El profesor Santiago Duque, director científico de un estudio que contrató Emgesa para evaluar el impacto ambiental de la represa El Quimbo, dijo que el problema va más allá de este embalse. (Vea también: Emgesa asegura que no ha sido notificada sobre fallo de El Quimbo). “Hay dos embalses, no solamente El Quimbo, también está Betania tiene grandes problemas ambientales. Todo se le está achacando a El Quimbo”, dijo. Agregó que una de las sugerencias que hizo es retirar la biomasa de la cubeta que se inunda.
El profesor Santiago Duque, limnólogo y director del estudio de riesgos ambientales que la Universidad Nacional presentó a Emgesa para el funcionamiento de la represa de El Quimbo, indicó que al haber prendido las turbinas se están ocasionando una dura afectación ambiental. Duque señaló que el estudio realizado y que debía ser presentado a la Agencia Nacional de Licencia Ambientales, ANLA, indicaba que debía ser retirada la biomasa antes de llenar el vaso del embalse, lo cual no sucedió y está ocasionando que se produzca agua sin oxigenación. “Esa es la primera consideración que en cualquier país del mundo ocurre, eso es una presión política y económica que existe (…) hubo quejas de los pescadores, campesinos y de la gente de Betania pero el mismo Gobierno las desconoció por presiones, nuestro estudio fue claro”, dijo Duque. El investigador señaló que la responsabilidad de llenar el embalse es del Gobierno y que esta acción está causando que los peces y mueran río abajo, refiriéndose que la biomasa que no fue retirada está consumiendo todo el oxígeno que ya no pueden percibir los animales que se encuentran a lo largo del río Magdalena.
La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional la investigación por irregularidades financieras en la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).En entrevista con Mañanas Blu, la contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas, Jenny Lindo, explicó el alcance de esta figura legal dentro del organismo de control.La declaratoria implica que la indagación pasa de manera inmediata a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dependencia encargada de asumir los procesos de mayor relevancia e intensidad en el país.Esta medida busca acelerar los tiempos del proceso y profundizar en el rastro de los recursos. Lindo sostuvo que esta figura "va a permitir que la investigación sea mucho más corta, más profunda y con una custodia de la información mucho más garantista".La actuación fiscal se originó tras una función de advertencia dirigida al exministro de Hacienda Germán Ávila durante las últimas cinco semanas del gobierno nacional anterior.Mediante labores de Policía Judicial, la entidad detectó que las transferencias presupuestales pasaron de un promedio habitual de 30 o 35 billones de pesos a un total de 64 billones de pesos en dicho periodo.Dentro de ese paquete de giros, la Contraloría identificó pagos por 4.4 billones de pesos destinados a contratistas del FOMAG que no cuentan con soportes ni evidencias en las matrices financieras.La funcionaria aclaró que la declaratoria de impacto nacional impone una reserva legal que impide revelar identidades específicas de directivos o personas naturales involucradas.La indagación busca reconstruir la ruta del dinero, la cual inicia en el Ministerio de Hacienda, pasa a la Fiduprevisora y culmina en los contratistas privados.Frente al procedimiento, la funcionaria recordó que los investigados tienen derecho a presentar descargos, versiones libres y pruebas para demostrar si los giros ejecutados corresponden a servicios efectivamente prestados.Asimismo, la Contraloría señaló que la responsabilidad fiscal en este tipo de expedientes no se limita a los servidores públicos, sino que puede extenderse a los contratistas particulares que administraron dichos fondos.
La cosecha cafetera de 2026 dejará cerca de $1 billón en la economía de Santander, de acuerdo con las proyecciones del Comité Departamental de Cafeteros. El departamento espera recolectar alrededor de 450.000 cargas de café, en una actividad que genera ingresos para miles de familias y dinamiza el comercio en los municipios productores.Santander tiene presencia cafetera en prácticamente todo su territorio. El cultivo está presente en 78 de los 87 municipios y llega a todas las provincias del departamento. Entre los municipios con mayor producción se encuentran Socorro, San Gil, Páramo, Confines y Valle de San José, según la Federación Nacional de Cafeteros.La actividad involucra a 34.460 familias caficultoras, que tienen sus cultivos distribuidos en cerca de 39.800 fincas y unas 56.100 hectáreas. Para sacar adelante la recolección de este año se necesitarán aproximadamente 30.000 recolectores, de los cuales unos 10.000 llegarán desde otros departamentos.Precisamente, el movimiento de trabajadores que genera la temporada hace necesario reforzar el acompañamiento en las zonas cafeteras. Este jueves 17 de septiembre las autoridades y el gremio presentarán el Plan Cosecha Segura 2026, una estrategia que busca acompañar la temporada no solo en materia de seguridad.El plan contempla medidas para proteger el café y el dinero en efectivo que circula durante los pagos a los recolectores, además de acciones relacionadas con salud, movilidad y registro de los trabajadores que llegan a los municipios productores.La estrategia reúne a la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Pinchote, la Federación Nacional de Cafeteros y la Policía Nacional, que preparan el despliegue para una de las temporadas de mayor movimiento económico en las zonas cafeteras del departamento.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se declaró impedido para tomar decisiones relacionadas con Santurbán, en medio de los cuestionamientos por un posible conflicto de interés.La determinación se conoce después de que organizaciones defensoras del agua y del páramo formularan señalamientos sobre la participación del jefe de la cartera ambiental en decisiones relacionadas con la protección de esta zona de Santander.El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán considera que el impedimento respalda los cuestionamientos que había planteado y anunció que continuará haciendo seguimiento a las actuaciones que se adopten frente al páramo.“Seguiremos vigilantes para que quien asuma estas decisiones proteja el agua de más de 2 millones de personas y no los intereses mineros. Esto nos da la razón, efectivamente el ministro de ambiente Fabio Arjona tiene conflicto de interés en Santurbán y las decisiones que tomó las hizo violando el principio de imparcialidad", señaló Mayerlin López, del Comité para la Defensa de Santurbán."Fabio Arjona no va a poder tomar decisiones sobre la delimitación, sobre las áreas de reserva y nosotros esperamos que la persona que nombren como ministro ad-hoc para Santurbán privilegie el interés general de proteger el agua sobre los intereses mineros que ponen en riesgo este ecosistema esencial para la vida en Santander. Por eso nosotros estaremos vigilantes y estamos convocando a toda la ciudadanía a que esté próximo miércoles 23 de septiembre a las 6 de la tarde en la calle 33 número 23 37 en Bucaramanga nos encontremos en asamblea general para establecer la hoja de ruta de movilización de acciones jurídicas con las que vamos a defender Santurbán", afirmó López. La controversia se mantiene luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la Resolución 0994 de 2026, que había declarado una reserva de recursos naturales renovables de cerca de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander.Además, un juzgado de Bucaramanga suspendió provisionalmente la delimitación progresiva de Santurbán y ordenó atender aspectos relacionados con participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.El impedimento de Arjona abre ahora el camino para que se determine quién asumirá las decisiones correspondientes sobre los asuntos de Santurbán en los que el ministro no podrá intervenir.
El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, revocó la Resolución de 2017 con la que la administración de turno había cedido a título gratuito un lote de 5.082 metros cuadrados a un particular, pese a que el terreno estaba destinado por ley al uso público.El lote, que debía ser convertido en un parque, había sido transferido al municipio en 2013 por Cementos Argos S.A., como parte de sus cesiones obligatorias por la licencia de urbanismo del proyecto Pajonal. Sin embargo, en noviembre de 2017, con una firma del alcalde de turno, Steimer Mantilla, se cedió gratis el predio al ciudadano Francisco Javier Pizarro Guerra, desconociendo el régimen legal que protege los bienes de uso público y prohíbe cederse a particulares.Conocida la situación, el actual alcalde Plinio Cedeño ordenó adelantar acciones jurídicas para recuperar el predio, al considerar que este tipo de cesiones afecta gravemente el interés público. Desde entonces el caso ha estado bajo la lupa de las autoridades, incluido el presidente Abelardo De La Espriella, quien criticó el hecho como prueba de la corrupción de los funcionarios del país, que favorecen el robo de tierras.A raíz de la polémica, el exalcalde Steimer Mantilla ha buscado defenderse, argumentando que su firma fue falsificada en esa resolución. Así mismo, el propio beneficiario de la cesión, Pizarro Guerra, presentó en agosto pasado una solicitud de revocatoria directa de ese acto administrativo que le cedió el predio y manifestó por escrito su consentimiento para que este fuera dejado sin efecto, como finalmente ocurrió.Sin embargo, todavía hay otra batalla jurídica para la recuperación de otro lote de 33.637 metros cuadrados, que por la misma vía quedó en manos de particulares.
En Medellín, 18 extranjeros ya fueron expulsados a Venezuela por tener antecedentes y anotaciones por diversos delitos. Dentro de los ciudadanos que fueron devueltos a su país está el cura falso que pedía dinero y generaba trancones en el sector de La Paralela en la capital antioqueñaLuego del megaoperativo que el pasado fin de semana permitió su identificación, las autoridades confirmaron que ya están en Venezuela 18 ciudadanos venezolanos que fueron objeto de medidas migratorias luego de diferentes actuaciones de las autoridades en Medellín. Entre ellos está el hombre que protagonizó varios videos en el sector de La Paralela, vestido de sacerdote y realizando actividades que llamaron la atención de las autoridades.Sobre este ciudadano pesan varios comparendos y actuaciones de Policía. Entre los registros aparecen procedimientos por porte de arma blanca, la tenencia de un celular reportado como hurtado y ocupación indebida del espacio público. También fue señalado de atravesarse frente a vehículos y motocicletas y arrojar agua sobre parabrisas y visores, generando riesgos para los actores viales.Los otros 17 venezolanos fueron expulsados por antecedentes y anotaciones relacionados con hurto, tráfico y consumo de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. Uno de los casos más relevantes corresponde a un ciudadano que registraba 23 capturas por tráfico de estupefacientes.Vale la pena mencionar que los procedimientos se desarrollaron en sectores como Barrio Antioquia, Parque Lleras y otros puntos del Valle de Aburrá, en coordinación con Migración Colombia, la Policía, el Ejército y las autoridades locales.Estos se suman a los extranjeros devueltos a su país la semana anterior como parte de procedimientos en la vecina localidad de Itagüí, luego de la orden del presidente Abelardo De La Espriella de intensificar los controles y aplicar estas medidas migratorias a quienes cometan delitos en suelo colombiano.
