Colombia consolida su reindustrialización económica y ambiental tras revelar los resultados del 5° Encuentro Nacional de Parques Eco-Industriales, un evento que reunió a líderes del sector para masificar la economía circular y la eficiencia de recursos en el país.El Hotel Tequendama de Bogotá fue el escenario donde cerca de 150 tomadores de decisión, entre empresarios, Gobierno Nacional y organismos internacionales como la ONUDI y el Banco Mundial, evaluaron el impacto del Programa Global de Parques Eco-Industriales (GEIPP). Esta iniciativa, financiada por la cooperación suiza (SECO), busca mejorar la rentabilidad empresarial mediante la sostenibilidad.¿Cuáles son los beneficios ambientales de los parques eco-industriales?El programa vincula a más de 80 empresas en regiones estratégicas como Bolívar, Atlántico, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Bogotá. Los impactos concretos del modelo registran un ahorro energético equivalente al consumo de 7.886 hogares colombianos y una optimización de agua comparable a 137 piscinas olímpicas. Asimismo, se logró la reducción de emisiones de CO₂ equivalente a 895.818 árboles y una disminución de residuos equivalente a 484 camiones de basura.El modelo demostró que la eficiencia operativa se traduce en ventajas financieras. El sector privado ya movilizó más de USD 13 millones de una necesidad estimada de USD 25 millones para implementar las mejoras. Como resultado, las compañías participantes alcanzaron retornos promedio de USD 2.8 millones anuales. Durante la jornada se anunció la alianza con el Banco Mundial para escalar el proyecto y la certificación del primer Parque Eco-Industrial del mundo, además de una zona franca bajo la norma NTC 6720:2023."Colombia ha demostrado que la sostenibilidad no es un costo, sino el motor de la nueva competitividad. Con una movilización de recursos que supera las metas iniciales, el país se consolida como el laboratorio de parques eco-industriales más exitoso de América Latina, probando que la colaboración entre empresas reduce drásticamente la huella de carbono mientras aumenta la rentabilidad", afirmó César Barahona, Coordinador General del programa en el país.
La Sabana de Bogotá se consolida como el principal polo de crecimiento de la construcción industrial en Colombia. La reducción de suelo disponible dentro del perímetro urbano de la capital, sumada a las restricciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ha impulsado una relocalización sostenida de proyectos logísticos, centros de distribución y plantas de producción hacia municipios como Funza, Mosquera, Cota y Zipaquirá, donde existen condiciones más favorables para el desarrollo de este tipo de infraestructura.De acuerdo con Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores, la oferta de terrenos industriales en Bogotá ha disminuido de manera significativa en los últimos años, lo que ha elevado los precios del suelo urbano y generado un desplazamiento natural de la inversión hacia zonas con mayor disponibilidad, mejor conectividad vial y procesos normativos más ágiles.Esta migración responde también al auge del comercio electrónico y al crecimiento del transporte y la manufactura, sectores que demandan cada vez más espacios amplios, flexibles y con clara vocación logística.Según los escenarios macroeconómicos citados por Camacol en su Revista Urbana, a partir de 2027 la economía colombiana mantendría una senda de crecimiento moderado, apalancada en la fortaleza de la demanda interna y en la reactivación gradual de la inversión productiva.En este contexto, la construcción industrial y logística se consolida como un componente estratégico del desempeño económico, al acompañar la expansión de la manufactura, el comercio y las cadenas de distribución.Los municipios de la Sabana ofrecen hoy ventajas competitivas decisivas: menores costos por metro cuadrado, licencias más rápidas, disponibilidad de servicios públicos y acceso directo a las principales autopistas nacionales.Estas condiciones han favorecido el desarrollo de bodegas modulares, centros logísticos y parques industriales planificados, diseñados para optimizar operaciones y reducir tiempos de distribución.“En los últimos cinco años, la construcción de infraestructura industrial en la Sabana se ha duplicado, lo que evidencia un cambio estructural en el modelo de crecimiento regional. Solo en el último año, la mayoría de los nuevos proyectos se concentraron fuera del perímetro de Bogotá, especialmente en los corredores estratégicos del occidente y norte”, señaló Bermúdez.Los analistas coinciden en que esta tendencia continuará en los próximos años, impulsada por la ubicación estratégica de la Sabana, la disponibilidad de suelo y la articulación público-privada que ha permitido mejorar la planeación y la dotación de servicios. No obstante, persisten retos clave como la infraestructura vial, los tiempos de licenciamiento y la coordinación entre municipios.Desde la perspectiva técnica de Bermúdez Constructores, uno de los principales desafíos es equilibrar el desarrollo entre Bogotá y su área metropolitana. Para ello, resulta fundamental promover la renovación de suelos subutilizados dentro de la ciudad y fortalecer las políticas de planificación metropolitana, de modo que la expansión industrial responda a una estrategia integral de desarrollo económico sostenible.La transformación del suelo industrial ya está en marcha y todo indica que la Sabana de Bogotá seguirá liderando el nuevo ciclo de crecimiento productivo del país, consolidándose como un eje estratégico para la inversión, la logística y la competitividad nacional.
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha 285 operativos de inspección, vigilancia y control para reforzar la seguridad sanitaria de alimentos, bebidas y juguetes que se comercializan durante la temporada de fin de año.Estos operativos se desarrollan entre el 15 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026 e incluyen supervisiones en supermercados, tiendas, panaderías, restaurantes, depósitos de alimentos, expendios de alcohol y puntos de venta de juguetes. Las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar serán las más intervenidas por su alta actividad comercial en esta época.“En esta temporada de celebraciones es fundamental garantizar que los productos que consumen las familias bogotanas sean seguros. Por eso intensificamos nuestras acciones para identificar y retirar del mercado aquellos que puedan representar un riesgo”, afirmó Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.La Secretaría confirmó que estos operativos se concentrarán en fechas clave de noviembre y diciembre, con controles en establecimientos de alta afluencia y acciones conjuntas con otras entidades distritales. Además, se tomarán muestras de alimentos y bebidas para verificar su seguridad y se realizarán campañas pedagógicas dirigidas a comerciantes y ciudadanos para promover buenas prácticas de manipulación, compra y venta responsable.El Distrito invita a los ciudadanos a adoptar varias recomendaciones para garantizar compras y consumos seguros durante esta temporada. En el caso de los alimentos, sugiere comprar únicamente en establecimientos formales, revisar las etiquetas y fechas de vencimiento, y evitar productos con empaques dañados o en mal estado.Para las bebidas alcohólicas, la Secretaría recuerda verificar que los envases estén sellados y sin alteraciones, escanear el código QR de la estampilla para confirmar su autenticidad y desechar adecuadamente las botellas después del consumo.En cuanto a los juguetes, se recomienda adquirir únicamente aquellos que cuenten con etiquetas en español, información del fabricante y certificaciones de seguridad para proteger a los menores.
La marca Larroudé se ha consolidado rápidamente como líder en calzado contemporáneo, ganando el premio Rising Star 2024 del Accessories Council, siendo nombrada "Marca del Año" en los Footwear News Achievement Awards y en medio de este creciente éxito surge el nombre de una colombiana: Daniela Camargo. Camargo ha rediseñado modelos de Larroudé que han resonado con la base de clientes en expansión de la marca, reforzando así su reputación de ofrecer diseños audaces y funcionales. Productos que ahora se venden en tiendas de renombre como Saks y Bloomingdale’s.Millie Bobby Brown, estrella nominada al Emmy de la serie Stranger Things de Netflix y la Embajadora de Buena Voluntad más joven de la historia de UNICEF usó los modelos Dolly Mule en rafia y Emma Pump en importantes apariciones públicas, presentando la marca para la que trabaja Camargo a una audiencia global de más de 60 millones de seguidores. Otras colaboraciones con íconos como Ming Smith en la MET Gala, Grace VanderWaal, y Connie Britton han consolidado aún más la reputación de Larroudé como una marca de referencia para mujeres destacadas en el entretenimiento, la música y las artes.Innovación sostenible pioneraUna de las características distintivas de la carrera de Daniela Camargo es su compromiso con la sostenibilidad. Ha desarrollado un textil biodegradable y sostenible de creación propia, lo que demuestra tanto su pericia técnica como su dedicación al diseño responsable con el medio ambiente. Este logro refuerza su papel como una líder en la transformación sostenible de la industria de la moda.“Optical Fantasy”, una colección inspirada en la majestuosidad de la Sagrada Familia. Las propuestas de Daniela se distinguen por siluetas que capturan la interacción entre la luz y las formas, inspirándose en el color y texturas de los mosaicos característicos de Gaudí. Estos referentes artísticos construyen la identidad visual de la colección Fotografía de Abigail Wornock.Los notables logros de Camargo como diseñadora, innovadora y embajadora de la creatividad colombiana la han llevado a ser reconocida en un entorno competitivo y muy cerrado. Su trabajo en Larroudé, sus colaboraciones con íconos globales y sus esfuerzos pioneros en materiales sostenibles son testimonio del talento y la visión que los diseñadores colombianos pueden aportar al escenario mundial.
Las icónicas chimeneas de Peldar serán contempladas en un proyecto de conservación y restauración emitido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el cual emitió concepto favorable para el plan parcial Peldar, en lo referente al componente patrimonial y a la incorporación de acciones en torno a la estación del ferrocarril que se encuentra en el municipio de Envigado. Este plan parcial, que tiene como objetivo la renovación urbana del predio, donde anteriormente se ubicaba la Cristalería Peldar, y el cual, es uno de los lugares que ha sido denominado por los envigadeños como patrimonio industrial del municipio, debido a que estas chimeneas no son solo estructuras artificiales, sino que, además, son elementos que históricamente han permanecido en este sitio y que cuentan la historia y el desarrollo industrial del municipio.Este proyecto contempla la conservación de las tres chimeneas de la antigua fábrica, así como la puesta en valor del Bien de Interés Cultural de Ámbito Nacional a la estación Manuel Uribe Ángel del Ferrocarril de AntioquiaAntioquia. Además de la reparación y conservación de las chimeneas que formarán parte del espacio público del Plan Parcial, se destinarán recursos para el desarrollo del espacio público en la Avenida Las Vegas, con el fin de resaltar la estación del ferrocarril.Este plan parcial se encuentra en la zona de influencia de este Bien de Interés Cultural, por lo que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, tiene competencia directa y fue el encargado de viabilizar el sistema patrimonial del mismo a través del Consejo Nacional de Patrimonio."Queremos informarle a toda la comunidad envigadeña que, por iniciativa del señor alcalde, se propuso al Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, la conservación de tres chimeneas en el plan parcial Peldar. Esta propuesta fue aprobada y avalada por el Consejo Nacional de Patrimonio. Esto nos permitirá a todos los envigadeños conservar el patrimonio industrial, no solamente envigados, sino de todo nuestro país", expresó Sergio Ríos Ospina, director de Planeación de esta localidad.Es importante recalcar que este concepto favorable se da, debido al trabajo articulado entre dicho ministerio, el metro de Medellín como formulador, y el municipio de Envigado.
La producción industrial de Colombia disminuyó un 1,9 % en agosto pasado si se compara con el mismo mes de 2023, informó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).Este resultado contrasta con el de julio, cuando la producción industrial creció un 0,7 % después de tres meses seguidos de descenso.La bajada del Índice de Producción Industrial (IPI) de agosto se explica por las variaciones negativas de la industria manufacturera, con una bajada del 1,8 %; explotación de minas y canteras (-4,6 %) y captación, tratamiento y distribución de agua con una variación de 1,3 %, agregó el DANE en un comunicado.Por su parte, el sector de suministro de electricidad y gas se anotó una subida del 1,1 %."En agosto de 2024 frente a agosto de 2023, de las 26 actividades industriales 20 presentaron variaciones negativas restando 2,8 puntos porcentuales a la variación anual y seis actividades presentaron variaciones positivas sumando 0,8 puntos porcentuales a la variación anual", agregó la información.Por último, el DANE apuntó que respecto al periodo enero-agosto de 2023 el IPI disminuyó 1,6 % este año.
Aleph Farms, de Rehovot, Israel, recibió el visto bueno inicial del Ministerio de Salud israelí en diciembre. Así lo anunció la compañía en un comunicado de prensa. La medida fue anunciada este miércoles por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien calificó el hecho como “un avance global”.La empresa israelí recibió esta luz verde preliminar por parte de funcionarios de salud que testearon la elaboración y condiciones del producto elaborado con células de carne vacuna cultivadas, en lugar de con el animal entero. La medida se produce tras la aprobación del pollo cultivado en laboratorios de Estados Unidos el año pasado.La empresa, además, dijo que planeaba presentar un "pequeño filete" cultivado a los comensales en Israel. Y afirmó que "la carne se cultivará a partir de células derivadas de un óvulo fertilizado de una vaca Black Angus llamada Lucy que vive en una granja de California".Los reguladores aún deben aprobar las etiquetas de la empresa y realizar una inspección final, dijo Yoav Reisler, de Aleph Farms. Después de eso, podrían pasar meses antes de que el producto se sirva a los comensales.Aleph Farms, por otra parte, se une a Upside Foods y Good Meat, dos empresas con sede en California que obtuvieron el visto bueno para vender pollo cultivado en Estados Unidos en junio. Más de 150 empresas en todo el mundo persiguen el objetivo de crear carne cultivada o "cultivada con células", también conocida como carne cultivada en laboratorio.Los defensores de esta práctica afirman que crear carne a partir de células reducirá drásticamente el daño a los animales y evitará los impactos ambientales de la producción de carne convencional. Sin embargo, la industria enfrenta obstáculos que incluyen altos costos y el desafío de producir suficiente carne a una escala lo suficientemente grande como para que la producción sea asequible y rentable.¿Cómo es el proceso de cultivación?La carne cultivada se cultiva en grandes tanques de acero utilizando células que provienen de un animal vivo, un óvulo fertilizado o un banco especial de células almacenadas. Las células originales se combinan con nutrientes especiales para ayudarlas a crecer hasta formar masas o láminas de carne a las que se les da forma de alimentos familiares como chuletas o filetes.El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibió también el apoyo del Grupo de Medios Educativos y Científicos del Instituto Médico Howard Hughes. Aleph también solicitó en el año 2023 la comercialización de su carne en Estados Unidos y Singapur, dos países líderes en la adopción de nuevas tendencias alimenticias, aunque aún no se ha emitido una respuesta oficial. En caso de apertura de estos mercados podría abrirse el camino a que otros países también consideren la adopción de la carne cultivada en laboratorio como una tendencia viable y el futuro de la alimentación consiente.
La Fiscalía General de la Nación informó que 33 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Puentes II’ fueron judicializados, luego de ser presentados ante jueces de control de garantías por hechos relacionados con el tráfico local de estupefacientes, homicidios y desaparición forzada en el sur de Bogotá.De acuerdo con la investigación, ‘Puentes II’ habría surgido en 2018 a partir de la unión de dos estructuras delincuenciales que anteriormente se disputaban las rentas derivadas del tráfico de estupefacientes: ‘El Mesa o Paisas’, originaria del Valle de Aburrá, en Antioquia, y ‘Los del Compa o El Viejo’. La Fiscalía sostiene que, después de esa unión, la organización habría establecido dos componentes para desarrollar sus actividades. Uno estaría dedicado al almacenamiento y distribución de bazuco, marihuana y cocaína, mientras que el otro tendría como función la ejecución de homicidios para controlar los puntos de expendio de estupefacientes.La investigación señala que las actividades del grupo se habrían concentrado en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle, en el sur de Bogotá. En esos sectores, algunos de sus integrantes estarían encargados de la venta de estupefacientes al menudeo en entornos académicos, parques y otros lugares de alta concurrencia, mientras que otros cumplirían labores de vigilancia, coordinación logística y participación en ataques con armas de fuego.La Fiscalía también atribuye a esta estructura al menos ocho homicidios y una desaparición forzada. Entre los hechos investigados está la desaparición de un hombre ocurrida en octubre de 2024. La víctima habría sido citada porque supuestamente conocía la ubicación de varias dosis de sustancias ilícitas que se encontraban perdidas y, desde ese momento, se desconoce su paradero.Dentro de los casos relacionados con los homicidios está el asesinato de una mujer ocurrido el pasado primero de febrero en el barrio Diana Turbay. A este hecho se suman la muerte de un joven cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del sector conocido como San Martín, en abril; un doble homicidio registrado en Molinos durante ese mismo mes, y el asesinato de un taxista ocurrido en agosto.En diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron capturadas o notificadas en centros carcelarios 33 personas que serían integrantes de ‘Puentes II’. Entre ellas se encuentra José Orlando Lancheros Ramírez, alias El Compa o El Viejo, quien ya fue condenado y es señalado como uno de los cabecillas y determinadores de varios homicidios.Los fiscales les imputaron, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
La Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional cumplir nuevas órdenes para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas. El alto tribunal estableció plazos de 20 y 30 días hábiles para que distintas entidades demuestren qué están haciendo y cómo garantizarán el cumplimiento de los compromisos."Para la Corte, la exigencia de la implementación normativa del Acuerdo no es una simple formalidad, sino que “(…) representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico", se lee en la decisión. Entre las principales exigencias está incluir un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, con recursos, proyectos y acciones concretas para cumplir lo pactado."En primer lugar, la Sala reitera que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado y que su implementación, desarrollo y seguimiento vinculan de buena fe a todas las autoridades. También explica que el Gobierno nacional cuenta con un amplio margen de apreciación para adoptar las acciones necesarias y para definir los medios de cumplimiento", señala la alta Corte.Además, pidió incorporar medidas para superar las fallas en las garantías de seguridad de los firmantes, situación que fue declarada como un estado de cosas inconstitucional en 2022. Para este punto, el Gobierno tendrá 30 días hábiles para entregar un informe detallado. Asimismo, la Corte requirió garantizar el funcionamiento efectivo de una entidad encargada de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Gobierno. Esta instancia deberá contar con presupuesto, personal, capacidad institucional y suficiente autoridad para coordinar a las diferentes entidades.En cuanto al seguimiento de los compromisos, el alto tribunal exigió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) garantizar la continuidad de esta instancia y su trabajo conjunto con los representantes de los firmantes. Para demostrar cómo se hará ese seguimiento, deberán presentar un informe en un plazo de 20 días hábiles. De igual forma, les pidió a los ministros del Interior, Defensa y Justicia, junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la Unidad Nacional de Protección y otros funcionarios, poner en funcionamiento el sistema encargado de planear, recopilar información y medir los avances en materia de seguridad. También deberán definir y entregar indicadores que permitan establecer si las medidas de protección están dando resultados. El plazo es de 20 días hábiles.Por otra parte, la Corte requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla medidas para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Esta instancia deberá demostrar en 20 días cómo está verificando que las medidas se cumplan efectivamente. A estas exigencias se suma la orden al Ministerio del Interior de presentar un balance sobre la Política Pública Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. El Gobierno deberá explicar en 20 días qué acciones adelanta para evitar la discriminación y los señalamientos contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz y cómo está haciendo seguimiento a su implementación.La Corte también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz. Esto implica demostrar qué acciones se están ejecutando para combatir las estructuras ilegales que amenazan a los firmantes y otros sectores protegidos por el Acuerdo. Finalmente, el alto tribunal requirió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que encabeza el Sistema Nacional de Reincorporación, garantizar el funcionamiento efectivo del subcomité encargado de coordinar, planificar y hacer seguimiento al Programa de Reincorporación Integral. La entidad deberá explicar cómo está articulando las acciones para que los excombatientes avancen en su reincorporación económica y social.La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que se aprobara un recorte de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La reducción obligó a la entidad a anunciar medidas de austeridad que incluyen entregar, en marzo del próximo año, su actual sede en Bogotá, trasladarse a un edificio más pequeño y convertir la virtualidad en la principal modalidad de trabajo.Además, el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, anunció una reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios y ajustes en los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes.
Las fiestas de fin de año podrían verse afectadas en las tradiciones de millones de hogares colombianos. En muchas familias, el consumo de cerveza hace parte de la temporada decembrina y, ante esto, el precio de esta bebida alcohólica podría aumentar si el Congreso aprueba el esquema tributario propuesto en la Ley de Rescate Económico.La propuesta ha generado preocupación entre los tenderos, que temen una reducción de las ventas durante diciembre, una temporada en la que estos establecimientos registran un mayor movimiento comercial por la venta de bebidas.De acuerdo con las estimaciones de Fenaltiendas, en el país hay cerca de 450.000 tiendas de barrio, que registran ventas anuales por alrededor de $48 billones. De ese total, $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a otras bebidas alcohólicas.Sin embargo, si la iniciativa se aprueba en los términos presentados, los ingresos por la comercialización de cerveza podrían bajar a $13 billones y los de bebidas no alcohólicas, a $11 billones. El gremio señala que esta caída podría deberse al aumento de los precios y a una eventual disminución del consumo.La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentó una estimación sobre el impacto que tendría el cambio en el precio al consumidor. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta en promedio $2.400 podría pasar a valer entre $3.571 y $3.841, lo que representaría un incremento de entre el 49 % y el 60 %.La congresista también advirtió que las tiendas de barrio comercializan cerca del 92 % de la cerveza que se vende en Colombia, por lo que un aumento de precios podría afectar los ingresos de estos negocios.¿Por qué podría subir el precio de la cerveza?El proyecto de Ley 477 de 2026 de la Cámara, radicado el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, propone reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza, que corresponde al 48 % del precio de venta del productor al detallista.En su lugar, los artículos 33 a 36 plantean un impuesto a la producción con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta al público sin impuestos y otro de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 centímetros cúbicos. Las cervezas sin alcohol quedarían excluidas del cobro fijo por grado de alcohol.El valor final dependería de la graduación de la bebida, la marca y la proporción del impuesto que los productores y comercializadores trasladen al consumidor.¿Qué impacto tendría el nuevo impuesto para los tenderos?Según la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno espera recaudar $7,1 billones adicionales con el impuesto a la producción de cerveza para financiar el aseguramiento en salud. A esa cifra se sumarían $2,1 billones provenientes del impuesto al consumo de licores.No obstante, el propio Gobierno estima que los cambios tributarios sobre alcohol y tabaco podrían elevar la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027, si el aumento de los impuestos se traslada completamente a los consumidores.Por ahora, el incremento no es un hecho. La propuesta debe ser discutida en el Congreso, donde también están en debate sus posibles efectos sobre el consumo, los pequeños comerciantes y las rentas de los departamentos.
En medio de una riña por presuntamente haber orinado en su vehículo, un hombre disparó contra otros dos en el occidente de Medellín. Todos los involucrados fueron capturados por las autoridades.Un nuevo hecho de intolerancia en la capital antioqueña terminó con tres heridos que fueron capturados por las autoridades, tras protagonizar una riña en plena vía pública en el occidente de la ciudad.Fueron disparos de arma de fuego los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación en la que inicialmente un hombre de 41 años de edad relató a las autoridades que había accionado su arma en defensa propia tras ser víctima de un intento de hurto.Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo determinar que la situación respondió a un altercado entre esta persona y otros dos sujetos, de 27 y 30 años de edad, aparentemente porque el primero les reclamó por orinar sobre su carro.En medio de la discusión estos sacaron armas cortopunzantes que llevaron al propietario del vehículo a desenfundar una pistola de su propiedad que los dejó heridos a la altura de la cadera y las piernas por lo que fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén para recibir atención.Por su parte, el responsable de accionar el arma de fuego se presentó ante las autoridades para poner a disposición de las investigaciones una pistola calibre nueve milímetros que contaba con el permiso de porte vigente.Las autoridades confirmaron que los tres implicados en el caso están fuera de peligro. Sin embargo, fueron capturados para esclarecer lo ocurrido y responder ante las respectivas autoridades judiciales.
A tres meses del terremoto, Risaralda exige celeridad al Gobierno Nacional para acelerar la reconstrucción y el pago de ayudas. Tres meses después del terremoto que sacudió al Eje Cafetero el pasado 10 de agosto, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, hizo un enfático llamado al Gobierno nacional. El mandatario departamental urgió en Mañanas Blu a agilizar la transferencia de recursos y la ejecución de los planes diseñados para atender a las familias damnificadas y restaurar la infraestructura afectada. Un llamado urgente a pasar de los anuncios a las accionesAunque el gobernador reconoció la presencia del Gobierno nacional en la zona, destacando que el presidente de la República ha visitado cinco veces la ciudad de Pereira, recalcó que la comunidad requiere resultados inmediatos y desembolsos efectivos. Al referirse a la necesidad de acelerar la llegada de los giros e inversiones, Patiño declaró: "Hoy aprovechando estos micrófonos, hacer un llamado de atención especial para la celeridad. Ya son tres meses, ya hay un Fondo Milagro creado y estamos de verdad expectantes a que podamos avanzar rápidamente en el territorio para la reconstrucción de lo que la gente hoy está esperando". En ese sentido, el mandatario precisó que su petición no responde a una rivalidad política, sino al clamor de las comunidades damnificadas: "Más que una queja, es la voz de la gente que hoy está solicitando no más anuncios, sino ya acciones contundentes en el territorio". Plan de Acción Específica y estado de los subsidiosPara orientar la recuperación, el departamento formuló un Plan de Acción Específica (PAE) que abarca 15 planes (uno por cada uno de los 14 municipios más el departamental), el cual ya cuenta con la aprobación del Gobierno Nacional. No obstante, el gobernador explicó que la ejecución depende de la disponibilidad de liquidez del recién creado Fondo Milagro, cuya gerencia fue asignada a la doctora Ana María Cuartas.En materia de ayudas financieras directas, se han dispersado 13.000 millones de pesos en un primer giro a través de un convenio con Supergiros. Actualmente está pendiente la firma para un segundo paquete por 17.000 millones de pesos, así como la asignación de 70.000 millones de pesos adicionales para culminar los tres meses de subsidios prometidos a los inscritos en el Registro Único de Damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables. Paralelamente, la Gobernación de Risaralda ha avanzado con fuentes propias, destinando el 60 % de sus regalías para adjudicar contratos de reconstrucción, además de radicar proyectos por 80.000 millones de pesos ante el Ministerio de Vivienda para mejoramiento de viviendas, 17.000 millones de pesos para infraestructura educativa y 5.000 millones de pesos para seguridad alimentariaSobre la gestión de la administración local, Patiño enfatizó: "Seguiremos avanzando con los recursos limitados que tenemos, pero de verdad accionando todos los procesos". Frente a los retos del proceso reconstructivo, Patiño resaltó la unión institucional existente entre la Gobernación, los alcaldes municipales y la gerencia del Fondo Milagro, así como el interés en impulsar la figura de obras por impuestos con el sector privado. Escuche aquí la entrevista:
