El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le recomienda al Comité de Escogencia Del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, liberar a la Jurisdicción Especial para la Paz de eventuales conflictos de interés. Negret a su vez solicitó que los ciudadanos aspirantes puedan poner al servicio de la construcción de paz y de una convivencia pacífica sus servicios en condiciones de igualdad. "Esto en aras de garantizar los principios de transparencia, independencia y objetividad necesarios para legitimar las acciones judiciales y extrajudiciales que se emprenderán", explicó. De igual forma, que no se tomen en consideración las hojas de vida de aquellas personas que participaron en la construcción del Acuerdo de Paz. Le puede interesar: Más de cinco mil postulados han accedido a la JEP. "Lo anterior no por un impedimento legal expreso, sino como una acción dirigida a dotar de máxima trasparencia y legitimidad la JEP y en general el Acuerdo Final", expresó. Cabe recordar que una de las aspirantes a los cargos de la JEP es la exasesora jurídica del proceso de paz Mónica Cifuentes y el exministro de Justicia y hoy asesor de Presidencia para asuntos de la JEP Yesid Reyes. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El reglamento de la Corte Suprema establece una dinámica de votación establecida de la siguiente manera: primero se vota por los tres candidatos, luego por los dos que obtengan mayor votación. Posteriormente se vota por el que tuvo mayor votación y después de manera individual. Trascendió que Néstor Humberto Martínez obtuvo 15 votos de los 16 necesarios para ser elegidos fiscal general de la Nación, mientras que aún no se conoce cuántos votos lograron Mónica Cifuentes y Yesid Reyes De nuevo en la sala uno de los magistrados Sin embargo, cuestionó por su polémica propuesta a Néstor Humberto Martínez sobre “descriminalizar la violencia intrafamiliar” para que el manejo no sea penal sino interdisciplinario, lo cual le dio la vuelta al país.
La exasesora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Mónica Cifuentes Osorio, le manifestó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sus propuestas al cargo de fiscal general de la Nación. En su intervención la abogada aseguró que de ser elegida fortalecerá el grupo de investigadores para atender, principalmente, las denuncias de corrupción y crimen organizado. (En vivo: audiencia en la Corte Suprema que elegirá al próximo fiscal general) "Seré una fiscal que fortalezca la justicia ordinaria para que podamos consolidar la paz. Seré una fiscal que no aspire a protagonismos, que solamente demuestre resultados", afirmó. Néstor Humberto Martínez, fue el segundo en hablar, es el aspirante que más suena para quedarse con el puesto, sustentó su intervención en los cinco pilares: reingeniería de la Fiscalía, seguridad ciudadana, y la justicia transicional. "Vamos a traer metodologías modernas (...) me comprometo ante ustedes que en los primeros tres meses de gestión visitaré las 35 seccionales para conocer el ejercicio de sus funciones, pues hay que empoderarlas. No vengo a probarme como gerente público en la Fiscalía. Vamos a hacer el proyecto de gerencia pública más importante en los próximos cuatro años", agregó Martínez. El exministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado aseguró que es menester fortalecer la planta de personal y la capacidad de la Fiscalía General para darles una pronta y oportuna respuesta a los ciudadanos que acuden a ella para presentar centenares de denuncias todos los días. Para Reyes Alvarado las demoras en los procesos penales crean una especie de inseguridad en las personas que consideran que sus problemas no tienen una resolución efectiva y destacó las falencias de Medicina Legal. "No podemos engañarnos, la gente no asocia tanto la ineficiencia de la justicia con problemas de la jurisdicción civil, laboral o administrativa. La gente asocia la inseguridad a problemas relacionados con la jurisdicción Penal. Las dificultades para denunciar, el aplazamiento de diligencias judiciales y la enorme tardanza de los procesos son los que generan esa sensación de inseguridad en la ciudadanía", afirmó el exministro. En el tema de paz Mónica Cifuentes determinó que la justicia transicional con la que van a juzgar a las Farc no puede ser permanente; Néstor Humberto Martínez, reconoció que la Paz será la línea de su administración y Yesid Reyes está convencido de que se deben atacar todas las nuevas formas de criminalidad que se creen.
La escogencia del nuevo Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia no es un asunto menor. Todo lo contrario: se trata de la decisión más trascendental que tomará el alto tribunal en los últimos años. La Fiscalía General se ha convertido no sólo en una de las entidades más poderosas del país, sino en una de las que maneja mayor presupuesto, así como una nómina bastante generosa. Hoy pasarán al tablero de la Sala Plena de la Corte Suprema los aspirantes ternados por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos. El sucesor de Eduardo Montealegre deberá tener el respaldo de 16 de los 23 magistrados de la Corte. Néstor Humberto Martínez, Mónica Cifuentes y Yesid Reyes –los aspirantes- son reconocidos juristas y con una amplia trayectoria en el ejercicio profesional. Martínez tiene una hoja de vida llena de logros y distinciones. Ha sido ministro en diferentes gobiernos y en distintas carteras, y goza de gran prestigio como litigante y consultor. Cifuentes se ha desempeñado como asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en La Habana y tiene también una destacada trayectoria en el campo del Derecho. Y Reyes ha sido catedrático universitario por varios años y se desempeñó como ministro de Justicia del actual Gobierno. Aunque fueron ternados por el Presidente Santos, su probidad hace pensar que quien resulte elegido sabrá marcar distancia e independencia del Ejecutivo, sin que ello significa mantener con el Gobierno relaciones inamistosas o poco cordiales. En los actuales momentos lo que más le sirve al país es un Fiscal General con plena autonomía e independencia, que entienda que la entidad a su cargo no es un apéndice del Gobierno y que no es un subalterno del Presidente de la República. Un Fiscal General con el carácter suficiente para afrontar y derrotar la corrupción que carcome al país, tanto en el sector público como en el privado. El cumplimiento de esos requisitos –entre otros- será prenda de garantías para el buen desempeño de las funciones de quien suceda a Eduardo Montealegre en la Fiscalía General, cuyo paso por esa entidad –como se recuerda- estuvo acompañado de todo tipo de polémicas y controversias.
La Corte Suprema de Justica citó para este 9 de junio a Mónica Cifuentes, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez, ternados para fiscal general de la nación, a audiencia pública para escuchar sus propuestas en caso de llegar a dirigir el ente acusador. (Lea también: ¿Cuál candidato tiene más opciones para ser el nuevo fiscal general?). Este mismo día la Corte podría tomar una decisión al respecto, pues luego de ser escuchados, los magistrados del alto tribunal pasaran a votación. Los ternados son: Yesid Reyes El actual ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, es abogado de la Universidad Externado. Es especialista en derecho penal y criminología. Además tiene un magíster en ciencias penales, criminológicas y criminalística de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado también como conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “El país lo conoce, tiene todas las condiciones para ser un magnífico fiscal”, dijo Santos sobre su postulación. Mónica Cifuentes Fue la directora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la paz, trabajando para Sergio Jaramillo. Es abogada de la Universidad Santo Tomás y cuenta con una especialización en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Externado. Cifuentes ya ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación como asesora y jefe regional durante la dirección de Gustavo de Greiff Restrepo, Alfonso Valdivieso Sarmiento y Alfonso Gómez Méndez. “Una abogada muy prestigiosa, la conozco personalmente y ha venido en los últimos tiempos acompañando el proceso de negociación, trabajando con el equipo negociador, conoce la Fiscalía muy bien porque ha trabajado allí por mucho tiempo y es una persona con todas las condiciones para ser una buena fiscal”, manifestó el presidente Santos en su presentación. Néstor Humberto Martínez Neira Estudió derecho en la Universidad Javeriana. Es especialista en derecho comercial y tiene una maestría en sociedades. Fue el ministro de la presidencia, cargo creado en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En 1994 hizo parte del gabinete de Ernesto Samper para ser el ministro de Justicia. Desde allí logró penalizar el lavado de activos, se aprobó la extinción de dominio y promovió el Estatuto Anticorrupción. “Una persona que tiene todas las condiciones, ha ocupado el Ministerio de Justicia”, dijo Santos sobre Martínez.
La Corte Suprema de Justica citó para este 9 de junio a Mónica Cifuentes, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez, ternados para fiscal general de la nación, a audiencia pública para escuchar sus propuestas en caso de llegar a dirigir el ente acusador. Ese mismo día la Corte podría tomar una decisión al respecto, pues luego de ser escuchados, los magistrados del alto tribunal pasaran a votación. Por el momento, los candidatos han solicitado cita con los magistrados de la Corte previa a la audiencia pública de junio. Los ternados son: Yesid Reyes El actual ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, es abogado de la Universidad Externado. Es especialista en derecho penal y criminología. Además tiene un magíster en ciencias penales, criminológicas y criminalística de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado también como conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “El país lo conoce, tiene todas las condiciones para ser un magnífico fiscal”, dijo Santos sobre su postulación. Mónica Cifuentes Fue la directora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la paz, trabajando para Sergio Jaramillo. Es abogada de laUniversidad Santo Tomás y cuenta con una especialización en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Externado. Cifuentes ya ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación como asesora y jefe regional durante la dirección de Gustavo de Greiff Restrepo, Alfonso Valdivieso Sarmiento y Alfonso Gómez Méndez. “Una abogada muy prestigiosa, la conozco personalmente y ha venido en los últimos tiempos acompañando el proceso de negociación, trabajando con el equipo negociador, conoce la Fiscalía muy bien porque ha trabajado allí por mucho tiempo y es una persona con todas las condiciones para ser una buena fiscal”, manifestó el presidente Santos en su presentación. Néstor Humberto Martínez Neira Estudió derecho en la Universidad Javeriana. Es especialista en derecho comercial y tiene una maestría en sociedades. Fue el ministro de la presidencia, cargo creado en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En 1994 hizo parte del gabinete de Ernesto Samper para ser el ministro de Justicia.Desde allí logró penalizar el lavado de activos, se aprobó la extinción de dominio y promovió el Estatuto Anticorrupción. “Una persona que tiene todas las condiciones, ha ocupado el Ministerio de Justicia”, dijo Santos sobre Martínez.
La decisión se tomó luego determinar el mecanismo que utilizará el Alto Tribunal para la elección del encargado de tomar las riendas del ente acusador para el próximo periodo. Margarita Cabello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señaló que en los primeros 15 días lo que hará el tribunal será resolver los impedimentos radicados. Luego, se solicitará la presencia del fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, para que explique ante los magistrados el estado actual de la entidad. (Vea también: Terna y diferencias con Gobierno, ¿causas de renuncia de María L. Gutiérrez). Después de esto, los ternados tendrán 15 minutos para exponer ante la Sala Plena los argumentos y su plan para manejar la Fiscalía en caso de ser elegidos, además, tendrán que responder algunas preguntas ya establecidas por los togados. Cumplido este cronograma, se procederá a la elección del Fiscal General. Escuche en este audio más información sobre: -134 colombianos serán repatriados en las próximas horas desde Ecuador. -Tras un mes de operación, Transcaribe movilizó en Cartagena a cerca de un millón de pasajeros. La ministra de transporte, Natalia Abello, indicó que el sistema moviliza cerca de 40.000 usuarios diarios en promedio, beneficiando a los habitantes de la capital de Bolívar con menores tiempos de transporte, comodidad y seguridad. -La oficina de la emisora de televisión FOX 45 en Baltimore (EE.UU.) fue desalojada después de que un hombre prendiera fuego a un vehículo en el estacionamiento, irrumpiera en el vestíbulo de edificio y amenazara con detonar una bomba. -Fiscales brasileños del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras presentaron en Curitiba nuevas acusaciones por corrupción y lavado de dinero contra el publicista João Santana, ejecutivos de la constructora Odebrecht y otras personas vinculadas al proceso.
Este jueves se reunirá por primera vez la Sala Plena del alto tribunal para afrontar la elección de la nueva cabeza del ente acusador y será allí el escenario para que Cabello devele su propuesta. Lo primero que se planteará será pedir el informe de gestión del exfiscal Eduardo Montealegre para que cada magistrado lo estudie y así conocer a ciencia cierta el estado en que se encuentra actualmente el ente acusador. El paso a seguir será el análisis del perfil de Néstor Humberto Martínez, Yesid Reyes y Mónica Cifuentes, postulados por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para ocupar el cargo. Por último, se determinarán las fechas para que los candidatos sean escuchados por la Corte Suprema de Justicia y así puedan presentar su propuesta para manejar la Fiscalía General de la Nación.
Según conoció Blu Radio, la decisión de Cifuentes es para brindar transparencia al proceso de elección de Fiscal General, así mismo, le permitirá tener libertad de acción para presentar su propuesta de lo que debe ser el sistema penal en Colombia y la justica en el país, en caso de ser elegida como principal cabeza del ente acusador. Dicha suspensión se levantaría una vez se conozca si es elegida, en caso contrario, Cifuentes retomaría sus labores en los diálogos de paz. Cifuentes Comparte terna con el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el exministro de la presidencia Néstor Humberto Martínez. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Siguen registrándose reacciones en torno a la elección de la terna en los sectores políticos del país. Unos califican como acertada la decisión del presidente Santos y otros la ven como una burla. -Blu Radio sigue acompañando a los colombianos que pasan por una difícil situación en territorio ecuatoriano tras el potente terremoto que deja hasta el momento más de 500 muertos. -A esta hora despega el Avión de la Fuerza Aérea Colombiana de la ciudad de Manta con 34 pasajeros y los cuerpos de cinco colombianos que serán repatriados tras el terremoto del sábado en Ecuador. -Presuntos guerrilleros de las Farc estarían cobrando “vacuna” para permitir el transporte de insumos y productos perecederos con destino a 5 instituciones educativas en Miraflorez, Guaviare. -La Fiscalía general de la nación desmanteló una empresa que había defraudado a la Dian por más de 150 mil millones de pesos; la empresa operaba en Barranquilla. -No cesan las protestas en Barranquilla y su área metropolitana. En este momento, durante la hora pico, la movilidad se complica debido a que 32 vías han sido bloqueadas por las protestas en contra de los constantes cortes de energía eléctrica. -El presidente de Ecopetrol aseguró que el acuerdo de Pacific con Catalyst no afectará la fecha de la devolución del Campo Rubiales a la estatal petrolera. -Críticas y apoyo ha recibido la aprobación en primer debate de la creación de la empresa metro en Bogotá; en el Concejo hay una fuerte diferencia a pesar del apoyo mayoritario del cabildo al proyecto.
La Corte deberá decidir entre el ministro de Justicia Yesid Reyes, el exministro de la presidencia Néstor Humberto Martínez, y la exdirectora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la paz Mónica Cifuentes; elegidos entre quienes se postularon para liderar el ente acusador. (Lea también: Terna de fiscal la conforman Yesid Reyes, Mónica Cifuentes y Néstor H. Martínez) Al entregar la terna, el primer mandatario pidió celeridad a la Corte, pero el alto tribunal manifestó que el tema debe ser llevado a una sala plena donde se determinará cuál va a ser el procedimiento a seguir. Al respecto, la presidenta de la Corte, Margarita Cabello Blanco, manifestó que el tribunal garantiza que “este será un procedimiento limpio, transparente y expuesto a todo el país”. -Yesid Reyes El actual ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, es abogado de la Universidad Externado. Es especialista en derecho penal y criminología. Además tiene un magíster en ciencias penales, criminológicas y criminalística de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado también como conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. -Mónica Cifuentes Fue la directora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la paz, trabajando para Sergio Jaramillo. Es abogada de la Universidad Santo Tomás y cuenta con una especialización en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Externado. Cifuentes ya ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación como asesora y jefe regional durante la dirección de Gustavo de Greiff Restrepo, Alfonso Valdivieso Sarmiento y Alfonso Gómez Méndez. -Néstor Humberto Martínez Neira Estudió derecho en la Universidad Javeriana. Es especialista en derecho comercial y tiene una maestría en sociedades. Fue el ministro de la presidencia, cargo creado en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En 1994 hizo parte del gabinete de Ernesto Samper para ser el ministro de Justicia. Desde allí logró penalizar el lavado de activos, se aprobó la extinción de dominio y promovió el Estatuto Anticorrupción.
La Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional cumplir nuevas órdenes para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas. El alto tribunal estableció plazos de 20 y 30 días hábiles para que distintas entidades demuestren qué están haciendo y cómo garantizarán el cumplimiento de los compromisos."Para la Corte, la exigencia de la implementación normativa del Acuerdo no es una simple formalidad, sino que “(…) representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico", se lee en la decisión. Entre las principales exigencias está incluir un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, con recursos, proyectos y acciones concretas para cumplir lo pactado."En primer lugar, la Sala reitera que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado y que su implementación, desarrollo y seguimiento vinculan de buena fe a todas las autoridades. También explica que el Gobierno nacional cuenta con un amplio margen de apreciación para adoptar las acciones necesarias y para definir los medios de cumplimiento", señala la alta Corte.Además, pidió incorporar medidas para superar las fallas en las garantías de seguridad de los firmantes, situación que fue declarada como un estado de cosas inconstitucional en 2022. Para este punto, el Gobierno tendrá 30 días hábiles para entregar un informe detallado. Asimismo, la Corte requirió garantizar el funcionamiento efectivo de una entidad encargada de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Gobierno. Esta instancia deberá contar con presupuesto, personal, capacidad institucional y suficiente autoridad para coordinar a las diferentes entidades.En cuanto al seguimiento de los compromisos, el alto tribunal exigió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) garantizar la continuidad de esta instancia y su trabajo conjunto con los representantes de los firmantes. Para demostrar cómo se hará ese seguimiento, deberán presentar un informe en un plazo de 20 días hábiles. De igual forma, les pidió a los ministros del Interior, Defensa y Justicia, junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la Unidad Nacional de Protección y otros funcionarios, poner en funcionamiento el sistema encargado de planear, recopilar información y medir los avances en materia de seguridad. También deberán definir y entregar indicadores que permitan establecer si las medidas de protección están dando resultados. El plazo es de 20 días hábiles.Por otra parte, la Corte requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla medidas para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Esta instancia deberá demostrar en 20 días cómo está verificando que las medidas se cumplan efectivamente. A estas exigencias se suma la orden al Ministerio del Interior de presentar un balance sobre la Política Pública Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. El Gobierno deberá explicar en 20 días qué acciones adelanta para evitar la discriminación y los señalamientos contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz y cómo está haciendo seguimiento a su implementación.La Corte también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz. Esto implica demostrar qué acciones se están ejecutando para combatir las estructuras ilegales que amenazan a los firmantes y otros sectores protegidos por el Acuerdo. Finalmente, el alto tribunal requirió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que encabeza el Sistema Nacional de Reincorporación, garantizar el funcionamiento efectivo del subcomité encargado de coordinar, planificar y hacer seguimiento al Programa de Reincorporación Integral. La entidad deberá explicar cómo está articulando las acciones para que los excombatientes avancen en su reincorporación económica y social.La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que se aprobara un recorte de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La reducción obligó a la entidad a anunciar medidas de austeridad que incluyen entregar, en marzo del próximo año, su actual sede en Bogotá, trasladarse a un edificio más pequeño y convertir la virtualidad en la principal modalidad de trabajo.Además, el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, anunció una reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios y ajustes en los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes.
Las fiestas de fin de año podrían verse afectadas en las tradiciones de millones de hogares colombianos. En muchas familias, el consumo de cerveza hace parte de la temporada decembrina y, ante esto, el precio de esta bebida alcohólica podría aumentar si el Congreso aprueba el esquema tributario propuesto en la Ley de Rescate Económico.La propuesta ha generado preocupación entre los tenderos, que temen una reducción de las ventas durante diciembre, una temporada en la que estos establecimientos registran un mayor movimiento comercial por la venta de bebidas.De acuerdo con las estimaciones de Fenaltiendas, en el país hay cerca de 450.000 tiendas de barrio, que registran ventas anuales por alrededor de $48 billones. De ese total, $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a otras bebidas alcohólicas.Sin embargo, si la iniciativa se aprueba en los términos presentados, los ingresos por la comercialización de cerveza podrían bajar a $13 billones y los de bebidas no alcohólicas, a $11 billones. El gremio señala que esta caída podría deberse al aumento de los precios y a una eventual disminución del consumo.La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentó una estimación sobre el impacto que tendría el cambio en el precio al consumidor. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta en promedio $2.400 podría pasar a valer entre $3.571 y $3.841, lo que representaría un incremento de entre el 49 % y el 60 %.La congresista también advirtió que las tiendas de barrio comercializan cerca del 92 % de la cerveza que se vende en Colombia, por lo que un aumento de precios podría afectar los ingresos de estos negocios.¿Por qué podría subir el precio de la cerveza?El proyecto de Ley 477 de 2026 de la Cámara, radicado el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, propone reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza, que corresponde al 48 % del precio de venta del productor al detallista.En su lugar, los artículos 33 a 36 plantean un impuesto a la producción con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta al público sin impuestos y otro de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 centímetros cúbicos. Las cervezas sin alcohol quedarían excluidas del cobro fijo por grado de alcohol.El valor final dependería de la graduación de la bebida, la marca y la proporción del impuesto que los productores y comercializadores trasladen al consumidor.¿Qué impacto tendría el nuevo impuesto para los tenderos?Según la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno espera recaudar $7,1 billones adicionales con el impuesto a la producción de cerveza para financiar el aseguramiento en salud. A esa cifra se sumarían $2,1 billones provenientes del impuesto al consumo de licores.No obstante, el propio Gobierno estima que los cambios tributarios sobre alcohol y tabaco podrían elevar la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027, si el aumento de los impuestos se traslada completamente a los consumidores.Por ahora, el incremento no es un hecho. La propuesta debe ser discutida en el Congreso, donde también están en debate sus posibles efectos sobre el consumo, los pequeños comerciantes y las rentas de los departamentos.
En medio de una riña por presuntamente haber orinado en su vehículo, un hombre disparó contra otros dos en el occidente de Medellín. Todos los involucrados fueron capturados por las autoridades.Un nuevo hecho de intolerancia en la capital antioqueña terminó con tres heridos que fueron capturados por las autoridades, tras protagonizar una riña en plena vía pública en el occidente de la ciudad.Fueron disparos de arma de fuego los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación en la que inicialmente un hombre de 41 años de edad relató a las autoridades que había accionado su arma en defensa propia tras ser víctima de un intento de hurto.Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo determinar que la situación respondió a un altercado entre esta persona y otros dos sujetos, de 27 y 30 años de edad, aparentemente porque el primero les reclamó por orinar sobre su carro.En medio de la discusión estos sacaron armas cortopunzantes que llevaron al propietario del vehículo a desenfundar una pistola de su propiedad que los dejó heridos a la altura de la cadera y las piernas por lo que fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén para recibir atención.Por su parte, el responsable de accionar el arma de fuego se presentó ante las autoridades para poner a disposición de las investigaciones una pistola calibre nueve milímetros que contaba con el permiso de porte vigente.Las autoridades confirmaron que los tres implicados en el caso están fuera de peligro. Sin embargo, fueron capturados para esclarecer lo ocurrido y responder ante las respectivas autoridades judiciales.
A tres meses del terremoto, Risaralda exige celeridad al Gobierno Nacional para acelerar la reconstrucción y el pago de ayudas. Tres meses después del terremoto que sacudió al Eje Cafetero el pasado 10 de agosto, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, hizo un enfático llamado al Gobierno nacional. El mandatario departamental urgió en Mañanas Blu a agilizar la transferencia de recursos y la ejecución de los planes diseñados para atender a las familias damnificadas y restaurar la infraestructura afectada. Un llamado urgente a pasar de los anuncios a las accionesAunque el gobernador reconoció la presencia del Gobierno nacional en la zona, destacando que el presidente de la República ha visitado cinco veces la ciudad de Pereira, recalcó que la comunidad requiere resultados inmediatos y desembolsos efectivos. Al referirse a la necesidad de acelerar la llegada de los giros e inversiones, Patiño declaró: "Hoy aprovechando estos micrófonos, hacer un llamado de atención especial para la celeridad. Ya son tres meses, ya hay un Fondo Milagro creado y estamos de verdad expectantes a que podamos avanzar rápidamente en el territorio para la reconstrucción de lo que la gente hoy está esperando". En ese sentido, el mandatario precisó que su petición no responde a una rivalidad política, sino al clamor de las comunidades damnificadas: "Más que una queja, es la voz de la gente que hoy está solicitando no más anuncios, sino ya acciones contundentes en el territorio". Plan de Acción Específica y estado de los subsidiosPara orientar la recuperación, el departamento formuló un Plan de Acción Específica (PAE) que abarca 15 planes (uno por cada uno de los 14 municipios más el departamental), el cual ya cuenta con la aprobación del Gobierno Nacional. No obstante, el gobernador explicó que la ejecución depende de la disponibilidad de liquidez del recién creado Fondo Milagro, cuya gerencia fue asignada a la doctora Ana María Cuartas.En materia de ayudas financieras directas, se han dispersado 13.000 millones de pesos en un primer giro a través de un convenio con Supergiros. Actualmente está pendiente la firma para un segundo paquete por 17.000 millones de pesos, así como la asignación de 70.000 millones de pesos adicionales para culminar los tres meses de subsidios prometidos a los inscritos en el Registro Único de Damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables. Paralelamente, la Gobernación de Risaralda ha avanzado con fuentes propias, destinando el 60 % de sus regalías para adjudicar contratos de reconstrucción, además de radicar proyectos por 80.000 millones de pesos ante el Ministerio de Vivienda para mejoramiento de viviendas, 17.000 millones de pesos para infraestructura educativa y 5.000 millones de pesos para seguridad alimentariaSobre la gestión de la administración local, Patiño enfatizó: "Seguiremos avanzando con los recursos limitados que tenemos, pero de verdad accionando todos los procesos". Frente a los retos del proceso reconstructivo, Patiño resaltó la unión institucional existente entre la Gobernación, los alcaldes municipales y la gerencia del Fondo Milagro, así como el interés en impulsar la figura de obras por impuestos con el sector privado. Escuche aquí la entrevista:
Atlético Bucaramanga trabaja en la recuperación de sus jugadores lesionados con la expectativa de tener alternativas para afrontar los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El departamento médico del equipo entregó un nuevo reporte sobre la condición de cuatro futbolistas que presentan diferentes lesiones musculares y articulares.Uno de los casos es el de Nilson Castrillón, quien sufrió un esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral durante el compromiso frente a Atlético Nacional. El defensor adelanta un proceso de rehabilitación y su regreso a las canchas dependerá de su evolución clínica y funcional.Por su parte, Fabry Castro presenta una distensión muscular leve del gastrocnemio medial de la pierna derecha, también sufrida en el partido contra Nacional. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación y manejo terapéutico.En el caso de Diego Novoa, el guardameta presenta un desgarro muscular del glúteo medio izquierdo. Según el reporte médico, su evolución es favorable y ya avanza en la fase de readaptación deportiva, con trabajos específicos en campo.El cuarto jugador es Luis Mateus, quien sufrió un desgarro muscular grado I del recto femoral del muslo derecho durante una sesión de entrenamiento. Actualmente realiza un programa individualizado de fisioterapia.La recuperación de estos futbolistas resulta importante para Atlético Bucaramanga de cara a los cuadrangulares semifinales, una instancia en la que el equipo necesitará alternativas en diferentes posiciones para competir por un cupo en la final.Aunque Diego Novoa presenta una evolución favorable y ya realiza trabajos en campo, los otros tres jugadores continúan en sus respectivos procesos de rehabilitación.El club no estableció fechas para el regreso de ninguno de los futbolistas y aclaró que la reincorporación a los entrenamientos y la competencia dependerá de la evolución clínica y funcional de cada uno.
