La crisis humanitaria en el municipio de López de Micay, Cauca, continúa agravándose. La Defensoría del Pueblo denunció que ocho personas permanecen secuestradas tras una incursión armada atribuida al ELN en la comunidad de San Antonio de Gurumendy, desplazando a más de 70 familias.Según informó la entidad, los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio, cuando integrantes de ese grupo armado ilegal reunieron de manera obligatoria a los habitantes de la comunidad, hurtaron alimentos y otros víveres, y secuestraron a 40 personas para obligarlas a transportar lo que robaron.Horas después, 32 de las personas secuestradas fueron dejadas en libertad, pero ocho continúan en poder del grupo armado, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades de la zona.Como consecuencia de estos hechos, cerca de 200 personas, agrupadas en más de 70 familias, abandonaron sus hogares y se desplazaron hacia la cabecera municipal de López de Micay. De acuerdo con la Defensoría, varias de estas familias ya comenzaron a llegar al distrito de Buenaventura en busca de protección.Ante la emergencia, las autoridades locales activaron el Comité de Justicia Transicional y avanzan en el proceso de caracterización de la población desplazada para facilitar la entrega de ayuda humanitaria.Frente a la situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al ELN para que libere de manera inmediata e incondicional a las ocho personas secuestradas, respete su vida e integridad y cese la práctica del secuestro en el país.Asimismo, solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales adoptar medidas urgentes para garantizar la atención humanitaria de las familias desplazadas, reforzar las acciones de protección y prevenir nuevos hechos de violencia contra las comunidades de López de Micay.La entidad advirtió que la persistencia de las acciones de los grupos armados ilegales continúa generando graves afectaciones a la población civil en esta zona del Pacífico caucano, donde el confinamiento, el desplazamiento forzado y las amenazas siguen siendo una constante para las comunidades.
Tropas del Ejército llevaron una estructura metálica modular semipermanente; es decir, un puente militar y cuatro vehículos blindados a la zona del Cañón del Micay, departamento del Cauca. Esta operación militar busca permitir la movilidad y el acceso a servicios básicos para más de 5.000 personas que habitan en esta región.Este puente, indica el Ejército, será instalado en un punto crítico de la zona, y reemplaza la estructura que comunicaba la vereda La Hacienda del municipio de El Tambo con el corregimiento de El Plateado. Este puente fue destruido el pasado 3 de marzo por el grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias, con el objetivo de obstaculizar el avance de las tropas y aislar a las comunidades.“Este despliegue no solo representa un avance en materia de seguridad, sino también un compromiso con el desarrollo social y el bienestar de las comunidades más alejadas del país. Estamos trabajando para que el cañón del Micay tenga un futuro más seguro y próspero”, dijo el general Federico Mejía. El general, que lideró el proceso desde su planeamiento hasta su ejecución, destacó que mientras los grupos al margen de la ley destruyen, el Ejército construye. “Tenemos un compromiso con Colombia y con cada habitante del cañón del Micay”, afirmó.Además del puente militar, los cuatro vehículos blindados reforzarán la seguridad en la región, protegiendo a la población civil de posibles amenazas y contribuyendo a la estabilidad del territorio. “Este despliegue no solo representa un avance en materia de seguridad, sino también un compromiso con el desarrollo social y el bienestar de las comunidades más alejadas del país”.
La Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional y soldados del Batallón de Infantería N.º 56 del Ejército intervinieron dos unidades de producción minera instaladas sobre afluentes del río López de Micay, en el Pacífico caucano, que pertenecían a las disidencias de las Farc.El despliegue ofensivo para detener esta actividad ilícita permitió llegar a la vereda San Antonio de Gurumendy, donde además se localizaron 4 excavadoras, 2 motores industriales y una draga, elementos que eran utilizados para extraer más de 4.000 gramos de oro por mes, cuyo valor en el comercio ilegal asciende a los 1.200 millones de pesos.Esta maquinaria, que pertenecería a las disidencias Carlos Patiño y Jaime Martínez, tendría un valor de 1.380 millones, por lo que no solo se afectan sus finanzas ilegales con esta operación, sino además que se limitan las rentas mensuales obtenidas por la extracción y comercialización del mineral.Afectación al medioambienteLa operación de las autoridades buscaba detener la grave deforestación que deja la extracción mineral. De esta manera se intervino un área de 10 hectáreas afectadas por el uso indiscriminado de esta maquinaria, con la que se deforestaron más 6.000 árboles. El tiempo de recuperación vegetal podría tomar de 20 a 30 años.Las tropas permanecerán en el sector a fin de evitar la invasión de áreas de especial importancia ecológica, así como el daño de recursos naturales y la contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimientos mineros o de hidrocarburos.El Ejército Nacional, en cumplimiento al Plan Amazonía, busca la protección del agua, biodiversidad y medio ambiente, y mantiene la ofensiva contra esta renta ilícita que afecta una reserva ambiental importante para la región.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que ha recibido información sobre sobornos que, al parecer, recibieron altos mandos militares para dejar salir cocaína del cañón del Micay, en el Cauca, zona de influencia alias 'Iván Mordisco'. El caso había sido denunciado por el presidente Gustavo Petro hace unos días y hoy desde Medellín el ministro de defensa aseguró que se realizarán las investigaciones pertinentes"En realidad hay en el país afirmaciones en varias regiones según las cuales, oficiales o personal subalterno en fuerzas militares o de Policía han tenido relaciones con organizaciones, al margen de la ley y ese es otro tema también sobre el que estamos muy enfocados", aseguró el ministro Velásquez."Nosotros consideramos que si no existe una absoluta integridad en la fuerza pública, la lucha contra la criminalidad de cualquier naturaleza, puede ser las de los grupos de delincuencia común organizada o pueden ser los grupos armados ilegales, la lucha contra la criminalidad, en general, es imposible ganar", añadió.En ese sentido, prosiguió el ministro Velásquez en su intervención durante un conversatorio en la Universidad de Antioquia sede Medellín, que "hay que asegurar (y) garantizar la integridad de la fuerza pública", motivo por el cual, reveló, la cartera se encuentra "en un proceso de fortalecimiento de la contrainteligencia tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Militares", pues "debe haber una tranquilidad (de) que cada hombre y mujer de fuerza pública en cualquier territorio del país es garantía de integridad, de efectividad y de eficacia".Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro Urrego participó este jueves en el Primer Congreso de Seguridad Humana, Desarrollo Humano e Inteligencia, celebrado en la Universidad de Los Andes y desde allí planteó una enorme preocupación por lo que califica como la “nueva era” de la delincuencia en Colombia y asegura que en la misma hay alianzas evidentes entre agentes del Estado y el narcotráfico.“Esta fase no es así. Esta fase es muchísimo más peligrosa para la estabilidad del país. Porque en esta fase el capitán del Ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia II de la zona, y el capitán de la policía se alía ya con el de la EMC, y el de aquí con este, y la EMC con la Autodefensa del Golfo para acabar con el ELN”, señaló el mandatario como ejemplos.“Todas son conflictividades en las regiones por capturar la renta que va quedando y que cada vez es menor. Se está agudizando el conflicto. Si ya la cocaína no da, entonces la extorsión sobre la población crece. ¿Por qué crece la extorsión? Porque cae la cocaína. Y esas alianzas en donde parte del Estado se mete, en donde ya no hay una separación tajante, lo que va mostrando es la disolución del Estado colombiano si no ponemos atención”, advirtió el presidente Petro.En el marco del evento sobre inteligencia, cuestionó: “¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de la Farc para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegó la disidencia de la Farc al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron, y el ejército que estaba ahí retrocedió, y ellos entraron, en el Gobierno pasado”.“Y así ha sido en muchas partes. ¿Y qué? ¿Entonces se están disparando y se están matando? No. ¿Cómo es la renta y cuánto pagas? Y se distribuye. Y ese fenómeno empieza a generalizarse”, advirtió el mandatario.Le puede interesar "Esto no parece ser una manzana podrida": Daniel Duque por imputaciones a exfuncionarios de Quintero:
Un voraz incendio despertó durante la madrugada de este lunes, 19 de diciembre, a los habitantes de López de Micay, población ubicada en la Costa Pacífica del departamento del Cauca.Las llamas destruyeron completamente una vivienda del barrio Santander y se extendieron por otras dos casas hasta llegar al hospital local San Miguel.Los servicios de urgencias y otras áreas fueron evacuadas de emergencia, mientras el fuego consumía insumos, equipos y gran parte de la estructura de la institución de salud. La comunidad tardó casi dos horas en apagar el fuego, e indicaron las autoridades que las causas de la conflagración aún no han sido establecidas.El secretario de Gestión del Riesgo del Cauca, Wisner Cortés, confirmó que en total cinco familias resultaron damnificadas y reveló que en López de Micay, los bomberos no cuentan con vehículos ni herramientas para atender este tipo de emergencias.Escuche la noticia en Mañanas Blu
Las autoridades del Valle han reiterado que las condiciones de seguridad y orden público para los próximos comicios en la región están garantizadas. Sin embargo, hay unos municipios que contarán con especial atención en materia de orden público, así lo manifestó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán."Sabemos que aunque no hay una situación que se nos haya anunciado, si hay unas alertas tempranas frente a Buenaventura, algunos municipios del norte del Valle, Tuluá, Jamundí", dijo.El registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, dijo que hay preocupación sobre la elección de las curules de paz en Buenaventura, sin embargo, dijo que "las fuerzas militares han dicho que se van a garantizar todos los puestos de votación, la logística necesaria para cubrir la seguridad de la ciudadanía".Pese a todos estos anuncios la situación en el puerto es delicada, tras la presencia de grupos armados. Hay tres candidatos que han recibido amenazas y en el Pacífico muchos no han podido desplazarse tranquilamente en los territorios para realizar su ejercicio de campaña política."Yo tengo protección de la UNP pero solamente en la zona urbana, cuando voy a Guapi, Timbiquí, no tengo ningún esquema de seguridad y los otros candidatos tampoco", aseguró Martha Ramos, candidata a la Cámara de paz por la asociación de campesinos de Timbiquí.Son varios los candidatos que no han podido ejercer su derecho a campaña con tranquilidad, lo han tenido que hacer con las uñas, sin los elementos publicitarios. Por todas estas situaciones, especialmente de violencia, han solicitado el aplazamiento de la jornada electoral."Se ha hablado con Registraduría y la Personería, incluso con la Alcaldía, porque saben que hay problemas internos, las curules de paz nacen atropelladas", agregó. Insisten en que no hay garantías"Aún se agudiza mas, porque el ELN dice que van a hacer paro armado y simplemente frenan el proceso", puntualizó Ramos.Actualmente hay 11 listas con 22 candidatos del Pacífico medio que comprende Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí. Según la Registraduría Nacional, cerca de 3.6 millones de ciudadanos están aptos para votar en el Valle.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
En la cabecera municipal de López de Micay, costa pacífica caucana, se registró el homicidio del uniformado de la Policía Nacional Anderson Darío Cuasquer Montenegro, cuando sujetos desconocidos le dispararon en varias oportunidades.El hecho ocurrió cerca a un establecimiento comercial, en momentos que el uniformado junto con sus compañeros se disponían a realizar la compra de algunos alimentos.El uniformado llevaba ocho años en la institución.El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, se pronunció en su cuenta de Twitter y se comprometió a que los asesinos del uniformado "serán ubicados y llevados a la justicia". Escucha: "Desintoxica tu cuerpo antes de adelgazar" con Patricia López
En su recorrido humanitario por el Andén Pacífico, el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret, visitó el municipio López de Micay ubicado en el Departamento de Cauca.Allí el alcalde Wilmer Riascos le advirtió que en esta región del país persisten los problemas de violencia, el narcotrafico y las afectaciones por parte de las disidencias de las FARC."A nosotros nos ha tocado trabajar con la coca porque no tenemos otra forma de sacar adelante nuestras familias", explicó el mandatario local.Ante esta situación el Defensor Negret hizo un llamado al Gobierno para que tome medidas en este municipio y evite que el narcotráfico y la minería ilegal sigan siendo el sustento de muchas de las familias de la región.Lea también: Defensor del Pueblo inicia visita de zonas afectadas por narcotráfico en el Pacífico "Esto no deja a la comunidad cultivar lo lícito, si no tiene que cultivar lo ilícito, acá la comunidad ha expresado que les gusta trabajar la tierra pero mientras no llegue inversión social y mientras el Gobierno no mire al Anden Pacífico, va ser imposible que la gente deje estos cultivos", señaló.A su turno, los líderes sociales de López de Micay hicieron un llamado al Gobierno nacional para que haga presencia en la región, visibilizando al campesinado y trayendo proyectos para que esta zona del país pueda avanzar y deje de estar en medio de la guerra y las ganancias de la minería ilegal y la coca. "Es que si usted saca un kilo de coca, a la media vuelta la tiene vendida, saco usted unos 4, 5 gramos de oro tiene plata en el bolsillo, pero si yo me pongo a estilar y saco panela esa panela y esa miel nadie las compra", aclaró el líder social Mario Marino.Le puede interesar: Masacre en López de Micay se habría dado por enfrentamiento entre ELN y disidencias En concepto del padre Ariel Biafara la coca y la minería no son los únicos problemas de la población de López de Micay, donde la falta de trabajo, salud y educación han evitado que las personas lleven una vida digna."Para vivir dignamente muchas familias pasan necesidad, no tienen que comer, en especial en la zona del Naya que es la más vulnerable en López de Micay", resaltó. Finalmente la docente Maria Arboleda señaló que aún con la firma del acuerdo de paz no se ha sentido ninguna diferencia en la región, sintiendo incluso más abandono estatal por parte del Gobierno al que invitó a conocer este municipio y hacer presencia."Vengan, conozcan, vivan esta problemática que nosotros estamos viviendo, nosotros también somos colombianos y aportamos también a Colombia", manifestó.Finalmente Negret se comprometió a intentar que a finales de mes el presidente Iván Duque viaje a la región a conocer de primera mano la situación, en la que él se ha comprometido a ser el vocero de los habitantes de López de Micay, para que en este Gobierno se efectúen los cambios que la región pide desde hace años.El recorrido del Defensor del Pueblo continuará su recorrido en Timbiquí donde se reunirá con la Asociación de Consejeros Asoconsejos.
Una menor de 4 años de edad, oriunda de López de Micay en el departamento del Cauca, permanece en delicado estado en la sala de urgencias del Hospital Universitario del Valle (HUV), luego de que su padrastro al parecer bajo los efectos del licor la agrediera con machete. Según el gerente urgencias del HUV, Dimas Martínez, la niña perdió una de sus extremidades superiores y se encuentra en delicado estado, “ella perdió mucha sangre durante el traslado, se le han hecho varias trasfusiones del vital líquido” indicó. Por su parte el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Valle, Jhon Arley Murillo, explicó que la menor quedará bajo custodia de la entidad. La fiscalía inició el proceso para capturar al padrastro quien habría huido del municipio costero.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
