Con 67 votos, el Senado eligió este jueves a Paola Andrea Meneses como nueva magistrada de la Corte Constitucional. Meneses es abogada de la Universidad Javeriana, con experiencia en Derecho Público y Corporativo y especializada en Derecho Constitucional en España."Hoy el país ha sido testigo del cumplimiento pleno, oportuno y transparente del Senado, del trámite y efectiva elección para el cargo de magistrado del máximo tribunal constitucional", dijo la recién elegida magistrada.Meneses fue superintendente del Subsidio Familiar y en la actualidad es fiscal delegada contra la Criminalidad Organizada, luego de su nombramiento por parte del fiscal Francisco Barbosa.La nueva magistrada no tiene una amplia trayectoria ni experiencia en derecho constitucional, aunque hizo una especialización en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, hace más de 15 años.La nueva magistrada tiene un compromiso con las mujeres a las que representa, según dijo, una vez terminó su elección.“Mi condición de mujer pujante ética colaborativa y trabajadora que seguro con mis compañeros de la corte, a quien desde ya les extiendo mis brazos y mi compromiso en aras de un trabajo colectivo y en equipo en pro del país", dijo.Meneses llega en remplazo del magistrado Carlos Bernal Pulido, quien presento su renuncia a su cargo hace unos meses.La elección de la nueva magistrada generó algunas reacciones de algunos congresistas, como fue el caso del senador Gustavo Petro, quien dijo: “Hoy el uribismo se toma la Corte Constitucional.”La nueva magistrada ganó en la terna que era conformaba junto a José María del Castillo y Fernando Grillo
Hoy se cumplen diez años de la Ley 1804 de 2016, conocida como la Ley de Cero a Siempre, que convirtió en política de Estado el desarrollo integral de la primera infancia y reconoció a las niñas y los niños, desde la gestación hasta los seis años, como sujetos de derechos prevalentes. La norma estableció la responsabilidad conjunta del Estado, la sociedad y las familias para garantizar su acceso a salud, nutrición, educación inicial, cuidado, protección y participación.Una década después, aunque el país cuenta con un marco normativo sólido y registra avances en la consolidación de la atención integral, persiste uno de los principales desafíos que motivaron la creación de esta política: cerrar las brechas y garantizar que los derechos de la primera infancia se cumplan sin importar el territorio donde viven. De acuerdo con cifras oficiales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reporta un avance cercano al 88 % en la meta de atender integralmente a 1,9 millones de niñas y niños. Sin embargo, para Red PaPaz, esta cifra debe analizarse frente al universo total de población en primera infancia: alrededor de 4,34 millones de niñas y niños entre cero y cinco años.Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, explicó a Blu Radio que la diferencia evidencia el tamaño del reto. Según señaló, la meta institucional no alcanza a cubrir a la totalidad de los niños que requieren servicios integrales de salud, nutrición, educación inicial, cuidado y protección.La preocupación aumenta cuando se revisa la situación por territorios. Las mayores brechas permanecen en zonas rurales dispersas, comunidades étnicas y regiones afectadas por el conflicto armado, donde las dificultades para garantizar una atención integral siguen siendo mayores. A esto se suma el reto de fortalecer el acompañamiento a los municipios para mejorar la gestión territorial de la política.Piñeros insistió en que hablar de atención integral implica mucho más que garantizar el acceso a la educación inicial. La salud, la vacunación, la nutrición, el cuidado y la protección hacen parte de un mismo conjunto de derechos que resultan determinantes durante los primeros años de vida. El reciente terremoto también puso sobre la mesa nuevas dificultades. La directora de Red PaPaz advirtió que al menos 78 centros de desarrollo infantil resultaron afectados en medio de la emergencia, lo que representa un nuevo desafío para garantizar la continuidad de la atención de los niños en las zonas impactadas, particularmente en departamentos como Chocó.Para la organización, el aniversario de la Ley de Cero a Siempre debe convertirse en un punto de inflexión para el país y para el nuevo Gobierno. La petición es que durante los próximos cuatro años se fortalezcan las acciones de seguimiento, la inversión y, especialmente, la mirada territorial para evitar que los derechos establecidos en la ley se queden únicamente en el papel.Otro de los llamados está relacionado con la financiación. Red PaPaz plantea que Colombia debería avanzar hacia una inversión equivalente, como mínimo, al 1,16 % del Producto Interno Bruto en primera infancia. Piñeros recordó que el Gobierno anterior destinó alrededor del 0,84 % del PIB a este sector y señaló que todavía no se conocen los datos definitivos de ejecución.La discusión cobra mayor relevancia porque, según Red PaPaz, la primera infancia representa una de las inversiones sociales con mayor impacto a largo plazo. Una adecuada atención durante los primeros años puede contribuir a reducir enfermedades, fortalecer el desarrollo y mejorar las capacidades de aprendizaje y bienestar de las nuevas generaciones.A diez años de la Ley de Cero a Siempre, el desafío para Colombia ya no es únicamente mantener una política de Estado para la primera infancia, sino lograr que sus beneficios lleguen efectivamente a todos los niños y niñas, especialmente a quienes viven en los territorios donde las brechas siguen siendo más profundas.
El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, solicitó formalmente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, remitir el expediente que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco de una controversia sobre la autoridad que debe asumir el conocimiento de los hechos investigados.La solicitud fue presentada después de que la defensa del exmandatario radicara un memorial en el que pidió que se propusiera un conflicto de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.Según el documento de la Comisión, la controversia está relacionada con una hipótesis investigativa que vincula a Uribe con el delito de concierto para delinquir agravado por hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.La Comisión señala que, de acuerdo con esa hipótesis, la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003, cuando Álvaro Uribe Vélez ya ejercía como presidente de la República, cargo que ocupó entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.En el memorial citado por la Comisión se plantea que, debido al carácter permanente del delito de concierto para delinquir agravado y al momento en que habría cesado la presunta actividad delictiva, existiría una razón objetiva para que la Comisión de Investigación y Acusación asumiera el conocimiento de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el periodo en que Uribe ejerció la Presidencia.El documento señala que la Comisión aprobó por unanimidad, durante la sesión del 19 de agosto de 2026, plantear la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que la Comisión asuma el conocimiento de la actuación.La solicitud de remisión del expediente se produce, entonces, en medio de la discusión sobre cuál autoridad debe asumir el conocimiento de los hechos que, según la hipótesis investigativa mencionada en el documento, se habrían extendido hasta 2003.En el oficio también se hace referencia a hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y a la época en que Uribe se desempeñó como gobernador de Antioquia, antes de llegar a la Presidencia de la República.¿Qué pasaría si la Fiscalía no acepta la solicitud?En caso de que la Fiscalía no acceda a la solicitud de la Comisión, el presidente de esta corporación pide que, previa respuesta de la entidad, el expediente objeto de la colisión de competencia sea remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional.El propósito sería que esa corporación dirima la colisión de competencia, de acuerdo con lo señalado en el oficio y con fundamento en el artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política.
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 26 de agosto de 2026:Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, habló sobre el debate alrededor del borrador de decreto del Ministerio de Educación que regula los colegios en concesión. Defendió este modelo, implementado durante sus administraciones en Bogotá, y aseguró que ha permitido mejorar los resultados académicos de estudiantes de sectores vulnerables.Sebastián Restrepo, director ejecutivo de Fenalco Risaralda, entregó un balance sobre las afectaciones del comercio en Pereira tras el terremoto. Señaló que cerca de 8.000 comerciantes han resultado afectados en la ciudad y que alrededor de 1.400 negocios llevan más de dos semanas sin poder facturar.Pablo Bustos, abogado y director de la Red de Veedurías, habló sobre las denuncias relacionadas con el proceso de contratación para una subestación eléctrica en Lorica, Córdoba. Aseguró que el contrato, inicialmente estimado en cerca de 650.000 millones de pesos, podría representar un detrimento patrimonial cercano a los 2 billones de pesos.Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, analizó el crecimiento reciente de la economía colombiana y explicó que, aunque hay cifras positivas, el país no está creciendo a niveles extraordinarios frente a otras economías emergentes.Escuche el programa completo acá:
Con una expectativa de 53.000 visitantes profesionales y compradores procedentes de más de 50 países, inició en Medellín un nuevo encuentro de la industria de la construcción, evento que proyecta un impacto económico de 15.3 millones de dólares para la ciudad.Durante los cuatro días de la feria participan más de 500 empresas expositoras de 16 naciones, entre ellas ocho firmas de materiales, insumos y servicios apoyadas por la Alcaldía de Medellín, además de siete emprendimientos gastronómicos locales.La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, destacó que el sector constructor representa un pilar fundamental que dinamiza la economía local, al aportar más del 5 % del PIB distrital y sostener más de 162.000 empleos en la región."Expocamacol es la oportunidad para impulsar la competitividad empresarial del sector construcción, la innovación y el posicionamiento en Medellín como un destino de eventos de talla mundial y un referente internacional para los negocios. Para Medellín, el sector constructor es un pilar fundamental que dinamiza nuestra economía, aportando más del 5 por 100 del PIB distrital y sosteniendo más de 162.000 empleos en la región", afirmó.Como parte de la agenda, en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y ProColombia, se llevará a cabo una rueda de negocios con 150 compradores para superar las 2.000 citas comerciales, impulsando los insumos locales en mercados de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos.
La situación en el corazón de Pereira es crítica. El sismo ha dejado un saldo de unos 4.000 comercios afectados únicamente en la zona céntrica, cifra que se eleva a entre 7.000 y 8.000 comerciantes damnificados si se considera toda la ciudad, de un total de aproximadamente 35.000 a 40.000 negocios registrados ante la Cámara de Comercio. La falta de servicios básicos agrava la situación. Restrepo explicó que "en el centro de la ciudad todavía no tenemos energía eléctrica" debido a que "hay muchas zonas y muchos sobre todo edificaciones que están en riesgo de colapso y que están en proceso de demolición".Esto ha forzado a muchos comerciantes a desplazarse o mantener sus puertas cerradas, afectando gravemente a la venta al detal, que depende del día a día. Según el dirigente gremial, hay cerca de 100 comercios que desde el día del sismo "no facturan un solo peso porque sus tiendas están afectadas". La amenaza del desempleo y el fantasma de la crisis de 2008Antes del sismo, Pereira registraba una tasa de desempleo históricamente positiva del 7,8%. No obstante, la parálisis comercial amenaza con desatar una crisis laboral de gran escala. "Hoy las proyecciones que nosotros podemos llegar a hacer, y eso estamos casi seguros, es que van a pasar los dos dígitos, lo cual sería retroceder a cifras que en Pereira hace más de 6 años no tenemos", alertó Restrepo. Este retroceso evoca la profunda crisis de migración y economía del año 2008, cuando Pereira llegó a ser la ciudad con mayor desempleo del país, una situación que requirió 15 años de trabajo articulado para superarseEl temor de perder miles de empleos aumenta a medida que las obligaciones financieras de los empresarios continúan corriendo a pesar de que sus ingresos están en ceros. Durante la fase actual de rehabilitación y remoción de escombros, el gremio ha recibido la visita del ministro de Comercio, Mauricio Gómez, a quien le han planteado peticiones de fondo. Fenalco Risaralda enfatiza que el sector no necesita más endeudamiento, sino medidas de alivio directo y subsidios que impidan la quiebra masiva de los locales.Escuche aquí la entrevista:
