durante la tarde ha sido crucial para mapear el área y determinar las posibles rutas de escape del criminal, que se cree podría haberse dirigido hacia el municipio de La Calera o hacia la Carrera Séptima.La investigación continúa activamente para identificar y capturar a los responsables de este homicidio que ha conmocionado a la comunidad de Usaquén y más allá. La Policía Nacional está dedicando todos sus recursos para esclarecer el crimen y llevar a los culpables ante la justicia.¿Quién era Juan Sebastián Aguilar o Pedro Pechuga?Juan Sebastián Aguilar, conocido en el ámbito de las esmeraldas como 'Pedro Aguilar' o 'Pedro Pechuga', fue asesinado en Bogotá a las 6:00 de la tarde del pasado miércoles.Nativo de Chiquinquirá, en Boyacá, Aguilar fue una pieza clave en la seguridad de Víctor Carranza, conocido como el zar de las esmeraldas hasta su muerte en 2013. Carranza, figura central de las denominadas 'guerras verdes', vio en Aguilar no solo un guardaespaldas, sino un estratega indispensable.El comunicado de FedesmeraldasLa Federación Colombiana de Esmeraldas (FedEsmeraldas) ha expresado su más profunda indignación frente a este acto violento. En un comunicado, el gremio destacó que este acontecimiento no solo atenta contra la vida de Aguilar, sino también contra los principios de paz y seguridad que promueven. La solidaridad hacia la familia del fallecido no se hizo esperar, junto con un llamado urgente a las autoridades para una investigación rápida y efectiva. FedEsmeraldas, junto a sus afiliados Asocoemseral, Acodes y Aprecol, reiteran su compromiso con la seguridad de todos los colombianos. En su comunicado, insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en el sector de las esmeraldas. Pedro Pechuga había sobrevivido a dos atentadosEl general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, dijo que Aguilar ya había sufrido dos atentados: uno en Boyacá y otro en Bogota.
La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) termine sus funciones en marzo de 2028, cuando se cumplirían diez años desde su entrada en operación. La iniciativa pretende frenar la extensión automática de cinco años contemplada inicialmente en el acto legislativo que creó este tribunal.El proyecto, de autoría del senador Enrique Gómez, recibió tres modificaciones presentadas por la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien aseguró que los cambios buscan fortalecer las garantías de los integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la justicia transicional.“Es claramente un diseño que ha fracasado, el procedimiento que se dio a sí misma la JEP, pues, no ha permitido cumplir su misión, y se perjudica a gran parte de los firmantes que pudiéramos llamar guerrilleros rasos o miembros de la fuerza pública sin mando y jurisdicción”, dijo el senador Gómez tras la aprobación de la iniciativa.Entre las modificaciones se contempla que las sentencias condenatorias emitidas por la JEP pasen automáticamente a revisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante el grado jurisdiccional de consulta.También se propone que las tutelas contra decisiones de la Jurisdicción sean conocidas por la Corte Suprema de Justicia y no por la sala especial que actualmente tramita estos recursos. Los fallos de tutela, además, podrían ser revisados por la Corte Constitucional.El tercer cambio elimina la creación de una sala de seguimiento que, según explicó Posada, habría permitido extender la existencia de la JEP hasta 2053, es decir, veinte años después del plazo de 2033 contemplado para esa instancia. Sin embargo, el mandato de la Jurisdicción iría hasta 2033.“Las tres proposiciones fueron aceptadas, y, bueno, ya vamos al 2.º debate para devolverles las garantías a los hombres y mujeres de la fuerza pública que vistieron el uniforme para defender a los colombianos”, señaló la senadora del Centro Democrático.La propuesta establece que los procesos que continúen abiertos cuando termine el funcionamiento de la Jurisdicción sean trasladados a la justicia ordinaria, bajo las mismas normas del sistema transicional, según explicó la senadora. Por ahora, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo en un segundo debate.JEP advierte riesgos para las víctimas y el modelo de justicia transicionalLa Jurisdicción Especial para la Paz se refirió a este proyecto, que continúa con su trámite en el Congreso de la República, y aseguró que plantea riesgos para los derechos de las víctimas y el modelo de justicia transicional.De acuerdo con el documento, la reducción en el funcionamiento del tribunal reduciría en cinco años el plazo inicialmente previsto y eliminaría la etapa destinada a juzgar a los máximos responsables, imponer sanciones y definir la situación jurídica de cerca de 10.000 comparecientes que no tienen esa condición.Uno de los principales cuestionamientos por parte de la Jurisdicción es que el cierre anticipado podría dejar sin una respuesta judicial efectiva a las víctimas de los crímenes más graves del conflicto armado. El comunicado advierte que los procesos deben concluir con decisiones judiciales y garantizar la imposición, ejecución y supervisión de las sanciones correspondientes.Además, frente a la propuesta de trasladar los procesos pendientes a la jurisdicción ordinaria, con intervención de la Fiscalía General de la Nación, señalaron que podrían surgir cuestionamientos constitucionales relacionados con la garantía del juez natural, debido a que la JEP fue creada como una jurisdicción especializada, prevalente y exclusiva para conocer determinados crímenes relacionados con el conflicto armado.Además, advierte que el traslado podría aumentar la congestión judicial. Según la exposición de motivos del proyecto, citada en el comunicado, la justicia ordinaria enfrenta un represamiento cercano a 1,86 millones de expedientes.El documento también plantea que un cierre anticipado podría comprometer los compromisos internacionales de Colombia y dar lugar a una nueva evaluación de la situación del país por parte de la Corte Penal Internacional.
Los operativos contra ciudadanos extranjeros que permanecen en situación migratoria irregular y que, presuntamente, estarían relacionados con actividades delictivas continúan en Medellín y el Valle de Aburrá.El alcalde Federico Gutiérrez informó que cerca de 130 ciudadanos venezolanos han sido expulsados de Colombia desde la capital antioqueña durante las últimas dos semanas, de los cuales 98 salieron del país en las recientes intervenciones encabezadas por el presidente Abelardo de la Espriella.El traslado de estas personas hacia la frontera con Venezuela se realizó en dos vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana, con apoyo del Ejército Nacional. Una vez llegaron a territorio venezolano, quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias de ese país.Sin embargo, durante los procedimientos también fueron identificados dos ciudadanos con órdenes de captura vigentes que quedaron a disposición de la justicia colombiana: uno requerido por tráfico de estupefacientes y otro por concierto para delinquir. El alcalde Gutiérrez destacó que seguirán los controles."Todo ciudadano que cumpla la norma, sea de donde sea, va a ser respetado y va a ser aún. Pero quien venga a hacerle daño a nuestra gente, le va a ir muy mal y será deportado o pagará cárcel", precisó el mandatario. De los 98 ciudadanos recientemente expulsados, 73 acumulaban 241 antecedentes de capturas. De ese total, 198 estaban relacionados con delitos de estupefacientes, 19 con hurto, siete con lesiones personales y 17 con otras conductas que afectaban el orden público, la tranquilidad o la convivencia.El balance también reportó que todas estas personas tenían en conjunto 996 medidas correctivas impuestas por la Policía, mientras que 63 registraban 287 ingresos a Centros de Traslado por Protección. Además, el 80% de la población objeto de estas medidas se encontraba en condición migratoria irregular.
Un intento de hurto al dinero destinado al programa Colombia Mayor se registró en un punto de apuestas de La Perla, en Barrancabermeja, Santander. Según el reporte de la Policía, un hombre armado habría intimidado a dos trabajadores de seguridad que transportaban el efectivo.De acuerdo con la información preliminar, el presunto delincuente intentó apoderarse del dinero cuando los empleados realizaban su traslado. En medio de la situación, uno de los escoltas realizó un disparo al aire, lo que habría provocado la reacción de los responsables.Tras el disparo, el hombre armado y su acompañante huyeron del lugar sin lograr su cometido. Durante la huida, abandonaron la motocicleta en la que se movilizaban.La Policía adelanta las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables de este intento de hurto. Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si los implicados estarían relacionados con otros casos similares en el distrito.
La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.Hace un año, la iniciativa cubana recibió 165 apoyos, 7 en contra y 12 abstenciones, por lo que el respaldo a la iniciativa cubana ha caído notablemente.Además de Estados Unidos e Israel, que han votado en contra del texto en prácticamente todas las ocasiones que se ha presentado, Colombia, Ecuador y Costa Rica se opusieron también a la resolución, en una clara muestra del acercamiento de sus gobiernos a la Administración de Donald Trump.Colombia había votado a favor en 2025, mientras que Ecuador y Costa Rica se abstuvieron ese año.También votaron en contra Paraguay y Argentina, como ya hicieron el año pasado. Otros países, como Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos, también rechazaron la iniciativa.Más allá de que la resolución fuera aprobada por trigésima cuarta vez, todas las miradas estaban puestas en qué países, especialmente de América Latina y el Caribe, se sumaban a Estados Unidos, que en los últimos días había instado a los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU a votar en contra de la propuesta cubana.Chile, Honduras y Perú, cuyos recién nombrados mandatarios mantienen buenas relaciones con el presidente Trump y que el año pasado votaron a favor, esta vez se abstuvieron.Venezuela, en cambio, no participó en la votación. El país tiene suspendido su derecho a voto en la Asamblea General de la ONU debido a los atrasos en el pago de sus cuotas, en aplicación del artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas.Según una carta del secretario general de la ONU, António Guterres, fechada el 3 de septiembre de 2026 y dirigida a la presidencia de la Asamblea General, Venezuela sigue figurando como Estado miembro en mora en el pago de sus cuotas.El documento establece en 123 millones de dólares el pago mínimo que debe efectuar Venezuela para reducir su deuda por debajo del umbral que conlleva la pérdida del derecho a voto.Al margen, también se abstuvieron hoy Alemania, Grecia, Italia y República Dominicana, que no participó en la votación de 2025.El resultado de esta votación constató el giro político que ha vivido la región con respecto al año pasado, cuando el mismo texto fue aprobado con el voto a favor de 165 Estados miembros, 12 abstenciones y 7 votos en contra.La votación de este año coincidió con el aumento de tensiones entre Washington y La Habana después de que Trump firmara dos órdenes ejecutivas que establecen sanciones contra quienes vendan petróleo o establezcan relaciones comerciales con la isla.De hecho, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, ambos encargados de defender los posicionamientos de sus países en la Asamblea General, protagonizaron el martes un enfrentamiento a gritos sin precedentes en el pleno.La resolución, bautizada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, es un texto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla.
Once trabajadoras de cuidado infantil fueron condenadas el miércoles en Indonesia a penas de entre dos y tres años de prisión por maltratar a bebés en una guardería, en un caso que provoca indignación en el país.Varias madres lloraron cuando el juez del tribunal de Yogyakarta, en la isla de Java -situada a unos 500 km al sureste de Yakarta-, dictó las sentencias.Las 11 acusadas fueron declaradas culpables de "maltrato y negligencia", así como de "participar de manera continua en actos de violencia contra un niño", declaró el magistrado Sunaryanto, quien, al igual que muchos indonesios, tiene un solo nombre.La policía detuvo en abril a estas empleadas de la guardería Little Aresha, a su director y al presidente de la fundación que la administraba. Ambos serán juzgados más adelante.En las redes sociales se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a niños, en su mayoría menores de dos años, acostados en el suelo, vestidos solo con pañales, manos y pies atados con trapos.La policía confirmó la autenticidad de las imágenes e indicó también haber encontrado a 20 niños hacinados en una habitación de apenas tres por tres metros.La guardería fue cerrada tras salir a la luz los maltratos.Según Eva Guna Pandia, jefa de la policía municipal, las sospechosas explicaron que ataban a algunos niños para evitar que molestaran a los demás.Argumentaron que el centro carecía de personal, ya que el equipo disponible era insuficiente para bañar y vestir a los pequeños.Según la policía, la guardería atendía a unos 100 niños, de los cuales más de la mitad habrían sufrido maltratos.En abril, uno de los padres, Noorman Windarto, declaró a la AFP que se le "rompió el corazón" al enterarse de lo que había sufrido su hijo, que entonces tenía dos años.La policía le informó que el niño, que asistía a esa guardería desde los tres meses, era uno de los pequeños que habían sido atados.Además, el niño tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones por neumonía. Su padre sospecha que esto podría estar relacionado con el hecho de que lo obligaban a dormir sobre un suelo frío y sin ropa.Su hija también había asistido anteriormente a la guardería. El padre declaró que, a veces cuando regresaba a casa, tenía moretones para los que el personal daba distintas explicaciones.
