La Policía de Tailandia señaló el "estrés" y las "alucinaciones" provocadas por las anfetaminas como las posibles causas de la matanza perpetrada este jueves 6 de octubre por un expolicía en una guardería del noreste del país, que se ha saldado con 38 muertos, incluidos 22 niños."Tenía que ir al tribunal mañana (por un delito de posesión de drogas) y probablemente estaba estresado y con alucinaciones (por el uso de anfetaminas)", apuntó en una rueda de prensa el comisario de la Policía, Damrongsak Kittiprapas.El expolicía de 34 años protagonizó una matanza que comenzó a medio día en una escuela infantil de la localidad de Uthai Sawan, donde disparó con un rifle y atacó con un cuchillo a niños y cuidadores, para mas tarde escapar y suicidarse tras asesinar a su mujer y su hijo.El presunto autor de la masacre fue apartado como agente por posesión de drogas el año pasado y su caso estaba en los tribunales, informó la Policía en su página de Facebook.Un portavoz de la Policía explicó al canal tailandés ThaiPBS que el atacante se presentó en la guardería para recoger a su hijo pero el niño no estaba allí."Estaba ya estresado y cuando no pudo encontrar a su hijo se estresó aún más y empezó a disparar", apuntó el portavoz y añadió que después se dirigió a su casa donde mató a su mujer y a su hijo antes de quitarse la vida.Las imágenes facilitadas por la Policía muestran decenas de cadáveres esparcidos por diferentes estancias.El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, ordenó este jueves una investigación urgente sobre la matanza.Los tiroteos masivos en Tailandia son raros, pero en 2020 un soldado mató al menos a 29 personas e hirió a 58 en un alboroto que abarcó varios lugares, incluido un campamento militar y un gran centro comercial en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima.El mes pasado, un oficial de policía mató a tiros a dos colegas e hirió a otro en la Escuela de Guerra del Comando de Entrenamiento del Ejército en Bangkok. Escuche el podcast de ¿Por qué todos saben inglés menos yo?
La matanza perpetrada por un expolicía en una guardería de la localidad tailandesa de Uthai Sawan, en el noreste de Tailandia, en la que murieron este jueves 34 personas, entre ellas 22 niños, es una de las más graves registradas en un centro escolar en el mundo, al margen de conflictos armados o ataques terroristas.En lo que va de 2022 se han producido otros dos tiroteos que también dejaron una cantidad muy elevada de víctimas en centros educativos. El 24 de mayo diecinueve niños y dos profesores murieron por los disparos de un joven de 18 años que irrumpió en un colegio de primaria de Uvalde (Texas) y que fue abatido por la Policía.El 25 septiembre 17 personas perdieron la vida, incluidos 11 niños, en el ataque cometido por un exalumno en una escuela rusa en la república de Udmurtia, en los Urales.LAS PEORES ATAQUESLos peores ataques en centros educativos ocurridos en el mundo en los últimos 25 años son los siguientes:13 marzo 1996.- Dieciséis niños y su maestra mueren por los disparos de un cuidador que había sido despedido, que irrumpió en un colegio en Dumblane (Escocia, Reino Unido) y que se suicidó tras el ataque.26 abril de 2002.- Un joven mata a dieciséis personas y después se suicida en venganza por su expulsión en un instituto en Erfurt (Alemania).11 marzo de 2009.- Un joven en tratamiento psiquiátrico mata a quince de sus excompañeros en una escuela de Winnenden (Alemania) y después se suicida.16 de abril de 2007.- Un estudiante surcoreano, Seung Hui Cho, mata a 32 personas en el recinto de la Universidad Politécnica de Virginia (EEUU), antes de pegarse un tiro.7 abril 2011.- Un exalumno de 23 acaba a tiros con la vida de 12 niños y hiere a otras 17 personas en la escuela municipal Tasso da Silveira, situada en Realengo, un populoso barrio de la periferia de Río de Janeiro. El asaltante se suicidó.14 diciembre 2012.- Adam Lanza, un joven de 20 años con síndrome de Asperger, mata a su madre en su casa de Newtown (Connecticut, EEUU) y luego asesina a 20 niños y seis adultos en el colegio de primaria Sandy Hook, donde trabajaba su madre, antes de suicidarse.14 febrero 2018.- Un exalumno expulsado por indisciplina de la escuela secundaria estadounidense Stoneman Douglas en Miami (Florida) lanza varias bombas de humo antes de disparar con un fusil de asalto y matar a 17 personas en su antiguo centro educativo.17 octubre 2018.- Veinte personas mueren y otras cincuenta resultan heridas por el ataque perpetrado en un instituto politécnico de la ciudad de Kerch, en Crimea (Rusia), por un alumno que comenzó a disparar contra alumnos y profesores y cuando ya no le quedaba munición detonó una bomba de fabricación casera y se quitó la vida.24 mayo 2022.- Diecinueve niños y dos profesores mueren por los disparos de un joven de 18 años que irrumpió en un colegio de primaria de Uvalde (Texas) y que fue abatido por la Policía.25 septiembre 2022.- Diecisiete fallecidos, incluidos 11 niños, en el ataque cometido por un exalumno en una escuela rusa en la república de Udmurtia, en los Urales.ATAQUES TERRORISTAS Y CONFLICTOS ARMADOSAl margen de estos sucesos, centros educativos de diferentes países han sufrido ataques terroristas o las consecuencias de guerras y conflictos armados. La mayor tragedia de este tipo se produjo en septiembre de 2004 en una escuela de Beslán (Osetia del Norte), donde un comando checheno reutvo durante 52 horas a 1.200 personas (niños en su mayoría). El secuestro acabó en una masacre con 331 muertos, entre ellos 186 niños, y más de 700 heridos.El 15 de enero de 2013, un total de 83 personas murieron y alrededor de 150 resultan heridas tras un ataque del ejército sirio contra contra la Universidad de Alepo, en el primer día de exámenes.En diciembre de 2016 un ataque talibán contra un colegio gestionado por el Ejército paquistaní de la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, causó 136 muertos y un centenar de heridos, casi todos niños.Le puede interesar: ¿Por qué todos saben inglés menos yo?
Un expolicía atacó el jueves con armas de fuego y cuchillos una guardería en Tailandia, donde mató al menos a 32 personas, de ellos 23 niños, y luego asesinó a su familia y se suicidó, informó la policía.El ataque empezó a las 12:30 del mediodía, hora local, en una guardería de Nong Bua Lamphu, en el norte del país. El autor huyó luego en coche y atropelló a varios peatones, según la policía.El autor fue identificado como Panya Khamrab, un expolicía de 34 años, según el coronel de la policía provincial Jakkapat Vijitraithaya.Después de la masacre, el atacante mató a su mujer y a su hijo, y por último se suicidó, explicó el coronel.Los niños fallecidos tienen entre dos y tres años, según la misma fuente.Escuche el podcast Ser campeón viene con manual:
El gasto en procedimientos de salud en Colombia alcanzó los 38,5 billones de pesos, de acuerdo con un análisis del Observatorio de Precios de la Adres y cálculos de Acemi.Según las cifras, los regímenes contributivo y subsidiado concentran cerca del 74 % del gasto total, con 14,3 billones de pesos cada uno. Les siguen los planes voluntarios de salud, con 4,1 billones, y los regímenes especiales y de excepción, con 2,4 billones. En total, durante el periodo analizado se registraron cerca de 375 millones de servicios, con un costo promedio de 102.883 pesos por procedimiento.Uno de los datos que más llama la atención es la diferencia en los precios promedio dependiendo de quién compra los servicios. Mientras en el régimen contributivo el valor promedio es de 92.853 pesos, en el subsidiado llega a 105.559 pesos. Sin embargo, el valor más alto aparece en el SOAT, donde cada procedimiento cuesta en promedio 206.789 pesos, una cifra 55,3 % superior a la registrada en el régimen contributivo. También se observan diferencias entre los prestadores: los independientes tienen un precio promedio de 157.438 pesos, frente a los 101.820 pesos de los privados y los 105.816 pesos de los públicos.El análisis también evidencia que gran parte de los recursos se concentra en pocos procedimientos. Apenas 555 códigos representan el 5,8 % del total de procedimientos identificados, pero reúnen el 80 % del gasto. En contraste, los otros 8.966 códigos concentran el 20 % restante. Esto muestra cómo una parte reducida de los servicios demanda la mayor cantidad de recursos financieros del sistema de salud.A estas diferencias se suma el comportamiento de los precios entre departamentos. El índice de precio relativo incluido en el informe muestra que existen territorios donde los servicios se cobran por encima del promedio nacional y otros donde están por debajo. Una situación que pone sobre la mesa la necesidad de analizar las condiciones de contratación, los costos de prestación y las diferencias entre los mercados regionales.Las cifras permiten dimensionar cuánto dinero mueve la compra de procedimientos médicos en Colombia y muestran las diferencias que existen entre los distintos actores del sistema. El reto está en establecer qué factores explican estas variaciones y cómo garantizar que los recursos destinados a la atención de los pacientes se utilicen de manera eficiente, sin afectar la calidad ni el acceso a los servicios de salud.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos a Julián Caicedo, esposo de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol durante el gobierno anterior, por haber violado el régimen de incompatibilidades al haber sido simultáneamente asesor de Invias y contratista de la universidad Pascual Bravo.Julián Caicedo
Intento de robo en Medellín terminó con los supuestos ladrones arrollados, golpeados por la comunidad y capturados. Una vivienda resultó afectada en el intento de la víctima por evitar el hurto.Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en las últimas horas en Medellín cuando un vehículo chocó contra varias motos y terminó incrustado en la fachada de una vivienda en el barrio Buenos Aires, no obstante, se conoció que no fue un simple siniestro, sino que todo pasó por un intento de robo.La información que han entregado las autoridades en la capital de Antioquia es que cuando un hombre, que se transportaba en un automóvil, fue abordado por dos delincuentes en una motocicleta, este intentó reaccionar de manera inmediata.Lo que hizo el conductor del vehículo fue acelerar su carro, arrollando a los supuestos ladrones y terminando chocando contra motos y una casa del sector. Ante la presencia de este hecho, la comunidad corrió hacia el lugar del accidente.Sin embargo, aunque muchos esperaban la atención de las personas afectadas por el siniestro vial, lo que hizo la comunidad fue tomar justicia por mano propia y golpear en repetidas ocasiones a los delincuentes que fueron capturados minutos después.Con los ladrones en poder de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la atención se centró en la vivienda afectada por el choque, misma que quedó con graves daños estructurales que tendrán que ser intervenidos para evitar el colapso de parte del inmueble.
La Corte Suprema de Justicia mantuvo en la justicia penal ordinaria el proceso contra un integrante de la comunidad indígena arhuaca, señalado de torturar y causar graves lesiones a un niño de nueve años, quien era su propio sobrino. La decisión ratifica que la autonomía de las comunidades indígenas no puede desconocer la protección prevalente de los derechos de los menores de edad.El presidente de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Juan Carlos Sosa, explicó que el caso llegó a la Corte mediante una tutela presentada por autoridades tradicionales arhuacas y el hombre procesado, quienes buscaban que la investigación regresara a la jurisdicción indígena, donde el señalado agresor había sido absuelto.En esa jurisdicción, las autoridades consideraron que las lesiones del menor habían sido ocasionadas accidentalmente por la mordedura de una mula.Sin embargo, los dictámenes médicos y las pruebas de Medicina Legal establecieron que las heridas habían sido producidas con un arma cortopunzante, específicamente un machete, que le causó la mutilación de sus genitales.Por estos hechos, la Corte Constitucional había determinado que el proceso debía ser conocido por la justicia penal ordinaria y dejó sin efectos la decisión de absolución de las autoridades indígenas. La investigación por los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas continúa contra el tío del menor.Al estudiar la nueva tutela, la Corte Suprema negó las pretensiones de las autoridades indígenas y del procesado. También descartó que existieran elementos suficientes para sustituir la medida de aseguramiento que pesa contra el señalado agresor.La Corte encontró que el menor ya estaba bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y había sido declarado en situación de adoptabilidad, pero el procedimiento llevaba más de un año paralizado por un trámite de consulta previa con las autoridades indígenas.Ante esta situación, ordenó al Ministerio del Interior agilizar la consulta previa y pidió a las autoridades tradicionales arhuacas colaborar para que el procedimiento avance.La Corte hizo un llamado a las autoridades indígenas para que, sin desconocer su autonomía y sus facultades constitucionales, tengan en cuenta los límites de su actuación cuando están comprometidos los derechos de los menores.Pertenecer a una comunidad indígena no significa que se puedan desconocer o dejar en segundo plano los derechos de los niños, ni que la identidad cultural pueda convertirse en una barrera para garantizarles justicia y protección.
La elección de Junta Directiva y Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Bogotá, prevista para el periodo 2027-2030, fue aplazada hasta el jueves 4 de marzo de 2027 por decisión de la Superintendencia de Sociedades.La entidad ordenó postergar el proceso electoral con el propósito de revisar y, si es necesario, depurar el censo de afiliados habilitados para votar.Según informó la Cámara de Comercio de Bogotá, durante la revisión de ese listado su administración identificó una variación atípica en la composición del censo y reportó la situación a la Superintendencia por iniciativa propia, junto con el envío del censo definitivo el pasado 30 de octubre.“Al revisar el censo, la Administración de la Cámara identificó una variación atípica en su composición y la informó a la Superintendencia por iniciativa propia, junto con el envío del censo definitivo el 30 de octubre. La revisión se hará con las medidas que fije la Superintendencia, con rigor técnico y debido proceso”, explicó la Cámara por medio de un comunicado.La entidad aseguró que acatará la decisión y colaborará con la revisión, que se adelantará bajo las medidas que establezca la Superintendencia, con rigor técnico y respeto por el debido proceso.Con el aplazamiento, el proceso electoral deberá comenzar nuevamente desde el inicio. Lo que significa que los candidatos tendrán que inscribirse otra vez, de acuerdo con las fechas que se establezcan en el nuevo calendario.La Cámara de Comercio aclaró que los afiliados que cumplen los requisitos conservarán sus derechos y que la actual Junta Directiva continuará en funciones hasta que se realice la nueva elección.El nuevo calendario y las instrucciones para afiliados y candidatos serán publicados en el sitio web de la Cámara de Comercio de Bogotá.“La Junta Directiva actual continuará en sus funciones hasta la nueva fecha de elección. El nuevo calendario electoral y la información para afiliados y candidatos se publicarán en www.ccb.org.co, y las inquietudes se atenderán en eleccionjuntadirectiva@ccb.org.co”, señaló.