El local Nick Kyrgios (17), que tenía previsto estrenarse este martes ante el ruso Roman Safiullin, anunció que será baja del Abierto de Australia por una lesión en la rodilla.“Estoy devastado obviamente, este es el ‘slam’ de mi país”, afirmó el tenista que tampoco pudo disputar la United Cup.“Quería darme algo de esperanza. Creía que tenía la oportunidad de jugar”, dijo al ser preguntado sobre su decisión de esperar hasta este lunes.El tenista de Canberra desveló que se someterá a una artroscopia para buscar una solución a su problema en la rodilla.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
La reforma tributaria de Bogotá avanza en el Concejo Distrital con uno de sus componentes centrales ya aprobado: la sobretasa al alumbrado público, un nuevo cobro que recaerá sobre los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como sobre inmuebles comerciales, industriales y financieros. La medida busca garantizar recursos durante los próximos 10 años para modernizar el sistema de iluminación de la capital, pero ha generado reparos entre sectores como los centros comerciales, que advierten sobre un posible incremento de sus costos.La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que la propuesta hace parte de una transformación del sistema de alumbrado público hacia un modelo que incorpore tecnología, sensores y cámaras, además de herramientas para mejorar la movilidad y responder ante situaciones como incendios o inundaciones.“Lo que nosotros le estamos apostando acá es a transformar la ciudad y transformarla a partir de una columna vertebral que es su alumbrado”, señaló Cadena durante una entrevista con Mañanas Blu.La funcionaria explicó que actualmente el alumbrado público se financia con recursos ordinarios del Distrito, es decir, con recursos que hacen parte del presupuesto general. Con la nueva sobretasa se busca establecer una fuente específica de financiación que no pueda ser destinada a otros sectores.¿Cuánto se pagará por el alumbrado público en Bogotá?De acuerdo con las estimaciones entregadas por la Secretaría de Hacienda, el cobro comenzaría a aplicarse a partir de 2027, siempre y cuando la reforma tributaria sea aprobada en su totalidad por el Concejo de Bogotá.Para los predios residenciales, el promedio estimado sería de $133.000 anuales para el estrato 4, $227.000 para el estrato 5 y $348.000 para el estrato 6. En términos mensuales, la Secretaría de Hacienda ha calculado aproximadamente $11.000, $19.000 y $29.000, respectivamente.La sobretasa también alcanzaría a otros tipos de predios. El promedio anual estimado sería de $807.000 para inmuebles comerciales, $1.672.000 para industriales, $2.342.000 para financieros, $577.000 para lotes y $2.400.000 para predios dotacionales.La medida, sin embargo, contempla mecanismos para proteger a propietarios que no tengan capacidad de pago. Cadena explicó que los propietarios de predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 que estén clasificados en los niveles A, B o C del Sisbén podrán acceder a una tarifa de cero pesos. También se contemplan excepciones para predios comerciales cuyos propietarios carezcan de capacidad de pago, en los casos establecidos, y para establecimientos comerciales de hasta 30 metros cuadrados ubicados en viviendas de estratos 1, 2 y 3.“Hemos tenido el cuidado (...) de buscar que este cobro, pues si bien significa un esfuerzo para todos, sea muy cuidadoso en no afectar a quienes menos capacidad de pago tienen”, afirmó la secretaria de Hacienda.Bogotá busca modernizar su alumbrado públicoUno de los argumentos de la Administración Distrital para defender la sobretasa es la necesidad de pasar de un sistema tradicional de iluminación a uno de carácter inteligente. Según Cadena, la modernización permitiría implementar sensores, cámaras y sistemas de telegestión, con los que sería posible detectar fallas de manera remota y optimizar el consumo de energía.“¿Qué queremos? Telegestionar nuestro alumbrado. Eso genera eficiencias, ahorro en consumo de energía, y los recursos para eso ya van a estar determinados”, sostuvo. La funcionaria también explicó que la reforma tributaria no define quién será el operador del servicio de alumbrado público. Actualmente, buena parte de la infraestructura está relacionada con Enel, en el marco de un convenio que lleva cerca de 30 años.El contrato vigente, según la secretaria, llega a una etapa de cambio a finales de noviembre. La definición del nuevo esquema contractual corresponde al proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, y el Distrito. Cadena señaló que uno de los objetivos será garantizar que las inversiones que haga Bogotá sobre la infraestructura queden para la ciudad.Centros comerciales advierten por aumento de costosMientras la Administración Distrital defiende la sobretasa como una fuente de financiación para modernizar Bogotá, los centros comerciales han expresado su oposición al mecanismo de cobro.Carlos Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, cuestionó que la sobretasa se calcule sobre el avalúo catastral y no sobre el consumo efectivo de energía: “La sobretasa (...) en este caso en particular es un 1% sobre el valor del avalúo catastral”, explicó Betancourt, quien considera que los avalúos de algunos inmuebles comerciales en Bogotá pueden generar cargas tributarias elevadas.El dirigente puso como ejemplo locales con avalúos de hasta $60 millones por metro cuadrado. Según su explicación, un local de 100 metros cuadrados podría representar un avalúo de $6.000 millones y, bajo el cálculo planteado, una sobretasa de $60 millones.Para Betancourt, esta situación puede generar una presión adicional sobre establecimientos que ya enfrentan elevados costos de operación: “Yo creo que no estamos para más impuestos, estamos en un momento en el que hay que recuperar actividad, preservar empleo, seguir trabajando en construir oportunidades”, manifestó.Acecolombia alerta por posible traslado del costo al consumidorEl representante de los centros comerciales también advirtió que el impacto de la sobretasa podría trasladarse a otros integrantes de la cadena comercial. De acuerdo con Betancourt, algunos establecimientos podrían verse obligados a aumentar precios para compensar el incremento de sus obligaciones tributarias, mientras que otros negocios con menores márgenes podrían enfrentar dificultades para mantenerse en el mercado.“Inevitablemente todo termina en una cadena de traslado de costos. Entonces vamos a tener una presión de inflación por esa vía”, afirmó. El dirigente también señaló que el modelo de cobro basado en el avalúo podría tratar de la misma manera a establecimientos comerciales con realidades económicas diferentes.Como ejemplo, mencionó negocios de accesorios, bisutería o joyería que pueden ocupar áreas similares, pero que no necesariamente tienen los mismos niveles de ventas, arriendos o márgenes de rentabilidad.Reforma tributaria aún tiene artículos pendientesAunque la sobretasa al alumbrado público ya fue aprobada dentro del debate, la reforma tributaria distrital todavía tiene artículos pendientes de discusión. La secretaria de Hacienda explicó que el proyecto contempla 54 artículos, de los cuales 27 habían sido aprobados durante la sesión mencionada en la entrevista. Entre los principales componentes de la reforma están el alumbrado público, las modificaciones relacionadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y los incentivos a la inversión.Sobre este último punto, la Administración Distrital calcula que durante los próximos 10 años Bogotá podría atraer inversiones por más de $70 billones y generar alrededor de 215.000 empleos, de acuerdo con sus propias proyecciones.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
