Siguen conociéndose detalles escalofriantes de la muerte de un niño de 13 años, identificado como Juan Sebastián Jiménez, quien fue hallado muerto en en el barrio Cardonales, de la localidad de Gaira, en Santa Marta, Magdalena. De acuerdo con las investigaciones, al parecer, “la madrastra, presuntamente, contactaba a otros niños y adolescentes, y los invitaba a la casa para que golpearan a su hijastro". También se conoció que las agresiones, en varias oportunidades, habrían sido grabadas en video. “Este niño venía con un sistemático tema del maltrato por parte de sus familiares. Puntualmente las agresiones también se daban entre el hermanito y el fallecido. Estos hechos quedaron registrados en un celular, imágenes que están en manos de la autoridad competente”, reveló la comandante de la Policía de Santa Marta, coronel Adriana Paz.Por otro lado, se constató, gracias a verificaciones realizadas por el CTI, que "el padre presenta anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, falsedad en documento público y calumnia”.Según la Fiscalía, el cuerpo del niño presentaba “un cuadro de desnutrición severa, una contusión en el cráneo, hematomas en brazos y cuello, y heridas con arma cortopunzante”.Sobre las lesiones Estas lesiones habrían sido ocasionadas, al parecer, por los cuidadores del menor, a quienes un fiscal de la seccional de Magdalena les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura. Estas personas no aceptaron los cargos.Por estos hechos la madrastra del menor, identificada como María Tomasa Montenegro Pacheco y su padre biológico, Juan Carlos Jiménez Granados, fueron enviados a la cárcel el pasado martes 25 de octubre. Sobre el asesinatoEl cuerpo del niño fue hallado sin vida en la puerta de su casa en Santa Marta. Esto generó una profunda consternación en la comunidad. De acuerdo con testimonios, el pequeño cuando fue encontrado presentaba una herida en la cabeza.Un llamado a denunciar casos de maltratoLa comandante Adriana Fernández hizo un llamado a todos los ciudadanos a denunciar cualquier caso de maltrato contra niños y niñas, con el propósito de salvaguardar su integridad y derechos. Hasta el momento se desconoce la identidad del padre y la madrasta de este menor quien perdió la vida."Denuncien e informen de cualquier situación de maltrato", indicó la oficial tras conocerse la muerte del pequeño en Santa Marta, Magdalena.Vea más detalles de esta noticia aquí:
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los grupos armados que hacen presencia en zonas rurales de Nariño para que respeten a la población civil y permitan el ingreso de organismos de socorro y entidades humanitarias, ante las confrontaciones armadas y los incendios que se presentan en los municipios de Linares y Los Andes.Los hechos se han registrado en las veredas La Cocha, Parapetos, Bella Flor, Tambillo de Bravos y El Estanque, en el municipio de Linares, así como en Arenal y Villanueva, en Los Andes. La Defensoría señala que en esta zona hacen presencia el Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y las disidencias lideradas por Iván Mordisco.El organismo informó que se han registrado confrontaciones armadas, ataques con artefactos explosivos y graves afectaciones a la población civil y a sus medios de subsistencia. Ante esta situación, pidió a los grupos armados abstenerse de involucrar directa o indirectamente a los civiles en las hostilidades.La Defensoría también solicitó que se permita, de manera inmediata y sin restricciones, el ingreso y la labor de organismos de socorro, cuerpos de bomberos, personal de salud, organismos humanitarios y demás instituciones encargadas de atender las emergencias.Uno de los principales riesgos señalados por la entidad está relacionado con la posible existencia de artefactos explosivos y municiones sin explotar. Por esta razón, pidió adoptar medidas para proteger a las misiones humanitarias y entregar información que permita verificar la presencia de estos elementos y evitar que representen un peligro para quienes atienden las emergencias.A esta situación se suma la preocupación por los incendios que continúan propagándose en la zona rural de Linares. De acuerdo con la Defensoría, las llamas afectan cultivos, zonas de montaña y áreas de importancia para las comunidades campesinas, generando riesgos para la vida, la integridad personal, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.Frente a los incendios, la entidad pidió a los grupos armados abstenerse de realizar acciones que impidan o dificulten las labores de evacuación, atención, asistencia y protección de las personas afectadas.Finalmente, hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer la coordinación institucional, atender la emergencia, prevenir nuevos hechos victimizantes y garantizar la protección integral de las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado y otras consecuencias de la confrontación armada.La entidad recordó que el Derecho Internacional Humanitario obliga a las partes enfrentadas a respetar y facilitar las acciones humanitarias dirigidas a la población civil. En ese sentido, reiteró que la protección de la vida y la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier consideración relacionada con el conflicto armado.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en irregularidades relacionadas con un contrato de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para el suministro de carrotanques destinados a La Guajira.Tras revisar los términos del allanamiento a cargos, el Tribunal ajustó la pena y determinó que Estupiñán Bravo deberá cumplir nueve años, 11 meses y 27 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, e interés indebido en la celebración de contratos.Según la investigación adelantada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Estupiñán Bravo habría intervenido en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría a favor de Yapurutú.El contrato tenía un valor de 29.000 millones de pesos y contemplaba el suministro de 40 carrotanques destinados a atender necesidades de abastecimiento de agua en La Guajira.La Fiscalía estableció que, durante el proceso contractual, el hoy condenado presentó una certificación en la que se garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los vehículos. Sin embargo, esa información no correspondía con la realidad. Para ese momento, los carrotanques todavía se encontraban en etapa de ensamblaje.Pese a esta situación, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, Estupiñán Bravo y otros involucrados tramitaron desembolsos por 25.375 millones de pesos.La investigación también identificó sobrecostos por 11.114 millones de pesos en el proceso contractual.De acuerdo con la Fiscalía, Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones de pesos, mientras que otros 6.784 millones de pesos habrían sido destinados para favorecer económicamente a terceros.Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso al procesado una inhabilidad de 119,9 meses para ejercer derechos y funciones públicas.También deberá pagar dos multas: una de 5.000 millones de pesos, correspondiente a los recursos apropiados, y otra equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.En paralelo a la condena, un juez de control de garantías de Bogotá avaló un principio de oportunidad celebrado entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía General de la Nación. En virtud de este acuerdo, el condenado se comprometió a entregar información relevante sobre otros posibles participantes en los hechos de corrupción investigados.También deberá contribuir a la reparación económica de los perjuicios ocasionados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas.A cambio de esta colaboración, la Fiscalía suspendió parcialmente la acción penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y falsedad en documento privado.
Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, enfiló solo el vestuario y se fue del terreno de juego sin intervenir en el saludo habitual de todo el equipo a la afición "por decisión del club", al término del partido de este domingo con el Villarreal, en el que regresó a la competición tras su fichaje frustrado por el Barcelona y fue abroncado por el público."Me comentaba la gente del club, que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente. La decisión no fue de Julián Alvarez, fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que se vaya hacia el vestuario", explicó Diego Simeone, su entrenador, tras el encuentroUna vez concluido el encuentro, como ocurre en todos los partidos, los jugadores del Atlético de Madrid, suplentes incluidos, dan una vuelta al campo para agradecer el apoyo a los seguidores que empieza en el fondo sur, donde se ubican los ultras del conjunto rojiblanco.Julián Alvarez, abroncado por los hinchas en el calentamiento y cuando entró al terreno de juego en el minuto 66, no acudió allí por indicación del club para evitar problemas por el enfado de la grada y se fue directamente al vestuario en solitario en ese momento.
El británico Matthew Brennan ganó este domingo al esprint la segunda etapa de la Vuelta a España entre Mónaco y Manosque (Francia), tras la que Tadej Pogacar se mantiene como líder de la general.Brennan (Visma-Lease a Bike) logró abrir una pequeña brecha en la llegada a la línea de meta de Manosque, superando al segundo, el joven español Pau Miquel (Bahrain) y al propio Pogacar (UAE), que fue tercero. "Es un día muy especial", dijo Brennan, tras lograr su primer triunfo en una gran vuelta."Empezamos con la intención de que Wout (Van Aert) intentara ponerse hoy el maillot rojo. Teníamos ese plan y luego yo iba a estar en un segundo plano para el esprint por si ese plan no funcionaba... y eso fue exactamente lo que pasó", explicó el británico, confiando en que no sea la última.Pogacar mantiene el maillot rojo de la general, que se enfundó la víspera en la crono inicial con apenas nueve centésimas de segundo de ventaja sobre el británico Ethan Hayter.Hayter fue uno de los integrantes de la escapada de cuatro de corredores que marcó esta larga etapa de 214 km, pero a la que el pelotón tuvo bastante controlada.El británico fue el último de la fuga en ser cazado a 34 km de la meta, tras lograr su objetivo de ganar el sprint intermedio y seis segundos de bonificación, que le hicieron soñar con el maillot rojo.Pero Hayter acabó pagando el esfuerzo y no pudo seguir a Pogacar cuando arrancó a poco menos de dos kilómetros de la meta en busca del belga Wout Van Aert, que trató de sorprender al pelotón en la llegada."Cuando Van Aert ataca suele ser un movimiento ganador, por eso había que seguirle", afirmó Pogacar tras la carrera, convencido de que "si no le sigo, gana la etapa".Van Aert, segundo de la general Pogacar afirmó que estaba preparado para perder el liderato, pero al final "me vi involucrado por la etapa, estuve delante y jugué mis cartas". El pelotón anuló el intento de Van Aert y Pogacar y en la masiva llegada, Brennan impuso su golpe de pedal para cruzar el primero en meta.Hayter acabó llegando a 31 segundos perdiendo también el segundo puesto de la general, que ahora ocupa Van Aert a ocho segundos de Pogacar. Brennan ocupa, tras su victoria, el tercer puesto de la general a 10 segundos del líder.El lunes tendrá lugar la tercera etapa de la Vuelta de 174 km entre Gruissant-Aude y Font Romeu con un primer final en alto en un puerto de segunda categoría, tras pasar menos de veinte kilómetros antes por otro de primera.
Un hombre de 34 años, de nacionalidad extranjera y señalado como presunto integrante del Tren de Aragua, fue capturado en Bucaramanga luego de que la Policía estableciera que tenía vigente una Notificación Roja de Interpol solicitada por las autoridades judiciales de Chile.La captura se produjo durante labores de verificación y control adelantadas en la carrera 11 con calle 41, en el barrio García Rovira, donde participaron unidades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, el Grupo de Turismo y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, en coordinación con Migración Colombia.Durante la consulta de sus datos en los sistemas institucionales, los uniformados establecieron que el ciudadano era requerido internacionalmente por las autoridades chilenas. De inmediato se activó el procedimiento correspondiente y se hizo efectiva su captura.De acuerdo con la información suministrada por las autoridades requirentes, el hombre es solicitado por el Juzgado de Letras y Garantía de Alto Hospicio, Chile, para responder por los delitos de formar parte de una asociación criminal, secuestro extorsivo y amenazas extorsivas.La Policía Metropolitana de Bucaramanga indicó que el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar las actuaciones correspondientes frente al requerimiento internacional y definir su situación jurídica.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general William Quintero Salazar, destacó la coordinación entre las autoridades colombianas y los organismos internacionales para detectar a personas requeridas por otros países.El oficial señaló que "este tipo de procedimientos buscan evitar que personas solicitadas por la justicia internacional utilicen el territorio colombiano para evadir los procesos judiciales que tienen pendientes".La captura se suma a los controles que adelantan las autoridades en Bucaramanga para identificar a personas con requerimientos judiciales nacionales e internacionales.La condición de presunto integrante del Tren de Aragua corresponde a información conocida en el marco del procedimiento y deberá ser establecida por las autoridades competentes dentro de la investigación. Asimismo, una notificación roja de Interpol constituye un requerimiento internacional de búsqueda y localización, no una condena.Las autoridades mantienen la coordinación con los organismos correspondientes para avanzar en el proceso relacionado con la solicitud de extradición y las actuaciones judiciales que correspondan.
