A las empresas de seguridad privada les cayeron con todo en las últimas semanas para establecer posibles filtraciones de grupos delincuenciales, las cuales estarían recibiendo armas de fuego para su operación, pero que terminaban en manos de organizaciones ilegales. Al menos dos de estas funcionan en Barranquilla. La revelación fue realizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tras anunciar la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas que tendrían esta presunta filtración de grupos que operarían con fines propios, diferentes a los establecidos en el objeto de la empresa respaldada con el permiso. "Entre las decisiones adoptadas se encuentran medidas contra compañías en distintas regiones del país, como Barranquilla, sede de las empresas Atenas Seguridad Privada ltda. y Maximus Seguridad Privada ltda.,a las cuales se les canceló la licencia en fallo de primera instancia", manifestó la Superintendencia. Entre las actuaciones que habrían permitido identificar la presunta irregularidad en el manejo de las armas, está el hallazgo pruebas en diferentes escenas de crimen que asociaban el uso de esas armas en hechos delictivos. Incluso, encontraban asociaciones entre el uso de éstas por parte de miembros de bandas delincuenciales. Adicionalmente, la Superintendencia informó que próximamente ocho empresas más van a ser sancionadas como resultado de investigaciones en curso. "Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad” explicó el superintendente Larry Álvarez, señalando que “el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales".
Jorge Eliecer Díaz Collazos, más conocido con el alias de ’Castor’, está afinando sus acercamientos con el gobierno y con la justicia para obtener beneficios ante una eventual condena, teniendo en cuenta su papel como determinador al ser líder de la organización criminal de Los Costeños, donde se calcula que ha ordenado más de 100 homicidios en los últimos años.Para esto alista para el viernes 4 de octubre la entrega de decenas de armas, entre revólveres y pistolas, en la ciudad de Barranquilla, donde el grupo delincuencial tiene su centro de operaciones. En este, no habrá presencia de ninguno de sus miembros, sin embargo, sería un acto de voluntad para avanzar en un proceso de inclusión en la llamada paz total. Se trata de 30 armas que harán parte de una primera entrega, pues la defensa de 'Castor' prevé otras más. Esta sería la primera vez que una célula urbana delincuencial realiza un masivo desarme con armas de fuego de fabricación industrial. Aunque aún no se confirma la presencia de autoridades en el evento, hasta el presidente fue invitado a asistir, teniendo en cuenta que esto coincide con su visita a la capital del Atlántico. Por otra parte, Blu Radio conoció que 'Castor' está buscando firmar un preacuerdo con la Fiscalía para entregar información sobre la participación en diferentes homicidios. La gestión está siendo liderada por su defensa, quien indicó que ya hubo un traslado de Díaz Collazos a la cárcel La Picota de Bogotá, para avanzar con las conversaciones de este convenio. Pese a que sobre el líder de Los Costeños hay un vencimiento de término frente al proceso que actualmente lo tiene con medida de detención intramural, no buscará la libertad a través de este proceso por las conversaciones que adelanta con el Gobierno.Entre otros temas, 'Castor', estaría buscando una reducción de condena a unos 20 años, pues también lideraría la desmovilización de los miembros de su organización.
Cuando transitaba por la conocida calle 12 de octubre, en el barrio Obrero, de la isla de San Andrés, dos delincuentes en moto dispararon, sin mediar antes una palabra, contra un menor de 17 años de edad, quien perdió la vida poco después de ser llevado a un centro asistencial con varios impactos de bala en su cuerpo.Ante este hecho, cuyo móvil es investigado por la Policía Nacional, la coronel Doris Manosalva Pinto, comandante de la Policía del archipiélago, indicó que hay un ofrecimiento de una millonaria recompensa."Mediante labores de vecindario hemos logrado establecer datos importantes. En este momento personal de Policía Judicial e Inteligencia trabajan intensamente para esclarecer los hechos. Lamentamos los hechos y nos unimos al dolor de la familia", expresó la coronel Manosalva.La muerte del menor ha generado consternación en la isla, ya que afirman que la víctima se destacaba en la comunidad por su don de servicio.Otros casos que han conmocionado a sanandresanos este añoEn el mes de octubre el temor se apoderó de los habitantes de San Andrés y Providencia, tras el macabro hallazgo de una persona descuartizada, cuyos restos fueron abandonados en la Laguna Big Pond, en el sur del archipiélago, lo que llevó a desplegar un grupo especial con Policía Judicial y CTI de la Fiscalía para determinar los móviles del atroz crimen.Las autoridades encontraron el cuerpo desmembrado en el interior de una bolsa, luego de recibir una llamada a la línea 123 que alertó sobre la presencia de un paquete sospechoso en el lago por parte de la comunidad.Al llegar a la zona donde se encontraba el "paquete sospechoso", miembros de la Policía de San Andrés hallaron las partes del cuerpo del hombre que, según la versión oficial entregada, fue asesinado de manera violenta pocas horas antes de encontrar sus restos.Le puede interesar este contenido:
En la plenaria del Senado fueron citados el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el director del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Andrés Ernesto Díaz, con el propósito de responder sobre la situación penitenciaria del país, infraestructura carcelaria y los programas de resocialización para los presos.La citación fue hecha por los senadores de la Alianza Verde - Centro Esperanza, Gustavo Moreno, Guido Echeverry Piedrahita, Jairo Alberto Castellanos Serrano y Berenice Bedoya, así como miembros de la Comisión Accidental de Seguimiento, Vigilancia y Control al Sistema Penitenciario y Carcelario.El punto de mayor preocupación por parte de los citantes es la gravedad del hacinamiento en los centros carcelarios y que lamentablemente se desbordó en los centros de reclusión transitoria como estaciones de Policía y URI, y hasta centros improvisados como casas abandonadas y bodegas; las cuales llegan hasta 170 % en promedio, pero en algunos centros, como en La Guajira, se registra hacinamiento de hasta el 2.000 %.Otro de los puntos de mayor debate fue el del desempeño de la USPEC: “El Presupuesto de las USPEC es de 1,5 billones de pesos al año: de ese dinero el 99.5 % está destinado a funcionamiento y no se ve la inversión de ese dinero. Solo el 0.14 % se está gastando en proyectos de resocialización de internos”, señaló el senador Moreno.A su turno, el ministro de Justicia resaltó que actualmente hay 195.260 personas presas, de las cuales hay 97.300 en centros carcelarios administrados por el INPEC, 71.185 están en detención domiciliaria, 2.900 detenidas en cárceles territoriales municipales y departamentales, 22.319 en estaciones de Policía y 1.561 en una Unidad de Reacción Inmediata (URI).“En las cárceles hay sobrepoblación del 19 %. El problema está en las estaciones de Policía donde tenemos un hacinamiento de 167 % y en las URI de hasta el 30 %”, señaló Osuna.Por último, el ministro señaló que desde el Gobierno se propone una reforma al sistema penal y la política criminal el país, la cual será presentada en marzo de 2023.“Proponemos una reforma al sistema penal y la política criminal del país. Lo más oportuno será presentar el proyecto en marzo del próximo año. Ya está el borrador, ya se lo he compartido a varios congresistas para comenzar a discutir y tendría varios ejes: uso racional de la cárcel, es decir menores penas; aplicar los subrogados penitenciarios; mayor resocialización de presos; buscar un convenio con facultades de medicina para que el año rural pueda hacerse en las cárceles, aplicar un sistema de justicia restaurativa; implementar brigadas jurídicas de los consultorios jurídicos de las universidades en las cárceles, entre otros. Necesitamos una política criminal humanista que priorice la resocialización y que entienda que los detenidos son seres humanos”, puntualizó el ministro.Escuche el podcast: Corazón Leopardo
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el Gobierno retirará el polémico artículo 167 en el borrador de Política Criminal que planteaba que los medios escritos, radiales y de televisión debían por obligación hacer una campaña para sensibilizar a los colombianos acerca de la política criminal y la justicia restaurativa. Los artículos o piezas comunicativas, como estaba planteado, deberían ser del corresponsal, pero aprobados por el Consejo Superior de Política Criminal. “No lo comparto, pero primero una pequeña aclaración. Ese proyecto de ley no tiene que ver con la política de sometimiento o acogimiento, esto es una iniciativa que estamos preparando, apenas van borradores, para presentarlo en marzo del año entrante en el Congreso de la República, pero ciertamente quisimos publicar sucesivos borradores que hemos venido haciendo para abrir la discusión, porque sabemos que se generará controversia. Lo que no quiero es que genere sorpresas. La controversia tiene sentido para irlo mejorando", sostuvo el ministro Osuna. El ministro de Justicia aseguró que el espíritu de la iniciativa buscaba sensibilizar a los colombianos en cuanto a la humanización de la política penal y penitenciaria; Osuna sostuvo que la ley de estupefacientes cuenta con un artículo muy parecido. "Se busca superar el estado de cosas inconstitucional que la Corte declaró hace más de 20 años. Para eso tiene medidas de resocialización, de justicia restaurativa, en fin, un cierto tipo de medidas de humanización de la política penal y penitenciaria. Dentro de eso, ciertamente, incluimos en un borrador ese artículo que ha suscitado incomodidades y que por supuesto corregiremos", comunicó el funcionario. De acuerdo con el ministro Osuna, la norma similar a la ley de estupefacientes se encuentra presente en la actual legislación y el debate pone sobre la mesa la posibilidad de que sea derogado. "A lo mejor es una historia que hay que corregir, no solo en este borrador, sino en la legislación colombiana. La ley 30 de 1986, del gobierno de Virgilio Barco, que es la ley de estupefacientes, contiene un artículo muy parecido, dice que los medios escritos, televisión, radio, de comunicación, tienen la obligación de hacer campañas para evitar el narcotráfico y prevenir el consumo y la drogadicción y que los contenidos, o los pueden tomar, de los medios que haga el Gobierno o los puede hacer el propio medio de comunicación, pero que en ese caso requiere la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes. Eso está vigente al día de hoy", declaró el funcionario. El cuestionado artículo decía: "A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos".
La madrugada de este domingo fue el escenario de un fuerte enfrentamiento entre la fuerza pública y supuestos mineros informales en zona rural del municipio de Segovia en donde en medio de un operativo contra la ilegalidad se reportaron alteraciones al orden público.Una vez la Dirección Nacional de Carabineros llegó al Nordeste antioqueño y comenzó con los procedimientos, la comunidad que, al parecer, trabajaba de manera irregular dentro de socavones se resistió de manera violenta, lo que ocasionó la reacción inmediata de la Policía Nacional.En medio de la tensión, los gases lacrimógenos se hicieron presentes en el lugar y por ello decenas de personas de las zonas aledañas al lugar de la intervención se vieron afectadas, entre ellos, adultos mayores y menores de edad que salieron en la madrugada de sus casas para evadir la confrontación.Wilson Plata, comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos de Segovia, indicó que al llegar al lugar para ayudar en la evacuación de los afectados, varios de sus hombres fueron agredidos por la misma comunidad."Llegando al barrio Taparal, son detenidos nuestras unidades, bajados del vehículo y agredidos físicamente. No estamos en ningún conflicto armado, somos neutrales", indicó el uniformado.La información que se ha conocido hasta ahora es que una persona murió y otra resultó gravemente herida producto de las confrontaciones. Aunque la situación está controlada, sigue en ejecución la operación que busca afectar la economía ilícita de la minería, así como la ocupación irregular de socavones de algunas empresas con presencia en el Nordeste antioqueño.Además, se espera definir con exactitud los daños materiales que dejaron los desmanes, ya que en redes sociales se han hecho virales algunas imágenes en donde se logra evidenciar lo que serían algunas oficinas de una empresa minera quemadas por lo que serían los informales en el municipio de Segovia.
La muerte del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales referentes de la política exterior del Partido Republicano de Estados Unidos y uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump, ha generado reacciones en Colombia.La Embajada de Colombia en Estados Unidos, así como los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, lamentaron su fallecimiento y destacaron el papel que desempeñó en la relación entre ambos países.A través de un comunicado, la Embajada de Colombia en Washington expresó sus condolencias por la muerte del senador y afirmó que, durante su carrera política, contribuyó a fortalecer el diálogo entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad compartida, la estabilidad regional y la cooperación bilateral. Además, envió un mensaje de solidaridad a su familia, sus colaboradores y a los habitantes de Carolina del Sur, estado que representaba.Expresidentes colombianos también reaccionaronLos expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque también reaccionaron. Uribe aseguró que Graham "ayudó mucho" durante los gobiernos que encabezó, mientras que Duque lo describió como un "gran amigo de Colombia" y un defensor de la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia.La relación pública de Lindsey Graham con Colombia quedó reflejada en varias publicaciones en su cuenta de X. Una de las más destacada ocurrió el 19 de mayo de 2021, en pleno estallido social.Ese día, el senador informó que había sostenido una conversación telefónica con el entonces presidente Iván Duque sobre la situación del país. Tras ese diálogo, manifestó su respaldo al mandatario colombiano y reiteró que seguiría apoyando una relación sólida entre Colombia y Estados Unidos, al considerar que Colombia era un socio "invaluable" para Washington en la región.“Siempre es difícil encontrar un equilibrio entre apoyar a los manifestantes pacíficos y enfrentar a los agitadores que buscan desestabilizar”, escribía en 2021.Años más tarde, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el discurso de Graham frente a Colombia cambió significativamente y se concentró en la lucha contra el narcotráfico.En junio de 2025 reaccionó al atentado contra Miguel Uribe Turbay, entonces candidato presidencial del Centro Democrático. El senador calificó el ataque como profundamente preocupante, pidió que los capturados fueran protegidos e interrogados adecuadamente y advirtió que "Estados Unidos está observando".Meses después, en octubre de 2025, en medio de la tensión diplomática y comercial entre Colombia y Washington, respaldó públicamente la decisión de Trump de imponer aranceles contra Colombia. En una publicación aseguró que el mandatario estadounidense golpearía al país "donde más le duele: en el bolsillo" y advirtió que quienes continuaran involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos "pagarían un precio muy alto".Uno de los conceptos que Lindsey Graham popularizó en sus intervenciones fue el de "califato del narcotráfico", expresión con la que agrupó a Venezuela, Cuba y Colombia al referirse a las estructuras que, según él, alimentaban el narcotráfico en el hemisferio.En noviembre de 2025 sostuvo que el gobierno de Trump estaba decidido a enfrentar lo que calificó como un Estado narcoterrorista en Venezuela y afirmó que existía un "califato del narcotráfico" en el vecindario de Estados Unidos integrado por Venezuela, Colombia y Cuba.Graham murió este 12 de julio a los 71 años a causa de una "enfermedad breve y repentina", según informó su oficina. Además de ser uno de los aliados más cercanos de Donald Trump en el Senado, fue una figura influyente en la política exterior estadounidense y mantuvo una relación constante con Colombia, primero como promotor de la cooperación bilateral y, posteriormente, como uno de los principales defensores de una política de mayor presión contra el país en materia de narcotráfico.
Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación este domingo en su perfil de la red social 'X' por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían "robado".La selección noruega quedó eliminada este sábado del Mundial pese a adelantarse en el marcador en el minuto 36.Jude Bellingham firmó un doblete para Inglaterra. Marcó su primer gol poco antes del descanso y el 1-2 definitivo en la prórroga (m.93) de un duelo no exento de polémica arbitral.Las cámaras de 'Fox' captaron un supuesto rebote del balón en el cable de la 'sky cam' en el origen de la jugada que desembocó en el 1-1 de Inglaterra.La FIFA emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido: "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón". Además, adjuntó un video al mensaje para demostrarlo.Esa acción y otras desataron los comentarios y la polémica en las redes sociales, a los que se unió el padre de Haaland, Alfie Haaland, en contra del árbitro francés."Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron", afirmó Alfie.
Finalmente, la reducción de la jornada laboral en Colombia está en su etapa final, pues desde el próximo 15 de julio de 2026 la mayoría de empleados deberá trabajar un máximo de 42 horas semanales, un cambio que busca brindarles un equilibrio entre la vida laboral y personal, sin que esto afecte el salario de los trabajadores. Sin embargo, esta medida no aplica para todos.La razón está en la Ley 2101 de 2021, norma que modificó el Código Sustantivo del Trabajo y estableció una serie de excepciones para algunos cargos y actividades. Esto indica que, si bien millones de trabajadores verán reducida su jornada, otros deberán continuar bajo regímenes especiales aprobados por la legislación laboral.¿Quiénes no tendrán reducción de la jornada laboral?Resulta que la ley establece que algunos trabajadores no estarán sujetos a la jornada máxima legal debido a las funciones que desempeñan. Entre ellos:Trabajadores de dirección, confianza y manejo.Personal de vigilancia con régimen especial.Trabajadores con jornadas especiales por actividades peligrosas o insalubres.Además, en el caso de los cargos de dirección y confianza, como gerentes o directores financieros, la legislación establece que no están limitados por la jornada máxima semanal, ya que sus funciones implican representación del empleador y toma de decisiones estratégicas.Por su parte, el personal de vigilancia privada puede acordar jornadas especiales de hasta 12 horas diarias y 60 semanales, siempre y cuando cumpla los requisitos previstos en la ley.También quedan por fuera quienes desempeñan labores consideradas peligrosas o insalubres y que ya cuentan con horarios especiales definidos para proteger la salud y la seguridad.Ley 2101 de 2021: así quedó la reducción de la jornada laboralLa reducción de la jornada se implementó de manera gradual desde 2023:En 2023 pasó de 48 a 47 horas.En 2024 bajó a 46 horas.En 2025 se redujo a 44 horas.Desde el 15 de julio de 2026 será de 42 horas semanales.La norma también permite que esas horas puedan distribuirse en cinco o seis días, siempre que exista un acuerdo entre el empleador y el trabajador y se respeten los límites diarios establecidos en la legislación.Un ejemplo es el de un auxiliar administrativo que actualmente trabaja 44 horas a la semana. Desde la entrada en vigor de la medida, la empresa deberá organizar su horario para ajustarlo a 42 horas, sin que se modifiquen el salario ni sus prestaciones.Reducción de la jornada laboral no cambia el salarioUno de los puntos más importantes de la Ley 2101 de 2021 es que disminuye las horas laborales, pero no puede usarse para reducir factores como el salario, las prestaciones sociales, las vacaciones, los aportes a seguridad social ni ningún otro derecho laboral.Además, este cambio coincide con otra modificación para empresas y trabajadores. Desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajo en domingos y festivos pasó del 80 % al 90 %, conforme a la Ley 2466 de 2025.
La creciente del río Chicamocha ocasionó una grave afectación en el kilómetro 53 de este corredor vial. El tránsito opera a un solo carril y permanece restringido para vehículos de carga mientras se adelantan las reparaciones.Las fuertes lluvias que se registran en Santander continúan afectando la infraestructura vial del departamento. En las últimas horas, las autoridades confirmaron una emergencia en el kilómetro 53 de la vía Bucaramanga–San Gil, sector de Pescadero, donde la creciente del río Chicamocha provocó una socavación en la estructura que soporta la carpeta asfáltica.De acuerdo con el reporte oficial, la fuerza del agua ocasionó el desplazamiento del muro de contención ubicado sobre el costado derecho de la carretera, comprometiendo la estabilidad de la vía y obligando a implementar medidas preventivas para proteger a los usuarios.Como medida de seguridad, el corredor permanece habilitado únicamente a un carril, con paso controlado por las autoridades. Además, fue restringida la circulación de vehículos de transporte de carga hasta que las condiciones permitan garantizar una movilidad segura.En el lugar hacen presencia funcionarios de Invías, personal técnico y uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte, quienes adelantan labores de señalización preventiva, regulación del tráfico y monitoreo permanente de la zona para evitar nuevos riesgos mientras se realizan las evaluaciones estructurales.Las autoridades recomendaron a los conductores disminuir la velocidad al llegar al sector de Pescadero, respetar la señalización instalada y seguir las instrucciones del personal encargado del manejo del tránsito. También aconsejaron programar los desplazamientos con anticipación debido a las posibles demoras que se podrían presentar durante el paso controlado.Invías informó que mantendrá el acompañamiento técnico y operativo hasta ejecutar las obras necesarias para recuperar la estabilidad de la vía y restablecer la movilidad en condiciones seguras. Los usuarios podrán consultar el estado actualizado de este y otros corredores nacionales a través de la línea gratuita #767 y de los canales oficiales de la entidad.
