En enero de 2021, cuando apenas tenía dos años, la pequeña Sara Sofía desapareció en Bogotá y una de las principales sospechosas fue su mamá, Carolina Galván, quien actualmente está en prisión; fue condenada a 42 años en la cárcel El Buen Pastor, así como su pareja en ese momento, Nilson Díaz.En diálogo con Los Informantes de Caracol Televisión, Carolina Galván siguió defendiendo su inocencia y aseguró que quien debe responder y explicar qué pasó realmente con Sara Sofía es Díaz. Recalcó que lo que ocurrió “no fue culpa” de ella, entregó una nueva versión y dijo que no se acuerda si la niña respiraba cuando la encontró en una cama.“Quería desahogarme, demostrarles que lo que ocurrió no fue por culpa mía. La culpa que yo tuve no fue porque yo quise ni porque lo haya permitido; no estaba en condición de defenderla porque mi vida también corría peligro (…) Yo a esa niña la adoro aunque no haya deseado o planeado tenerla. Yo la quería”, puntualizó.“¿Qué gano yo con desaparecerla?”, se preguntó Galván al tratar de explicar su relación con la menor, de la que, hasta ahora, no se conoce su paradero o lo que pasó desde que se reportó como perdida. Fueron muchas las versiones e hipótesis, lo que genera aún más dudas sobre los hechos.En su versión, Galván confesó que un día llegó a la casa, después de trabajar, y encontró a la niña inmóvil sobre una cama. Contó que no despertaba o, “al parecer, estaba dopada”. Insistió en que cuando la vio, la tocó, la intentó mover, pero nunca despertó y “parecía en estado de coma”.Sorprende que, según dijo, Sara Sofía duró así casi tres días hasta que “él la cogió y se la llevó”. A la pregunta de por qué no denunció en ese instante o por qué no salió de esa casa, respondió que no podía porque Nilson Díaz la tenía “bajo candado”.Sobre ese día mencionó no recordar bien las cosas porque estaba dopada o por el mismo pánico que sintió. Sin embargo, aseveró que probablemente Díaz abusó de su pequeña hija y por eso “la desapareció”. Insistió en que después de eso la buscó, pero nunca la encontró.“Dijo que la tiró en el caño, yo fui y miré y no apareció. Miré por los bordes por si la había dejado ahí, pero nunca apareció la niña (…) El man la violó y por eso la desapareció; yo la miré y no tenía absolutamente nada, miré su ropita a ver si tenía sangre y no (…) Estoy segura que él sabe qué pasó con la niña”, describió sobre los hechos.La historia de Carolina GalvánSobre su historia, relató que su mamá la abandonó cuando era una niña, a los 8 años y, por eso nunca logró desarrollar un vínculo con su hija Sara Sofía. Esos traumas que dice que sufrió en la infancia hicieron que, más adelante, tuviera problemas cognitivos demás.“Por todas las dificultades, crecer sin mi mamá, violaciones y las cosas tan horribles que me hacían, hicieron que yo me llenara de vacíos y buscaba aprobación de la gente porque mi familia nunca me quiso escuchar”, narró Galván.¿Cómo conoció a Nilson Díaz?Carolina Galván recordó que conoció a Nilson Díaz cuando tuvo que irse de su casa a buscar trabajo. Un día, en un parque, él la abordó y la convenció de irse juntos para que, supuestamente, lo ayudará con el cuidado de sus hijos, pero la realidad era que la quería usar para prostitución, de acuerdo con su relato.En ese momento, Sara Sofía vivía con una hermana de Galván y quiso visitarla, se la llevó y ahí, mencionó, se dio cuenta que “Nilson era una verdadera porquería”.
Este martes, 27 de febrero, la juez tercera especializada emitió un fallo condenatorio contra Carolina Galván y Nilson Díaz, mamá y padrastro de la menor Sara Sofía Galván por ser responsables de la desaparición forzada. Este hecho, que consternó al país, sucedió en enero del 2021 y durante estos últimos años no se logró determinar el paradero de la niña que, al momento de lo ocurrido, tenía dos años.Durante la audiencia la jueza hizo un recuento del caso y reiteró que en todo el proceso judicial se encontraron contradicciones en los testimonios por parte de la madre de Sara Sofía y del padrastro. En primera instancia Carolina manifestó que ella había regalado la niña a una mujer que estaba en un carro, luego afirmó que había sido Nilson Díaz quien había envuelto el cuerpo de la menor en una cobija porque, supuestamente, había fallecido por complicaciones médicas en su hogar y luego arrojada en el río Tunjuelito de Bogotá.La juez argumentó que la madre de Sara Sofía no tenía ningún problema cognitivo y estaba consiente de todo lo que estaba realizando. De hecho, señaló que Carolina Galván se encargó de entorpecer el proceso judicial. Asimismo, indicó que Nilson Díaz también era culpable de la desaparición, pues varios testigos afirmaron haberlo visto con la menor, que fue la última persona en estar con la pequeña.Aunque han pasado tres años, la jueza recalcó que todavía hay la probabilidad que Sara Sofía esté con vida y pueda ser víctima de otro tipo de delitos.Vale recordar que en una audiencia pasada la Fiscalía había pedido la pena máxima para Carolina Galván y Nilson Díaz, es decir, 45 años de cárcel por la desaparición de la menor de edad.Cuando se conoció la desaparición de Sara Sofía se realizó un exhaustivo operativo, encabezado por la Policía, para buscar a la niña en el río Tunjuelito e incluso en las terminales de transporte de Bogotá, en caso de que alguien intentara sacarla de la ciudad.¿Cuántos años estarán en la cárcel?En las próximas semanas se fijará una fecha para conocer de cuánto será la condena de cárcel para Carolina Galván y Nilson Díaz.
En medio de la acusación contra Carolina Galván y Nilson Díaz, madre y padrastro de la pequeña Sara Sofía Galván, la abogada de la madre de la menor anunció que tiene nuevas pruebas con las que buscará que su cliente sea declarada inimputable.“Un dictamen psiquiátrico y una valoración sicológica, en la cual estamos estableciendo la enunciación que estoy poniendo de presente, dentro de unas condiciones sicológicas de la evaluada, en este caso de Carolina Galván, que daría una posibilidad a una inimputabilidad, todo atendiendo al debate de juicio”, dijo la abogada de Carolina Galván.Según expertos penalistas, lo que significa la inimputabilidad es que la persona no estaba en sus cinco sentidos a la hora de cometer el ilícito y por eso, no sería imputable.Sin embargo, explicaron, de ser hallada culpable, pero declarada inimputable, lo único que cambiaría es que no va a la cárcel sino a establecimiento mental. Además, cambiaría la duración de la pena pues ya no sería lo que dure la condena sino lo que dure el tratamiento.La acusación de la Fiscalía argumentó que, “los hechos materia de investigación ocurrieron en enero de 2021, cuando la tía de la menor, quien la tenía a su cargo desde finales de 2020, denunció que habría desaparecido después de que Carolina Galván se la llevara un fin de semana. Sin embargo, nunca regresó con la niña y al parecer no volvió a contestar las llamadas”.Además, sobre Nilson Díaz, se estableció que “era el compañero permanente de Carolina Galván, con quien habría convivido cuando la niña fue sacada del entorno protector que le ofrecía su tía y posteriormente cuando se dio su desaparición”.Por estos hechos, los dos procesados fueron acusados por el delito de desaparición forzada. El 31 de mayo iniciará el juicio en su contra y en ese escenario, la abogada de Carolina Galván debatirá la inimputabilidad.
La jueza que lleva el proceso por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván ordenó compulsar copias para que se investigue al Inpec por presunta “negligencia”, al no haber garantizado la conexión del padrastro de la pequeña, Nilson Bladimir Díaz, a la audiencia de acusación que estaba programada para este lunes.“Cómo ustedes pueden ver ha sido negligencia de la cárcel. A mí sí me parece el colmo y voy a ordenar compulsar copias para la oficina de control interno de la cárcel Picota y del Inpec, para que investiguen las posibles faltas o fallas que hayan cometido. Porque cómo puede ser que desde el 11 de enero se les envío la solicitud de remisión”, dijo la funcionaria judicial.La audiencia en contra de Díaz y de Carolina Galván, madre de la pequeña que está desaparecida desde enero del año pasado, fue reprogramada para el próximo 17 de marzo. Ese día, serían acusados y empezaría formalmente el juicio en contra de ambos, como presuntos responsables de la desaparición de la pequeña.Siga y escuche el podcast ‘Sin tabú':
Pese a las denuncias sobre abusos y proxenetismo hechas por Yeni Cardozo el pasado lunes, 13 de septiembre, en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, contra su exesposo y padre de sus 4 hijos, Nilson Díaz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no le ha permitido tener contacto con sus hijos, mientras, a la fecha, Diaz continúa con la custodia legal de los menores.Y es que, a ocho meses de la desaparición de Sara Sofía y siete de la captura de Nilson Diaz y Carolina Galván, investigados por desaparición forzada, el ICBF no le da a Yeni Cardozo información oficial sobre el paradero de sus hijos.Cardozo, en múltiples oportunidades, ha solicitado que la dejen dialogar con sus hijos y ver cómo están, pero en respuesta ha recibido correos donde le cobran insistentemente la cuota alimentaria de los menores por 400.000 pesos.BLU Radio ha insistido para tener información sobre los niños, sin irrumpir en el fuero privado que dispone la ley, pero no ha sido posible obtener ningún tipo de información, más allá de que los procesos son confidenciales y basados en el Artículo 81 del Código de Infancia y Adolescencia.De acuerdo con el ICBF, Yeni Cardozo está debidamente vinculada al proceso y los menores se encuentran bajo la custodia del Instituto.Escuche el debate completo en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso de la pequeña Sara Sofía Galván, desaparecida desde finales de enero en la capital del país, aparecen nuevas denuncias contra Nilson Díaz, quien se encuentra capturado por ser el presunto responsable de la desaparición de la pequeña de 2 años y medio.Esta vez se trata de Jenny Cardozo, expareja de Nilson Díaz, con quien sostuvo una relación sentimental por siete años y quien es padre biológico de tres de sus hijos y le dio el apellido al mayor. "Dicen que uno nunca termina de conocer a las personas, pero en ciertos momentos es mentira. Aprendí a conocer a Nilson, su fachada, su careta. Creo que Carolina Galván fue una víctima más de Nilson Díaz en la prostitución", sostuvo Cardozo. "Mis hijos son la ficha clave en este proceso, mis hijos sí saben. Yo sé cómo tratar mis hijos. Ellos son testigos clave en esta investigación. Ellos vivieron todo lo que pasó. Yo sé que de pronto en una entrevista con mis hijos, dejándome hablar con ellos, yo sé cómo les hablo, podría hacer que ellos me contaran toda la verdad de lo que pasó", añadió. Cardozo aseguró que conoció a Nilson Díaz cuando tenía tres meses de embarazo y aún en estas condiciones, comenzó a trabajar en un lugar de mujeres para poder prostituirse y lograr ingresos económicos. Según su testimonio, ella perdió la custodia de sus hijos debido a las constantes jornadas de trabajo que tenía, por lo que Nilson Díaz se empezó a encargar de ellos, impidiéndole después acercarse a ellos. Según la versión de la expareja de Díaz, Bienestar Familiar aseguraba que ella al vivir en un sector "pesado", no era apta para tener a sus hijos.De acuerdo con Jenny Cardozo, ella cumplió con la cuota alimentaria que le correspondía, pero Nilson se aprovechaba de eso y se gastaba el dinero. Ahora la preocupación de la mujer es que luego de varios meses, no sabe de sus hijos. Y ahora las alarmas están prendidas con el caso de Sara Sofía, donde él es el presunto autor de su desaparición. "Hace no mucho, como mes y medio más o menos, envié un correo a la doctora diciéndole que mi hijo David Santiago cumplió años, el 28 de agosto, que por favor y ella me contesta con una cuota de 400.000 pesos", sostuvo Cardozo, quien consideró absurdo el cobro ya que ella no tiene la custodia de los menores."El martes que viajo, enfocada en averiguar por mis hijos, Bienestar me contesta que le saque una cita a la defensora, que yo tengo el correo. Yo les contesto, 'pero es que no necesito ver a la defensora, no me interesa'. Me interesan mis hijos, que me digan dónde están. Tengo derecho como su mamá a saber dónde los tienen", agregó.Escuche a Jenny Cardozo en Mañanas BLU:
Un nuevo giro tomó el misterioso caso de la pequeña Sara Sofía Galván, luego de conocerse la declaración de Yeni Cardozo, exesposa de Nilson Díaz, padrastro de la niña y uno de los implicados en la desaparición del cuerpo de la menor. Ella cree saber en dónde está enterrado el cuerpo de Sara Sofía."Yo le conocía (a Nilson Díaz) todos sus ‘metederos’, por eso donde él señala que busquen a la niña no es, porque él nunca se la pasaba ahí. Él se cuadraba era en este punto y puede que ahí, posiblemente, esté la niña. Me atrevo a decirlo porque cuando él vivía conmigo siempre se metía ahí, eso es en la 86 sobre autopista sur, debajo del caño, en Bogotá", dijo Cardozo.Según la exesposa de Díaz, antes de que la niña Sara Sofía desapareciera había alertado a la Policía de los comportamientos de este hombre con sus propios hijos."Mi hija me llegó a manifestar en una ocasión que este señor la tocaba. Yo llamé a la Policía y nunca me puso cuidado. Si me hubieran escuchado muy posiblemente la niña Sofía estuviera viva. Ese señor se dedicó a explotar a sus propios hijos, él los ponía a pedir limosna y a robar", sostuvo Cardozo.La exesposa del implicado en el caso de la menor desaparecida desde enero de este año pidió al ICBF que adelante pruebas a sus hijos, para determinar si quedan rastros de presuntos actos de violencia y abuso sexual por parte de su antigua pareja.
Carolina Galván, acusada de la desaparición de su hija, la pequeña Sara Sofía, intentó atentar contra su vida en la tarde de este lunes, 9 de agosto, después de la audiencia en la que fue enviada a la cárcel nuevamente.La mujer, fue atendida de manera inmediata y llevada al Hospital Federico Lleras acosta donde permanece internada.Las autoridades en Ibagué confirmaron a BLU Radio que Galván está fuera de peligro y recibe atención psicológica por parte de profesionales.Cabe resaltar que el Juez 59 de Control de Garantías ordenó la medida de aseguramiento en contra de Galván en una audiencia pública en la que se le había imputado el delito de tentativa de homicidio, cargo del que la mujer se declaró inocente.El hecho ocurrió luego de la audiencia pública, según confirman las autoridades, donde ella presentó un episodio de desespero y trató de lanzarse. Algunas personas que se encontraban con ella en la diligencia pública lo evitaron.Según Luis Eduardo González, gerente del hospital Federico Lleras Acosta, la mujer llegó a ese centro asistencial hacia las 3:30 de la tarde.“Fue valorada por psiquiatría quienes consideran que la paciente cursa con una reacción a estrés agudo. Actualmente la paciente se encuentra estable, bajo vigilancia médica estricta y con su tratamiento farmacológico respectivo", concluyo.
En las últimas horas, en medio de operativos por parte de las autoridades en Soacha, en el departamento de Cundinamarca, se recapturó a Nilson Bladimir Díaz, presunto responsable de la desaparición de la niña Sara Sofía Galván en el sur de Bogotá. Este tercer intento de captura se da luego de que un juez de control de garantías decretara medida de aseguramiento en centro carcelario , por su presunta responsabilidad en la desaparición de la pequeña. De acuerdo con la investigación, la tía de la menor quien la tenía a su cargo desde finales de 2020 denunció que habría desaparecido después de que Carolina Galván se la llevara un fin de semana. Sin embargo, nunca regresó con la niña y al parecer no volvió a contestar las llamadas, señaló el ente acusador en un comunicado.La excompañera sentimental de Díaz, Carolina Galván, madre de Sara Sofía, también estuvo ausente, acordó con su nueva abogada un aplazamiento para estudiar el proceso por lo que en “los próximos días se solicitará ante la judicatura una nueva audiencia para imputar cargos”, indicó la Fiscalía.
El juez 52 de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nilson Bladimir Díaz Valenzuela sobre quien fue librada una nueva orden de captura en las últimas horas.Según la Fiscalía, el hombre fue judicializado por su posible coautoría en la desaparición de la menor en hechos ocurridos el pasado 28 de enero en el suroccidente de Bogotá.De acuerdo con la investigación, la tía de la menor quien la tenía a su cargo desde finales de 2020, denunció que habría desaparecido después de que Carolina Galván se la llevara un fin de semana. Sin embargo, nunca regresó con la niña y al parecer no volvió a contestar las llamadas, señaló el ente acusador en un comunicado.Al cierre de la diligencia, que se realizó de manera reservada, Nilson Díaz no compareció de manera virtual pese a los reiterados llamados que hizo el juez.Su excompañera Carolina Galván también estuvo ausente, pero se acordó con su nueva abogada un aplazamiento para estudiar el proceso por lo que en “los próximos días se solicitará ante la judicatura una nueva audiencia para imputar cargos”, indicó la Fiscalía.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.