La crisis que enfrenta el sistema de salud sigue reflejándose en el bolsillo de los colombianos. Mientras persisten las quejas por demoras y fallas en la entrega de medicamentos por parte de las EPS, cada vez más pacientes están recurriendo a farmacias y droguerías para comprar directamente los tratamientos que no reciben a tiempo.Así lo evidencia el más reciente informe del Observatorio de Medicamentos Radar Farmacéutico de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (ASINFAR), según el cual las ventas de medicamentos por el canal comercial, que representan el gasto directo de los ciudadanos, aumentaron 24,3 % durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.Entre enero y marzo de este año, las ventas totales de medicamentos alcanzaron los $8,05 billones. De ese monto, $5,04 billones correspondieron al canal institucional, a través del cual el sistema de salud suministra los medicamentos, mientras que $3,01 billones provinieron de compras realizadas directamente por los usuarios en farmacias. En conjunto, el mercado farmacéutico registró un crecimiento del 14,5 %, aunque el incremento del canal comercial fue muy superior al del institucional, que aumentó 9,4 %.El comportamiento del mercado coincide con las alertas que ya había emitido la Defensoría del Pueblo en su informe Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados. Allí se señala que entre enero de 2024 y julio de 2025 fueron recibidas cerca de 685.000 quejas por la no entrega de medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Para la entidad, estas fallas constituyen una vulneración del derecho a la salud al afectar la continuidad y oportunidad de los tratamientos.El informe también muestra que durante los tres primeros meses del año se comercializaron 310,8 millones de unidades de medicamentos, de las cuales 200,7 millones fueron adquiridas directamente por los consumidores y cerca de 110 millones distribuidas por el canal institucional. Sin embargo, este último concentró el mayor valor económico debido a la compra de medicamentos especializados de alto costo, como los destinados al tratamiento del cáncer y enfermedades huérfanas.Otro de los hallazgos del estudio es el creciente peso de los medicamentos importados dentro del gasto institucional. ASINFAR advierte que una parte cada vez mayor de los recursos del sistema de salud se destina a tratamientos especializados importados, mientras los medicamentos producidos por la industria farmacéutica nacional han venido perdiendo participación relativa dentro de las compras institucionales.En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud, el informe refleja una realidad que impacta directamente a los pacientes: ante las dificultades para acceder oportunamente a sus medicamentos a través de las EPS, cada vez son más los colombianos que deben recurrir a su propio bolsillo para garantizar la continuidad de sus tratamientos.
El superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció una serie de acciones correctivas tras evidenciar fallas en la dispensación de medicamentos en el gestor farmacéutico Discolmets, operador que presta el servicio a usuarios de la Nueva EPS en Villavicencio.Durante una visita de inspección al dispensario, ubicado en el barrio Barzal, el funcionario informó que la sede será trasladada a un punto con mayor capacidad para mejorar las condiciones de atención, reducir los tiempos de espera y fortalecer la infraestructura tecnológica. La decisión se adoptó luego de verificar que algunos usuarios permanecían en filas durante más de 12 horas para reclamar sus medicamentos.La Superintendencia también encontró incumplimientos en la entrega domiciliaria de medicamentos, servicio que debe realizarse en un plazo máximo de 48 horas cuando existe una orden pendiente. Además, el punto registra actualmente 1.242 reclamos sin resolver, de los cuales el 40 % corresponde a medicamentos faltantes.Durante la inspección se evidenciaron problemas de abastecimiento de medicamentos de alto costo, entre ellos insulinas y tratamientos oncológicos, así como fallas en la planeación para garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales. Según el superintendente, estas situaciones afectan la continuidad de los tratamientos y generan mayores costos para el sistema de salud.En Villavicencio, la Nueva EPS cuenta con 75.630 afiliados, de los cuales 26.198 pertenecen al régimen contributivo y 47.432 al subsidiado. El dispensario inspeccionado atendió a 36.988 usuarios durante el último trimestre.La Superintendencia Nacional de Salud informó que, a nivel nacional, las quejas relacionadas con la entrega de medicamentos se han reducido en un 40 % frente al mismo periodo del año anterior, resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la entidad.
La Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá adelantaron una inspección que terminó con el cierre temporal del punto de dispensación de medicamentos operado por Ladmedis para Compensar EPS, ubicado en la localidad de Chapinero, luego de que la autoridad sanitaria emitiera un concepto desfavorable sobre las condiciones de funcionamiento del establecimiento.De acuerdo con las autoridades, durante las visitas de inspección se identificaron situaciones que comprometían la adecuada atención de los usuarios, motivo por el cual la Secretaría Distrital de Salud emitió un concepto sanitario negativo. Con base en esa decisión, Compensar suspendió temporalmente la operación del dispensario mientras implementa las acciones correctivas exigidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias requeridas.La Superintendencia explicó que la actuación hace parte de las labores de inspección, vigilancia y control que buscan verificar la calidad en la prestación de los servicios de salud y eliminar las barreras que dificultan el acceso oportuno de los pacientes a los medicamentos formulados.El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, advirtió que la entidad continuará aplicando medidas de inspección e incluso sanciones cuando se evidencien incumplimientos que vulneren los derechos de los usuarios. Señaló que las instituciones deben garantizar una atención oportuna y respetuosa a los pacientes.La Supersalud informó que mantendrá las visitas de seguimiento a gestores farmacéuticos y puntos de dispensación de medicamentos en todo el país para verificar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio, los tiempos de atención y la entrega efectiva de los medicamentos, con el propósito de garantizar el derecho fundamental a la salud.
La Superintendencia Nacional de Salud anunció que expedirá una circular para establecer que los tiempos de atención en los dispensarios médicos del país no podrán superar una hora. La decisión fue dada a conocer por el superintendente Daniel Quintero Calle durante una visita de inspección al punto de dispensación del gestor farmacéutico Ladmedis, en Chapinero, Bogotá, donde se registraron filas extensas y usuarios, en su mayoría adultos mayores, con esperas superiores a cuatro horas para reclamar sus medicamentos.La visita hizo parte del denominado Plan 100, estrategia con la que la entidad adelanta jornadas de inspección, vigilancia y seguimiento a gestores farmacéuticos y dispensarios para verificar las condiciones de atención, los tiempos de espera, la entrega efectiva de medicamentos, la disponibilidad de tecnologías en salud y el cumplimiento de las obligaciones de las entidades responsables de la dispensación.Durante la inspección, los equipos de la Superintendencia también revisaron las condiciones locativas del establecimiento, como la ventilación y la disponibilidad de sanitarios, además de comprobar que la entrega de medicamentos se realizara conforme a las fórmulas médicas expedidas. La entidad identificó aspectos susceptibles de mejora que serán objeto de seguimiento.El superintendente indicó que, cuando no sea posible entregar los medicamentos dentro del tiempo establecido, las entidades deberán fortalecer mecanismos alternativos, como la entrega a domicilio, con el fin de evitar barreras de acceso para los pacientes.La Superintendencia Nacional de Salud señaló que continuará intensificando las acciones de inspección y vigilancia en todo el país para verificar el cumplimiento de la nueva directriz y mejorar la oportunidad en la prestación del servicio de dispensación de medicamentos.
La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) dio a conocer la actualización de los precios máximos correspondientes a más de 500 medicamentos en el país. Esta medida modifica los valores de tratamientos utilizados para enfermedades de alto costo, como cáncer, VIH, diabetes, anticoncepción y otras condiciones que tienen impacto dentro del sistema de salud.La decisión fue establecida en la Circular 000022 de 2026, expedida el 19 de junio, y representa una de las revisiones más amplias de los últimos años en materia de regulación farmacéutica. De acuerdo con el documento, se incorporaron 33 nuevos mercados farmacéuticos al régimen de control directo, mientras que cambiaron los topes de 528 mercados que ya contaban con regulación.La Comisión explicó que los nuevos precios fueron calculados según la metodología establecida en la Circular 18 de 2024, tomando como referencia valores nacionales e internacionales. Ante esto, el precio máximo de venta se determinará teniendo en cuenta el menor valor entre el Precio de Referencia Internacional y el Precio de Referencia Nacional.Frente a esto, la entidad indicó que la actualización busca generar mayor eficiencia en el gasto público y controlar los costos de medicamentos que representan una carga importante para el sistema de salud del país.Medicamentos que ingresan por primera vez al control de preciosDentro de los nuevos medicamentos incluidos en el control directo aparecen varios tratamientos de alto costo utilizados por pacientes con enfermedades complejas.Uno de los valores más elevados corresponde a la combinación de Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor, utilizada para tratar la fibrosis quística, cuyo precio máximo quedó establecido en $68.416.128,85 por kit de tratamiento de 28 días.Por otro lado, también aparecen medicamentos usados en oncología y enfermedades poco frecuentes, como Inotuzumab Ozogamicina, con un valor máximo de $36.236.317,96 por miligramo, y Vosoritida, destinada a trastornos del crecimiento, con un tope de $5.813.155,97 por miligramo.Para los tratamientos contra el cáncer también se fijaron novedades en los valores de medicamentos como Abemaciclib, Cabozantinib, Atezolizumab, Avelumab, Lenvatinib, Regorafenib y Ofatumumab.En pacientes con VIH, la regulación incluyó combinaciones como Dolutegravir más Lamivudina y Emtricitabina más Tenofovir Alafenamida, con nuevos precios máximos por miligramo.Anticonceptivos y medicamentos para diabetes tendrán nuevos topesLa actualización no solamente se concentró en medicamentos de alto costo. La Comisión también revisó algunos productos de uso frecuente por la ciudadanía, entre ellos anticonceptivos, tratamientos para diabetes y otros medicamentos utilizados de manera habitual.Entre los anticonceptivos ajustados aparecen combinaciones hormonales y dispositivos intrauterinos con Levonorgestrel. En este grupo, el implante intrauterino de 19,5 mg quedó con un precio máximo de $401.641,71, mientras que otras referencias quedaron por debajo de ese valor.En medicamentos para diabetes tipo 2, la Empagliflozina tendrá un precio máximo de $222,01 por miligramo y la Dapagliflozina quedó en $289,60 por miligramo.Ibuprofeno tendrá cambios en el precioLa Comisión además revisó el costo del Ibuprofeno inyectable, el cual después de una nueva referencia internacional quedó establecido en $25.107,09 por miligramo.Adicionalmente, el valor de la Talidomida actualizó su precio debido a problemas de abastecimiento, dejando un máximo de $38,37 por miligramo.Debido a esta circular, el Gobierno tendrá mayor control sobre cientos de medicamentos adquiridos por las EPS, hospitales y clínicas, con la intención de reducir presiones sobre el gasto farmacéutico y regular tratamientos esenciales para miles de pacientes en el país.
La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) expidió la Circular 022 de 2026, una decisión que amplía y actualiza el control directo de precios sobre cientos de medicamentos comercializados en Colombia, especialmente aquellos destinados al tratamiento de enfermedades huérfanas, cáncer, VIH y otras patologías de alto impacto para el sistema de salud.La nueva regulación incorpora por primera vez 33 mercados relevantes y cuatro submercados al régimen de control directo de precios, al tiempo que actualiza los valores máximos de venta de 528 mercados relevantes y 22 submercados que ya estaban regulados.Según la Comisión, la medida se adopta tras la aplicación de la metodología definida en la Circular 18 de 2024, que estableció nuevas reglas para determinar los precios máximos de venta de los medicamentos en el país. En la circular se explica que los mercados fueron priorizados teniendo en cuenta “la necesidad de priorizar los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades huérfanas, VIH, vitales no disponibles y/o medicamentos de alto costo”, debido a su impacto tanto en la salud pública como en la sostenibilidad financiera del sistema. ¿Cómo se estableció el cálculo? La entidad señala que el cálculo de los nuevos precios se realizó tomando como referencia valores nacionales e internacionales. De acuerdo con el documento, “el cálculo del precio máximo de venta se deberá establecer a partir del precio base, el cual es el mínimo entre el Precio de Referencia Internacional (PRI) y el Precio de Referencia Nacional (PRN)”.En términos prácticos, esto significa que el Gobierno busca que los medicamentos regulados no se comercialicen por encima de los valores que resultan más eficientes al compararlos con precios observados dentro y fuera del país.Entre los nuevos mercados que ingresan al control directo aparecen medicamentos utilizados para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, enfermedades raras y terapias especializadas de alto costo. La Comisión destaca que esta incorporación es resultado de la aplicación de la nueva metodología de regulación de precios.La circular también introduce modificaciones en medicamentos que ya estaban bajo vigilancia. El documento indica que “22 mercados relevantes y 10 submercados fueron modificados en su precio máximo de venta” debido a que se identificaron posibles eficiencias en el gasto público o porque la última referenciación internacional de precios había sido realizada aproximadamente cinco años atrás o más. ¿A qué medicamentos se le realizaron ajustes específicos? Además, la Comisión atendió solicitudes presentadas por la industria farmacéutica y realizó ajustes específicos en algunos productos. Entre ellos se encuentran medicamentos como alirocumab, didrogesterona, ibuprofeno inyectable, factor IX y talidomida, así como diferentes métodos anticonceptivos.Respecto a estos casos, la circular señala que, tras los análisis técnicos realizados, se consideró necesaria la modificación de algunos precios mediante una nueva referenciación internacional. En el caso de la talidomida, por ejemplo, la entidad explica que fue necesario actualizar el precio debido a situaciones de desabastecimiento que afectaban ese mercado.Uno de los cambios más importantes también se presenta en varios anticonceptivos y tratamientos hormonales. La Comisión reorganizó algunos mercados relevantes agrupando medicamentos con indicaciones terapéuticas similares. Según el documento, esta decisión se tomó aplicando una excepción metodológica que permite que medicamentos con diferentes principios activos pertenezcan a un mismo mercado cuando cumplen funciones terapéuticas semejantes.La regulación incluye además nuevos submercados de anticonceptivos que pasan a estar sometidos a control de precios, así como modificaciones en otros ya existentes relacionados con productos que contienen dienogest, etinilestradiol, estradiol, levonorgestrel y drospirenona. Otro aspecto relevante es que la circular actualiza los precios de medicamentos que ya estaban regulados utilizando nuevas tasas de cambio y referencias internacionales. La Comisión informó que las variaciones cambiarias utilizadas para el ejercicio arrojaron un ajuste de -7,43 % para los mercados incluidos en la actualización general.La entidad también recordó que los precios máximos de venta fijados en esta circular deberán aplicarse en todas las etapas de comercialización. De acuerdo con el documento, “el precio máximo de venta será el mismo para las ventas de medicamentos en la transacción primaria institucional, transacción primaria comercial, transacción secundaria institucional y transacción secundaria comercial”.En otras palabras, el valor regulado deberá respetarse independientemente del canal de venta o del tipo de transacción que se realice dentro de la cadena de suministro.Con esta decisión, el Gobierno busca fortalecer la política de regulación farmacéutica y evitar sobrecostos en la compra de medicamentos. La expectativa es que la actualización de precios contribuya a un uso más eficiente de los recursos públicos destinados a salud y facilite el acceso de los pacientes a tratamientos de alto costo que son fundamentales para su atención.La Circular 022 de 2026 fue sometida previamente a dos periodos de consulta pública y posteriormente aprobada por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, convirtiéndose en una de las actualizaciones más amplias realizadas en los últimos años en materia de control de precios de medicamentos en Colombia.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una medida cautelar contra el gestor farmacéutico Medic Colombia S.A.S. luego de encontrar graves retrasos en la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud para usuarios de Famisanar, Nueva EPS, Salud Total, Capital Salud y Savia Salud.La decisión se tomó tras una auditoría integral que identificó 256.296 solicitudes pendientes de entrega en diferentes regiones del país. Según la entidad, estas demoras comprometen la continuidad de los tratamientos y el acceso oportuno a los servicios de salud para miles de pacientes.“Esta Superintendencia realizará seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes impartidas para asegurar la entrega oportuna de medicamentos y demás tecnologías en salud a los usuarios”, indicó el Superintendente Delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque.Como parte de la medida, Medic Colombia deberá implementar un plan de normalización para reducir progresivamente los retrasos. La empresa tendrá que resolver el 30 % de los casos pendientes durante los primeros 15 días, alcanzar un 60 % al cumplirse el primer mes y completar el cierre total de los pendientes en un plazo máximo de 45 días.La Supersalud también ordenó priorizar la atención de pacientes con enfermedades crónicas, patologías de alto costo, tratamientos continuos, menores de edad, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.Además, el gestor farmacéutico deberá entregar reportes quincenales sobre los avances del plan y ejecutar acciones de mejora en sus sedes de Cajicá, Bogotá y Medellín, donde se identificaron alertas durante las labores de inspección y vigilancia.Aunque la compañía podrá presentar un recurso de reposición contra la decisión, la medida cautelar deberá cumplirse de manera inmediata mientras se resuelve dicho trámite.
En el marco del Día Mundial contra la Falsificación de Medicamentos, expertos y organizaciones del sector salud encendieron las alarmas sobre el crecimiento sostenido de este delito, considerado hoy una de las amenazas más preocupantes para la seguridad de los pacientes y la confianza en los sistemas sanitarios.Las cifras más recientes del Pharmaceutical Security Institute (PSI), correspondientes a 2024, evidencian la magnitud del problema. De acuerdo con el organismo, durante el último año se registraron 6.424 incidentes relacionados con delitos farmacéuticos en el mundo. América Latina concentró 879 de esos casos y, en total, estuvieron involucrados 2.248 medicamentos diferentes.Los hechos reportados no solo incluyen medicamentos falsificados. También abarcan desvío ilegal de productos, robos, adulteración, contrabando y ventas ilícitas a través de internet, una modalidad que ha encontrado terreno fértil gracias al auge del comercio electrónico.Las consecuencias de este fenómeno trascienden a quienes consumen estos productos. Los medicamentos falsificados o de calidad inferior representan una causa prevenible de enfermedad y muerte, afectan a las familias, debilitan los sistemas de salud y deterioran la confianza de la ciudadanía en los tratamientos médicos y en quienes los prescriben.Entre los riesgos más graves se encuentra el hecho de que estos productos pueden no tratar ni prevenir adecuadamente las enfermedades para las cuales fueron formulados. Además, contribuyen al aumento de la resistencia a los antimicrobianos, generan desperdicio de recursos económicos y asistenciales, y profundizan la desconfianza hacia los profesionales de la salud.La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha advertido sobre el impacto socioeconómico de esta problemática. Según la entidad, la circulación de medicamentos falsificados incrementa los gastos tanto para los pacientes como para los sistemas nacionales de salud y contribuye a la pérdida de productividad.El riesgo es aún mayor en regiones donde el acceso a medicamentos seguros es limitado. Se estima que cerca de 2.000 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso adecuado a medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y otros productos esenciales, situación que facilita la expansión de mercados ilegales.Otro aspecto que preocupa a las autoridades es que ningún tipo de medicamento está exento de ser falsificado. Tanto productos innovadores como genéricos pueden ser objeto de este delito, desde costosos tratamientos contra el cáncer hasta medicamentos de uso cotidiano para aliviar el dolor.Frente a este panorama, desde la industria farmacéutica insisten en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional.“Desde Pfizer promovemos una campaña que hemos denominado No Fake for Health’s Sake, bajo nuestro compromiso con la seguridad de los pacientes y la integridad de los medicamentos frente a una creciente amenaza global: la falsificación, el desvío y el comercio ilícito de productos farmacéuticos”, afirmó Caroline Gabriel, directora de Global Security Investigations para Sudamérica en Pfizer.La directiva recordó que, según la OMS, aproximadamente uno de cada diez medicamentos en países de ingresos bajos y medios es subestándar o falsificado.“Estos productos pueden carecer de principio activo, contener sustancias peligrosas o no cumplir con estándares básicos de calidad y seguridad, además de estar frecuentemente vinculados a redes de crimen organizado que debilitan los sistemas de salud y la confianza de los ciudadanos”, advirtió Gabriel.Ante esta situación, especialistas recomiendan a pacientes y profesionales verificar siempre que los medicamentos provengan de canales autorizados y denunciar cualquier práctica sospechosa.“La solución requiere un enfoque intersectorial: fortalecer la regulación, promover la educación de los pacientes, garantizar canales seguros de acceso y fomentar la denuncia de prácticas ilegales”, agregó la representante de Pfizer.Finalmente, Gabriel enfatizó que el combate contra este delito va mucho más allá de la protección de marcas o intereses comerciales. “Combatir el crimen farmacéutico no se trata solo de proteger marcas, sino fundamentalmente de proteger a los pacientes”, concluyó.
Una mujer de 22 años fue capturada por la Policía en Santander luego de que las autoridades encontraran en su poder varios medicamentos de control especial que, según las investigaciones, suelen ser utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como el denominado "tusi".El procedimiento se desarrolló en un puesto de control instalado sobre la vía Ubaté – Puente Nacional, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte inspeccionaron un bus de servicio público que cubría la ruta desde Bogotá.Durante la revisión de una caja ubicada en el portaequipajes del vehículo, los policías hallaron cinco frascos de ketamina de 10 mililitros, seis ampolletas de midazolam de 5 mililitros, tres ampolletas de citrato de fentanilo de 10 mililitros, veinte frascos de propofol al 1 % de 20 mililitros, tres frascos de morfina clorhidrato de 10 miligramos y un frasco de Procedex, cuyo principio activo es clorhidrato de dexmedetomidina.De acuerdo con las autoridades, estos medicamentos están sometidos a estricta regulación por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes y eran transportados de manera irregular, razón por la cual fueron incautados.La mujer fue capturada en flagrancia por el presunto delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Tanto la detenida como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, seccional Barbosa, que asumirá el proceso judicial correspondiente.El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Arévalo Rodríguez, explicó que sustancias como el fentanilo, la ketamina y el propofol son frecuentemente desviadas para la fabricación de drogas sintéticas o utilizadas en actividades delictivas.“Estos resultados evidencian el compromiso permanente de la Policía Nacional con la protección de la seguridad y la salud pública de los colombianos. Continuaremos fortaleciendo los controles en los corredores viales de Santander para contrarrestar el tráfico de sustancias ilícitas y de medicamentos sometidos a control especial, evitando que sean utilizados para actividades criminales”, señaló el oficial.
La cartera de los laboratorios farmacéuticos afiliados a Afidro con los diferentes actores del sistema de salud alcanzó los $4,42 billones al cierre del primer trimestre de 2026, según una nueva actualización del estudio de cartera realizado por el gremio en alianza con la firma Sectorial. La medición busca hacer seguimiento a la situación financiera del sistema y a los recursos pendientes de pago por medicamentos y tecnologías ya entregadas a los pacientes.De acuerdo con el informe, cerca de $1,6 billones corresponden a cartera vencida, equivalente al 37 % del total. Además, los tiempos de pago continúan aumentando. Mientras en marzo de 2025 la rotación de cartera era de 154 días, para marzo de 2026 llegó a 204 días. Al incorporar la denominada cartera castigada, es decir, aquella considerada de difícil recuperación, el indicador se eleva a 214 días.Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de las obligaciones pendientes. Según el estudio, este grupo representa el 62,3 % de la cartera total, equivalente a $2,75 billones, de los cuales cerca de $1,1 billones se encuentran vencidos.Otro de los hallazgos del informe muestra un incremento de la cartera deteriorada a más de 121 días, que pasó de representar el 11,8 % en el trimestre anterior al 19,02 % en marzo de este año. Asimismo, la cartera castigada registró un aumento significativo al pasar de $47.400 millones en marzo de 2025 a $325.300 millones en marzo de 2026.Alejandro Escobar, director de Sectorial, señaló que los resultados reflejan problemas persistentes de liquidez dentro del sistema de salud. Según explicó, el aumento en los tiempos de pago y en la cartera deteriorada evidencia que los recursos tardan cada vez más en llegar a quienes suministran medicamentos y tecnologías para la atención de los pacientes.
Luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, Bancolombia activó sus protocolos de atención para verificar el estado de sus trabajadores, clientes, instalaciones y servicios en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7,4.Ante ello, la entidad decidió que, de las 563 sucursales que tiene en el país, 46 permanecerán cerradas temporalmente, principalmente al sur de Colombia, donde se concentraron varias de las afectaciones. La decisión responde a las revisiones realizadas sobre la infraestructura de las oficinas, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de retomar la atención presencial a sus clientes.¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por el terremoto?La mayor parte de las sucursales que suspendieron sus servicios temporalmente están ubicadas en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Entre ellas se encuentran oficinas en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios afectados.Adicionalmente, en Antioquia también fueron cerradas las sucursales de Jardín y El Peñol. En Chocó, por su parte, las oficinas de Quibdó e Istmina suspendieron sus servicios mientras se evalúan las condiciones para definir su reapertura.El banco explicó que las demás oficinas continuarán operando con normalidad. Sin embargo, recomendó que, para mantenerse al tanto sobre sucursales abiertas y horarios, se valide la información en su sucursal telefónica.¿Cómo hacer operaciones de Bancolombia si una oficina está cerrada?Para los clientes que necesiten realizar movimientos bancarios durante la emergencia, Bancolombia informó que sus canales digitales continúan funcionando con normalidad y están disponibles las 24 horas.Entre las opciones habilitadas están:App Mi Bancolombia.App Negocios.Sucursal Virtual Personas.Sucursal Virtual Negocios.Botón de Pagos Bancolombia.Cajeros automáticos.Corresponsales bancarios.Sucursal Telefónica.Tarjetas Bancolombia para pagos.La recomendación para quienes se encuentren en las zonas afectadas es revisar primero los canales oficiales antes de desplazarse hasta una oficina.Bancolombia abrió canales de donaciones por terremotoLa Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.La cuenta habilitada para este fin es el número 24542391932. De acuerdo con la entidad, los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales.Bancolombia indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con sus oficinas y servicios a través de sus canales oficiales.
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas. Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en secreto el pasado 8 de julio y utilizó un avión militar más pequeño para continuar su viaje hacia Reino Unido, en una operación destinada a ocultar su ubicación ante una posible amenaza de asesinato procedente de Irán, según una investigación publicada por The Washington Post. (The Washington Post)El episodio ocurrió después de la participación de Trump en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque públicamente se informó que el mandatario había abandonado Turquía a bordo de un antiguo Boeing 747 utilizado como Air Force One, en realidad habría sido trasladado de manera discreta a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, la operación buscaba impedir que posibles adversarios conocieran cuál era el avión que transportaba realmente al presidente.Trump utilizó un avión como señueloTrump había llegado a Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8 que fue entregado a Estados Unidos por Catar. Sin embargo, para el regreso, el mandatario apareció públicamente abordando el antiguo Air Force One.En ese momento, Trump explicó que el cambio obedecía a una razón logística: el nuevo avión sería trasladado previamente a la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, para que militares estadounidenses pudieran conocerlo y recorrer sus instalaciones. (The Washington Post)La versión pública hizo que periodistas y parte del personal de la Casa Blanca creyeran que Trump viajaba en el Boeing 747 más antiguo. Sin embargo, según The Washington Post, el avión que aparentemente transportaba al presidente funcionó en realidad como un señuelo. Trump habría sido trasladado desde la zona del aeropuerto hasta el C-32A, una aeronave de menor tamaño utilizada habitualmente para transportar a altos funcionarios estadounidenses. El objetivo era mantener en secreto la ubicación del presidente durante una parte del trayecto.Una amenaza iraní habría motivado el operativoLa decisión de cambiar de aeronave estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad vinculadas a Irán, según las fuentes citadas por el diario.La posibilidad de que Trump fuera objetivo de un ataque iraní ya había sido mencionada durante su salida de Turquía. El propio presidente reconoció entonces que existían amenazas contra él y afirmó que era considerado por Irán como uno de sus principales objetivos.Durante ese viaje, los periodistas que permanecieron a bordo del avión que salió de Ankara recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanillas. La medida llamó la atención de los reporteros y alimentó las dudas sobre las verdaderas razones del cambio de aeronave. (The Washington Post)La nueva información publicada ahora apunta a que las medidas de seguridad fueron mucho más amplias de lo que se conoció inicialmente.El avión regalado por Catar también quedó bajo escrutinioEl episodio volvió a poner el foco en el nuevo avión presidencial entregado por Catar a Estados Unidos.El Boeing 747-8 fue donado por la familia real catarí después de que Trump cuestionara durante meses el estado de los dos aviones Boeing 747 utilizados como Air Force One desde la década de 1990.La aeronave fue sometida a modificaciones para adaptarla a las necesidades del Gobierno estadounidense. No obstante, desde que comenzó a utilizarse surgieron interrogantes sobre si contaba con todas las capacidades de protección disponibles en los aviones presidenciales más antiguos.Entre las diferencias señaladas se encuentran determinados sistemas de seguridad y defensa frente a posibles amenazas externas. Informaciones previas habían indicado que el nuevo avión no disponía inicialmente de algunas de las capacidades de detección y contramedidas que sí poseen las aeronaves presidenciales tradicionales. (The Washington Post)El cambio de avión durante el viaje de Trump a Estados Unidos incrementó esas dudas y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad del aparato.La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force OneAnte la publicación de The Washington Post, la Casa Blanca defendió las condiciones de seguridad del nuevo avión.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que la aeronave cuenta con sistemas y protocolos destinados a proteger al presidente y a los integrantes de su equipo.La administración de Trump no confirmó públicamente todos los detalles de la operación descrita por el periódico, incluida la forma exacta en la que el mandatario fue trasladado desde el avión que utilizó como señuelo hasta el C-32A. La información sobre la salida secreta se conoce semanas después de la cumbre de la OTAN y en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán. Durante la reunión en Ankara, Trump había reiterado sus advertencias contra Teherán y, posteriormente, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes. (The Washington Post)
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
