El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, decidió retirar a Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional dedicada a la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), así como a la promoción de un desarrollo inclusivo. La decisión fue comunicada este jueves, 17 de septiembre, y pone fin a la participación del país en este mecanismo internacional."Informar que el Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy", se lee en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.La Coalición por la Igualdad de Derechos fue creada en 2016 durante la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos LGBTI celebrada en Montevideo, bajo el liderazgo de Uruguay y Países Bajos. Desde entonces, sus Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales han trabajado conjuntamente mediante pronunciamientos públicos e intervenciones diplomáticas frente a situaciones en las que la comunidad LGBTI enfrenta abusos o vulneraciones de sus derechos.De acuerdo con la información institucional de la ERC, el mecanismo reúne actualmente a 43 Estados miembros de África, Europa, América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía. Los países que hacen parte de la coalición asumen el compromiso de promover los derechos LGBTI tanto en sus territorios como en escenarios internacionales y participan en grupos de trabajo relacionados con diplomacia internacional, legislación y políticas públicas, coordinación de donantes, Objetivos de Desarrollo Sostenible y protección humanitaria.Colombia ocupaba importante cargoLa salida también implica el retiro de Colombia de la copresidencia que ejercía junto con España. La propia ERC señala que ambos países tenían la responsabilidad de coordinar la Coalición durante el periodo correspondiente a la copresidencia, mientras que Caribe Afirmativo y Fundación Triángulo ejercían la representación de la sociedad civil.La decisión del Gobierno se produce antes de finalizar ese periodo de liderazgo. Según información conocida en la comunicación de la Cancillería, el retiro tiene efectos desde este 17 de septiembre. La salida significa que Colombia deja de participar en un espacio creado para coordinar esfuerzos entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en asuntos relacionados con la protección de los derechos de las personas LGBTI.
Autoridades en la capital antioqueña investigan la muerte en las últimas horas de un adolescente de 17 años en el barrio La Iguaná, occidente de la ciudad.La víctima, identificada como Johan Alexis Naranjo Cuesta, fue hallada por su propia madre en una vivienda de la carrera 65 con calle 59. El joven fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, pero llegó sin signos vitales.De acuerdo con el reporte policial, Naranjo registraba varias lesiones, entre ellas heridas en el cuello aparentemente producidas por rasguños, además de otras en su tobillo izquierdo y en uno de sus dedos del pie derecho.No obstante, uno de los elementos que más llamó la atención durante la inspección de la escena, fue el hallazgo de una funda de almohada atada a la boca del adolescente, circunstancia que posiblemente cobrará gran importancia dentro de las investigaciones, pues la víctima era identificada como miembro de la población LGBTIQ+.Preliminarmente se conoció que Naranjo Cuesta llevaba aproximadamente tres años viviendo con su abuela en el barrio La Aurora, pero acostumbraba pasar algunos fines de semana con su madre en La Iguaná, cerca al cerro El Volador.Las autoridades avanzan en la recolección de elementos que permitan reconstruir las circunstancias del crimen que se convierte en la muerte violenta 176 en lo corrido de 2026 en la ciudad, 46 hechos menos que los registrados durante el mismo periodo del año anterior.
La comunidad LGBTIQ+ sigue siendo objeto de violencia en Medellín y ahora un hombre que no ha sido identificado fue asesinado por un habitante de calle en el barrio La Candelaria, en donde se reportó el homicidio luego de un acto de intolerancia.Lo que se ha podido conocer es que, al parecer, el victimario de nacionalidad venezolana y otros habitantes en situación de calle habían tenido algunos inconvenientes con el integrante de la comunidad LGBTIQ+ y por ello ya habían sido protagonistas de algunas rencillas.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que la rápida reacción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió la captura del agresor que quedó a disposición de las autoridades competentes."Gracias a la reacción de la policía, gracias también a las cámaras del 123, se le pudo hacer la trazabilidad a esta persona, se le pudo capturar, encontrar la ropa que tenía cuando hizo el homicidio, encontrar el arma", indicó el funcionario.Hay que mencionar que el caso fue reportado por la misma comunidad que avisó el cuerpo del hombre tendido en plena vía pública y una vez las autoridades llegaron al sitio de la agresión, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario en donde llegó sin signos vitales.Varias organizaciones sociales le han pedido a las autoridades en la capital de Antioquia que se extremen medidas para proteger a la comunidad LGBTIQ+ que ha sido víctima de varias agresiones no solo en Medellín, sino en el resto de municipios del Valle de Aburrá.
Bogotá reafirmó su posición como uno de los principales destinos de diversidad en América Latina durante la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+, una celebración que cada junio reúne a miles de personas en torno a una amplia agenda cultural y artística.La capital recordó los 43 años de la primera Marcha del Orgullo, realizada en 1983, un hecho que marcó el inicio de una movilización que hoy es considerada una de las más importantes de la región. Con el paso del tiempo, la conmemoración se transformó en una programación que va mucho más allá del desfile principal e incluye exposiciones, ciclos de cine, conversatorios, talleres y muestras artísticas.Barrios como Chapinero, La Macarena y la Zona T concentraron gran parte de las actividades, convirtiéndose en puntos de encuentro para residentes y turistas interesados en conocer la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento que caracteriza a la ciudad durante esta época.El crecimiento de Bogotá como destino incluyente también quedó reflejado en la participación de diferentes sectores, entre ellos el turístico y hotelero, que impulsaron iniciativas enfocadas en promover espacios más diversos e igualitarios. Una de ellas fue All In, programa de Minor Hotels orientado a fortalecer la inclusión laboral de personas de la comunidad LGBTIQ+ mediante acciones como mentorías, capacitaciones y formación de líderes.La combinación de una agenda cultural consolidada, el protagonismo de sus espacios públicos y el compromiso de distintos actores con la inclusión permitió que Bogotá volviera a destacarse como un referente regional en materia de diversidad. La celebración del Orgullo se convirtió, una vez más, en una oportunidad para promover el respeto, la participación ciudadana y el reconocimiento de la pluralidad que caracteriza a la capital colombiana.
Luego de que así fuera solicitado por la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario Jonathan Herrera Arias, por su presunta responsabilidad en el secuestro y abuso sexual de una mujer trans.Los hechos investigados por las autoridades ocurrieron entre 2024 y 2026, cuando el procesado, bajo los efectos del alcohol, buscaba a la víctima y, al parecer, la golpeaba y abusaba sexualmente de ella.En uno de los eventos, ocurrido en noviembre de 2024 en esa Bello, norte del Valle de Aburrá, el presunto agresor le habría suministrado a la víctima unas gotas que le hicieron perder el conocimiento y, posteriormente, la habría dejado encerrada en su propia casa durante seis días, tiempo en el cual, al parecer, la obligó a sostener relaciones sexuales.Según expuso la Fiscalía en un comunicado, el hombre además, habría causado daños a los enseres de la vivienda. Por estos hechos, un fiscal seccional le imputó los delitos de acceso carnal violento; acto sexual o acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir; y secuestro simple.Según la organización Caribe Afirmativo, en esa localidad se han registraron varios hechos contra personas trans. Una fue la desaparición de una persona de 14 años con experiencia de vida trans, quien desapareció el domingo 20 de abril cuando salió en búsqueda de su hermano y no regresó a casa.El caso más resoanado, ocurrido también allí, fue el asesinato de Sara Millerey en el mismo municipio, “lo que hace de este lugar un espacio inseguro para las personas. Bello ha sido un municipio particularmente violento para las personas LGBTIQ+, especialmente para las personas trans, debido a los actores armados en el territorio”, indicó esta ONG.
En un ataque sicarial fue asesinada una mujer trans en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Las autoridades desconocen las causas del homicidio por lo que se busca a los responsables.Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de esta localidad del norte del Valle de Aburrá, aseguró que la joven de 19 años, fue identificada como Mariana Ballesteros Restrepo y los hechos ocurrieron en el barrio Villa Linda, comuna 6 de la ciudad.“Mariana Ballesteros, la cual es asesinada por arma de fuego. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen adelantando investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia”, dijo el funcionario.La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, adelanta, con miembros del CTI de la Fiscalía, en este momento las indagaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y motivos del asesinato, que recuerda el caso atroz de Sara Millerey, que fue lanzada a una quebrada, luego de ser golpeada hasta llevarla hasta su muerte en 2025.La Alcaldía de Bello reconoció la vulnerabilidad que enfrentan la población LGBTIQ+ y reiteró que ninguna condición o actividad justifica la violencia ni la privación del derecho a la vida. Las Secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana; de las Mujeres; Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana; y el Sistema de salud Mental Sanamente articulan acciones para apoyar a sus familiares
Un árbitro de fútbol amateur, que adquirió notoriedad tras pedir matrimonio a su novio antes de un partido de la liga de Alemania, es acusado de haber simulado una agresión homófoba contra él mismo, indicaron este jueves las autoridades.Pascal Kaiser, de 27 años, fue ampliamente aplaudido por los espectadores del estadio del Colonia cuando a finales de enero pidió matrimonio a su novio, rodilla en tierra, previo a un juego de la Bundesliga.Su pareja le respondió afirmativamente frente a las cámaras de la cadena de televisión a cargo de transmitir en vivo el juego entre el Colonia y el Wolfsburgo.Unos días más tarde, el colegiado relató que fue víctima de insultos y de amenazas en redes sociales y de una agresión homófoba, después, en su domicilio.Entonces compartió una foto con el ojo morado.Contactada por la AFP, la policía local confirmó que el árbitro denunció los hechos.Pero la prensa alemana no tardó en dar cabida a las sospechas de las autoridades sobre una posible simulación de la agresión.Preguntada por la AFP, la fiscalía de Colonia confirmó que un hombre era objeto de una investigación en la ciudad por "sospechas de simulación de infracciones penales"."Sobre esta base, se llevó a cabo un registro del domicilio del acusado, durante el cual se incautaron pruebas", señaló.Pascal Kaiser no ha respondido de momento públicamente a esas acusaciones.Según el periódico Tagesspiegel, Kaiser también está siendo investigado por robo en su antiguo lugar de trabajo, un bar de Colonia, una imputación que niega.Árbitro en categorías no profesionales del fútbol alemán, Pascal Kaiser anunció públicamente su orientación sexual en 2022.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Luis Fernando Ravelo Moreno, conocido con el alias de 'Pincho', señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de la líder LGBTIQ+ Diana Milena Ruiz Galvis, hecho que generó una ola de indignación en el municipio de Barrancabermeja tras el brutal ataque armado del pasado 13 de enero, ocurrido en horas de la noche.Sobre las 8:20 de la noche ocurrieron los hechos, cuando varios sicarios irrumpieron en un establecimiento comercial y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra dos personas que se encontraban en el lugar, provocando, en cuestión de minutos, su muerte.La líder LGBTIQ+ Diana Milena Ruiz Galvis decidió abandonar el sitio junto a un acompañante para evitar conflictos en el violento escenario. Sin embargo, minutos después, hombres armados en motocicleta los interceptaron y dispararon repetidamente, asesinando a Diana Milena y dejando gravemente herido a su acompañante.Según la investigación, alias ‘Pincho’, quien permanece privado de la libertad en un centro carcelario, habría impartido la orden del ataque armado que inició dentro de un establecimiento comercial y terminó en una persecución en motocicleta. Durante el hecho, varios sicarios abrieron fuego contra las víctimas, causando la muerte de Ruiz Galvis y dejando gravemente herido a su acompañante.“Luis Fernando Ravelo, alias 'Pincho', imparte indicaciones de los medios logísticos que deben utilizar, como lo son armas de fuego, motocicletas, a efectos de llevar a cabo la ejecución de dichos homicidios. Los ciudadanos proceden a cerciorarse de la ubicación de las víctimas, quienes se encontraban consumiendo bebidas embriagantes, para seguidamente ubicar las armas de fuego, motocicletas y demás que serían empleadas en la ejecución de los hechos”, anunció el fiscal del caso en medio de la audiencia.La Fiscalía indicó que ‘Pincho’ sería uno de los cabecillas de la estructura criminal Los de la M, también llamados ‘Los Marihuaneros’, organización a la que se le atribuyen múltiples sicariatos y actividades de control territorial mediante violencia.Ahora, el acusado tendrá que responder por los cargos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas conductas agravadas. Pese a las pruebas presentadas, Luis Fernando Ravelo no aceptó los cargos.
Por medio de un comunicado, el Ministerio de Igualdad y Equidad expresó su profundo rechazo y preocupación frente a los recientes casos de asesinatos y muertes violentas que en los últimos meses han afectado a miembros de la comunidad LGBTIQ+ en distintas regiones del país.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el transcurso del año se han registrado 57 homicidios de personas pertenecientes a los sectores LGBTIQ+, mientras que en los últimos siete meses se reportaron siete muertes en las regiones Caribe, Pacífica y Andina. Entre las víctimas se encuentran:Luis Enrique Quiñones Barragán, reconocido líder de la población LGBTIQ+ en Sincelejo.Samantha Eraso Cabrera, mujer trans oriunda de Pasto, quien ejercía la peluquería en Cali.Victoria Strauss, docente y mujer trans de Medellín, cuya muerte aún es materia de investigación.Héctor Adanies Pérez Suárez, en Barranquilla.Shaira Patiño, mujer trans asesinada en Tuluá.Natalia Franco, fallecida en Palmira, en circunstancias por esclarecer.Shantal Barbosa Álvarez, mujer trans de Barranquilla, también fallecida en hechos que están bajo investigación.Asimismo, el Sistema Salvia Dignidad del Ministerio ha atendido 168 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 77 incluyeron amenazas de muerte y 103 estuvieron dirigidos hacia mujeres en todas sus diversidades.Ante estos hechos, el Ministerio de Igualdad y Equidad ha puesto en marcha acciones concretas para fortalecer la respuesta del Gobierno Nacional, entre ellas, la gestión de un consejo de seguridad de alto nivel con enfoque en violencias por prejuicio, la formulación de una directiva presidencial para emitir una alerta nacional por violencia basada en prejuicio, y la articulación intersectorial mediante la mesa de casos urgentes, que coordina acciones inmediatas de protección y atención.Finalmente, la entidad hizo un llamado firme al Gobierno Nacional, las autoridades locales y la sociedad en general para unir esfuerzos en la prevención de las violencias por prejuicio: “Cada vida perdida representa un llamado a la acción y una deuda con la igualdad que Colombia no puede seguir postergando”, afirmó el Ministerio.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
