Los detenidos deberán responder por cargos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado en calidad de coautores. Román había quedado en libertad el pasado mes de noviembre por un error al escribir su apellido en el momento de su captura.
Un caso de intolerancia ciudadana se registró en el municipio de Sabaneta, donde un procedimiento de control vial terminó con tres agentes de tránsito agredidos, daños materiales en una motocicleta oficial y la captura del presunto responsable.Los hechos ocurrieron en la vía conocida como Calle Larga del mencionado municipio del sur del Valle de Aburrá, cuando los funcionarios de movilidad adelantaban labores de regulación y le solicitaron un procedimiento protocolario a un motociclista que se movilizaba sin casco.De acuerdo con Jorge Tabares, secretario de movilidad de Sabaneta, el vehículo tampoco cumplía con los requisitos mínimos de ley, ya que carecía de placa, matrícula, SOAT y revisión tecnomecánica."Durante un procedimiento en el que un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta sin casco, fue requerido por la autoridad en el sector de calle Larga. Este automotor tenía ausencia de requisitos de ley mínimos, como botar placa, matrícula, SOAT y tecnomecánica", señaló el secretario.Al ser requerido, el conductor de 39 años se rehusó a acatar las normas y agredió físicamente al primer agente. Cuando otros dos funcionarios intervinieron para controlar la situación, el hombre los atacó de inmediato y posteriormente emprendió la huida.Según indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en su intento por escapar el sujeto buscó refugiarse en una vivienda, donde sufrió una caída que le causó algunas heridas antes de ser neutralizado y capturado por las autoridades."Capturamos en flagrancia un delincuente de 39 años por el delito de violencia contra servidor público. Nuestras unidades policiales llegaron al sector de Calle Larga, ubicaron al agresor, quien intentó huir y refugiarse en una vivienda. Es de resaltar que cuando intentó huir, este delincuente se cayó causándose lesiones", afirmó Bello.El hombre quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia y agresión contra servidor público.
La recuperación de la infraestructura cultural que resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto avanza hacia una etapa de intervención en Antioquia, luego de que las autoridades departamentales terminaran una primera evaluación sobre el estado de estos escenarios.El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizó un proceso de revisión junto con las administraciones municipales que permitió establecer un panorama de las afectaciones. En total, fueron identificados 65 espacios culturales con algún tipo de daño en 41 municipios del departamento.De ese conjunto, 16 infraestructuras registraron daños considerados graves, por lo que fue necesario avanzar en valoraciones técnicas y arquitectónicas más específicas.Roberto Rave, director del Instituto de Cultura, detalló que del grupo también fueron priorizados siete inmuebles: el Archivo Municipal de Jardín; las Casas de la Música de Sonsón y El Carmen de Viboral; el Auditorio Municipal de Valparaíso; el Palacio Municipal de Titiribí; y las Casas de la Cultura de Heliconia y Támesis."¿Cuál es nuestra obsesión? Que no exista ninguna infraestructura de las que fue afectada por el terremoto, que esté por fuera del funcionamiento o la apertura para la comunidad. Por eso, entonces, escogimos estas siete infraestructuras culturales que intervendremos con velocidad, tratando de que rápidamente estén abiertas y dignas", dijo.El funcionario destacó que para atender las necesidades más urgentes, la Gobernación de Antioquia avanza en la gestión de recursos por 4.600 millones de pesos que hacen parte de la respuesta departamental tras la declaratoria de calamidad pública derivada del fuerte sismo de hace más de un mes.
Buscar empleo puede ser un proceso difícil y estresante, especialmente para las personas que aún no tienen experiencia laboral. En este contexto, las oportunidades dirigidas a quienes poseen título de bachiller y desean ingresar nuevamente o por primera vez al mercado laboral adquieren especial relevancia.En Bogotá, Tiendas Ara, empresa perteneciente a Jerónimo Martins Colombia S.A.S., abrió una convocatoria para incorporar nuevo personal, con más de 100 vacantes disponibles.La oferta está dirigida principalmente a personas que viven en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y sectores cercanos, y contempla cargos para trabajar directamente en las tiendas Ara.Estos son los cargos, salarios y fecha de la convocatoriaDe acuerdo con la información de la convocatoria, Tiendas Ara busca 100 operadores(as) de tienda y 20 supervisores(as) junior de tienda, para un total de 120 vacantes disponibles.Para los cargos se solicita como formación mínima ser bachiller y los contratos serán a término indefinido.Los operadores de tienda pueden postularse con o sin experiencia. Entre las labores que realizarían están el surtido de productos, manejo de caja, atención al cliente, impulso de productos, horneo de panadería y pollo, inventarios, trabajo en bodega, limpieza y organización de la tienda.En el caso de los supervisores junior de tienda, se solicita contar con al menos seis meses de experiencia en labores relacionadas. El cargo incluye funciones como atención al cliente, manejo de dinero y ventas, control de inventarios, seguimiento de indicadores, programación de turnos y liderazgo de equipos.¿Cuánto pagan para las vacantes de Tiendas Ara?La convocatoria establece los siguientes salarios:Operador(a) de tienda: el salario mínimo $1.750.905, más auxilio de alimentación y prestaciones de ley.Supervisor(a) junior de tienda: entre $2.036.000 y $2.510.095, más auxilio de alimentación y prestaciones de ley.¿Cuándo y dónde será la convocatoria?Las personas interesadas podrán acudir el próximo viernes 18 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 12:30 p. m.La jornada laboral se llevará a cabo en el CDC Servitá – Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 #7-38, en Usaquén.La convocatoria señala que está dirigida especialmente a personas que vivan en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y zonas aledañas.Quienes quieran asistir a la jornada laboral deberán hacer previamente la confirmación de asistencia a través del formulario indicado en la convocatoria.
Pese a que la Alcaldía de Medellín anunció el final del operativo de desalojo de 73 familias en zona de alto riesgo en Manrique El Jardín, acciones judiciales interpuestas por parte de la comunidad siguen teniendo en vilo el proceso.Esto luego que se conocieran medidas cautelares de un juzgado de la ciudad frente a una tutela que ordena a las autoridades detener la demolición de infraestructuras de la zona, pero además EPM reconectar los servicios públicos mientras se conoce una decisión de fondo.El concejal de Medellín, José Luis Marín, aseguró que los habitantes de este sector del nororiente de la ciudad siguen solicitando una caracterización adecuada que lleve a un subsidio de arrendamiento por 1.6 millones durante un año con el compromiso de que al final de este periodo haya una propuesta definitiva de reubicación en condiciones dignas."Yo creo que la Alcaldía está con sus prioridades trastocadas, porque aquí traen solicitudes de presupuesto para el mar de Medellín, para el estadio, pero nada para el Isvimed, nada para mejoramiento de barrios, nada para vivienda para la población pobre de la ciudad", dijo.El corporado también cuestionó que hasta ahora no hayan recibido respuesta por parte de la administración distrital a la solicitud de varios concejales y diputados del departamento frente a la instalación de una mesa de concertación."Alcaldía no tiene una caracterización adecuada. La Alcaldía simplemente le está dando la misma respuesta a una familia compuesta por un por una pareja, por un hombre y una mujer, y a una familia compuesta por una madre cabeza de familia con 5 hijos y 2 pavos", explicó Marín.Según la Alcaldía de Medellín previo al operativo de desalojo se llevaron a cabo más de 20 recorridos, jornadas de sensibilización y espacios de diálogo con las familias para explicar las condiciones de riesgo del territorio y la importancia de evacuar oportunamente.Además, resaltaron que como parte de las alternativas de alojamiento temporal dispuestas durante el proceso, 14 familias fueron ubicadas en hoteles, mientras que otras permanecen autoalbergadas.
El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, fijó la postura de su bancada frente al proyecto de ley de acogimiento que prepara el Gobierno Nacional. Aunque el texto definitivo aún no se ha radicado en el Congreso, el congresista indicó que la iniciativa prorrogará la Ley 418 de 1997 para sustentar el sometimiento de estructuras criminales.Frente a los incentivos penales, Triana reconoció la necesidad de ofrecer garantías para lograr el desarme: "Si se hace una ley de sometimiento o de acogimiento tendríamos que generar unos beneficios para que esa persona busque acogerse a esa ley, busque entregar las armas, busque parar de delinquir".Sin embargo, marcó un límite estricto sobre el alcance de las medidas: "Lo que sí estoy absolutamente convencido es que ni el Congreso ni el gobierno va a promover una cascada de beneficios como lo trató de hacer en la ley de sometimiento el gobierno anterior", dijo.Al diferenciar la propuesta actual de intentos legislativos anteriores, el parlamentario cuestionó que en el pasado se pretendía aplicar tratamientos penales diferenciados y permitir la conservación de hasta un 12% de fortunas ilícitas. Aclaró que esta iniciativa no otorgará estatus político ni abrirá acuerdos de paz, sino que fijará condiciones uniformes para la entrega a la justicia."Buscaremos construir un texto donde sí sea una ley de acogimiento, sometimiento, como se le quiera llamar, del delincuente al Estado colombiano", concluyó el representante, confirmando que Cambio Radical acompañará el proyecto si establece un sometimiento estricto.Escuche la entrevista:
